STC9882-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9882-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05001-22-03-000-2021-00198-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de cuatro de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de agosto de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de junio de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerenciar y Servir SAS contra la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda \u2013 Permanencia Dos Turno 2 de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias del mismo lugar, Jos\u00e9 Yakelton Chavarr\u00eda Ariza, H\u00e9ctor Ovidio Obando Bedoya, Gustavo Adolfo Bedoya G\u00f3mez, Francisco Fredy Ruiz Cruz y la Cooperativa Especializada De Ahorro Y Cr\u00e9dito Coopantex. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicci\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vida digna, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita que se ordene \u00abdej[ar] sin efecto la decisi\u00f3n proferida por el Inspector\u2026 y que por el contrario se disponga la entrega del inmueble\u2026 al actual secuestre GERENCIAR SERVIR S.A.S. ya que los perjuicios que se est\u00e1n causando son irremediables y no tienen justificaci\u00f3n alguna\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.1. Dentro de un proceso ejecutivo adelantado por la Cooperativa Especializada de Ahorro y Cr\u00e9dito Coopantex contra Gustavo Adolfo Bedoya G\u00f3mez fue secuestrado el inmueble perseguido y nombrado como secuestre Jos\u00e9 Yakelton Chavarria Ariza, sin embargo, ante su renuncia, fue designada en dicho cargo la sociedad Gerenciar y Servir SAS. <\/p>\n
2.2. Asimismo, se tramit\u00f3 una querella por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n respecto del aludido bien, por parte de H\u00e9ctor Ovidio Obando Bedoya contra Jos\u00e9 Yakelton Chavarria Ariza, en la que se le orden\u00f3 al querellado que cesara la perturbaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 la sociedad gestora que el inmueble se encontraba embargado y secuestrado en el proceso que actualmente se tramitaba en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias; que en la diligencia de secuestro fue nombrado como secuestre Jos\u00e9 Yakelton Chavarria Ariza; y que Francisco Fredy Ruiz Cruz ingres\u00f3 a la propiedad para desempe\u00f1arse como vigilante del bien, pero abusando de su condici\u00f3n suscribi\u00f3 un contrato arrendamiento con H\u00e9ctor Ovidio Obando Bedoya. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el mencionado arrendatario realiz\u00f3 da\u00f1os sustanciales por el cargue y descargue de volquetas, sin que estuviere legitimado para ocupar el bien; que el secuestre al percatarse de los da\u00f1os que se estaban causando, despidi\u00f3 al vigilante y contrat\u00f3 a uno nuevo al que le orden\u00f3 que no le permitiera el ingreso a nadie que no estuviera autorizado. <\/p>\n
2.5. Adujo que Obando Bedoya present\u00f3 una querella por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n ante el Inspector de Polic\u00eda acusado, sin embargo, como el bien estaba debidamente secuestrado, era el Juez Segundo Civil del Circuito vinculado, el llamado a resolver las controversias que se suscitaran entorno al predio y no el Inspector de Polic\u00eda. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que la Cooperativa ejecutante pidi\u00f3 la nulidad de lo actuado en la querella; que el estrado de ejecuci\u00f3n relev\u00f3 al secuestre Jos\u00e9 Yakelton Chavarria y nombr\u00f3 como nuevo auxiliar a esa sociedad Gerenciar Servir S.A.S, siendo la \u00fanica legitimada para administrar el inmueble y disponer sobre la tenencia del mismo. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que le solicit\u00f3 al Inspector de Polic\u00eda que se abstuviera de proferir decisi\u00f3n de fondo en la querella y que le entregara el inmueble, empero, el 25 de febrero de 2021 se profiri\u00f3 acto administrativo orden\u00e1ndole al anterior secuestre, Jos\u00e9 Yakelton Chavarr\u00eda Ariza, que cesara la perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n de H\u00e9ctor Ovidio Obando Bedoya, lo que le causaba graves perjuicios al acreedor hipotecario. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que no se tuvo en cuenta que el bien ya no era administrado por dicha persona y no exist\u00eda relaci\u00f3n sustancial que permitiera que Obando Bedoya hiciera uso del mismo; que los supuestos pagos de administraci\u00f3n se le realizaban al ex vigilante, quien no los depositaba a \u00f3rdenes del juzgado; que el Inspector nunca la vincul\u00f3 como secuestre, teniendo conocimiento de su nombramiento y permitiendo con ello el ingreso de personas extra\u00f1as al predio. <\/p>\n
2.9. Agreg\u00f3 que no present\u00f3 recursos frente a la decisi\u00f3n adoptada por el Inspector de Polic\u00eda, pues nunca fue reconocida como interviniente o parte dentro del tr\u00e1mite; que la Inspecci\u00f3n acusada le inform\u00f3 que no ten\u00eda nada que hacer y que el querellante pod\u00eda ingresar al inmueble, convalidando as\u00ed una invasi\u00f3n. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. H\u00e9ctor Ovidio Obando Bedoya indic\u00f3 que Gustavo Adolfo G\u00f3mez no presentaba poder para representar a la sociedad Gerenciar y Servir S.A.S; que dicho abogado era \u00abla persona demandada dentro de la causa civil ejecutiva\u00bb, en donde se decret\u00f3 el secuestro; que aquel hab\u00eda sido vocero de distintos secuestres y adem\u00e1s era apoderado de la cooperativa ejecutante, lo cual era irregular; que la accionante no demostr\u00f3 transgresi\u00f3n de sus derechos fundamentales, pues no era parte del proceso policivo, ni acredit\u00f3 afectaciones en su integridad, existencia o patrimonio con las decisiones adoptadas; que los mismos hechos y pretensiones ya hab\u00edan sido objeto de tutelas anteriores; que se ratificaba en lo probado dentro del proceso policivo y la tutela objeto de controversia; que le hab\u00eda solicitado insistentemente a la sociedad accionante que le brindara instrucciones para comenzar a pagarle el canon de arriendo, pero no le quer\u00edan suministrar la informaci\u00f3n, por lo que se vio en la necesidad de interponer una tutela. <\/p>\n
