STC9821-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9821-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02047-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 19 de enero de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Arnoldo Xavier Godoy Andrade a la Sala Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, con ocasi\u00f3n del juicio de la rese\u00f1ada estirpe con radicado n\u00b02016-00059-01, adelantado respecto de Comicar S.A., Comicarsa S.A., Atemco Ltda. y los bienes de Sandra Patricia Arango M\u00e1rquez. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El 4 de abril de 2006, el Grupo de Lavado de Activos de la Direcci\u00f3n Antinarc\u00f3ticos de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, estableci\u00f3 que en Ipiales -Nari\u00f1o-, las empresas Comicar S.A., Comicarsa S.A., y Atemco Ltda., hab\u00edan incrementado, en corto tiempo, su patrimonio, por presuntos v\u00ednculos ilegales. <\/p>\n
Bajo los lineamientos de la Ley 793 de 20022, el 8 de octubre de 2013, la Fiscal\u00eda Treinta y Cuatro Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio, emiti\u00f3 resoluci\u00f3n declarando la improcedencia de la acci\u00f3n patrimonial3 adelantada sobre Comicar S.A., Comicarsa S.A. y Atemco Ltda. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes impetr\u00f3 apelaci\u00f3n, cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 a la Fiscal\u00eda Cuarenta y Ocho Delegada ante el la Sala Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta capital, quien ratific\u00f3 la decisi\u00f3n protestada y, a su vez, dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias al estrado del circuito competente para rituarlas, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 13 \u00eddem4. <\/p>\n
El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Cali5 asumi\u00f3 el conocimiento del caso y, en sentencia de 17 de enero de 2017, se\u00f1al\u00f3 que no hab\u00eda lugar a la p\u00e9rdida de los bienes de Comicar S.A., Comicarsa S.A. y Atemco Ltda., en favor del Estado. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda Treinta y Cuatro Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio entabl\u00f3 alzada respecto de la anterior determinaci\u00f3n, defensa rechazada por el colegiado confutado en fallo de 29 de octubre de 2020, dada la falta de inter\u00e9s jur\u00eddico de la entidad recurrente, en tanto fue ella quien se opuso a la acci\u00f3n patrimonial y, as\u00ed lo hab\u00eda dispuesto el a quo; no obstante, zanj\u00f3 el debate en sede consulta6. <\/p>\n
En el aludido grado jurisdiccional, el tribunal fustigado revoc\u00f3 lo prove\u00eddo en primera instancia y, en su lugar, declar\u00f3 la extinci\u00f3n de dominio de los activos sociales de Comicar S.A., Comicarsa S.A. y Atemco Ltda. <\/p>\n
Para el suplicante, se lesionaron sus garant\u00edas, pues, como socio de Atemco Ltda., en su sentir, (i) se dio por probado, sin estarlo, el incremento patrimonial por fuentes il\u00edcitas de esa compa\u00f1\u00eda; (ii) el procedimiento se defini\u00f3 con la Ley 793 de 2002, pese a estar derogada y; (iii) la providencia del juzgado de primera instancia no pod\u00eda ser consultada, pues \u00e9sta fue objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto el veredicto del ad quem acusado, en cuanto a Atemco Ltda., y disponer la ratificaci\u00f3n de la improcedencia de la extinci\u00f3n de dominio frente a esa sociedad. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados7 <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio Cali, la Fiscal\u00eda Cincuenta y Ocho Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio y, la corporaci\u00f3n recriminada, defendieron, por separado, la legalidad de sus actuaciones. <\/p>\n
2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, al estimar razonados los argumentos de la corporaci\u00f3n encausada. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si el tribunal cuestionado conculc\u00f3 los derechos del petente, al revocar la \u201cimprocedencia\u201d de la extinci\u00f3n de dominio sobre Atemco Ltda. para, en su lugar, acceder a la misma, en sede de consulta, aun cuando hab\u00eda sido rechazada la apelaci\u00f3n enarbolada por la fiscal\u00eda frente al fallo del a quo. <\/p>\n
2. En la sentencia de 29 de octubre de 2020, el ad quem recriminado enfatiz\u00f3 en la conducta procesal de la Fiscal\u00eda Treinta y Cuatro Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio, pues fue ella quien, el 8 de octubre de 2013, emiti\u00f3 resoluci\u00f3n indicativa de ausencia de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n patrimonial en favor del Estado, respecto a las empresas Comicar S.A., Comicarsa S.A., y Atemco Ltda. <\/p>\n
