STC9829-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9829-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00117-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia dictada el 4 de mayo de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la tutela promovida por Sandra Cecilia Benavides Fuertes, en nombre de Agropositiva S.A.S., frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d adelantado por Yaser S.A.S. contra la sociedad representada por la aqu\u00ed actora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la calidad descrita, la promotora del ruego solicita la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa, entre otras, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. En el Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Cali, la sociedad Yaser S.A.S. impetr\u00f3 contra Agropositiva S.A.S., el juicio compulsivo objeto de esta salvaguarda, reclamando el cobro de unas facturas de venta, libr\u00e1ndose mandamiento de pago el 24 de julio de 2019, por la suma de $61.682.292. <\/p>\n
La empresa demandada propuso las excepciones de fondo denominadas \u201c(\u2026) mala fe, cobro de no lo debido e inexistencia de la obligaci\u00f3n (\u2026)\u201d, las cuales fueron declaradas probadas mediante sentencia de 11 de febrero de 2020, decisi\u00f3n apelada por el extremo all\u00e1 activo, correspondi\u00e9ndole al Juzgado Quinto Civil del Circuito de la citada ciudad, desatar esa alzada. <\/p>\n
Se\u00f1ala la quejosa que el despacho fustigado, en prove\u00eddo de 26 de marzo de 2021, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo, ordenando seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, pero por el valor de $52.102.139, pues se reconocieron unos abonos realizados al cr\u00e9dito perseguido. <\/p>\n
Indica que el convocado fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en \u201cmeras especulaciones personales sin sustento jur\u00eddico\u201d, pasando por alto: i) la existencia de una \u201cdevoluci\u00f3n de mercanc\u00eda\u201d al ejecutante, por cuant\u00eda de $ 26.419.252, ii) la \u201caplicaci\u00f3n de nota cr\u00e9dito con un valor de $ 20.000.000., por concepto de publicidad e incentivos\u201d, y iii) las dem\u00e1s \u201cconsignaciones sucesivas reportadas al proveedor\u201d, supuestos de hecho que demostraban el pago de la obligaci\u00f3n cobrada. <\/p>\n
3. Requiere, en concreto, se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia emitida por el juzgado criticado dentro del caso bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al ruego se\u00f1alando que el mismo no cumple con los presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales para su prosperidad. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Deneg\u00f3 la salvaguarda, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o se vislumbra que el funcionario judicial accionado haya incurrido en alguno de los vicios o defectos materiales que hagan procedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional, espec\u00edficamente, los se\u00f1alados defecto f\u00e1ctico y decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; Y lo que se percibe es el \u00e1nimo de la parte accionante por obtener una tercera instancia, otra revisi\u00f3n del acervo probatorio que acoja su criterio sobre el alcance de las pruebas, pretensi\u00f3n que escapa al \u00e1mbito de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La propuso la actora, insistiendo en la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas supralegales dentro del asunto cuestionado, resaltando, nuevamente, los defectos alegados en el escrito genitor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La gestora censura, puntualmente, el prove\u00eddo de 26 de marzo de 2021, emitido por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali, dentro del comentado compulsivo, mediante el cual, en segunda instancia, orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n por no acreditarse el pago total de la obligaci\u00f3n contenida en el documento base de recaudo. <\/p>\n
