STC9818-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9818-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00456-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida, mediante apoderado judicial, por Leila Margarita L\u00f3pez Osorio contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali y el Juzgado Once Laboral del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivos SIPRO, al Banco Colpatria Red Multibanca S.A. y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral No. 76001-3105-011-2008-01055. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inicial se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La accionante manifest\u00f3 que, el 4 de noviembre de 2008, present\u00f3 demanda ordinaria laboral contra la Cooperativa de Trabajo Asociado Sistemas Productivo SIPRO y el Banco Colpatria Multibanca S.A., con el fin de que se declarara la ineficacia del convenio de asociaci\u00f3n celebrado con la primera, toda vez que este \u00abse DESCONFIGUR\u00d3 en el momento en que la Cooperativa firmara un contrato civil [\u2026] denominado oferta mercantil con el Banco Colpatria [\u2026] y puso fin al servicio asociativo de trabajo [\u2026]\u00bb; igualmente, pidi\u00f3 la declaraci\u00f3n de existencia de un contrato de trabajo con la referida entidad bancaria, en virtud \u00abde la figura PRIMAC\u00cdA DE LA REALIDAD [\u2026] por encima de las formalidades plasmadas en los documentos\u00bb y por encontrar que se cumpl\u00edan los tres elementos para reconocer el aludido v\u00ednculo laboral, seg\u00fan lo rese\u00f1ado en el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
2.2. El asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, despacho que, por sentencia de 30 de septiembre de 2011, accedi\u00f3 a sus pretensiones. <\/p>\n
2.3. Las entidades demandadas interpusieron recurso de apelaci\u00f3n contra la anterior decisi\u00f3n, que fue resuelto por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia del 31 de agosto de 2012, en la que se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n emitida por el a quo. <\/p>\n
2.4. En consecuencia, la tutelante instaur\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n, decidido el 30 de septiembre de 2019 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que no cas\u00f3 la providencia atacada. <\/p>\n
2.5. En criterio de la actora, los fallos del Tribunal y de la Sala de Descongesti\u00f3n en casaci\u00f3n incurrieron en defecto f\u00e1ctico, dado que \u00abdecretaron y tuvieron como medios de pruebas las documentales [\u2026] y testimoniales [\u2026] y las mismas no fueron apreciadas [\u2026]\u00bb, pese a que daban cuenta de la existencia de un contrato de trabajo entre ella y el Banco Colpatria con la intermediaci\u00f3n de la Cooperativa SIPRO; asimismo, estim\u00f3 que las determinaciones cuestionadas estaban viciadas por un defecto sustantivo, por no tener en cuenta lo dispuesto en los art\u00edculos 3, 16 y 17 del Decreto 4588 de 2006, que contemplaban \u00abprohibiciones para contratar con Cooperativas y Pre cooperativas [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, \u00aben casos id\u00e9nticos al aqu\u00ed debatido\u00bb, las autoridades judiciales accionadas \u00abhan accedido a las pretensiones de las demandas proferidas contra los mismos demandados y por las mismas pretensiones [\u2026]\u00bb, frente a lo cual enunci\u00f3 algunas de las decisiones emitidas en dicho sentido. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental reclamada y que se ordenara a \u00abla Sala Laboral de Descongesti\u00f3n No. 1 (sic) de la Corte Suprema de Justicia [\u2026] profiera nueva sentencia con base en el material probatorio allegado y practicado en el aludido proceso\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral manifest\u00f3 que, en este caso, no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez exigido para el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, dado que la providencia cuestionada fue emitida el 30 de septiembre de 2019, siendo fijada en edicto el 7 de octubre siguiente y desfijada el 10 de octubre de la misma anualidad, y el amparo se instaur\u00f3 pasado m\u00e1s de un a\u00f1o, sin que se justificara raz\u00f3n alguna para dicha tardanza. <\/p>\n
Adicionalmente, resalt\u00f3 que la demanda de casaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con las reglas propias de este recurso, no obstante, para ahondar en mayores garant\u00edas, se analizaron las pruebas que la actora afirm\u00f3 como indebidamente valoradas por el Tribunal, sin que se encontrara que ellas derrumbaran la decisi\u00f3n de segunda instancia. <\/p>\n
Por \u00faltimo, enfatiz\u00f3 que en derecho no hay casos id\u00e9nticos, pues, si bien pueden coincidir en varios aspectos, las pruebas son diferentes y cada asunto tiene sus particularidades propias. <\/p>\n
2. El Juzgado Once Laboral del Circuito de Cali, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso, afirm\u00f3 que \u00abpor parte de esta dependencia judicial no se observa violaci\u00f3n al debido proceso, toda vez que las providencias han sido congruentes, p\u00fablicas y expeditas con los pedimentos que en su momento fueron allegados al proceso\u00bb, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
3. El Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. sostuvo que la accionante present\u00f3 una \u00abdemanda de casaci\u00f3n que no cumpl\u00eda con los requisitos establecidos para esos recursos como se lo indic\u00f3 la Corte, y ahora pretende que v\u00eda tutela se estudien los mismos argumentos que expuso en su recurso, m\u00e1xime cuando la presenta mas (sic) de un (1) a\u00f1o despu\u00e9s de quedar en firma la sentencia de casaci\u00f3n\u00bb; adem\u00e1s, resalt\u00f3 que \u00abel proceso ordinario laboral se llev\u00f3 a cabo respetando todas las garant\u00edas legales y constitucionales, as\u00ed como todas y cada una de las etapas procesales consagradas por lo que no existi\u00f3 irregularidad alguna que afectara derechos fundamentales. N\u00f3tese que en efecto la Sala de la H. Corte Suprema de Justicia argument\u00f3 claramente las razones por las cuales no cas\u00f3 la decisi\u00f3n de instancia\u00bb y, en esa medida, solicit\u00f3 declarar la improcedencia de lo reclamado en esta instancia. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda invocada, al estimar que \u00abla acci\u00f3n de tutela es improcedente para dejar sin efecto la SL 4117 emitida el 30 de septiembre de 2019, por la referida autoridad judicial, por incumplimiento del presupuesto de inmediatez. Y, en todo caso, tampoco se advierten estructurados los presuntos yerros planteados en la demanda\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, a trav\u00e9s de su apoderado, quien reiter\u00f3 los argumentos del escrito inicial y afirm\u00f3 que no pod\u00eda endilgarse tardanza en la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, puesto que, \u00absi bien es cierto, se present\u00f3 el mes de marzo de 2021, tambi\u00e9n lo es que el expediente solo fue remito por la H. Corte Suprema de justicia al Tribunal Superior de Cali el d\u00eda 5 de Noviembre de 2020, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de haber proferido la decisi\u00f3n en casaci\u00f3n de la sentencia, como consta en la consulta del proceso efectuada en la p\u00e1gina de la Rama Judicial (anexo consultas), tardanza que no puede ser imputable a la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la parte actora cuestiona la sentencia CSJ SL4117 emitida el 30 de septiembre de 2019 por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 4 de Casaci\u00f3n Laboral, que no cas\u00f3 el fallo proferido el 31 de agosto de 2012 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, providencia que solicita sea dejada sin efectos, a fin de que se emita un nuevo pronunciamiento \u00abcon base en el material probatorio allegado y practicado en el [\u2026] proceso\u00bb. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, pronto advierte esta Sala que el amparo constitucional deprecado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la determinaci\u00f3n impugnada deber\u00e1 confirmarse. <\/p>\n
3. En efecto, la Corte concluye la improcedencia del ruego incoado, por cuanto no se atiende el presupuesto general de la inmediatez definido por la jurisprudencia constitucional como necesario para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela. Esto es as\u00ed, a causa del lapso transcurrido desde cuando se profiri\u00f3 la resoluci\u00f3n recriminada, \u00ab30 de septiembre de 2019\u00bb, notificada mediante edicto fijado el \u00ab7 de octubre de 2019\u00bb1 y la fecha presentaci\u00f3n del resguardo, \u00ab5 de marzo de 2021\u00bb2, pues se super\u00f3 el plazo de 6 meses establecido para acudir a esta senda extraordinaria. <\/p>\n
Lo dicho resulta relevante, porque, pese a no existir t\u00e9rmino de caducidad para invocar la protecci\u00f3n constitucional, s\u00ed se impone promoverla en un plazo razonablemente prudencial, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
En ese orden, un reclamo que supere ese t\u00e9rmino desdice abiertamente de la urgencia y celeridad que caracteriza este instrumento. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala, en sentencia CSJ STC7006-2021, expuso: <\/p>\n
\u00ab[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta), STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC6690-2021)\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, cabe resaltar que dicho requisito puede ser flexible por razones que justifiquen la inactividad de la parte actora para impetrar la s\u00faplica, tales como interdicci\u00f3n, incapacidad f\u00edsica, minor\u00eda de edad. As\u00ed lo ha se\u00f1alado la alta Corporaci\u00f3n Constitucional en repetidas ocasiones, entre otras, en sentencias, CC T-136\/2007, CC T-647\/2008, CC T-743\/2008, CCT-867\/2009, CC T-037-2013, CC T-033\/2010, en esta \u00faltima, resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u2018(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n\u2026\u2019\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de lo constitucional ha considerado que, en los asuntos referentes a quejas constitucionales contra providencias judiciales, el examen de inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, con el fin de no trastocar los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, pues \u00abla firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente\u00bb (sentencias CC T-410\/2013 y CC T-206\/2014). <\/p>\n
Bajo ese contexto, la Sala no evidencia la concurrencia de alguna de las causas que se han se\u00f1alado como eximentes del principio de inmediatez, pues, en el caso concreto, aunque en sede de impugnaci\u00f3n la actora adujo que, si bien el amparo \u00abse present\u00f3 el mes de marzo de 2021 [\u2026]\u00bb deb\u00eda tenerse en cuenta que \u00abel expediente solo fue remito por la H. Corte Suprema de justicia al Tribunal Superior de Cali el d\u00eda 5 de Noviembre de 2020, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de haber proferido la decisi\u00f3n en casaci\u00f3n de la sentencia\u00bb, dicho argumento no es justificante de la tardanza evidenciada, dado que la decisi\u00f3n censurada, como se indic\u00f3, fue proferida el 30 de septiembre de 2019 y notificada a las partes por edicto fijado el 7 de octubre de la referida anualidad, sin que para la presentaci\u00f3n del amparo fuera indispensable esperar la remisi\u00f3n del citado expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
4. Por lo explicado en precedencia, el fallo atacado deber\u00e1 confirmarse. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Subcarpeta Respuestas Archivo \u201cSL4717-2019.PDF\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Subcarpeta 1 Tutelas y Anexos Archivo \u201cReporte Correo.docx\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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STC9818-2021 Magistrado ponente STC9818-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00456-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 13 de abril de 2021 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56724","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56724"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56724\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56724"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}