STC9817-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9817-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00579-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada en la referida causa. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y de las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La accionante indic\u00f3 que instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones, con el fin de obtener la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de vejez que le hab\u00eda sido reconocida por dicha entidad, mediante Resoluci\u00f3n n.\u00b0 GNR 032648 del 11 de marzo de 2013. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales, despacho que, por sentencia del 15 de junio de 2016, absolvi\u00f3 a Colpensiones. <\/p>\n
2.3. Apelada esa determinaci\u00f3n, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, por providencia del 13 de septiembre de 2016, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
2.4. En consecuencia, la actora formul\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n y la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante fallo SL455-2020 del 19 de febrero de 2020, resolvi\u00f3 no casar la decisi\u00f3n recurrida, aduciendo que \u00ab[\u2026] la primera acusaci\u00f3n [\u2026]adolece de falencias t\u00e9cnicas, pues no se enuncia la modalidad de violaci\u00f3n de las disposiciones que incorpora en la proposici\u00f3n jur\u00eddica\u00bb, adem\u00e1s, que \u00ab[\u2026] los requerimientos formales y de fondo de este recurso, encuentran su fundamento en el numeral 1 del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, que le atribuy\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia la funci\u00f3n de actuar como \u2018tribunal de casaci\u00f3n\u2019\u00bb; igualmente, sostuvo que \u00abRevisado el escrito con el que se sustenta el recurso, encuentra la Sala que tanto la proposici\u00f3n como el desarrollo de los cargos resultan ajenos, y, por ende, insuficientes para que confrontados con las razones expuestas por Tribunal en la sentencia puedan si quiera afectar los fundamentos sobre los que se soporta, as\u00ed como las presunciones de acierto y legalidad de las que viene revestida\u00bb. <\/p>\n
2.5. En criterio de la tutelante, la Sala de Descongesti\u00f3n incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, pues no estudi\u00f3 de fondo lo planteado en el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, contrario a lo considerado en el salvamento de voto de uno de los magistrados, quien afirm\u00f3 que la forma como se presentaron los cargos s\u00ed permit\u00eda el estudio del reclamo propuesto, aunado a que, en su sentir, tampoco se tuvo en cuenta que la Corte Constitucional \u00abha expuesto que el custodio y responsable de la Historia Laboral es la Administradora de Fondos de Pensiones\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, el amparo de la garant\u00eda fundamental invocada y, en consecuencia, que se ordene \u00aba quien corresponda que ESTUDIE DE FONDO MI CASO TAL COMO EST\u00c1 EN EL SALVAMENTO DE VOTO [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia manifest\u00f3 que, \u00aben el estudio que se adelant\u00f3 en el tr\u00e1mite extraordinario, dado el principio de legalidad que ampara las providencias judiciales, se enfrent\u00f3 la sentencia censurada con la ley y, no, los intereses individuales de quienes actuaron como partes en el juicio ordinario, en tanto la Corte Casaci\u00f3n no est\u00e1 facultada para pronunciarse sobre el pleito, ni para definir a cu\u00e1l de los litigantes le asiste la raz\u00f3n, por la pot\u00edsima raz\u00f3n de que tal funci\u00f3n fue atribuida, exclusivamente, a los jueces de instancia, ante quieres (sic) se adelante el tr\u00e1mite ordinario\u00bb. <\/p>\n
En este sentido, afirm\u00f3 que \u00absiempre que el recurrente cumpla con los requerimientos de forma y fondo, la labor de esta Sala se concretar\u00e1 a revisar la sentencia censurada para establecer si al proferirla, la autoridad jurisdiccional – Tribunal o Juzgado en caso de la casaci\u00f3n per saltum – observ\u00f3 las normas que estaba obligado a aplicar para solucionar rectamente el conflicto y mantener el imperio de la ley (CJS SL142-2020)\u00bb. <\/p>\n
