STC9822-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9822-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00608-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 27 de abril de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas N. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Rosa Mar\u00eda Hern\u00e1ndez Garc\u00eda contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de la misma ciudad y las partes e intervinientes en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n constitucional 13001-22-05-000-2020-00089-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
2. En respaldo, narr\u00f3 que instaur\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cartagena, por no haber dado respuesta a la petici\u00f3n que dijo haber radicado ante el mismo, con el fin de que \u00abse materialice el pago de la indexaci\u00f3n y de las costas [\u2026], ya que a pesar de existir solicitud del dep\u00f3sito judicial adiada 27\/10\/2020 [\u2026], el titular del juzgado junto con su secretario no han autorizado (\u2026) el pago de la obligaci\u00f3n [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.1. El asunto correspondi\u00f3 a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, despacho que, por providencia del 12 de enero de 2021, neg\u00f3 el amparo, \u00abpor no existir petici\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 17 de febrero de 2021. <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con lo anterior, la accionante manifest\u00f3 que \u00abcon el actuar de los funcionarios de la rama judicial [\u2026]\u00bb se vulner\u00f3 su derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, pues, en su sentir, se ha comprometido la seguridad jur\u00eddica, por cuanto la obligaci\u00f3n laboral que peticion\u00f3 \u00abprescribe a los tres (3) a\u00f1os y todav\u00eda no se ha hecho efectiva\u00bb. <\/p>\n
3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se ampare la garant\u00eda fundamental reclamada y se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia \u00abrevocar el fallo de tutela de fecha 13 (sic) de enero de 2021 emanado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena [\u2026]\u00bb y, en su lugar, se proteja su derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia puso de presente la improcedencia de la tutela, por estar dirigida contra otra acci\u00f3n de la misma naturaleza; asimismo, inform\u00f3 que, en efecto, emiti\u00f3 la sentencia CSJ STL1984-2021, mediante la cual confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo, que neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada por la tutelante, al encontrar que \u00ablo peticionado versaba sobre un asunto jurisdiccional, que se encontraba sometido a las normas y reglas propias del juicio respectivo, de manera que no podr\u00eda censurarse a la referida autoridad la eventual inobservancia del t\u00e9rmino establecido en la Ley 1755 de 2015 ni mucho menos, atribu\u00edrsele una vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales derivados de la alegada falta de aplicaci\u00f3n de dicho plazo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abel prop\u00f3sito de la accionante no era en realidad buscar un pronunciamiento del Juzgado sino que se le hiciera la entrega del dinero depositado, lo cual no pod\u00eda resolverse en la v\u00eda excepcional seleccionada, por ser del resorte de quien ten\u00eda a cargo\u00bb el proceso. <\/p>\n
2. La Administradora Colombiana de Pensiones indic\u00f3 que las pretensiones eran improcedentes, dado que la acci\u00f3n constitucional \u00abno cumple con los requisitos de procedibilidad del art. 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, as\u00ed como tambi\u00e9n se encuentra demostrado que Colpensiones no ha vulnerado los derechos reclamos (sic) por el (sic) accionante y est\u00e1 actuando conforme a derecho\u00bb, adem\u00e1s, pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, \u00aben los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el numeral 2 del art\u00edculo 29 del Decreto 2591 de 1991 y en cumplimiento de lo se\u00f1alado en el Decreto 2013 del 28 de septiembre de 2012\u00bb. <\/p>\n
3. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n inform\u00f3 que, revisados los aplicativos de consulta de la entidad y el escrito inicial, estableci\u00f3 que \u00aben la tutela de la referencia NO hizo parte ni se vincul\u00f3 al extinto ISS, como tampoco a este Patrimonio\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia neg\u00f3 por improcedente el amparo, ante \u00abla evidente pretensi\u00f3n de la parte accionante de someter el asunto a un nuevo estudio en sede constitucional, con desconocimiento de las reglas fijadas por la Corte Constitucional antes mencionadas\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, quien solamente manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de impugnar. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, la gestora pretende que sea amparado su derecho fundamental al acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia y que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia \u00abrevocar el fallo de tutela de fecha 13 (sic) de enero de 2021 emanado de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2. De entrada advierte la Sala que el amparo constitucional deprecado no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto este mecanismo excepcional no procede contra fallos emitidos en asuntos de la misma naturaleza. <\/p>\n
En efecto, esta v\u00eda no es el instrumento id\u00f3neo para corregir las deficiencias que se adviertan en estas actuaciones, puesto que, permitir un nuevo cuestionamiento a trav\u00e9s de una causa de igual categor\u00eda, adem\u00e1s de hacer interminable el tr\u00e1mite, atentar\u00eda contra la certeza que debe acompa\u00f1ar a las decisiones judiciales. <\/p>\n
En todo caso, en particulares situaciones se ha advertido la necesidad excepcional de la procedencia de la tutela contra decisiones proferidas en id\u00e9ntica acci\u00f3n. Particularmente, en sentencia SU-627 de 2015, la Corte Constitucional unific\u00f3 las subreglas bajo las cuales este mecanismo constitucional puede abrirse paso, as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si esta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. (\u2026). <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si estas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia (…)\u2019\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
En el presente asunto, se advierte la improcedencia de la salvaguarda impetrada, pues la actora constitucional no aleg\u00f3 ni prob\u00f3 la ocurrencia de alguna de las excepciones antes se\u00f1aladas y nada evidencia que la decisi\u00f3n atacada se produjo como consecuencia de una actuaci\u00f3n que conduzca a la consolidaci\u00f3n de una \u00abcosa juzgada fraudulenta\u00bb, raz\u00f3n por la que no hay lugar a conceder la pretensi\u00f3n invocada en este escenario extraordinario, el cual, cabe recordar, no est\u00e1 dise\u00f1ado para mantener indefinidamente los debates constitucionales que le son propios. <\/p>\n
3. De otra parte, debe destacarse que la jurisprudencia ha se\u00f1alado, en reiteradas oportunidades, que los mecanismos contemplados para controlar las providencias dictadas en sede de amparo son la \u00abrevisi\u00f3n\u00bb ante la Corte Constitucional e, incluso, la formulaci\u00f3n de \u00abinsistencia\u00bb, herramientas a las que puede acudir el extremo querellante, para que su inconformidad sea estudiada. <\/p>\n
Lo anterior, en raz\u00f3n a que, como se verific\u00f3 en la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional y seg\u00fan esta Sala puso de manifiesto en un asunto de similar textura, \u00aba la presente data a\u00fan no ha sido radicada la acci\u00f3n de tutela materia de este pronunciamiento, lo cual comporta que [la censora], si lo estima del caso, puede solicitar que la misma sea objeto de revisi\u00f3n y, de no accederse a lo propio, con todo, tiene a su disposici\u00f3n la facultad de insistir en ello, de acuerdo a la normativa de marras\u00bb (CSJ STC, 5 feb. 2015, rad. 00104-00, reiterada en CSJ STC6763-2020, 3 sep, rad. 2020-00058-01). <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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