STC9813-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9813-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2021-00219-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (05) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 16 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Eduardo Franco Pinz\u00f3n le instaur\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil y al Juzgado Promiscuo del Circuito de Puente Nacional, Santander. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y a la \u00ablibertad\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara a los estrados enjuiciados: (i) \u00abConceder [su] libertad condicional\u00bb; (ii) \u00abAplicar a su favor lo contemplado en la sentencia de tutela en la que se defini\u00f3 un asunto similar [que lo beneficia]\u00bb; (iii) \u00abHacer la revisi\u00f3n del por qu\u00e9 hasta el d\u00eda de hoy no se ha colocado su juicio ante el Juez de Ejecuci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujo que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puente Nacional lo conden\u00f3 a la pena principal de \u201c150 meses\u201d de prisi\u00f3n y a la accesoria de \u201cinhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas\u201d por un per\u00edodo igual, por el delito de \u201cactos sexuales abusivos con menor de 14 a\u00f1os en concurso homog\u00e9neo y sucesivo\u201d (22 abr. 2015); por lo que, inconforme, apel\u00f3. <\/p>\n
Sostuvo que desde el 5 de agosto de 2012 est\u00e1 privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Socorro, es decir, a la fecha, \u201cllev[a] una pena f\u00edsica de 8 a\u00f1os, 5 meses y 23 d\u00edas\u201d y, \u201cdescontando [el tiempo] por rendici\u00f3n\u201d ha purgado una \u201cpena alrededor de 125 meses y 23 d\u00edas\u201d; raz\u00f3n por la que solicit\u00f3 la \u201clibertad condicional\u201d ya que, en su sentir, tiene \u201clos requisitos, por lo menos objetivos\u201d para acceder a ese beneficio; empero, el estrado reprochado la neg\u00f3 por tratarse de un \u201cdelito contra la dignidad sexual de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u201d (18 en. 2019). <\/p>\n
Expres\u00f3 que esa resoluci\u00f3n es \u201cparcialmente cierta\u201d, habida cuenta que las \u201caltas Cortes\u201d han referido \u201chasta el cansancio\u201d que existen \u201cotras\u201d exigencias para examinar esa petitoria, como \u201cel tiempo que ha pagado la pena, la conducta que ha tenido, el cumplimiento de todas las normas penitenciarias y la m\u00e1s importante la resocializaci\u00f3n\u201d; esto es, que el funcionario no puede \u201climitar[se]\u201d a observar la conducta punible del sedicente, sino su comportamiento despu\u00e9s de ser \u201ccondenado\u201d. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que su expediente \u201cnunca\u201d ha sido asignado a un juez de ejecuci\u00f3n, quien por ley debe \u201cvigilar [su] condena\u201d, situaci\u00f3n que ha quebrantado sus prerrogativas puesto que durante todo este tiempo no ha contado con una \u201csegunda visi\u00f3n\u201d de su rogativa. <\/p>\n
Inform\u00f3 que la misma misiva la reiter\u00f3 el quejoso el 19 de febrero y 5 de marzo de 2018, por lo que el 6 de marzo le comunic\u00f3 las gestiones que emprendi\u00f3 al respecto. Cont\u00f3 que cuando tuvo los elementos de convicci\u00f3n, le reconoci\u00f3 al petente, hasta el mes de diciembre del a\u00f1o 2017, \u201conce (11) meses, diecis\u00e9is (16) d\u00edas, diez (10) horas\u201d de rebaja de pena por \u201ctrabajo y estudio\u201d (10 abr. 2018). <\/p>\n
Sostuvo que el 12 de junio y 27 de julio de 2018, el precursor pidi\u00f3, de nuevo, \u201credenci\u00f3n de pena por los meses de diciembre de 2017 a junio de 2018\u201d, atendidas en auto de 5 diciembre de 2018 y le registr\u00f3 desde los \u201cmeses de enero a septiembre de 2018, (\u2026) dos (2) meses, veinticinco (25) d\u00edas, diez (10) horas\u201d por los mismos conceptos. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que el 13 diciembre de 2019 y 9 de octubre de 2020 el promotor insisti\u00f3 en el estudio de la \u201credenci\u00f3n de [su] pena\u201d, de manera que, profiri\u00f3 prove\u00eddo en el que le notici\u00f3 que \u201cdesde el 1\u00ba de octubre de 2019 hasta el 6 de octubre de 2020\u201d tiene a su favor \u201ccinco (5) meses, ocho (8) d\u00edas y seis (6) horas\u201d (30 nov. 2020). <\/p>\n
Refiri\u00f3 que neg\u00f3 la \u201csolicitud de libertad condicional\u201d, con fundamento en la prohibici\u00f3n legal establecida en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 199 de la Ley 1098 de 2006 (18 en. 2019) y que el imputado no promovi\u00f3 recurso alguno contra esa providencia. <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 la imposibilidad de enviar el paginario a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n de Penas, comoquiera que la sentencia no ha cobrado firmeza, pues el Tribunal de San Gil no ha solventado el recurso de apelaci\u00f3n que inco\u00f3 el gestor. <\/p>\n
