STC9810-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9810-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-02509-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Mar\u00eda Bel\u00e9n Ca\u00f1izales de Hidalgo y Orfilia Ca\u00f1izales Palacio contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal \u2013 Tolima \u2013 y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. Al tr\u00e1mite se vincularon a los actores e intervinientes en el proceso de radicado 73268-31-03-002-2018-00085-00\/01. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las gestoras, a trav\u00e9s de apoderado judicial, procuran la salvaguarda de sus derechos fundamental al debido proceso, dignidad, vida, salud, seguridad jur\u00eddica y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas en la referida causa. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La Agencia Nacional de Infraestructura profiri\u00f3 Resoluci\u00f3n No. 1968 del 27 de julio del 2018, mediante la cual orden\u00f3, por motivos de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social, el inicio del tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n judicial de \u00abuna zona de terreno identificada con la ficha predial No. CGI-2-358 de fecha Febrero de 2017 elaborada por CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A., para la Segunda Calzada del Tramo Dos (2) en el sector Gualanday, entre la Intersecci\u00f3n Chicoral y la Intersecci\u00f3n Gualanday, con un \u00e1rea requerida de terreno de VEINTICINCO PUNTO CINCUENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS (25.54 m2), predio debidamente delimitado dentro de las Abscisa inicial 32+668.62 Km y la Abscisa 32+679.2 km, la cual se segrega de un predio en mayor extensi\u00f3n denominado LOTE Y CASA, ubicado en la inspecci\u00f3n de Gualanday, en el municipio de Coello, departamento de Tolima, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 357-14719 (\u2026)\u00bb1. A su turno, se precis\u00f3 que el predio incluye las construcciones anexas -cerramiento de muro en concreto y port\u00f3n en estructura met\u00e1lica de calor azul- y cultivos y especies \u2013 un \u00e1rbol de navidad y una espada de Bol\u00edvar-. <\/p>\n
2.2. Contra tal determinaci\u00f3n, las actoras interpusieron recurso de reposici\u00f3n comoquiera que \u00abcontin\u00faa dentro del presente tr\u00e1mite, la falta de certeza sobre la cabida y linderos de los inmuebles contiguos, identificados con matr\u00edculas inmobiliarias No. 357-14719 y No. 357-14303, exigi\u00e9ndose la correspondiente certificaci\u00f3n catastral por parte de dicho instituto como punto de partida para establecer la faja de terreno de retiro forzoso afectado para la construcci\u00f3n del viaducto de la doble calzada de Gualanday\u00bb. <\/p>\n
A su turno, arguy\u00f3 que el aval\u00fao que fij\u00f3 el valor del terreno a expropiar y las mejoras afectadas debe ser actualizado de conformidad con el \u00faltimo inciso del art\u00edculo 6 de la Ley 1742 de 20142. <\/p>\n
2.3. La ANI resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n horizontal el 28 de septiembre siguiente en decisi\u00f3n mediante la cual confirm\u00f3 en todas las partes la resoluci\u00f3n cuestionada3. <\/p>\n
2.4. En virtud de lo anterior, la Agencia present\u00f3 demanda ante la jurisdicci\u00f3n civil en contra de las gestoras. En ella se pidi\u00f3 decretar la expropiaci\u00f3n por v\u00eda judicial del predio denominado Lote y Casa con un \u00e1rea de terreno requerida de 25.54 m2 \u00abjunto con las construcciones en ella existentes, consistente Cerramiento de muro en concreto de (90cm de Alto*18 Cm de Ancho) con rejas met\u00e1licas de color azul en la parte superior del muro de (1m de Alto) y seis (6) columnas de amarre (tres (3) de 30 cm*30 cm y tres (3) de 40 cm*40 cm) en once punto cuarenta metros (11.40); Port\u00f3n en estructura met\u00e1lica de color azul de (3m de Ancho * 2m de alto en 1 unidad y Zona dura en concreto (parqueadero) en veinticinco punto cincuenta y cuatro metros cuadrados (25.54 m2) y junto con los cultivos y especies consistentes en (1) \u00e1rbol de navidad y una (1) espada de Bol\u00edvar\u00bb. <\/p>\n