2. De entrada se advierte que el auxilio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto, auscultado el fallo reprochado, no se advierte irregularidad en el argumento invocado por el estrado atacado para desestimar las excepciones de fondo planteadas por la aqu\u00ed actora en el caso subex\u00e1mine. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien es cierto la parte demandada ha aportado a los (\u2026) documentos provenientes del ejecutante donde se manifiesta la extensi\u00f3n del plazo de 90 a 120 d\u00edas para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de Agropositiva, no es menos cierto que, dichos documentos son anteriores a las facturas de venta que se relacionaron en el libelo genitor y que sirvieron de base para diligenciar el pagar\u00e9 que se present\u00f3 como t\u00edtulo ejecutivo, de ah\u00ed que emerge paladino que los t\u00e9rminos de la compraventa que motivaron la creaci\u00f3n de las facturas reflejan el consentimiento de las partes en que dichos cr\u00e9ditos fueran honrados en un periodo de 90 d\u00edas, sin que sea visible que con posterioridad se modificaran los plazos de tal acuerdo que, como se dijo, qued\u00f3 plasmado en las facturas allegadas al plenario\u201d. <\/p>\n
\u201cNo puede obviarse que la relaci\u00f3n comercial existente entre las personas que aqu\u00ed se encuentran en litigio se prolong\u00f3 durante varios a\u00f1os, y que en el desarrollo de la actividad mercantil varios de los negocios por ellos realizados bien pudieron ser modificados durante su ejecuci\u00f3n, lo cual es dable dentro de nuestro ordenamiento jur\u00eddico en donde prevalece la voluntad de los contratantes, la libertad para obligarse, para transar, y en general, para disponer de sus derechos, no obstante, en el caso sub examine no se evidencia que se haya dispuesto la ampliaci\u00f3n de los t\u00e9rminos de los cr\u00e9ditos reflejados en las facturas No. 5009, 5024 y 5028\u201d. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la devoluci\u00f3n de mercanc\u00edas por parte de Agropositiva S.A.S., situaci\u00f3n que, seg\u00fan la accionante, deb\u00eda tenerse como un abono a la obligaci\u00f3n, el despacho fustigado, expres\u00f3: <\/p>\n
\u201c[P]asando a lo que concierne a la devoluci\u00f3n de la mercanc\u00eda, es menester se\u00f1alar que ello no constituye un modo de extinguir la obligaci\u00f3n como pasar\u00e1 a explicarse a continuaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cTal como se desprende del art\u00edculo 1625 del C\u00f3digo Civil (\u2026), las obligaciones sean civiles o comerciales, o de jaez diferente, bien pueden extinguirse por el consentimiento de las partes de darla por nula, por pago efectivo, por novaci\u00f3n, por transacci\u00f3n, entre otras, y en ninguna de estas se encuadrar\u00eda la aludida devoluci\u00f3n de la mercanc\u00eda\u201d. <\/p>\n
\u201cSi se pensara que la devoluci\u00f3n de la mercanc\u00eda constituye pago, ello constituir\u00eda un yerro en el caso en concreto atendiendo que, en primer lugar, lo debido es una suma de dinero, por lo que la obligaci\u00f3n se pagar\u00eda con la entrega de la suma dineraria correspondiente, sin que pueda imponerse al acreedor recibir cosa diferente a lo pactado si este no lo ha consentido a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 1626 del referido C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
\u201cAunado a lo anterior est\u00e1 que, la devoluci\u00f3n de la mercanc\u00eda no obedeci\u00f3 a una cuesti\u00f3n inherente a la garant\u00eda de los productos, puesto que no se aleg\u00f3 que presentara vicios o defectos ocultos, como para que se examinara si deb\u00eda el acreedor recibirla, ora sea para resolver el contrato (extinguiendo la obligaci\u00f3n) o, para bajar el precio, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 933 del Estatuto Comercial, sino que lo que motiv\u00f3 la devoluci\u00f3n de esta fue precisamente la ruptura de la relaci\u00f3n comercial que exist\u00eda entre las sociedades Agropositiva y Yaser, como es visible en el folio 55 del cuaderno principal, donde la aqu\u00ed demandada comunica del env\u00edo de los insumos adquiridos sin que se extraiga de los infolios que la parte demandante hubiese consentido en dicha devoluci\u00f3n y en que esta extinguir\u00eda parcialmente las obligaciones crediticias de Agropositiva, y aunque el extremo pasivo de la Litis asegura que la devoluci\u00f3n de la mercanc\u00eda ha sido una pr\u00e1ctica recurrente entre las sociedades, de acuerdo a los documentos que ados\u00f3 al expediente, se logra extraer que ello ocurri\u00f3 en veces pasadas precisamente por defectos de los productos, por cercana fecha de vencimiento y siempre con consentimiento de la compa\u00f1\u00eda vendedora\u201d. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, es menester apuntar que los productos que fueron objeto de devoluci\u00f3n no guardan precisa identidad con aquellos que se describen en las pluricitadas facturas de venta\u201d. <\/p>\n
Respecto del valor de los supuestos gastos de publicidad e incentivos alegados por la promotora, los cuales, en su sentir, deb\u00edan ser debitados de la obligaci\u00f3n cobrada, el fallador accionado evidenci\u00f3: <\/p>\n