Por lo esbozado, resalt\u00f3 la improcedencia de la salvaguarda, toda vez que el querellante tiene a su alcance otro \u201cmecanismo constitucional\u201d para invocar la transgresi\u00f3n del \u201cderecho a la libertad\u201d. <\/p>\n
El Defensor P\u00fablico del investigado indic\u00f3 que el Tribunal Superior ya desat\u00f3 la alzada y confirm\u00f3 la \u201csentencia condenatoria\u201d de primer grado, raz\u00f3n por la que present\u00f3 el \u201crecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u201d, del cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal no ha definido su admisibilidad. <\/p>\n
El Tribunal Superior de San Gil expuso que el 16 de marzo de 2020 dirimi\u00f3 el \u201crecurso de apelaci\u00f3n\u201d y, ante la interposici\u00f3n oportuna de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, envi\u00f3 el infolio a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, lo que impide la \u201cvigilancia\u201d de la pena por cuanto la decisi\u00f3n no ha quedado \u201cejecutoriada\u201d. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El a quo desestim\u00f3 el amparo, tras colegir, frente al interlocutorio criticado -18 de enero de 2019-, no cumplirse el presupuesto de la \u201csubsidiariedad\u201d, en raz\u00f3n a que el accionante \u00abante la negativa de la concesi\u00f3n de la libertad condicional, pod\u00eda acudir al recurso ordinario de apelaci\u00f3n, el cual es el medio id\u00f3neo para controvertir el auto adoptado por el Juzgado Penal del Circuito de Puente Nacional (\u2026) tampoco se advierte una circunstancia que habilite al juez de tutela para hacer abstracci\u00f3n del incumplimiento de dicho presupuesto y resolver de fondo, porque no se evidencia defecto alguno en la argumentaci\u00f3n (\u2026) [y] la decisi\u00f3n controvertida, se evidencia razonable y ajustada a derecho\u00bb. <\/p>\n
2.- Recurri\u00f3 el convocante con similares argumentos a los del escrito genitor, aludiendo a una \u201cconfusi\u00f3n\u201d que apreci\u00f3 en las respuestas ofrecidas por los estrados convocados. Igualmente, aleg\u00f3 la \u201cfalta de defensa t\u00e9cnica\u201d, comoquiera que, seg\u00fan su dicho, \u201cno h[a] contado con la ayuda legal necesaria\u201d para controvertir las actuaciones adelantadas en la lid. <\/p>\n
Afirm\u00f3 desconocer el procedimiento en la contienda, aunado a que \u201cno t[iene] opciones jur\u00eddicas para pedir[las] ante una entidad\u201d, como por ejemplo en lo relacionado con su libertad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La Sala ha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, que consiste, por regla general, en que la \u00abtutela\u00bb se ejerza en un periodo no mayor a los seis (6) meses posteriores al momento en que se produjo la \u00abaparente trasgresi\u00f3n\u00bb, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb de la guarda prevista en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad de que la misma no se convierta en un componente de inseguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Sobre ello, ha expresado, que <\/p>\n
\u201c(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha indicado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo\u2026por falta de inmediatez, \u201cs\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u201d, adopt\u00e1ndose aqu\u00e9l en \u201cseis meses\u201d, a menos que exista causa justificativa para su elongaci\u00f3n \u2026\u201d (STC1777-2020). <\/p>\n
2.- Concerniente a la aspiraci\u00f3n de Eduardo Franco tendiente a que se le conceda la \u201clibertad condicional\u201d, de entrada, se advierte la inviabilidad del auxilio porque se inobserv\u00f3, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida, el requisito de la inmediatez que impera en esta sui generis justicia. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque entre la fecha del auto debatido (18 en. 2019) y la radicaci\u00f3n de la demanda superlativa (28 en. 2021), transcurri\u00f3 un lapso de dos (2) a\u00f1os y diez (10) d\u00edas, esto es, se super\u00f3 con creces el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han estimado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Cosa semejante suceder\u00eda si se hiciera el c\u00f3mputo desde que se le notific\u00f3 al interesado, a trav\u00e9s del \u201cdespacho comisorio n\u00ba 012\u201d de esa providencia (6 feb. 2019), puesto que desde entonces corri\u00f3 un (1) a\u00f1o y once (11) meses. <\/p>\n
