STC9828-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9828-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2021-00023-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 1 de julio de 2021, por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, en la salvaguarda promovida por Mar\u00eda del Rosario Ortega Rol\u00f3n frente al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas y la abogada de esa entidad, Luz Adriana Colmenares Ortega, con ocasi\u00f3n del juicio establecido en la Ley 1448 de 2011, promovido por la aqu\u00ed actora, radicado bajo el n\u00ba 2019-00060. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la \u201crestituci\u00f3n de tierras\u201d y \u201cpetici\u00f3n\u201d, presuntamente violentadas por las accionadas. <\/p>\n
2. Como fundamento de su reclamo, manifiesta que, en 2019, la Unidad accionada asign\u00f3 a la abogada Luz Adriana Colmenares Ortega, para que representara sus intereses e iniciara el proceso de restituci\u00f3n de tierras objeto de esta salvaguarda. <\/p>\n
Afirma que, al contactar a la profesional del derecho para indagar sobre el decurso, aqu\u00e9lla le \u201csaca disculpas\u201d y le indica \u201cque un documento (\u2026) qued\u00f3 mal\u201d, sin brindar m\u00e1s informaci\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Aduce que el asunto lleva m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os sin impulso, situaci\u00f3n lesiva de sus garant\u00edas superiores. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, conocer el estado actual de las diligencias y cu\u00e1les son los documentos faltantes para que \u201cpueda avanzar el proceso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y de los vinculados. <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga defendi\u00f3 la legalidad de su proceder e inform\u00f3 que, el 6 de agosto de 2019, la abogada Luz Adriana Colmenares Ortega, adscrita a la UAEGRTD1 -Territorial Norte de Santander-, present\u00f3 solicitud de restituci\u00f3n de tierras en nombre de la aqu\u00ed libelista y Jos\u00e9 Ricardo Vanegas Tarazona, con relaci\u00f3n al predio \u201cBuenos Aires III\u201d, ubicado en la vereda San Jos\u00e9 de la Laguna de C\u00e1chira. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el 14 de agosto de 2019, dispuso inadmitir la demanda, concediendo a la interesada el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para subsanar las deficiencias encontradas; no obstante, fenecido dicho plazo en silencio, el 3 de septiembre ulterior, procedi\u00f3 al rechazo del asunto; decisiones que no fueron recurridas. <\/p>\n
2. La Directora Jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de la UAEGRTD inform\u00f3 que la raz\u00f3n principal por la cual no se logr\u00f3 subsanar la solicitud, se debi\u00f3 a un \u201cerror involuntario\u201d en la expedici\u00f3n de la \u201cResoluci\u00f3n de asignaci\u00f3n de representaci\u00f3n judicial\u201d, adem\u00e1s de la aclaraci\u00f3n requerida sobre los informes \u201cT\u00e9cnico de Georreferenciaci\u00f3n, T\u00e9cnico Predial\u201d y el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria requeridos. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, en aras de adelantar las gestiones respectivas para enmendar las falencias, el 24 de junio de 2021 emiti\u00f3 un nuevo acto administrativo y corrigi\u00f3 los informes; proceder que puso en conocimiento de la accionante a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico el 28 de junio postrero, donde, adem\u00e1s de comunicarle el estado actual de su tr\u00e1mite, le indic\u00f3 que, \u201cuna vez radicada la solicitud, le informar[\u00ed]a, por escrito, adjuntando los soportes correspondientes\u201d. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a-quo constitucional declar\u00f3 la improcedencia del resguardo respecto al \u201cderecho de petici\u00f3n\u201d por carencia actual de objeto, teniendo en cuenta la respuesta enviada a la accionante. <\/p>\n