2.5. La pasiva contest\u00f3 oportunamente la demanda. En particular, se opusieron a las pretensiones \u00abpor no incluir en ellas la totalidad de la afectaci\u00f3n sobre los predios de mis prohijadas por la faja de retiro obligatorio o \u00e1rea de reserva o \u00e1rea de exclusi\u00f3n por la construcci\u00f3n del viaducto del \u201cTRAMO 2 \u2013 VARIANTE GUALANDAY\u201d que hace parte de la SEGUNDA CALZADA ENTRE INTERSECCI\u00d3N CHICORAL Y LA INTERSECCI\u00d3N GUALANDAY del PROYECTO CONCESI\u00d3N VIAL CARRETERA GIRARDOT \u2013 IBAGU\u00c9 \u2013 CAJAMARCA \u2013 GIC-, y por consiguiente, la indemnizaci\u00f3n reconocida a favor de la demandadas no es la que corresponde, ya que el valor de la indemnizaci\u00f3n es mayor teniendo en cuenta la mayor \u00e1rea y la totalidad de vivienda afectada\u00bb4. <\/p>\n
Al respecto, sostuvieron que la franja de retiro obligatorio o de reserva o de exclusi\u00f3n es de 30 metros a partir del eje del viaducto tramo 2 de la Variante Gualanday, calzada Ibagu\u00e9 \u2013 Bogot\u00e1, lo cual implica una afectaci\u00f3n total en el inmueble de M.I. 357-14719 y parcial del identificado con No. 357-14303 \u00abquedando inutilizada la construcci\u00f3n consistente en casa de habitaci\u00f3n en \u00e9l construida\u00bb. <\/p>\n
Por ende, pidieron que se decretara la expropiaci\u00f3n sobre la totalidad del inmueble identificado con M.I. 357-14719, cuya \u00e1rea es de 266.052 m2 y parcialmente sobre el de mayor extensi\u00f3n con M.I. 357-14303, en un \u00e1rea de 297.01 m2, junto con la edificaci\u00f3n en \u00e9l construida. As\u00ed, en punto de la indemnizaci\u00f3n, inst\u00f3 a que se condenara a la demandante por la suma de $672.832.573 a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente. <\/p>\n
2.6. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Espinal \u2013 Tolima \u2013 accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. Correlativamente, deneg\u00f3 las excepciones propuestas puesto que, a su juicio, le est\u00e1 vedado a la demandada \u00abformular excepciones, es decir, toda premisa aquella relacionada a la imputaci\u00f3n de ilegalidad del acto administrativo en el hecho, seg\u00fan las demandadas, de no haberse adoptado correctamente la ley, los decretos y los reglamentos previstos para tomar un metraje mayor o menor al que correspond\u00eda, (\u2026) discutir por ejemplo la aplicaci\u00f3n de las fuentes normativas y poner en tela de juicio, de igual forma, el monto de la indemnizaci\u00f3n en raz\u00f3n a sus propuestas derivadas de la interpretaci\u00f3n de la norma (\u2026) todo esto desde luego, entonces, como se puede ver, se ajusta m\u00e1s bien a un debate puramente contencioso administrativo por la v\u00eda de la nulidad y el restablecimiento del derecho\u00bb. <\/p>\n
2.7. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en lo que respecta a las peticiones de las accionantes, confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n en sentencia del 08 de febrero del 2021. <\/p>\n
2.8. Las actoras indican que con tales prove\u00eddos se incurri\u00f3 en defecto sustantivo en el an\u00e1lisis normativo efectuado sobre las disposiciones que regulan la expropiaci\u00f3n \u00aben una interpretaci\u00f3n errada del procedimiento a seguir cuando se fracasa la negociaci\u00f3n voluntaria en trat\u00e1ndose de la expropiaci\u00f3n judicial, al aplicar en el presente caso, las reglas de la expropiaci\u00f3n judicial, al aplicar en el presente caso, las reglas de la expropiaci\u00f3n administrativa, en el sentido de considerar que las demandadas ten\u00edan que haber acudido necesariamente, a la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho para discutir los conceptos no incluidos en la solicitud de expropiaci\u00f3n, (\u2026) por lo que reitero, que las sentencias judiciales contrariaron los postulados m\u00ednimos de la razonabilidad jur\u00eddica (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Tal yerro conllev\u00f3 a que se negaran las pretensiones sin ning\u00fan debate jur\u00eddico \u00absobre los conceptos no incluidos en la indemnizaci\u00f3n de perjuicios establecidos por la ANI, en el respectivo aval\u00fao, menguando en forma sucinta las posibilidades de obtener por parte de mis patrocinadas, una justicia efectiva y real sobre sus demandas, ya que no teniendo otro medio de defensa judicial, quedaron condenadas a que por este infortunio judicial, no sean merecedoras que a trav\u00e9s de un juicio justo y en derecho, sean vencidas en sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, pidieron que se dejen \u00absin efectos las sentencias de primera instancia del 18 de octubre de 2019 expedida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito del Espinal \u2013 Tolima, y de segunda instancia proferida el 8 de febrero de 2021 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 \u2013 Sala Civil Familia de