STC9805-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9805-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2021-00223-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 13 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la salvaguarda que la Sociedad Electro 4 Ltda. le instaur\u00f3 a los Juzgados Sexto Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de la misma localidad, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 47001-40-53-006-2021-00034-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
Como fundamento se\u00f1al\u00f3 que, el 9 de marzo de 2021, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta revoc\u00f3 la sentencia del estrado municipal que desestim\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que en su contra adelant\u00f3 Noraima Elena Quintero Angarita y, en su lugar, concedi\u00f3 el amparo y dispuso: <\/p>\n
\u00abSEGUNDO: En su lugar se dispone, CONCEDER transitoriamente el amparo a los derechos al m\u00ednimo vital, salud, seguridad social y vida digna del accionante. En consecuencia, se ORDENA a la sociedad ELECTRO 4 Y ZONA MAGDALENA., que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente sentencia, reintegre a la se\u00f1ora NORAIMA ELENA QUINTERO ANGARITA a un cargo equivalente o de superior jerarqu\u00eda al que ven\u00eda desempe\u00f1ando, que se ajuste a sus condiciones actuales de salud. <\/p>\n
TERCERO: En el t\u00e9rmino de los tres meses siguientes la demandante deber\u00e1 acudir a la jurisdicci\u00f3n laboral a instaurar la correspondiente demanda, so pena de que el amparo pierda eficacia. Dicho computo iniciar\u00e1 a partir del d\u00eda h\u00e1bil siguiente a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 la imposibilidad de cumplir la orden, porque Noraima Elena solo se acerc\u00f3 una vez al establecimiento (20 abr.) y no respondi\u00f3 a los llamados telef\u00f3nicos que le hizo, ni tampoco la pudo ubicar en la residencia previamente informada a la empresa. <\/p>\n
Sostuvo que en escritos de \u00ab24 de marzo, 9 de mayo, 18 de mayo, 16 de junio\u00bb de 2021, pidi\u00f3 a los falladores de instancia \u00abhacer seguimiento al cumplimiento del fallo\u00bb, previendo una eventual sanci\u00f3n, por cuanto, los esfuerzos por localizar a Quintero Angarita fueron infructuosos. <\/p>\n
Expuso que la sede donde trabajaba la quejosa fue \u00abbanalizada\u00bb (4 may.2021) con p\u00e9rdidas cercanas a los \u00ab$300\u2019000.000.oo\u00bb, y \u00abasume con preocupaci\u00f3n\u00bb que resulte castigado con \u00abrestricci\u00f3n a la libertad y sanci\u00f3n econ\u00f3mica\u00bb, cuando siempre estuvo dispuesta \u00abal cumplimiento de la decisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Inform\u00f3 que se abri\u00f3 incidente (1 jun. 2021) en el que se sancion\u00f3 a su representante legal con \u00abarresto de cinco (5) d\u00edas el cual deber\u00e1 cumplir en el lugar de residencia debido al Covid \u2013 19, y multa equivalente a diez (10) salarios m\u00ednimos mensuales\u00bb (16 jun.), prove\u00eddo convalidado en sede de consulta (22 jun.). <\/p>\n
Argument\u00f3 que no se tuvieron en cuenta los \u00abdocumentos y dem\u00e1s pruebas allegadas al expediente\u00bb, ni que no se permiti\u00f3 su \u00abintervenci\u00f3n en las decisiones\u00bb adoptadas, viol\u00e1ndose el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abporque nunca (fueron) citados para hacer los respectivos descargos\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que se pretermitieron dos etapas en la articulaci\u00f3n, de un lado, los \u00abalegatos\u00bb y de otro, la de \u00abpruebas\u00bb. <\/p>\n
2.- Los Juzgados Sexto Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de Santa Marta defendieron la legalidad de lo actuado. <\/p>\n
El Fondo de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A. y Salud Total adujeron falta de legitimaci\u00f3n por pasiva. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL Y R\u00c9PLICA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el ruego porque \u00abrespecto al tr\u00e1mite surtido, no se evidencia un desconocimiento alguno en los despachos encartados ya que inicialmente se dio inicio al cumplimiento de fallo conforme lo dispone el art\u00edculo 27 del decreto 2591 de 1991, lo que se puso en conocimiento al all\u00ed accionado quien procedi\u00f3 a concurrir rindiendo el respectivo informe, pero, que, al no ser justificativo, dio lugar a la apertura del incidente de desacato en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 52 ib\u00eddem, el cual tambi\u00e9n se comunic\u00f3 al ahora tutelante en donde ejerci\u00f3 su defensa reiterando b\u00e1sicamente lo expuesto por \u00e9l inicialmente\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que \u00abtambi\u00e9n se abri\u00f3 a pruebas y se sancion\u00f3 al hallar la desatenci\u00f3n de la orden, la cual fue sometida a consulta y confirmada por el superior funcional\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, adem\u00e1s, que \u00abtanto en dicho tr\u00e1mite como en esta acci\u00f3n (el promotor) sostuvo la imposibilidad en comunicarse con la actora quien solo se acerc\u00f3 en una oportunidad a sus instalaciones, pero despu\u00e9s no concurri\u00f3 para ultimar los detalles de su vinculaci\u00f3n sin que lograran contactarse con ella por ning\u00fan medio, empero, tal exculpaci\u00f3n no tuvo ning\u00fan soporte probatorio pues el ahora actor, no present\u00f3 ni elev\u00f3 ninguna solicitud de prueba en el cumplimiento del fallo como en el incidente\u00bb. <\/p>\n
Impugn\u00f3 la tutelante insistiendo en las alegaciones inaugurales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De entrada, se advierte la improcedencia del resguardo por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, en tanto que la proponente, como persona jur\u00eddica, no es la titular de la dispensa infringida ni act\u00faa en nombre o como agente oficioso del perjudicado. <\/p>\n
Lo que se colige del \u00abtr\u00e1mite incidental\u00bb rebatido es que, quien funge como \u00absancionado\u00bb es Javier Eduardo Prada Galindo; de suerte que las disertaciones de Electro 4 Ltda. apuntan al anhelo de eventuales \u00abprerrogativas\u00bb de las que no es \u00abtitular\u00bb. As\u00ed lo prev\u00e9 el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 2591 de 1991: <\/p>\n
[t]oda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos que se\u00f1ale este Decreto. <\/p>\n
Por consiguiente, a estas diligencias deben comparecer los \u00abtitulares de los derechos afectados\u00bb, bien directamente o a trav\u00e9s de su \u00abrepresentante\u00bb, salvo que se encuentren impedidos para ejercerlos, evento en el cual un tercero podr\u00e1 agenciarlos. <\/p>\n
En el sub lite la sociedad carece de \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para incoar la guarda frente a la providencia que impuso sanci\u00f3n por desacato (16 jun. 2021) y la que la confirm\u00f3 en sede de consulta (22 jun.), comoquiera que el \u00abtitular de las prerrogativas\u00bb cuya custodia anhela es Javier Eduardo, por ser el destinatario de la penalidad fustigada. <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n es constante y reiterativa en afirmar que, superada la improcedencia que en principio se predica del auxilio contra lo resuelto en un \u00abincidente de desacato\u00bb, la legitimaci\u00f3n en causa por activa para hacer efectivo tal reproche recae: <\/p>\n
\u00ab\u00fanicamente la persona natural a quien se impuso multa y arresto, si estimaba que se hab\u00edan quebrantado sus garant\u00edas, estaba legitimada para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar su protecci\u00f3n, lo que pod\u00eda hacer, bien directamente, o a trav\u00e9s de mandatario especialmente constituido para la acci\u00f3n, comoquiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, calidad que en el presente asunto no puede hacerse extensible [a la instituci\u00f3n] tutelante ni siquiera como sucesor procesal (\u2026), toda vez que la sanci\u00f3n no se dirigi\u00f3 contra dicho ente sino, se itera, contra [la funcionaria]\u00bb, advirtiendo que \u00abla reclamante tampoco manifest\u00f3 que actuara [como agente oficioso] ante la imposibilidad de la funcionaria sancionada de procurar su defensa, como tampoco acredit\u00f3 la existencia de mandato judicial para este tr\u00e1mite, lo que de manera liminar se traduce en la improcedencia de la solicitud de amparo\u00bb (CSJ STC, 16 ago. 2012, rad. 01701-00, citada en STC1148-2021). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
2.- Ergo, se avalar\u00e1 el fallo impugnado, pero por la raz\u00f3n aqu\u00ed decantada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de origen anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese a las partes por el medio m\u00e1s \u00e1gil y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
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