No obstante, determin\u00f3 la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas a la restituci\u00f3n de tierras y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por parte de la UAEGRTD y la abogada accionada, pues a pesar \u201cque se dijo que se iniciaron los tr\u00e1mites para presentar de nuevo la solicitud judicial, lo cierto es que tal no se ha hecho todav\u00eda\u201d, al respecto consider\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o resulta consecuente que una mujer que se dijo v\u00edctima de la violencia y que hasta la propia entidad accionada consider\u00f3 que \u201cten\u00eda derecho\u201d a la restituci\u00f3n de tierras (no de otro modo se explica que hubiere superado la etapa administrativa y se hubiere dado inicio a la judicial), vea de entrada frustrado tan leg\u00edtimo anhelo s\u00f3lo por la inercia y descuido de funcionarios a quienes la Ley encarg\u00f3 de la cardinal labor de representarle. Como tampoco que por tama\u00f1a desatenci\u00f3n o desinter\u00e9s de aquellos tuviere que acudir a este mecanismo constitucional de protecci\u00f3n de derechos a partir del cual, ahora s\u00ed y luego de dos a\u00f1os de inactividad, se puso en movimiento la administraci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
En consecuencia, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) PRIMERO. AMPARAR a la accionante MAR\u00cdA DEL ROSARIO ORTEGA ROL\u00d3N, en sus derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la restituci\u00f3n de tierras, de conformidad con las motivaciones que anteceden. DECLARAR, en lo referente con el derecho de petici\u00f3n, la carencia actual de objeto por hecho superado\u201d. <\/p>\n
\u201cSEGUNDO. Por consecuencia, ORDENAR al DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI\u00d3N DE RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS DESPOJADAS que en un t\u00e9rmino no mayor de ocho (8) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a presentar la solicitud judicial de restituci\u00f3n de tierras de que aqu\u00ed se trata ante el Juzgado competente\u201d. <\/p>\n
\u201cTERCERO. COMPULSAR copias de todo lo actuado en este proceso con destino a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n,, para que si es del caso se inicien y adelanten las investigaciones mentadas en la parte motiva de esta providencia tanto contra la abogada LUZ ADRIANA COLMENARES ORTEGA como respecto del Director Territorial Norte de Santander de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI\u00d3N DE RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS DESPOJADAS\u201d. <\/p>\n
\u201cCUARTO. PREVENIR al Director de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI\u00d3N DE RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS DESPOJADAS que en el futuro se abstenga de incurrir en las acciones y omisiones que dieron lugar a conceder el amparo deprecado y asimismo para que brinde a la accionante la informaci\u00f3n veraz y oportuna acerca de su asunto (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1. La formul\u00f3, de una parte, la Directora Jur\u00eddica de Restituci\u00f3n de Tierras de la UAEGRTD, informando que el 30 de junio de 2021, antes de la emisi\u00f3n del fallo de primera instancia, se radic\u00f3 la solicitud judicial de restituci\u00f3n de tierras en representaci\u00f3n de la accionante, la cual correspondi\u00f3, por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Bucaramanga, quien la instruy\u00f3 bajo el n\u00ba 2021-00064. <\/p>\n
En consecuencia, tras considerar que no existi\u00f3 vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales invocados por la precursora y ante la configuraci\u00f3n de una carencia actual de objeto por hecho superado, pidi\u00f3 revocar la decisi\u00f3n emitida en primera instancia. <\/p>\n
2. De otra, la abogada Luz Adriana Colmenares Ortega manifest\u00f3 que, durante el desarrollo de la acci\u00f3n constitucional, se encontraba en per\u00edodo de vacaciones, raz\u00f3n por la cual no se hizo parte en el asunto, dentro de los t\u00e9rminos otorgados. <\/p>\n
En adici\u00f3n, efectu\u00f3 una rese\u00f1a sobre su gesti\u00f3n en el tr\u00e1mite cuestionado, resaltando, entre otros aspectos, las comunicaciones sostenidas con la quejosa, los d\u00edas 13 de octubre de 2020, 2 de febrero y 11 de mayo de 2021 donde le informaba sobre las actuaciones que la Direcci\u00f3n Territorial deb\u00eda realizar ante el rechazo de la solicitud y los avances del tr\u00e1mite. <\/p>\n