Decisi\u00f3n (\u2026) y en su lugar, ordenar que en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la decisi\u00f3n de tutela, la autoridad judicial se pronuncie de fondo sobre los conceptos no incluidos en la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por la expropiaci\u00f3n (Art. 399 Numeral 6 C.G.P.), seg\u00fan lo expuesto en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juez Segundo Civil del Circuito del Espinal indic\u00f3 que \u00abdentro de la acci\u00f3n y concretamente, respecto del proceso de expropiaci\u00f3n, mi decisi\u00f3n se fund\u00f3 en el ordenamiento jur\u00eddico sin lesi\u00f3n alguna de alg\u00fan tipo de derecho fundamental, las accionantes discut\u00edan el contenido del acto administrativo y ped\u00edan que, por la v\u00eda ordinaria, afectara su motivaci\u00f3n, lo cual no pod\u00eda hacer en raz\u00f3n a la naturaleza del Juez\u00bb. Precis\u00f3 que tal fue \u00abel sentido del fallo y para ello apel\u00e9 al inciso final del Art. 58 Superior, que prev\u00e9, ciertamente la posibilidad, de cuestionar el acto del establecimiento v\u00eda contenciosa administrativa incluso respecto del precio\u00bb. <\/p>\n
Sentenci\u00f3, para finalizar, que \u00ablo que pas\u00f3 fue que, concretamente, las accionantes dejaron caducar su acci\u00f3n contenciosa y por eso pretendieron revivir sus t\u00e9rminos a trav\u00e9s del juicio expropiatorio\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 remiti\u00f3 copia de la providencia cuestionada y aclar\u00f3 que \u00aba la fecha, la totalidad de la actuaci\u00f3n se encuentra en el juzgado de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. La Agencia Nacional de Infraestructura guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de los accionantes con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 08 de febrero de 2021. Ello pues, a su juicio, el Tribunal incurri\u00f3 en defecto sustancial que impidi\u00f3 que se pronunciara de fondo sobre los conceptos no incluidos en la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por la expropiaci\u00f3n (Art. 399 Numeral 6 C.G.P.). <\/p>\n
2. Revisada la providencia objeto de controversia, se considera que la resoluci\u00f3n rebatida no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguardia, independientemente de que sea o no compartida. Sobre el particular, la Corporaci\u00f3n accionada, al resolver la instancia, expres\u00f3 los motivos por los cuales consider\u00f3 que era procedente confirmar el fallo cuestionado. <\/p>\n
As\u00ed pues, de la lectura de la contestaci\u00f3n de la demanda y de las probanzas obrantes en el plenario, evidenci\u00f3 que \u00ablas demandadas no controvirtieron la validez y fundamentos jur\u00eddicos del acto administrativo expropiatorio ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa, a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, agotando solamente la v\u00eda gubernativa, raz\u00f3n por la cual, terminaron por aceptar su contenido. De esta manera, le asiste raz\u00f3n al se\u00f1or juez de primer grado cuando asegura que no tiene \u201c(\u2026) competencia para variar la motivaci\u00f3n del acto administrativo y su enfoque de prevalencia del inter\u00e9s general (\u2026) carece de competencia suficiente para verificar si esa decisi\u00f3n, la administrativa, se ajust\u00f3 a la ley, o se encuadra dentro de las causales naturales de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Asever\u00f3 que reclamar el aumento de la indemnizaci\u00f3n aduciendo que la solicitud de expropiaci\u00f3n es insuficiente al no haber vinculado la totalidad de terrenos a expropiar \u00abtermina por contradecir el contenido de las resoluciones No. 1368 del 27 de julio de 2018 y 1828 de septiembre 28 de 2018, ya aceptado por las accionadas, en las cuales, se precis\u00f3 que el terreno requerido para la ejecuci\u00f3n de la obra era de 25.54 m2, del predio de mayor extensi\u00f3n identificado con folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria No. 357-14719, por tal motivo no es aceptable que se pretenda utilizar la presente acci\u00f3n, para intentar modificar los par\u00e1metros fijados por los actos administrativos\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 que el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 399 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abno faculta al juez para modificar, en cuanto al \u00e1rea a utilizar en la obra p\u00fablica, el contenido de la resoluci\u00f3n que dispuso dar inicio al tr\u00e1mite de expropiaci\u00f3n judicial\u00bb. Por el contrario, apuntal\u00f3 que la frase \u201cconceptos no incluidos\u201d hace alusi\u00f3n a \u00abaquellos elementos no tenidos en cuenta al momento de fijar la indemnizaci\u00f3n, y que, por ser necesarios, est\u00e1n incluidos en la orden de expropiaci\u00f3n (resoluciones No. 1368 del 27 de julio de 2018 y 1828 de septiembre 28 de 2018)\u00bb. <\/p>\n
