STC9826-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9826-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00650-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 20 de abril de 2021, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. \u2013ISA- S.A. frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, con ocasi\u00f3n del juicio ordinario laboral adelantado por Jos\u00e9 Norman Pedraza Casas contra la aqu\u00ed promotora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, la sociedad actora implora la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, defensa y contradicci\u00f3n, presuntamente transgredidos por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Jos\u00e9 Norman Pedraza Casas promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. \u2013ISA- S.A, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n extralegal, en cuant\u00eda de $1.020.760,65 o, en su defecto, por la suma equivalente a un salario m\u00ednimo, adem\u00e1s de los intereses moratorios y primas, entre otros. <\/p>\n
El 31 de mayo de 2011, el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral adjunto del Circuito de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia mediante la cual conden\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda aqu\u00ed accionante, a pagar al demandante la mencionada prestaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 28 de la convenci\u00f3n colectiva de trabajo suscrita con la asociaci\u00f3n sindical SINTRAISA. <\/p>\n
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta capital, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la sociedad demandada, el 31 de enero de 2013, modific\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia, precisando que el derecho se reconocer\u00eda en los t\u00e9rminos de la cl\u00e1usula d\u00e9cima del pacto convencional 1990-1992, por tanto, la mesada inicial ser\u00eda de $985.013.30. <\/p>\n
En sentir de la entidad precursora, la Colegiatura acusada incurri\u00f3 en un exceso ritual manifiesto, al relevarse de efectuar un estudio de fondo del medio defensivo extraordinario, aduciendo que la interesada no atac\u00f3 el argumento del tribunal referente a la comparaci\u00f3n de lo establecido en la convenci\u00f3n colectiva, con la Ley 33 de 1985, llegando, incluso, a desconocer su propio precedente jurisprudencial; decisi\u00f3n que fue objeto de salvamento de voto por parte de un magistrado. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, dejar sin efectos la determinaci\u00f3n censurada y, en su lugar, ordenar a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, proferir una nueva sentencia \u201ccon estricto apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de las accionadas y vinculados <\/p>\n
1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 adujo que las pretensiones elevadas por la impulsora estaban dirigidas a dejar sin valor el pronunciamiento emitido en ese de casaci\u00f3n, aspecto que no correspond\u00eda a ese Despacho, configur\u00e1ndose as\u00ed, una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Adem\u00e1s, deprec\u00f3 la improsperidad del resguardo, teniendo en cuenta que el mismo no cumple los requisitos generales y espec\u00edficos para su procedencia. <\/p>\n
2. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional desestim\u00f3 el auxilio, tras advertir que la decisi\u00f3n atacada responde a las consideraciones del caso concreto y a la jurisprudencia emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, descartando la configuraci\u00f3n de un exceso ritual manifiesto. Al respecto sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]ara la Corte es palmario que el reproche gira en torno a la presunta configuraci\u00f3n de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues la Sala especializada no cas\u00f3 la sentencia de segunda instancia debido a que la censura incumple con el m\u00ednimo de exigencias legales y jurisprudenciales para la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, lo cual comprometi\u00f3 la prosperidad del asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
M\u00e1s adelante agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [P]ara el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n en casaci\u00f3n, la demanda no s\u00f3lo debe reunir los requisitos formales previstos en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, sino adicionalmente debe ser una acusaci\u00f3n l\u00f3gica y ajustada a las exigencias m\u00ednimas de orden t\u00e9cnico\u201d. <\/p>\n
\u201cEn tal virtud, no puede sostenerse que los requisitos m\u00ednimos que debe cumplir la demanda de casaci\u00f3n para habilitar su estudio constituyen una barrera formal para la satisfacci\u00f3n de derechos sustanciales, pues el an\u00e1lisis respecto de estos \u00faltimos ya tuvo lugar por parte de las dos instancias que adelantaron la actuaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la compa\u00f1\u00eda querellante, cuestionando la ausencia de un an\u00e1lisis del caso, pues ninguna referencia hizo el a quo constitucional, \u201crespecto de si el supuesto error de t\u00e9cnica que se endilga dentro de su recurso, era o no suficiente para que el estudio del recurso no fuera posible\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso bajo estudio, Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. ESP \u2013ISA- S.A. cuestiona la sentencia SL4285 de 26 de agosto de 2020 mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral dispuso no casar la decisi\u00f3n del ad quem, confirmatoria de la providencia de primer grado, donde se conden\u00f3 a la censora al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n convencional deprecada por Jos\u00e9 Norman Pedraza Casas. <\/p>\n