Tras explicar detalladamente lo realizado en calidad de representante judicial de la actora, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En consecuencia, se demuestra de manera integral una diligencia razonable en las actuaciones, por lo que se concluye que no se configura violaci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales de la accionante, m\u00e1xime cuando la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras respecto del predio denominado \u00abBuenos Aires III\u00bb, se encuentra de nuevo en conocimiento del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La aqu\u00ed inicialista cuestiona la falta de informaci\u00f3n e impulso respecto de la solicitud de restituci\u00f3n de tierras del predio por ella pretendido, presentada, en su nombre, en 2019, por Luz Adriana Colmenares Ortega, abogada adscrita a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas adosadas a esta tramitaci\u00f3n, se constata, como lo expuso el a quo constitucional, la inviabilidad del resguardo en lo atinente al derecho fundamental de \u201cpetici\u00f3n\u201d invocado por la censora; ello, teniendo en cuenta que, mediante correo de 28 de junio de 2021, la Unidad accionada brind\u00f3 a la quejosa la informaci\u00f3n requerida, comunic\u00e1ndole el estado actual de su solicitud de restituci\u00f3n de tierras y las gestiones tendientes a nueva radicaci\u00f3n2; por tanto, administrar justicia constitucional sobre ese aspecto, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
2.1. En raz\u00f3n del mismo motivo de improcedencia se revocar\u00e1 la orden impartida por el fallador constitucional de primera instancia en el literal segundo de su fallo4, pues las accionadas probaron haber radicado el 30 de junio de 2021 -antes del fallo impugnado-, la solicitud judicial de restituci\u00f3n de tierras ordenada por el a quo5, actuaci\u00f3n asignada al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Bucaramanga. <\/p>\n
2.2 No obstante, se le llama la atenci\u00f3n, espec\u00edficamente, a la Unidad querellada porque nada excusa el paso de m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os sin atender las demandas de la querellante; por tanto, se le prevendr\u00e1 para que, en lo sucesivo, se abstenga de incurrir en comportamientos como los aqu\u00ed reprochados. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese, como lo ha explicado la Sala, en pasadas ocasiones, que la Ley 1448 de 2011 consagra una serie de medidas de atenci\u00f3n, asistencia y reparaci\u00f3n integral a las v\u00edctimas del conflicto armado interno; dentro de las cuales se estableci\u00f3 un procedimiento \u00e1gil y expedito para la restituci\u00f3n jur\u00eddica y material de las tierras a los despojados y desplazados y, en forma subsidiaria, reconocimiento de la compensaci\u00f3n correspondiente, ante la imposibilidad del restablecimiento. <\/p>\n
La restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras como herramienta de restauraci\u00f3n est\u00e1 disciplinada por un conjunto de principios y normas que orientan la labor del juzgador, a fin de proteger las garant\u00edas constitucionales de las partes y lograr la materializaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
La citada normativa prev\u00e9 la aplicaci\u00f3n de figuras procedimentales encaminadas a favorecer la posici\u00f3n de las v\u00edctimas, en raz\u00f3n a su estado de indefensi\u00f3n ya que son la parte m\u00e1s d\u00e9bil; tales como la presunci\u00f3n de buena fe de sus actos y la posibilidad de acreditar el da\u00f1o sufrido por medio de prueba sumaria (art\u00edculo 5o); las presunciones (de derecho y legales) de despojo en contra de negocios jur\u00eddicos, actos administrativos y providencias judiciales respecto de los predios inscritos en el Registro de Tierras Despojadas (art\u00edculo 77); y la inversi\u00f3n de la carga de la prueba (art\u00edculo 78). <\/p>\n
Se insiste, demora de la Unidad, adem\u00e1s de desconocer los postulados de la normatividad rese\u00f1ada, revictimiza a la tutelante y le genera cargas adicionales que no est\u00e1 obligada soportar, entre otras, tuvo que acudir a esta jurisdicci\u00f3n para lograr, por parte de la entidad denunciada, atenci\u00f3n para su caso y diligencia en aras de obtener el reconocimiento de sus prerrogativas. <\/p>\n
De igual modo, es del caso se\u00f1alar, en cuanto a lo aducido por la abogada accionada de la UAEGRTD, que su per\u00edodo de vacaciones, en manera alguna, puede justificar situaciones como las aqu\u00ed denunciadas, pues la entidad, a trav\u00e9s de la direcci\u00f3n correspondiente, debe continuar ejerciendo control y atenci\u00f3n a los procesos a su cargo sin soluci\u00f3n de continuidad; en este sentido, tambi\u00e9n se exhorta a la entidad para que adopte las medidas necesarias en aras de evitar dilaciones por razones como la mencionada. <\/p>\n
