STC9795-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9795-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2021-00126-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez contra el Juzgado Civil del Circuito de Yarumal, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del tr\u00e1mite constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su garant\u00eda esencial al debido proceso, que, en su sentir, habr\u00eda sido vulnerada por la autoridad convocada, al interior de la acci\u00f3n popular que dijo promover en contra del Banco Davivienda S.A., bajo el radicado n.\u00ba 2021-00063-00. <\/p>\n
Entonces pide, concretamente, que a trav\u00e9s de este tr\u00e1mite preferente se protejan sus garant\u00edas esenciales, y, en consecuencia, se ordene al Juzgado Civil del Circuito de Yarumal, Antioquia, admitir y dar tr\u00e1mite a la acci\u00f3n constitucional en comento, as\u00ed como remitir el \u00ablink de acceso\u00bb al expediente digital. <\/p>\n
2. En sustento de sus s\u00faplicas relat\u00f3, que tras inadmitir su demanda popular, el Despacho convocado por auto de 23 de junio actual la rechaz\u00f3, sin reparar en que cumple de forma estricta con lo consagrado por el \u00abart 18 ley especial y aut[\u00f3]noma 472 de 1998\u00bb, m\u00e1xime cuando, dice, es \u00abcurioso\u00bb que la autoridad a quien inicialmente le fue repartido el asunto se hubiere desprendido de la competencia para conocer del mismo, pese a dicha circunstancia nunca fue \u00e9l alegada, pues sobre ese particular aspecto ning\u00fan reparo ten\u00eda, dado que su intenci\u00f3n era evitar que la aludida acci\u00f3n \u00abEST[\u00c9] DEAMBULANDO DE DESPACHO EN DESPACHO Y SE DESCONOZCA [EL] ART 5 LEY 472 DE 1998\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Yarumal, Antioquia, anot\u00f3 que la acci\u00f3n popular radicada bajo el consecutivo n.\u00ba 2021-00063-00 fue objeto de inadmisi\u00f3n y posterior rechazo, mediante prove\u00eddo del 23 de junio de los corrientes, sin que en la oportunidad concedida hubiere sido objeto de reparo alguno por cuenta del actor popular, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo, por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad que gobierna este tr\u00e1mite eminentemente residual. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el promotor del resguardo, recabando en imperiosa necesidad de intervenci\u00f3n del juez de tutela, dado el \u00abRIGURISMO DEL DERECHO PROCESAL\u00bb en el que incurri\u00f3 la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica es un mecanismo residual de car\u00e1cter excepcional, subsidiario y preferente que permite a toda persona, sin mayores requisitos de orden formal, obtener la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, si de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, y, a falta de otro medio legal, considera que le han sido vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de un particular, en los casos expresamente previstos por el legislador. <\/p>\n
2. En esta oportunidad, el ciudadano Jhon Sebasti\u00e1n se queja, en \u00faltimas, porque el Juzgado Civil del Circuito de Yarumal, Antioquia, presuntamente rechaz\u00f3 la acci\u00f3n popular por \u00e9l presentada frente al Banco Davivienda S.A., pese a que no eran procedentes los reparos advertidos como causales de inadmisi\u00f3n de su demanda. <\/p>\n
3. Pues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que surge patente la improcedencia del amparo reclamado, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. El aqu\u00ed interesado, present\u00f3 acci\u00f3n popular frente al \u00abrepresentante legal del Banco Davivienda\u00bb, por cuanto \u00abLa entidad demandada, presta sus servicios PUBLICOS en un inmueble o establecimiento publico (sic) y abierto al publico (sic), pero en la actualidad no cuenta en el Inmueble donde presta sus servicios p\u00fablicos, con un interprete (sic) profesional ni con un gu\u00eda interprete (sic) profesional, que describa el inmueble a la poblaci\u00f3n objeto ley 982 de 2005 , tal como lo ordena ley 982 de 2005 , art 8. vulneraci\u00f3n o agravio ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO\u00bb. <\/p>\n
3.2. Por auto del 25 de enero de la calenda que avanza, el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, a quien inicialmente le correspondi\u00f3 por reparto el conocimiento del asunto, admiti\u00f3 la acci\u00f3n popular y orden\u00f3, entre otras, impartir el tr\u00e1mite especial contemplado en la Ley 472 de 1988. <\/p>\n