En sentir de la entidad querellante, la Sala de Casaci\u00f3n convocada incurri\u00f3 en un \u201cexceso ritual manifiesto\u201d, al no estudiar de fondo el medio defensivo, aduciendo un error de t\u00e9cnica que no existi\u00f3. <\/p>\n
2. Al respecto, se advierte la improcedencia del amparo por inobservancia del requisito de subsidiariedad, pues la entidad actora no formul\u00f3 adecuadamente su acusaci\u00f3n frente al fallo de segundo grado, descuido que llev\u00f3 al m\u00e1ximo \u00f3rgano de cierre a abstenerse de estudiar de fondo lo aqu\u00ed ventilado. <\/p>\n
En efecto, la colegiatura fustigada, al dirimir el recurso extraordinario, estim\u00f3 que la impulsora no debati\u00f3 todos los aspectos tanto jur\u00eddicos como f\u00e1cticos que sirvieron de fundamento para dictar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
N\u00f3tese, el ad quem, determin\u00f3 la procedencia de la pensi\u00f3n convencional reclamada por Pedraza Casas, considerando que aqu\u00e9l labor\u00f3 para la entidad demandada por m\u00e1s de 20 a\u00f1os y cumpli\u00f3 la edad requerida despu\u00e9s de la terminaci\u00f3n del contrato de trabajo, pues no era necesario que dicha exigencia concurriera en vigencia de la relaci\u00f3n laboral, considerando que, de ser as\u00ed, se presentar\u00eda una contrariedad en la norma, por cuanto, \u201cno existe ninguna raz\u00f3n para que la pensi\u00f3n legal contemplada en la Ley 33 de 1985, contenga los mismos requisitos\u201d. <\/p>\n
Por tanto, frente al cargo \u00fanico formulado por la compa\u00f1\u00eda recurrente, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral consider\u00f3 que aqu\u00e9lla dirigi\u00f3 su acusaci\u00f3n para atacar, \u00fanicamente, la conclusi\u00f3n del tribunal referente a \u201cque para consolidar el derecho pensional pretendido no era necesario que la edad requerida se cumpliera en vigencia de la relaci\u00f3n laboral\u201d, sin embargo, no controvirti\u00f3 \u201ctodos los pilares\u201d de la decisi\u00f3n de segunda instancia, por tanto, <\/p>\n
\u201c(\u2026) desconoci\u00f3 que la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n ha adoctrinado que es deber del recurrente censurar todas las apreciaciones tanto f\u00e1cticas como jur\u00eddicas que cimientan la sentencia impugnada, pues de no hacerlo y una de ellas tiene la capacidad de mantener la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con la que aquella viene resguardada en casaci\u00f3n, la acusaci\u00f3n no puede salir avante CSJ SL1452-2018) (\u2026)\u201d (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) La confrontaci\u00f3n de los mencionados pilares del fallo era no solo relevante sino obligatoria, pues al ignorarlas, la conclusi\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la cual, se reitera, si se exigiera que la edad para acceder a la pensi\u00f3n deb\u00eda acreditarse en vigencia de la relaci\u00f3n laboral, la norma ser\u00eda contraria a la ley dado que \u00abno existe ninguna raz\u00f3n para que la pensi\u00f3n legal contemplada en la ley 33 de 1985, contenga los mismos requisitos\u00bb\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed, n\u00f3tese que en este caso no se pod\u00eda desconocer que las premisas centrales que resguardan las presunciones de legalidad y acierto de la sentencia tambi\u00e9n se refieren a la interpretaci\u00f3n y comparaci\u00f3n de la cl\u00e1usula 10\u00aa del acuerdo extralegal respecto de los requisitos establecidos para el reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n prevista en la Ley 33 de 1985 (\u2026)\u201d. (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
Por lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en Descongesti\u00f3n se abstuvo de hacer un pronunciamiento de fondo frente al reparo formulado por la empresa accionante en relaci\u00f3n a la decisi\u00f3n de segunda instancia. <\/p>\n
3. N\u00f3tese, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la ineptitud formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, no puede predicarse arbitrariedad en la actividad de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, al zanjar, con el pronunciamiento antes rese\u00f1ado, la controversia propuesta por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. ESP \u2013ISA- S.A. pues, como se vio, dicha sociedad no inco\u00f3 de forma adecuada el recurso extraordinario frente al fallo del ad quem, lo cual impidi\u00f3 a la colegiatura acusada pronunciarse de la manera esperada por la solicitante, circunstancia que permite descartar un exceso de formalismo y el supuesto desconocimiento del precedente jurisprudencial. <\/p>\n
Adem\u00e1s, revisado el cargo formulado, se logra inferir que la entidad impulsora centr\u00f3 su reparo, principalmente, en debatir el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo para acceder a la prestaci\u00f3n convencional reclamada en vigencia de la relaci\u00f3n laboral; empero, contrario a sus afirmaciones, no se evidencia que hubiese atacado el argumento planteado por el tribunal, relativo a comparar la norma convencional con la Ley 33 de 1985. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se excluye la posibilidad de predicar las anomal\u00edas alegadas en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener1, no se advierte un proceder arbitrario, por parte del estrado arriba indicado; luego, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento de la accionada, esa circunstancia no permite ostentar los presupuestos invocados, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha instado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite, no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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