Esa postura, al ser objeto de control judicial, fue acogida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Cali, en sentencia de 17 de enero de 2017 y, pese a ello, esa fiscal\u00eda formul\u00f3 apelaci\u00f3n al estar inconforme con lo prove\u00eddo. <\/p>\n
Bajo ese panorama, al tribunal enjuiciado se\u00f1al\u00f3 que, si la pretensi\u00f3n de la se\u00f1alada entidad fue acogida por el a quo, carec\u00eda de inter\u00e9s para recurrirla, pues su anhelo tuvo \u00e9xito. <\/p>\n
Por tal motivo, el colegiado atacado rechaz\u00f3 la alzada y asumi\u00f3 la competencia del caso, no en virtud de la aludida defensa, sino del grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
Al escrutar la legalidad de las actuaciones, la corporaci\u00f3n reprochada indic\u00f3 que los motivos del estrado de primera instancia y de la fiscal\u00eda para desestimar la acci\u00f3n de dominio sobre las empresas Comicar S.A., Comicarsa S.A. y Atemco Ltda., se fundamentaron en las absoluciones en juicios penales por \u201clavado de activos\u201d y otros delitos, contra quienes fungieron como socios y representantes legales de dichas compa\u00f1\u00edas, entre ellos, el aqu\u00ed actor como inversionista de la \u00faltima firma referida. <\/p>\n
Con sustento en jurisprudencia de la Corte Constitucional, la colegiatura demandada enfatiz\u00f3 que la potestad extintiva del Estado del patrimonio sin compensaci\u00f3n, no estaba supeditada a una sentencia penal condenatoria, en tanto los presupuestos de procedencia de esos rituales, eran disimiles porque, el primero, impon\u00eda constatar un t\u00edtulo injusto de la propiedad, fundado en la ilegitimidad de su procedencia y, el segundo, requer\u00eda de un caudal probatorio de responsabilidad inequ\u00edvoca. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, as\u00ed discurri\u00f3 el tribunal fustigado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio no est\u00e1 condicionada, para su ejercicio, a la demostraci\u00f3n de culpabilidad alguna, y puede emprenderse independientemente del proceso punitivo y en esa medida, en ella no caben las garant\u00edas y principios que lo rodean, habida consideraci\u00f3n de que sus presupuestos, la asignaci\u00f3n de competencias y los procedimientos son diferentes de \u00e9l y de otras [tramitaciones]\u201d. <\/p>\n
\u201cEn otros t\u00e9rminos, este instrumento constitucional no es, en manera alguna, \u201cuna instituci\u00f3n que haga parte del ejercicio del poder punitivo del Estado y por ello no le son trasladables las garant\u00edas constitucionales referidas al delito, al proceso penal y a la pena\u201d39, lo cual implica, que en el \u00e1mbito de esta acci\u00f3n no puede hablarse de la presunci\u00f3n de inocencia, el in dubio pro reo o el principio de favorabilidad [seg\u00fan la sentencia C 740 de 2003 de la Corte Constitucional]\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [En el precitado pronunciamiento se] resalta que el ejercicio de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio no est\u00e1 condicionado a la existencia de una sentencia condenatoria previa (\u2026). Ello es as\u00ed por cuanto se trata de una acci\u00f3n constitucional p\u00fablica, consagrada directamente por el constituyente, relacionada con el r\u00e9gimen constitucional del derecho a la propiedad y que prev\u00e9 los efectos sobrevinientes en caso de ilegitimidad del t\u00edtulo generador del dominio. Un dominio amparado en un t\u00edtulo injusto se extingue, indistintamente de que para la consecuci\u00f3n de tal t\u00edtulo se haya cometido o no una conducta punible. \u00c9ste es el car\u00e1cter de la acci\u00f3n y de all\u00ed por qu\u00e9 se resulte vano todo esfuerzo por ligarla a la responsabilidad penal y al fallo en que \u00e9sta se declare (\u2026)\u201d <\/p>\n
Al abrigo de lo anterior, la corporaci\u00f3n acusada destac\u00f3 que si bien Gabriel Arnoldo Godoy B\u00e1ez, Norma Graciela Andrade Acosta, el actor, hijo de aqu\u00e9llos, y otras personas, relacionadas con las firmas Comicar S.A., Comicarsa S.A. y Atemco Ltda., fueron procesados penalmente por conductas relativas al \u201clavado de activos\u201d sin ser condenados, se cumpl\u00edan los presupuestos para declarar la extinci\u00f3n de dominio sobre esas sociedades. <\/p>\n
En sustento de lo indicado, al ad quem convocado hizo referencia a las investigaciones y a los elementos materiales probatorios recaudados por varios estrados y autoridades de Ecuador y Colombia, as\u00ed como a los dict\u00e1menes financieros allegados al decurso criticado, para reconstruir la conformaci\u00f3n de las mencionadas compa\u00f1\u00edas y sus v\u00ednculos destinados al denominado \u201cblanqueo de capitales\u201d. <\/p>\n