3.3. El 19 de abril siguiente, \u00abcon el fin de realizar el saneamiento del proceso, en garant\u00eda del debido proceso de conformidad con lo dispuesto por el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, la citada autoridad al advertir que carec\u00eda de competencia para conocer del asunto, \u00abdada cuenta que la parte accionada es el Banco Davivienda de la CALLE 20 N\u00ba 19-30 en YARUMAL ANTIOQUIA\u00bb, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado a partir de la admisi\u00f3n de la acci\u00f3n popular, para entonces, rechazar el libelo y ordenar el env\u00edo de las diligencias a los s Juzgados Civiles del Circuito de Yarumal Antioquia, \u00abpor tratarse de la municipalidad en la que se encuentra ubicada la sede de la entidad bancaria en la que se presenta la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos alegados en el escrito de demanda\u00bb. <\/p>\n
3.4. En virtud de lo expuesto, el Juzgado Civil del Circuito de Yarumal, Antioquia, mediante auto del 15 de junio actual avoc\u00f3 el conocimiento de la actuaci\u00f3n, inadmitiendo la demanda, para que el actor popular: (i) remita \u00abnuevamente la demanda en formato PDF, para seguridad de su contenido, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 1 par\u00e1grafo 3 del ACUERDO No. CSJANTA20-99 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, el 2 de septiembre de 2020\u00bb; (ii) indique \u00abpor qu\u00e9 se\u00f1ala que el inmueble donde se presta el servicio es un inmueble o establecimiento p\u00fablico y [aportar] prueba de ello, si le fuere posible\u00bb; (iii) se\u00f1ale \u00abcon exactitud, el derecho, derechos o inter\u00e9s colectivo presuntamente vulnerado (s), dado que no hace menci\u00f3n alguna al respecto\u00bb; y, (iv) allegue \u00abla constancia de haber remitido por medio electr\u00f3nico la demanda, a la entidad demandada, en cumplimiento de la exigencia establecida en el inciso tercero del art\u00edculo 6 del Decreto 806 de 2020\u00bb. <\/p>\n
3.5. Comoquiera que el actor popular nada hizo en aras de subsanar los yerros advertidos, a trav\u00e9s de prove\u00eddo adiado 23 de junio de los corrientes el citado Despacho rechaz\u00f3 la demanda. <\/p>\n
4. Bajo este panorama, y revisadas las documentales e informes allegados al presente tr\u00e1mite, no cabe duda para la Corte que lo pretendido a trav\u00e9s del amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por las siguientes razones que pasan a exponerse: <\/p>\n
4.1. El auxilio incumple con el presupuesto general de procedibilidad de la subsidiariedad, ya que, en un acto constitutivo de incuria, el querellante desaprovech\u00f3 los medios que proced\u00edan ante el juez natural para procurar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, por lo que a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, cerrada le qued\u00f3 toda posibilidad de acudir con \u00e9xito a la tutela, dado que no puede pretender ahora subsanar su propia desidia a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque al recaer el reclamo constitucional sobre la presunta irregularidad en la que incurri\u00f3 la directora del proceso al inadmitir su queja popular, so pretexto de considerar necesario, entre otras disposiciones, remitir la demanda en PDF, indicar los derechos colectivos quebrantados, y, acreditar la remisi\u00f3n del libelo a la all\u00ed accionada, pues seg\u00fan el dicho del gestor del amparo, s\u00ed cumpl\u00eda a cabalidad con lo ordenado en el art\u00edculo \u00ab18 ley especial y aut[\u00f3]noma 472 de 1998\u00bb, ha debido atacar en reposici\u00f3n, no solo el auto inadmisorio, sino el que posteriormente rechaz\u00f3 el libelo, conforme lo habilita el canon 36 de la citada normativa, pues era esa la oportunidad de ventilar todas las inconformidades aqu\u00ed relacionadas. <\/p>\n
Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC8987-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
4.2. Por otra parte, aunque el tutelante tambi\u00e9n pretende a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, que se ordene al Despacho convocado la remisi\u00f3n del respectivo enlace de acceso al expediente digital contentivo de la acci\u00f3n popular que origin\u00f3 este resguardo, no se advierte que \u00e9ste haya puesto de presente ante el competente dicha solicitud, por lo que en esas condiciones esta Sala como juez constitucional se abstiene de hacer alg\u00fan pronunciamiento al respecto, dado su car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
5. En consecuencia, se impone el fracaso de la protecci\u00f3n excepcional pretendida, por lo que se mantendr\u00e1 inc\u00f3lume el fallo confutado, conforme las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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