Sobre dichos requisitos expuso que \u00abquien acude al tr\u00e1mite extraordinario de casaci\u00f3n laboral, al presentar el escrito con el que pretenda sustentar el recurso, en primer lugar, debe cumplir con las exigencias t\u00e9cnicas fijadas en los art\u00edculos 87, 90 y 91 del CPTS, para que la acusaci\u00f3n sea susceptible de an\u00e1lisis y decisi\u00f3n de fondo, sin que sea un desprop\u00f3sito, pues ha sido corroborada por la Corte Constitucional, dado el car\u00e1cter dispositivo de este medio de impugnaci\u00f3n. (CC C-596-2000, en la que a su vez prohij\u00f3 lo expuesto en la CC C-541-1994)\u00bb, por lo cual \u00ab[\u2026] el recurrente en casaci\u00f3n laboral debe elegir, entre las dos causales legalmente establecida, aquella en la que estima pudo haber incurrido el fallador censurado, bien sea, i) por violaci\u00f3n de la ley sustancial de orden nacional o, ii) por contener la sentencia decisiones que hacen m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n del apelante, es decir, por desconocimiento del principio de la no reformatio in pejus\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, \u00ablos yerros de hecho atacables en casaci\u00f3n laboral, no son cualquier error, en raz\u00f3n a las presunciones de legalidad y acierto con las que viene revestido el fallo, en consecuencia, deben demostrarse con el car\u00e1cter de evidentes, ostensibles, protuberantes, en la evaluaci\u00f3n de los \u00fanicos medios de prueba calificados, as\u00ed como de las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por los pates (sic), que informa la actuaci\u00f3n de los jueces de trabajo. (art.61 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social)\u00bb. Lo anterior, en consideraci\u00f3n a que, \u00abcomo se explic\u00f3 en la sentencia objeto de esta acci\u00f3n, la entonces recurrente no cumpli\u00f3 con las exigencias de forma y fondo necesarias para la prosperidad del recurso extraordinario\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas circunstancias, sostuvo que, a pesar de los graves errores de t\u00e9cnica que conten\u00eda el escrito con el cual se sustent\u00f3 el recurso, la Corte estudi\u00f3 los dos cargos presentados por la \u00abv\u00eda directa\u00bb y concluy\u00f3 que no existi\u00f3 yerro alguno por parte del Tribunal Superior de Manizales, raz\u00f3n por la que enfatiz\u00f3 en que no pod\u00eda aceptarse lo pretendido por la actora, mediante la acci\u00f3n de tutela, empleando unos argumentos que, adem\u00e1s de haber sido expuestos inadecuadamente por la v\u00eda directa que seleccion\u00f3 (la custodia de la historia laboral de la afiliada y la responsabilidad por la inexactitud de los datos de la misma), tampoco fueron objeto de discusi\u00f3n en las instancias, por lo que no fue posible que se estudiaran en sede de casaci\u00f3n, pues se trataba de hechos nuevos. <\/p>\n
Por lo anterior, al evidenciar que la recurrente no cumpli\u00f3 con los deberes que le compet\u00edan para sustentar el recurso de casaci\u00f3n, solicit\u00f3 negar el amparo instaurado. <\/p>\n
2. La Administradora Colombiana de Pensiones pidi\u00f3 declarar la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional, toda vez que \u00abno se ha materializado ning\u00fan vicio, defecto o vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, as\u00ed como por la abierta improcedencia de la tutela contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta que nuestra legislaci\u00f3n ha dispuesto mecanismos tales como los recursos judiciales para debatir lo all\u00ed determinado, sin que esta pueda constituirse en una tercera instancia\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que \u00abelev\u00f3 la consulta del caso con el \u00e1rea pertinente de esta Entidad; la cual nos inform\u00f3 que en una vez revisados los aplicativos de consulta con que cuenta la entidad, la p\u00e1gina web de la rama judicial, as\u00ed como el escrito de tutela se pudo establecer que en el proceso laboral de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
4. La Procuradur\u00eda 26 Judicial II para Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social report\u00f3 que \u00abno ha adelantado actuaci\u00f3n alguna en detrimento de los intereses de la accionante y, en consecuencia, no es la entidad llamada a concurrir a la protecci\u00f3n de los derechos cuya protecci\u00f3n se invoca, dado que no est\u00e1 dentro de sus potestades decidir sobre los derechos del accionante presuntamente vulnerados, [\u2026]\u00bb, raz\u00f3n por la que pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la presente tutela. <\/p>\n
5. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, luego de hacer un breve recuento de las actuaciones adelantadas, solicit\u00f3 negar el amparo y que se procediera a desvincularla del tr\u00e1mite constitucional, \u00abpor no provenir de ella vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