\u201c[N]o se encuentra asidero jur\u00eddico que el Juez de primera instancia aceptara que se aplicara descuento a la obligaci\u00f3n por bonificaci\u00f3n y gastos de publicidad a favor de la demandada, como quiera que del material probatorio logra dilucidarse que la sociedad YASER hab\u00eda anunciado que tales beneficios se sujetar\u00edan a varias condiciones, como lo eran que se solicitara autorizaci\u00f3n antes de efectuar las erogaciones por publicidad, as\u00ed como que se cumpliera con un presupuesto para conceder la bonificaci\u00f3n, sin que en realidad, de verdad, sea palmario que hayan concurrido dichos supuestos o que de ellos se haya adosado prueba al plenario\u201d. <\/p>\n
\u201cExpuesto de otra manera, los documentos que reposan en el expediente hacen alusi\u00f3n a la viabilidad de la concesi\u00f3n de los referidos descuentos, empero, estos estaban condicionados y no hay prueba de que se haya cumplido con la carga de informar y solicitar autorizaci\u00f3n sobre los gastos en publicidad o de que se haya superado el monto de ventas anual predispuesto para que procediera la bonificaci\u00f3n, por lo que nada obliga a la compa\u00f1\u00eda YASER a reconocer y debitar de la obligaci\u00f3n cobrada la suma de veinte millones de pesos. Y es que tales descuentos que ha pretendido la parte demandada sean aplicados al cr\u00e9dito deben provenir del consentimiento de las partes, quienes en su liberalidad contractual deciden modificar los t\u00e9rminos de contrato, y corresponde al acreedor, como titular del cr\u00e9dito decidir si condona total o parcial la obligaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cLo cierto es que, la bonificaci\u00f3n no puede ser considerada como un cr\u00e9dito a favor de Agropositiva y a cargo de Yaser para que pudiere compensarse a la obligaci\u00f3n demandada, toda vez que no se acredit\u00f3 por ning\u00fan medio que se hayan cumplido las condiciones para que fuese reconocida\u201d. <\/p>\n
Ahora, frente a los abonos alegados por la tutelante, el convocado explic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a parte demandante ha asegurado que los abonos no se aplicaron de manera \u00edntegra a las facturas 5009, 5024 y 5028 atendiendo a que se segregaron para cubrir tambi\u00e9n otras obligaciones que se encontraban pendientes, no obstante, lo cierto es que la sociedad demandada ha desconocido que existieren otros cr\u00e9ditos pendientes y la parte ejecutante no ha demostrado por ning\u00fan medio de prueba que en efecto los abonos realizados hubiesen sido aplicados a otras facturas, de ah\u00ed que emerge que se tengan en cuenta completamente a las facturas aqu\u00ed presentadas\u201d. <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, procediendo este despacho a aplicar a las facturas No. 5009. 5024, 5028 los abonos relacionados l\u00edneas arriba, se evidencia en primer lugar que la obligaci\u00f3n exigida no ha sido pagada totalmente, y que de ella subsiste un saldo por $52.102.139, suma por la cual debe continuarse con la ejecuci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
2.1. Aunque la actora no comparta los argumentos del juez querellado, ello no convierte la anterior determinaci\u00f3n en caprichosa o antojadiza con entidad suficiente como para permitirle el paso de esta particular justicia, pues dicho pronunciamiento fue examinado razonablemente con fundamento en las probanzas aportadas al comentado litigio, las cuales, evidenciaron un pago parcial de la obligaci\u00f3n cobrada, m\u00e1s no, una cancelaci\u00f3n total de la deuda, como lo pretend\u00eda hacer ver la ahora quejosa. <\/p>\n
2.1. Sobre la valoraci\u00f3n de las pruebas, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)1. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026)\u2019, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6 impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(Con ausencia justificada) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3o de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
8 <\/p>\n
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STC9829-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC9829-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00117-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., cinco (5) de agosto de dos mil veintiuno (2021) Se decide la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia dictada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[39],"tags":[],"class_list":["post-56732","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56732"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56732\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}