STC9811-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9811-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02557-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Eduardo Andr\u00e9s Joseph Dangond Manrique contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar y la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes del proceso objeto de debate. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El gestor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su garant\u00eda fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerada por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2.- Del escrito inicial y de las dem\u00e1s piezas procesales, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1.- Bancolombia S.A. present\u00f3 demanda ejecutiva en contra del ahora tutelante, la cual correspondi\u00f3, por reparto, al Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar bajo el radicado 2013-00258, autoridad que dict\u00f3 mandamiento de pago el 24 de mayo de 20131 contra \u00abEDUARDO ANDRES JOSEPH DANGOND MART\u00cdNEZ, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 1.065.618.720, a favor de BANCOLOMBIA S.A\u00bb. <\/p>\n
2.2.- El 8 de agosto de 2013, a petici\u00f3n del ejecutante, el Juzgado resolvi\u00f3 corregir \u00abel auto adiado veinticuatro (24) de mayo de 2013 mediante el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago, en el \u00faltimo apellido del demandado, el cual es MANRIQUE y no MART\u00cdNEZ\u00bb2. <\/p>\n
2.3.- En prove\u00eddo del 21 de agosto de 2013, el Juzgado advirti\u00f3 que \u00abla parte demandada, fue notificada del mandamiento de pago tal como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 320 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, esto es por aviso del nueve (09) de Julio de 2013, vencido el t\u00e9rmino de traslado al demandado este no contesto (sic), tampoco interponen excepciones ni realizaron el correspondiente pago dentro del t\u00e9rmino oportuno (\u2026)\u00bb, en consecuencia resolvi\u00f3 \u00abseguir adelante con la ejecuci\u00f3n en la forma ordenada en el auto de mandamiento de pago de fecha veinticuatro (24) de mayo de 2013, en contra de EDUARDO ANDRES JOSEPH DANGOND MARTINEZ, identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 1.065.618.720\u00bb. <\/p>\n
2.4.- El 28 de mayo de 2016, el ahora tutelante radic\u00f3 incidente de nulidad del proceso, alegando indebida notificaci\u00f3n del mandamiento de pago, pues \u00ab(\u2026) se corrigi\u00f3 el 8 de agosto de 2013, con el nombre correcto pero no se efectu\u00f3 pr\u00e1ctica alguna de notificaci\u00f3n alguna posterior a la enmienda o su perfecci\u00f3n actual\u00bb. <\/p>\n
2.5.- El 11 de octubre de 2016, el Juzgado declar\u00f3 infundada la nulidad invocada, prove\u00eddo que fue confirmado el 5 de diciembre de 2017 por el Tribunal convocado. <\/p>\n
2.6.- Sobre el particular, en el escrito inicial, el gestor adujo que \u00ab(\u2026) present\u00f3 los incidentes de nulidad correspondientes y fueron negados en primera y segunda instancia, a pesar de haber notificado la providencia en direcci\u00f3n diferente a mi domicilio y con un mandamiento de pago con nombre errado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que las notificaciones y providencias judiciales \u00absiempre deben contener la indicaci\u00f3n de los sujetos procesales y sin ninguna equivocaci\u00f3n en el nombre de los mismos seg\u00fan la jurisprudencia del consejo de Estado (\u2026) y el art\u00edculo 321 del c\u00f3digo general del proceso\u00bb y que, si aquellas se emiten con \u00abindebida indicaci\u00f3n o con indicaci\u00f3n equivocada de las partes\u00bb, se \u00abconfigura una invalidez de la actuaci\u00f3n ya que mi persona se ha visto afectada en el desconocimiento de la actuaci\u00f3n, la posibilidad de controvertir pruebas en mi contra y poder presentar todas aquellas que sirvan a mi favor, como la vulneraci\u00f3n del debido proceso\u00bb. <\/p>\n
Pese a ello, \u00abel juzgado ha embargado, secuestrado y avaluado bienes que no corresponden al mismo nombre del sujeto pasivo de la admisi\u00f3n de la demanda y de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
3.- Conforme a lo relatado, pidi\u00f3 \u00abPRIMERO: Se declare la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo de BANCOLOMBIA, contra el suscrito que cursa en el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO, de esta ciudad, bajo la radiaci\u00f3n 20001310300120130025800, desde el mandamiento de pago. SEGUNDO: En consecuencia se ordena librar nuevo mandamiento de pago y la notificaci\u00f3n del demandado en forma legal\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- El Juzgado Primero Civil del Circuito en Oralidad de Valledupar -Cesar pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela, al considerar que \u00abfue interpuesta para evadir la coerci\u00f3n propia de decisiones ejecutoriadas contra la seguridad jur\u00eddica (\u2026)\u00bb y alleg\u00f3 copia digital del expediente del proceso de marras. <\/p>\n
2.- Bancolombia S.A. se pronunci\u00f3 sobre los hechos y pretensiones de la acci\u00f3n de tutela y pidi\u00f3 declararla improcedente. <\/p>\n
3.- Quien adujo ser el Director Jur\u00eddico del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario \u2013 Finagro pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo con respecto a esta entidad. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, el actor reclama el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, el cual considera vulnerado por los prove\u00eddos que, \u00aben primera y segunda instancia (\u2026)\u00bb, declararon infundada su petici\u00f3n de nulidad del proceso de marras, \u00aba pesar de haber notificado la providencia en direcci\u00f3n diferente a mi domicilio y con un mandamiento de pago con nombre errado\u00bb, todo lo cual dio lugar a que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Valledupar continuara el juicio sin consideraci\u00f3n al error referido. <\/p>\n