En esa labor, enfatiz\u00f3 que Gabriel Arnoldo Godoy B\u00e1ez ten\u00eda v\u00ednculos con sujetos dedicados al narcotr\u00e1fico, cuyo accionar se ubicaba en Per\u00fa y Ecuador y la zona sur del pa\u00eds y, para legalizar las ganancias de ese il\u00edcito, a finales de los a\u00f1os 90, cre\u00f3 una red de empresas que, aun cuando cumpl\u00edan formalmente con su objeto social, en definitiva, serv\u00edan al prop\u00f3sito de filtrar grandes cantidades de dinero mal habido al mercado regular. <\/p>\n
Entre esas compa\u00f1\u00edas se encontraban Comicar S.A. y Comicarsa S.A., donde Godoy B\u00e1ez ten\u00eda una participaci\u00f3n mayoritaria y era el gerente de las mismas, advirti\u00e9ndose un incremento inusual, en corto tiempo, de sus utilidades, dineros que, posteriormente, se reinvert\u00edan en otras sociedades o actos mercantiles. <\/p>\n
Luego de hacer referencia a unos ingresos superiores a USD$13.000.000 obtenidos por Gabriel Arnoldo Godoy B\u00e1ez sin justificaci\u00f3n alguna, as\u00ed como a las irregularidades contables, actas de asambleas y simulaciones relativas en torno a los reales socios de Comicar S.A. y Comicarsa S.A., el colegiado censurado se\u00f1al\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e logr\u00f3 establecer la procedencia il\u00edcita del capital invertido para la constituci\u00f3n de la sociedad Comicar S.A., y su inexorable v\u00ednculo con las altas sumas manejadas al interior de las cuentas de las empresas Comicar o Comicarsa S.A., que no guardan relaci\u00f3n con sus estados financieros ni fueron justificadas al interior de este tr\u00e1mite constitucional, situaci\u00f3n que se ajusta a las hip\u00f3tesis contenidas en los numerales 2 y 4 del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 793 de 2002\u201d. <\/p>\n
\u201cCon base en lo anterior, correspond\u00eda a la interesada, en ejercicio del principio de carga din\u00e1mica de la prueba, suministrar elementos de juicio id\u00f3neos que defendieran la legitimidad del capital social y de los ingresos reportados a nombre de las [empresas] afectadas, para de ese modo desvirtuar la fundada inferencia estatal, pues como se ha iterado los resultados de los procesos penales que dieron lugar a la acci\u00f3n que nos ocupa, por s\u00ed solos, no resultaban suficientes para desvirtuar las causales por las que se dio inicio a la acci\u00f3n (\u2026)\u201d <\/p>\n
En cuanto a la firma Atemco Ltda., cuyo inter\u00e9s motiva la queja del censor, el ad quem criticado refiri\u00f3 que esa compa\u00f1\u00eda funcionaba en las mismas instalaciones de las empresas Comicarsa S.A. y Comicar S.A., siendo creada por Gabriel Arnoldo Godoy B\u00e1ez y su hijo menor Gabriel Arnoldo Godoy Andrade, quien, para tal efecto, estuvo representado por su progenitora Norma Graciela Andrade Acosta, tambi\u00e9n madre del petente. <\/p>\n
Posteriormente, Gabriel Arnoldo transfiri\u00f3 sus acciones a Gabriel Arnoldo y al querellante, pero reservando el usufructo para los esposos Godoy B\u00e1ez y Andrade Acosta e, igualmente, manteniendo los derechos de participaci\u00f3n y disoluci\u00f3n de Atemco Ltda. <\/p>\n
El colegiado encartado se\u00f1al\u00f3 que, si bien los movimientos contables perec\u00edan estar desprovistos de m\u00e1cula, no concordaban con las declaraciones de renta reportadas a la DIAN y, tampoco exist\u00eda una justificaci\u00f3n de procedencia l\u00edcita de $1.572.492.291.96 del producto de la diferencia entre los ingresos declarados y los depositados en cuentas bancarias. <\/p>\n
Sobre la procedencia de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio contra Atemco Ltda., la corporaci\u00f3n confutada esboz\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [A]unque no existe prueba de que la Sociedad Atemco Ltda. haya sido constituida con recursos il\u00edcitos, si se acredita el presupuesto f\u00e1ctico de la causal contenida en el No. 5\u00ba de art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 793 de 2002, misma que aplica cuando los bienes de que se trate tengan origen l\u00edcito, pero hayan sido mezclados, integrados o confundidos con recursos de origen il\u00edcito\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c[Existen] [c]riterios normativos y jurisprudenciales que respaldan a la conclusi\u00f3n de esta [c]orporaci\u00f3n en el sentido que la Sociedad Almacenamientos Temporales de Mercanc\u00edas del Comercio Exterior -Atemco Ltda.- fue utilizada por Godoy Andrade, al igual que Comicarsa S.A., para canalizar y dar apariencia de legalidad a los dineros producto del [n]arcotr\u00e1fico, afectando de tal ilicitud los bienes de componen el activo societario, por el incumplimiento de la funci\u00f3n social y ecol\u00f3gica que les es inherente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, pues el colegiado atacado de forma razonada determin\u00f3 que no hab\u00eda lugar a atender la apelaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda Treinta y Cuatro Especializada en Extinci\u00f3n de Dominio, pues la formul\u00f3 respecto a la decisi\u00f3n del a quo, quien acogi\u00f3 su planteamiento de declarar improcedente la acci\u00f3n patrimonial. <\/p>\n