3. De otro lado, se mantendr\u00e1 la orden del tribunal en cuanto a la remisi\u00f3n de copias a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial Norte de Santander y Arauca y, a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que, de ser el caso, se inicien y adelanten las respectivas investigaciones contra la abogada Luz Adriana Colmenares Ortega y el Director Territorial Norte de Santander de la UAEGRTD, teniendo en cuenta la situaci\u00f3n padecida por la accionante desde el 2019 respecto al predio objeto de restituci\u00f3n, debido a las actuaciones desplegadas por la referida entidad y la profesional encargada del asunto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tal labor, seg\u00fan lo ha advertido esta Corte, deviene de un deber ineludible para los funcionarios judiciales; as\u00ed, en pret\u00e9rita oportunidad se sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n lo relativo a la traslado de copias (\u2026), la Corte no halla reparo alguno a dicha determinaci\u00f3n, pues la misma es producto del cumplimiento de un deber contemplado en la ley para las autoridades judiciales, cuando \u00e9stas advierten la posible existencia de faltas disciplinarias [o penales] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s una facultad discrecional de los funcionarios poner en conocimiento de los competentes los actos u omisiones que estimen podr\u00edan llegar a ser constitutivos de faltas, sin que ello implique una extralimitaci\u00f3n de sus funciones, criterio que ha mantenido esta Sala, entre otros, en la sentencia de 18 de diciembre de 2009, expediente 2009-00052-01, ratificada en la 21 de octubre de 2011, radicaci\u00f3n 00398-02 (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
4. Deviene f\u00e9rtil abrir paso a la protecci\u00f3n incoada, dado el control legal y constitucional que ata\u00f1e en esta sede al juez, compatible con el necesario ejercicio de control convencional, siguiendo el Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 22 de noviembre de 1969 (art. 8\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos), a fin de garantizar el debido proceso. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19697, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados, incluido Colombia10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. De acuerdo con lo discurrido, se revocar\u00e1 el literal segundo de la providencia impugnada, para conminar a la Unidad accionada en los t\u00e9rminos se\u00f1alados y se confirmar\u00e1 en lo dem\u00e1s. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR el literal segundo de la sentencia impugnada por presentarse un hecho superado y se CONFIRMA en lo restante. <\/p>\n
SEGUNDO: Se EXHORTA a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -Norte de Santander- en los t\u00e9rminos del numeral 2.2 de esta providencia. Rem\u00edtasele copia de la misma. <\/p>\n
TERCERO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas <\/p>\n
2\u0002 Expediente digital. Archivo \u201cCorreo informativo.pdf\u201d. <\/p>\n
4\u0002 \u201cSEGUNDO. Por consecuencia, ORDENAR al DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTI\u00d3N DE RESTITUCI\u00d3N DE TIERRAS DESPOJADAS que en un t\u00e9rmino no mayor de ocho (8) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a presentar la solicitud judicial de restituci\u00f3n de tierras de que aqu\u00ed se trata ante el Juzgado competente\u201d. <\/p>\n
5\u0002 Expediente digital. Archivo: \u201cD68001312100120210006400-Acta de reparto202163016344.pdf\u201d. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC. 23 de febrero de 2012, exp. 2011-00102; reiterada el 2 de marzo de 2015, exp. 05001-22-03-000-2014-00973-01, entre otras. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC9828-2021 Magistrado ponente STC9828-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 54001-22-21-000-2021-00023-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 1 de julio de 2021, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56731","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56731","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56731"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56731\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56731"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56731"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56731"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}