STC9878-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9878-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 13001-22-13-000-2021-00387-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., cinco (05) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 19 de julio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, en la tutela que Gladis Gaviria de Lozada le instaur\u00f3 al Juzgado Sexto de Familia de esa urbe, extensiva a la Procuradur\u00eda delegada en asuntos de familia de esa ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, a trav\u00e9s de apoderado, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos de \u00abacceso a la justicia, vida digna, alimentos y a la congrua subsistencia\u00bb, para que se ordenara al estrado querellado que \u00abprofiera auto que admita la demanda ejecutiva de alimentos en favor de la actora\u00bb. <\/p>\n
En apoyo, adujo que naci\u00f3 el 16 de diciembre de 1946, dedicada toda su vida al cuidado del hogar formado con su esposo Republicano Lozada Castell\u00f3n, quien mantiene un incumplimiento sistem\u00e1tico en la obligaci\u00f3n alimentaria para con ella, pese a afectarse su mesada pensional en porcentaje del 6.25%, de acuerdo con sentencia dictada el 14 de mayo de 2012 en juicio ejecutivo de alimentos de mayores (rad. n\u00ba 2009-611-00). <\/p>\n
Asever\u00f3 que en cinco oportunidades present\u00f3 demandas \u00abejecutivas de alimentos de mayores\u00bb a continuaci\u00f3n del consecutivo inicial interpuesto contra Republicano Lozada, conocidas por el despacho cuestionado, \u00faltima en la cual, fue inadmitida (11 jun. 2021) y rechazada (22 jun.) \u00abpor no cumplir los requisitos que impone el se\u00f1or juez y que no tienen reflejo legal pues las causales que invocan de inadmisi\u00f3n no se encuentran descritas en el C\u00f3digo General del Proceso ordenadas en los Art\u00edculos 82, 83, 84, 85, 89 y 90\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Sexto de Familia de Cartagena defendi\u00f3 la legalidad de su actuar, en tanto \u00abla \u00faltima de las veces que se intent\u00f3 presentar esta demanda, claramente se indicaron las causales para su inadmisi\u00f3n y las mismas no fueron debidamente corregidas\u00bb, por lo que la \u00abrechaz\u00f3\u00bb el 22 de junio de 2021, providencia contra la que no formul\u00f3 recursos. Por tanto, afirm\u00f3 que no transgredi\u00f3 las prerrogativas imploradas y el mecanismo ordinario debe primar, dado el car\u00e1cter residual de esta acci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA Y SU IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El Tribunal de Cartagena concedi\u00f3 el amparo, al estimar que en el caso concreto \u00ab(\u2026) se evidencia que el Juzgado accionado cometi\u00f3 un desafuero que amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, ya que no motiv\u00f3 de manera suficiente su decisi\u00f3n de rechazar la demanda ejecutiva de alimentos presentada por \u00e9sta, lo cual constituye una vulneraci\u00f3n de su derecho al debido proceso (\u2026) De hecho, la problem\u00e1tica iusfundamental sube de tono si se tiene en cuenta que la accionante ha presentado 5 veces una misma demanda ante el Despacho accionado, y pese a sus esfuerzos a la claridad de los hechos que invoca y las aspiraciones que tiene, no ha logrado que sea tramitada, lo cual podr\u00eda poner en riesgo sus derechos a la subsistencia y a la vida digna, que merecen consideraci\u00f3n especial por ser una persona de la tercera edad\u00bb. <\/p>\n
Por consiguiente, tras dejar sin efectos la resoluci\u00f3n del pasado 22 de junio, orden\u00f3 al funcionario convocado que dictara \u00ab(\u2026) una nueva providencia en la que examine si se corrigieron los defectos de la demanda se\u00f1alados en el auto de 11 de junio de 2011 y exponga con suficiencia las razones de su admisi\u00f3n o rechazo\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, sin expresar los motivos de su disenso. <\/p>\n