En esa medida, si la providencia recurrida estuvo acorde a su ruego, ning\u00fan inter\u00e9s le asist\u00eda para entablar la alzada y, por ello, deb\u00eda ser rechazada, como en efecto sucedi\u00f3. <\/p>\n
Ahora, como el fallo de primer grado declar\u00f3 la improcedencia de la extinci\u00f3n de dominio, el tribunal estaba facultado para zanjar de fondo la contienda, en sede de consulta, como se lo autoriza el inciso 3\u00b0, numeral 10, art\u00edculo 13 de la Ley 793 de 2003, modificado por la Ley 1708 de 20148, dado el desenfoque de la fiscal\u00eda al incoar una apelaci\u00f3n en la cual carec\u00eda de legitimidad. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, la Corte observa que de ninguna manera la corporaci\u00f3n demandada desbord\u00f3 sus competencias, al dirimir el caso en el grado jurisdiccional mencionado. <\/p>\n
De otro lado, la aplicaci\u00f3n de la Ley 793 de 2003 no estuvo al margen de los causes normativos y jurisprudenciales, porque en cuanto a las causales de extinci\u00f3n de dominio, \u00e9stas deben sujetarse a esa legislaci\u00f3n y, en lo dem\u00e1s, el ritual deb\u00eda ajustarse a lo reglado a la Ley 708 de 2014, sin afectarse, de tal modo, su validez9. <\/p>\n
Tocante a la queja, seg\u00fan la cual, el debate se zanj\u00f3 sin pruebas, pues, en sentir del petente, no hubo condenas por \u201clavado de activos\u201d u otras conductas frente a quienes fungieron como socios de Atemco Ltda., el resguardo no prospera porque, para la Sala, ning\u00fan reproche merece la tesis relativa a la independencia del tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio respecto a los resultados de los juicios penales, al estar sujetos a reglas y a presupuestos de configuraci\u00f3n diferentes. <\/p>\n
Adicionalmente, lo prove\u00eddo por el tribunal se soport\u00f3 en las evidencias allegadas al dossier, en donde refulge la estrecha relaci\u00f3n de Atemco Ltda. con Comicarsa S.A., y Comicar S.A., con la constante incapacidad de justificar la legalidad de los inusitados ingresos, sin que se advierta capricho en la ponderaci\u00f3n de las probanzas y, menos a\u00fan, yerros en su motivaci\u00f3n, pues \u00e9sta refleja l\u00f3gica, arm\u00f3nica y correlaci\u00f3n conjunta con los medios de acreditaci\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente, el debate se defini\u00f3 al tenor de los medios de acreditaci\u00f3n y, bajo ese panorama, el ruego tuitivo carece de la aptitud para prosperar frente a quien lo plantea, cuando la decisi\u00f3n se profiere sin estar mediada por errores en la valoraci\u00f3n de las evidencias. <\/p>\n
Sobre la apreciaci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)10. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos dis\u00edmiles (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
Se destaca, el an\u00e1lisis probatorio, se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d12. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d13. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos14 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196915, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d16, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
3.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio17. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
3.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia18, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales19; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas20. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
4. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Empresa dedicada a la recepci\u00f3n custodia y despacho de mercanc\u00edas de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n. <\/p>\n
2\u0002 Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
3\u0002 \u201c(\u2026) Ley 793 de 2002 (\u2026). Art\u00edculo 13. Del procedimiento. El tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio se cumplir\u00e1 de conformidad con las siguientes reglas: (\u2026). 