2.- Pronto advierte esta Sala que la petici\u00f3n del promotor habr\u00e1 de ser denegada, por cuanto la acci\u00f3n constitucional no cumple con el presupuesto general de la inmediatez. <\/p>\n
2.1.- Sobre el particular, se observa que en la providencia mediante la cual el Tribunal confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, hizo un pronunciamiento sobre los reparos que el tutelante propone ahora como sustento de su salvaguarda, a saber, la supuesta notificaci\u00f3n del mandamiento de pago en direcci\u00f3n diferente a su domicilio y con un nombre equivocado, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u00abN\u00f3tese (\u2026) que la notificaci\u00f3n personal y por aviso fueron entregadas, a la direcci\u00f3n del ejecutado, de lo que se infiere que las notificaciones fueron recibidas efectivamente, por cuanto se tiene que ellas no fueron devueltas por su destinatario con la excusa que a\u00f1os despu\u00e9s quiere hacer valer (de tratarse de una persona distinta). <\/p>\n
Por todo lo anterior, no son de recibo los reparos formulados por el apelante, pues se repite, a\u00fan frente a la evidencia del error al consignar el segundo apellido del ejecutado en el prove\u00eddo original del mandamiento de pago, sin embargo la notificaci\u00f3n fue efectuada en la direcci\u00f3n del deudor, sin que en ese momento se hiciera pronunciamiento respecto de la causal hoy deprecada por lo que se encuentra saneada por silencio. Adem\u00e1s como se expuso y se reitera, dentro de los documentos entregados en la notificaci\u00f3n por aviso existen anexos que permiten tener la certeza de que la demanda y el mandamiento de pago fueron dirigidos contra EDUARDO ANDRES JOSEPH DANGOND MANRIQUE, muy a pesar de la falla citada, que resulta inane para configurar la nulidades esgrimidas. Esto, porque en el mandamiento de pago se individualiz\u00f3 al ejecutado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, las citaciones de notificaci\u00f3n fueron dirigidas a su direcci\u00f3n con el nombre sin ning\u00fan error y en la copia de la demanda entregada se encuentra el Pagar\u00e9 firmado por el ejecutado, de lo que se concluye que a pesar del nimio error, que por dem\u00e1s fue corregido en la forma permitida por el art\u00edculo 286 del CGP (\u2026), el acto procesal cumpli\u00f3 con su finalidad, de notificar a EDUARDO ANDRES JOSEPH DANGOND MANRIQUE, del proceso ejecutivo iniciado en su contra garantiz\u00e1ndole su derecho a la defensa. <\/p>\n
No se trata por dem\u00e1s, como lo propone de manera forzada el m\u00e1s reciente apoderado del ejecutado, que haya dos mandamientos de pago, siendo supuestamente, seg\u00fan su parecer, el segundo mandamiento de pago \u2018el verdadero\u2019, Dicha hip\u00f3tesis desconoce que lo sucedido en el infolio fue la correcci\u00f3n de un \u00fanico mandamiento de pago: el del 24 de mayo de 2013, con el prove\u00eddo del 8 de agosto del mismo a\u00f1o (\u2026) lo que se hizo conforme lo permitido en el Art. 310 del CPC (\u2026), esto es, la correcci\u00f3n de un error en el primero por el cambio de una de las 5 apalabras que integran el nombre del ejecutado. <\/p>\n
Siendo as\u00ed queda en evidencia que no se equivoc\u00f3 la juez de primera instancia cuando declar\u00f3 infundada la solicitud de nulidad impetrada por el ejecutado, por considerarla saneada ante el silencio del ejecutado una vez le fue notificada la demanda ejecutiva (y no porque \u00e9ste hubiere actuado de manera diferente despu\u00e9s de notificarlo), aun\u00e1ndose que ese acto procesal cumpli\u00f3 con la finalidad de notificarlo garantizando su derecho de defensa\u00bb3 (Se subraya). <\/p>\n
En ese orden de ideas, esta Sala advierte que el asunto que reprocha el accionante en esta instancia constitucional fue previamente analizado y definido por el Tribunal en la providencia del 5 de diciembre de 2017 y, en la medida que han pasado m\u00e1s de tres a\u00f1os desde que aquella fue proferida, la acci\u00f3n de tutela no cumple con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2.2.- Respecto del citado principio, ha de precisarse que, aunque no exista un t\u00e9rmino de caducidad para invocar el amparo, s\u00ed se impone promoverlo dentro de un plazo \u00abrazonable\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los \u00abderechos fundamentales de la persona\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se subraya). <\/p>\n
Cabe resaltar que este plazo puede ampliarse por razones que justifiquen la inactividad del accionante para impetrar la s\u00faplica, como lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras, en sentencias CC T-136\/2007, CC T-647\/2008 y CC T- 033\/2010; en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, la Corte Constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar el principio de seguridad jur\u00eddica, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb4. <\/p>\n
2.3.- En este asunto, el actor radic\u00f3 su solicitud de amparo constitucional el 8 de julio de 2021, m\u00e1s de tres a\u00f1os despu\u00e9s de dictarse el prove\u00eddo en cuesti\u00f3n, sin que se evidencie alg\u00fan hecho que justifique la inactividad del gestor, en tanto no da cuenta de situaciones espec\u00edficas que le hayan impedido reclamar, oportunamente, por v\u00eda constitucional. <\/p>\n
3.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Cuaderno principal del expediente digital del proceso n\u00famero 2013-00258, archivo \u201c003. Auto Libra Mandamiento.pdf\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Cuaderno principal del expediente digital del proceso de marras, archivo \u201c008. Auto Corrige Providencia.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Sentencias CC T-410\/2013 y CC T- 206\/2014. <\/p>\n
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