Bajo tales consideraciones, concluy\u00f3 que \u00abno le asiste raz\u00f3n a las accionadas para solicitar el aumento de la indemnizaci\u00f3n reconocida, teniendo como argumento la realizaci\u00f3n de un dictamen pericial sobre terrenos y obras que no son objeto de expropiaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico. Lo anterior am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de la normativa que regula el proceso de expropiaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Para la Sala, el argumento del Tribunal se evidencia razonable pues, observada la contestaci\u00f3n de la demanda, es evidente que el prop\u00f3sito de las accionantes era que se modificara la cantidad de terreno a expropiar, lo cual qued\u00f3 fijado a trav\u00e9s de las resoluciones No. 1368 del 27 de julio de 2018 y 1828 de septiembre 28 de 2018. Por tanto, lo que en realidad se pretend\u00eda discutir era el acto administrativo en el que qued\u00f3 determinado el bien sobre el que reca\u00eda la expropiaci\u00f3n, lo cual, como bien lo dictaminaron las autoridades accionadas, corresponde a un tema a resolverse ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativo. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, esta Corte sostuvo en sede de tutela lo siguiente: <\/p>\n
\u00abDe los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que si bien la gestora direccion\u00f3 la queja constitucional contra el auto de 17 de abril de 2018, que mantuvo el admisorio del proceso 2017-00142, lo cierto es que su inconformidad se edifica en los linderos trazados para identificar la franja de terreno objeto de expropiaci\u00f3n, los cuales quedaron fijados a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n n\u00ba 1001 de 21 de julio 2017, con la cual la Agencia Nacional de Infraestructura \u2013ANI- dispuso la mentada expropiaci\u00f3n al interior del previo tr\u00e1mite administrativo adelantado; resoluci\u00f3n que, por dem\u00e1s, fue la aportada por la demandante para iniciar el juicio ahora cuestionado. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al margen de lo dispuesto por la autoridad judicial en el referido prove\u00eddo, lo cierto es que, en \u00faltimas, la salvaguarda, se dirige en contra el acto que puso fin a la etapa administrativa, donde qued\u00f3 determinado el bien sobre el que reca\u00eda la expropiaci\u00f3n, de donde se concluye que esta acci\u00f3n excepcional no es la v\u00eda adecuada para censurar la Resoluci\u00f3n n\u00ba 1001 de 21 de julio de 2017, pues la promotora tuvo la posibilidad de acudir a la jurisdicci\u00f3n Contencioso Administrativa para deprecar la nulidad del referido acto administrativo que estableci\u00f3, entre otras cosas, la alinderaci\u00f3n del predio que aqu\u00ed critica, esto, conforme al conforme al art\u00edculo 138 C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, siendo ese el escenario id\u00f3neo para controvertir la legalidad de la decisi\u00f3n adoptada, espec\u00edficamente, se itera, la identificaci\u00f3n del fundo que por esta v\u00eda se cuestiona; situaci\u00f3n que configura, entonces, la causal de improcedencia contemplada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en concordancia con el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991\u00bb (STC8514-2018 del 05 de julio del 2018). <\/p>\n
4. Por el contrario, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por el colegiado accionado y lo planteado por las solicitantes. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. Por lo razonado en precedencia, se negar\u00e1 el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folio 32 del PDF \u00ab307ccbc6-7189-4644-b119-6bada0c3ef27o\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Folio 34-41 del PDF \u00ab307ccbc6-7189-4644-b119-6bada0c3ef27o\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Folio 42-57 del PDF \u00ab307ccbc6-7189-4644-b119-6bada0c3ef27o\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folio 75-86 del PDF \u00ab307ccbc6-7189-4644-b119-6bada0c3ef27o\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
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