1. El fiscal a quien le corresponda el tr\u00e1mite del proceso, ordenar\u00e1 notificar la resoluci\u00f3n de inicio de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio a los titulares de derechos reales principales y accesorios de los bienes objeto de la misma. La notificaci\u00f3n se surtir\u00e1 de manera personal y en subsidio por aviso, de conformidad con los art\u00edculos 315 y 320 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. En los eventos previstos en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se proceder\u00e1 al emplazamiento all\u00ed consagrado. El fiscal directamente o a trav\u00e9s de cualquier funcionario p\u00fablico podr\u00e1 asumir las funciones que le son asignadas a las empresas de servicio postal autorizado, para efectos de llevar a cabo cualquier procedimiento de notificaci\u00f3n, en aquellos lugares en donde estas empresas no presten sus servicios o cuando las condiciones de cualquier proceso as\u00ed lo ameriten. (\u2026). c) Los dem\u00e1s casos de improcedencia, se declarar\u00e1n mediante resoluci\u00f3n apelable. En el evento de que la improcedencia no sea apelada o en caso que la apelaci\u00f3n hubiera confirmado la improcedencia, la actuaci\u00f3n deber\u00e1 remitirse al juez competente para que este adopte la decisi\u00f3n definitiva en la sentencia, previo agotamiento de todas las etapas que deben surtirse. En todo caso la improcedencia no surtir\u00e1 efecto alguno hasta tanto sea ratificado en la sentencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4\u0002 \u201c(\u2026) Ley 793 de 2002 (\u2026). Art\u00edculo 13. Del procedimiento. (\u2026) 6. Ejecutoriada la resoluci\u00f3n de que trata el numeral anterior, el fiscal remitir\u00e1 el expediente completo al juez competente. El juez correr\u00e1 traslado a los intervinientes por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, para que soliciten o aporten pruebas. Decretadas las pruebas, el juez tendr\u00e1 veinte (20) d\u00edas para practicadas. Cumplido lo anterior, correr\u00e1 traslado por el t\u00e9rmino com\u00fan de cinco (5) d\u00edas para alegar de conclusi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Tras definirse un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinci\u00f3n de Dominio de Bogot\u00e1 y su hom\u00f3logo de Cali, la Sala de Casaci\u00f3n Penal determin\u00f3 que el asunto deb\u00eda ser zanjando por el \u00faltimo despacho mencionado. <\/p>\n
6\u0002 \u201c(\u2026) Ley 793 de 2002 (\u2026). Art\u00edculo 13. Del procedimiento. (\u2026) 6. (\u2026) En contra de la sentencia s\u00f3lo proceder\u00e1 en el efecto suspensivo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los intervinientes o por el Ministerio P\u00fablico, que ser\u00e1 resuelto por el superior dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a aquel en que el expediente llegue a su despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extinci\u00f3n de dominio y que no sea apelada, se someter\u00e1 en todo caso a grado jurisdiccional de consulta. Los t\u00e9rminos establecidos en el presente art\u00edculo son improrrogables y de obligatorio cumplimiento y su desconocimiento se constituir\u00e1 en falta disciplinaria grav\u00edsima (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 Atendiendo al principio de buena fe, las intervenciones de dichos sujetos procesales se toman del fallo impugnado, por cuanto a esta instancia no se alleg\u00f3 el archivo contentivo de \u00e9stas. <\/p>\n
8\u0002 \u201c(\u2026) Ley 793 de 2002 (\u2026). Art\u00edculo 13. Del procedimiento. (\u2026) 6. (\u2026) En contra de la sentencia s\u00f3lo proceder\u00e1 en el efecto suspensivo el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por los intervinientes o por el Ministerio P\u00fablico, que ser\u00e1 resuelto por el superior dentro de los treinta (30) d\u00edas siguientes a aquel en que el expediente llegue a su despacho. La sentencia de primera instancia que niegue la extinci\u00f3n de dominio y que no sea apelada, se someter\u00e1 en todo caso a grado jurisdiccional de consulta. Los t\u00e9rminos establecidos en el presente art\u00edculo son improrrogables y de obligatorio cumplimiento y su desconocimiento se constituir\u00e1 en falta disciplinaria grav\u00edsima (\u2026)\u201d (se destaca). <\/p>\n
9\u0002 CSJ. AP5012-2018 de 21 de noviembre de 2018 exp. 52776 y CSJ. AP3989-2019 de 17 de septiembre de 2019, exp. 56043. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
12\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
13\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
14\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
15\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
16\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
17\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
18\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
19\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
20\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC9821-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9821-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02047-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 19 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56726"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56726\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}