3.- Ahora, en lo relativo a que el decurso que se sigue en su contra no ha sido asignado a un Juez ejecutor, con el prop\u00f3sito de que ejerza una \u201cvigilancia\u201d de la sanci\u00f3n que est\u00e1 purgando, se subraya que, de los elementos suasorios allegados, se advirti\u00f3 que el veredicto condenatorio expedido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Puente Nacional y convalidado por el Tribunal Superior de San Gil, a\u00fan no ha cobrado firmeza, toda vez que, el Defensor P\u00fablico del precursor interpuso \u201crecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u201d, por lo que, se dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias a la Sala de Casaci\u00f3n Penal y, a la data, est\u00e1 pendiente de su admisi\u00f3n. <\/p>\n
De manera que, no salta a la vista alg\u00fan desafuero susceptible de esta protecci\u00f3n, comoquiera que, una vez \u201cejecutoriada\u201d la decisi\u00f3n dictada por el ad quem en segunda instancia, se enviar\u00e1 el pleito respectivo a los Juzgados de Ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
4.- Por \u00faltimo, referente a lo aducido por el denunciante para que se examine su caso con apoyo en los lineamientos trazados en el fallo de \u201ctutela\u201d emitido en el a\u00f1o 2018, se le recuerda que las directrices definidas en tr\u00e1mites constitucionales tienen efectos \u00abinter partes [y] que no [tiene] la virtualidad de extender sus efectos\u00bb (CSJ STC11646, 28 ag. 2019, rad. 00941-01). Al respecto, la Corte Constitucional precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Nunca los efectos de la decisi\u00f3n de tutela son erga omnes; en todos los casos, aun en aquellos en que la decisi\u00f3n de tutela rebasa los efectos estrictamente inter partes del proceso, \u00e9ste se traba entre una persona o personas que denuncian la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, y otra u otras a quien o quienes se imputa dicha violaci\u00f3n. Por ello el examen del juez de tutela no puede prescindir del estudio relativo a si la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de la persona o personas concretamente demandadas conduce a la violaci\u00f3n de derechos fundamentales del o los demandantes. Es decir, los efectos de la decisi\u00f3n primeramente se producen siempre entre las partes del proceso, sin perjuicio de que, en eventos especial\u00edsimos, como los que se acaban de comentar, puedan extenderse a terceras personas en virtud de las figuras de efectos inter pares o inter comunis. Nunca, se repite, tales efectos son erga omnes. En consecuencia, no es posible al juez de tutela verificar la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales en abstracto, a fin de proferir una decisi\u00f3n erga omnes o de car\u00e1cter general, como la que pretende la demanda (\u2026)\u201d. Sentencia T-583 de 2006 del 26 de julio de 2006, exp. T-1327559. <\/p>\n
4.1.- De otro lado, en trat\u00e1ndose de la censura del pretensor que sugiere negligencia de su Defensor P\u00fablico en el litigio penal disentido, rec\u00e1lquese que, a m\u00e1s de constituir un hecho nuevo respecto del cual las autoridades querelladas no tuvieron \u00aboportunidad\u00bb de pronunciarse, tal situaci\u00f3n resulta insuficiente para abrir paso a la ayuda superlativa, ya que, si esgrime que la labor del profesional fue inapropiada, puede poner ese parecer en conocimiento de los organismos competentes. <\/p>\n
Sobre dicho t\u00f3pico eta Magistratura ha cavilado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]n relaci\u00f3n con las afirmaciones efectuadas referentes a una inadecuada defensa t\u00e9cnica, tal situaci\u00f3n no conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales, pues, seg\u00fan las pruebas aportadas a la actuaci\u00f3n, el convocante estuvo asistido dentro del proceso por un abogado y el hecho de no estar conforme con su actuar, no lo legitima para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas. No obstante, en caso de considerarse un proceder negligente\u2026 por parte del profesional del derecho designado, existen v\u00edas para denunciar tal situaci\u00f3n, a las que puede acudir directamente quien se considere afectado, frente a ello, esta Corporaci\u00f3n ha expuesto que \u2018Tampoco son de recibo las manifestaciones del actor respecto a la negligencia que endilga a su apoderado en el patrocinio de sus derechos, pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u2019 (…) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(…) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (…)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u2026 (CSJ STC 9 de junio de 2004, exp. 00448-01 y 21 de marzo de 2006, exp. 00228-01, reiteradas en providencias de 23 de octubre de 2012, exp. 62803-02, STC9510 de 13 de julio de 2016, rad. n.\u00b0 11001-02-04-000-2016-00905-01 y STC997-2021). <\/p>\n
5.- Ergo, se avalar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados, y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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