De otra parte, precis\u00f3 que \u00ablas aclaraciones y\/o salvamentos de voto que realizan los Magistrados en el marco de las decisiones que adoptan los \u00f3rganos judiciales de cierre jurisdiccional a los que pertenecen \u2013enti\u00e9ndase, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado\u2013 no tienen fuerza vinculante y no son por tanto obligatorios\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, expuso que \u00abno se observa estructurada la v\u00eda de hecho alegada, porque la decisi\u00f3n descansa en argumentos razonables, que descartan que sea producto de la arbitrariedad o el capricho, y que haya consecuentemente vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Adem\u00e1s, seg\u00fan se anot\u00f3, el criterio expuesto en el salvamento invocado, aunque puede resultar valioso en el marco del debate jur\u00eddico, no tiene fuerza vinculante\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, quien reiter\u00f3 los argumentos que sostuvo en el escrito inicial de la tutela y adujo que s\u00ed se sustent\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n, como lo advirti\u00f3 el salvamento de voto de la providencia atacada. <\/p>\n
En ese aspecto, destac\u00f3 que \u00abEl apoderado que tuve en ese entonces manifest\u00f3 con base en Sentencias de la Corte Constitucional que la ausencia de informaci\u00f3n en la historia laboral de Colpensiones no es de responsabilidad del afiliado sino de la Administradora, y por lo tanto se debe de fallar a mi favor, es ah\u00ed donde la Sala Laboral de la Corte incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, ya que s\u00ed se hab\u00eda demostrado y probado que yo ten\u00eda derecho a la reliquidaci\u00f3n de mi pensi\u00f3n de vejez porque la ausencia de la prueba en la historia laboral no era de mi responsabilidad sino de la administradora\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la reclamante cuestiona la providencia SL455-2020 del 19 de febrero de 2020, mediante la cual la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n No. 3 resolvi\u00f3 no casar la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Manizales, pues, en su sentir, no se emiti\u00f3 una decisi\u00f3n de fondo frente al problema jur\u00eddico planteado en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De manera preliminar, se precisa que, si bien entre la fecha en que se dict\u00f3 la sentencia de la Sala de Descongesti\u00f3n de Casaci\u00f3n Laboral -19 de febrero de 2020- y la de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela -el 23 de febrero de 2021-1, se ha superado el t\u00e9rmino de los 6 meses previstos por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, por tratarse de un derecho pensional, se ha excusado dicha tardanza, debido a que esa garant\u00eda tiene un car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable. <\/p>\n
As\u00ed lo sostuvo esta Sala en sentencia STC20333-2017, al memorar lo dicho por la Corte Constitucional en la SU1073-2012, postura que reiter\u00f3 en STC9672-2018, STC11419-2018, STC6314-2019, STC9677-2019, entre otras: <\/p>\n
\u00abSi bien el prove\u00eddo atacado data de hace m\u00e1s de 7 a\u00f1os, situaci\u00f3n que en principio tornar\u00eda inviable estudiar de fondo el presente resguardo por inmediatez, al vislumbrar la Corte que la cuesti\u00f3n litigiosa involucra derechos de \u00edndole pensional, se excusar\u00e1 la omisi\u00f3n en el cumplimiento del mencionado requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que la garant\u00eda deprecada en esencia, funge con el talante de irrenunciable e imprescriptible\u00bb. <\/p>\n
3. Ahora bien, del escrutinio del decurso procesal advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo que se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada. En efecto, se considera que el veredicto cuestionado no alberga anomal\u00eda que imponga la perentoria salvaguarda deprecada, independientemente de que sea o no compartido. <\/p>\n
4. Sobre el particular, al resolver sobre el recurso extraordinario, la Sala convocada expuso, razonadamente, los motivos por los cuales se impon\u00eda no casar la determinaci\u00f3n rebatida. <\/p>\n
Para ello, se\u00f1al\u00f3 que \u00ab[\u2026] esta Corte, de manera inicial y bajo las propuestas que planteen los cargos, se limita a estudiar si el juez de segunda instancia observ\u00f3 las normas que estaba obligado a aplicar en la decisi\u00f3n del conflicto sometido a su consideraci\u00f3n, es decir, confrontar la sentencia con la ley\u00bb e insisti\u00f3 en que \u00abse trata de un tr\u00e1mite extraordinario y no, una tercera oportunidad para juzgar el pleito ni estudiar argumentos propios de las instancias; as\u00ed se ha dicho de forma reiterada, entre otras muchas, en sentencias CSJ SL713-2018 y CSJ SL17901-2017, citando la CSJ SL4281-2017\u00bb. <\/p>\n