1.- Ab initio emerge la revocatoria del veredicto opugnado y el fracaso de la salvaguarda promovida por Gladis Gaviria de Lozada, por inobservancia del presupuesto de la subsidiariedad, dado que \u00e9sta desaprovech\u00f3 la oportunidad que la legislaci\u00f3n adjetiva procesal concede para combatir la inconformidad que expone en \u00abtutela\u00bb. De modo que, no puede valerse de este especial sendero para solventar su incuria, apat\u00eda, desatenci\u00f3n o desconocimiento de la ley, ya que era el pleito objetado el escenario id\u00f3neo en donde deb\u00eda hacer valer las garant\u00edas que invoca, debido al car\u00e1cter residual del resguardo. <\/p>\n
Se afirma lo anterior, porque el Juzgado Sexto de Familia de Cartagena \u00abinadmiti\u00f3 la \u00faltima demanda ejecutiva de alimentos\u00bb (11 jun. 2021), y al advertir que no fueron enmendados los cuatro \u00edtems que all\u00ed expuso, la \u00abrechaz\u00f3\u00bb (22 jun.), decisi\u00f3n \u00faltima que qued\u00f3 en firme, toda vez que no fue recurrida por la impulsora, a pesar de que contra ella cab\u00eda el \u00abrecurso de reposici\u00f3n\u00bb de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso para ser desatado por el mismo funcionario, o el de \u00abapelaci\u00f3n\u00bb, bien en forma principal, ora subsidiaria como lo prev\u00e9 el n\u00fam. 1\u00ba del art. 321 ib\u00eddem. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la sedicente tuvo la facultad de exponer ante el juzgado accionado y su superior la inconformidad que ahora plantea en esta sui generis justicia, y no lo hizo, ya que dej\u00f3 fenecer la posibilidad para contradecir el interlocutorio que \u00abrechaz\u00f3 la demanda ejecutiva\u00bb. De ah\u00ed que deba soportar las consecuencias adversas de su omisi\u00f3n al no haber empleado esa herramienta. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala tiene dicho que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026.) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria\u00bb (STC6663-2018, citada en STC762-2021). <\/p>\n
Ello, en virtud, a que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018, STC10541-2018 citada en STC762-2021). <\/p>\n
2.- Ahora bien, no desconoce la Sala que Gaviria de Lozada cuenta con 75 a\u00f1os, considerada como adulto mayor (T-015\/19), s\u00f3lo que dicha condici\u00f3n, per se, no es presupuesto suficiente para conceder la ayuda superlativa, en tanto, no se acredit\u00f3 o comprob\u00f3 una situaci\u00f3n actual de peligro inminente que amerite su protecci\u00f3n, a\u00fan como \u00abmecanismo transitorio\u00bb, necesario para flexibilizar la exigencia de la \u00absubsidiariedad\u00bb, pues la precursora no demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital o que est\u00e9n comprometidas sus necesidades b\u00e1sicas. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, que mutatis mutandi es aplicable al sub -lite, esta Corporaci\u00f3n apostill\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el hecho de que la gestora del amparo sea persona de la tercera edad, en s\u00ed mismo considerado no implica, per se, que deba concederse la salvaguarda invocada, desde luego que es necesario probar la violaci\u00f3n o amenaza de prerrogativas esenciales, situaci\u00f3n que no se avizora en este asunto (\u2026), sobre el punto esta Sala indic\u00f3 que \u201csi bien es cierto se trata de adulto mayor (\u2026), esa sola circunstancia no es suficiente para brindar protecci\u00f3n especial, pues deben estar acreditadas las afectaciones a sus prerrogativas que lo coloquen en estado de vulnerabilidad, lo que no se advierte en el plenario y, por ende, no procede orden constitucional al respecto\u00bb (CSJ STC3070-2020, reiterada en STC2263-2021, 8 mar., rad. n\u00ba 000-2021-00017-01). <\/p>\n
3.- Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 revocado, para negar el anhelo reclamado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida y, en su lugar, NIEGA la tutela instada por Gladis Gaviria de Lozada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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