Revisada la sentencia del Tribunal, encontr\u00f3 que este declar\u00f3 la improcedencia de la reliquidaci\u00f3n al no existir prueba que \u00abpermitiera establecer cu\u00e1les fueron los ingresos sobre los que efectivamente cotiz\u00f3 la demandante mes a mes [\u2026] en especial refiri\u00f3 a t\u00edtulo de ejemplo algunos entre los a\u00f1os 1980 y 1994 [\u2026]\u00bb, evidenciando que \u00abs\u00f3lo acreditaba el \u00faltimo salario reportado por el empleador hasta 1995 y a partir de 1995, el \u00faltimo salario sobre el que se hizo el aporte sin discriminarlos mes a mes\u00bb; as\u00ed mismo, en lo atinente a los cuestionamientos de la actora relativos a que por la \u00abnaturaleza de la custodia de la historia laboral, se hace necesario aplicar las normas que regula el contrato de dep\u00f3sito\u00bb y que las responsabilidades derivadas de las imprecisiones o inconsistencias de la misma estaban a cargo de las administradoras de pensiones, enfatiz\u00f3 que la censura \u00abadem\u00e1s de desviar el camino que debi\u00f3 emprender [\u2026] deja libre de ataque la premisa fundamental de la sentencia recurrida, que fue la ausencia de prueba para efectuar los c\u00e1lculos necesarios para determinar la viabilidad de las pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, puntualiz\u00f3 que fue la propia demandante quien \u00aballeg\u00f3 la historia laboral que tuvo en cuenta el ad quem para resolver el recurso de apelaci\u00f3n y confirmar la decisi\u00f3n de primer grado, [\u2026]\u00bb, sin que durante el desarrollo del proceso se hubiera refutado su contenido. <\/p>\n
Sobre el particular precis\u00f3 que \u00abcomo ninguno de los dos argumentos ahora expuestos por la recurrente, inadecuadamente por la v\u00eda directa que seleccion\u00f3 (la custodia de la historia laboral de la afiliada y, la responsabilidad por la inexactitud de los datos de la misma), fueron objeto de discusi\u00f3n en las instancias, los falladores de primer y segundo grado no pod\u00edan pronunciarse, tampoco esta Corte por tratarse de hechos nuevos que conllevar\u00edan la afectaci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso de la parte contraria\u00bb. <\/p>\n
5. De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, toda vez que la misma deriv\u00f3 de una falta de diligencia de la actora en cuanto a la instauraci\u00f3n del recurso, pues los cuestionamientos sobre la custodia de la historia laboral y la responsabilidad por la inexactitud de los datos de la misma desbordaban la competencia en sede de casaci\u00f3n, dado que, seg\u00fan lo advertido por la Sala cognoscente, no fueron planteados ni discutidos en las instancias pertinentes y tampoco se expuso de manera clara y concreta la transgresi\u00f3n de la ley sustancial en la que pudo haber incurrido el juez plural frente a lo pretendido en esa instancia extraordinaria, seg\u00fan la v\u00eda escogida. <\/p>\n
Igualmente, se resalta lo dicho por el a quo constitucional en el sentido que los salvamentos de voto no tienen fuerza vinculante, adem\u00e1s, que ello no configura, per se, una v\u00eda de hecho en la providencia atacada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En definitiva, se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante. Por lo expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. M\u00e1xime, cuando se observa que la decisi\u00f3n adoptada no muestra vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
6. De acuerdo con la explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Subcarpeta 1. Primera 115829 \u201creporte de correo.pdf\u201d, remitida por competencia, seg\u00fan providencia del 24 de febrero de 2021 del Consejo de Estado. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9817-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC9817-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-04-000-2021-00579-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). I. ANTECEDENTES 1. La gestora reclam\u00f3 la salvaguarda de su derecho […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56723","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56723","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56723"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56723\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56723"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56723"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56723"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}