2. La Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda Permanencia Dos Turno 2 se\u00f1al\u00f3 que con la demanda se aport\u00f3 copia del contrato de arrendamiento suscrito entre H\u00e9ctor Ovidio Obando Bedoya y Francisco Fredy Ruiz Cruz; que conforme con la jurisprudencia y doctrina, la figura del arrendamiento de cosa ajena era hom\u00f3loga a la venta de cosa ajena; que los da\u00f1os que se enunciaban se ten\u00edan que probar; que conoci\u00f3 la querella civil interpuesta; que la accionante solicit\u00f3 se declarara la nulidad de lo actuado, escrito al que no le dio tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n y por haber sido superada con antelaci\u00f3n su petici\u00f3n, pues el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Medell\u00edn le orden\u00f3 dejar sin efecto lo actuado; que no dispuso entrega alguna sino que las cosas volvieran a su estado original, quedando probado que el perturbador era Jos\u00e9 Yakelton Chavarr\u00eda Ariza; que la gestora no era parte dentro del tr\u00e1mite criticado, sin que obrara prueba que llevara a inferir que deb\u00eda ser llamada como litisconsorte; y que no conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna. <\/p>\n
3. Jos\u00e9 Yakelton Chavarr\u00eda Ariza adujo que fungi\u00f3 como secuestre del inmueble del 12 de junio de 2019 al 20 de noviembre de 2020, fecha en la que lo entreg\u00f3 a la ahora accionante; que solicit\u00f3 su relevo por \u00abamenazas por [su] actividad en este proceso\u00bb; que H\u00e9ctor Ovidio Obando Bedoya y Andr\u00e9s Felipe Pati\u00f1o \u00c1reas invadieron el inmueble el 25 de octubre del 2020, motivo por el que acudi\u00f3 a la polic\u00eda, con quienes trataron de expulsarlos, pero estos se opusieron; que interpuso una querella que no se tramit\u00f3 porque ya estaba otra en curso; que formul\u00f3 denuncias penales contra H\u00e9ctor Ovidio Obando Bedoya, Andr\u00e9s Felipe Pati\u00f1o \u00c1reas y Francisco Fredy Ruiz Cruz; que le inform\u00f3 al Inspector que ya no era el secuestre y solicit\u00f3 la nulidad de la diligencia, entre otras cosas, por no integrar debidamente el contradictorio con el nuevo auxiliar; que en las audiencias los querellantes le hac\u00edan gestos amenazantes; que se deneg\u00f3 su petici\u00f3n de efectuar audiencias virtuales ante sus patolog\u00edas y por el contrario lo citaban a las 8 pm y los s\u00e1bados, por lo que deprec\u00f3 la intervenci\u00f3n de la Personer\u00eda pero se deneg\u00f3 su pretensi\u00f3n; que interpuso una tutela que fue fallada a su favor, dej\u00e1ndose sin efecto las actuaciones surtidas y disponiendo que se reiniciara el proceso; que inform\u00f3 sobre su relevo, pero con ocasi\u00f3n de la presente tutela se enter\u00f3 que fue declarado responsable de la perturbaci\u00f3n y se le impusieron medidas correctivas; que el problema no se hubiere presentado si el Inspector lo hubiera escuchado; y que dicho funcionario por el \u00abaf\u00e1n de fallar la querella pas\u00f3 por encima cualquier norma legal y constitucional\u00bb. <\/p>\n
4. Francisco Fredy Ruiz Cruz se pronunci\u00f3 frente a los hechos de la tutela y sostuvo que le fue delegada la funci\u00f3n de administrar el bien, por lo que pod\u00eda \u00abarrendar las celdas de estacionamiento y las bodegas de almacenamiento\u00bb; que era v\u00e1lido el arrendamiento de cosa ajena; y que el 31 de diciembre de 2020 fue despedido por Yakelton Chavarr\u00eda Ariza. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no exist\u00eda cosa juzgada constitucional; que la accionante no acredit\u00f3 agotar todos los medios de defensa para hacerse parte del proceso de querella civil criticado, pues pese a que indic\u00f3 que formul\u00f3 una nulidad, no interpuso recursos frente a la negativa de la misma; que la gestora contaba con otros mecanismos defensa para atacar esa decisi\u00f3n ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, en donde pod\u00eda solicitar su suspensi\u00f3n provisional; que acorde con el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 1801 de 2016 las disposiciones de dicho C\u00f3digo eran preventivas y buscaban establecer condiciones para la convivencia en el territorio nacional, por lo que era posible tramitar una acci\u00f3n policiva pese a que el bien se encontrara embargado y secuestrado; que no acredit\u00f3 la existencia de un perjuicio irremediable; y esta acci\u00f3n excepcional no era para amparar derechos de \u00edndole econ\u00f3mico. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La sociedad accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y aduciendo que no fue notificada de la querella, pese a que era la \u00fanica legitimada como administradora del bien; que esta tutela era el mecanismo id\u00f3neo con el que contaba; que si bien el predio pod\u00eda ser objeto de una acci\u00f3n policiva, se le permiti\u00f3 el ingreso a personas que no contaban con legitimaci\u00f3n alguna; y que en el proceso se evidenciaban todos los da\u00f1os que se le hab\u00edan causado al inmueble, pues no lo usaban sino que lo estaban destruyendo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que la sociedad accionante hubiere acudido ante el juez natural a plantear los reclamos que expone respecto a que dicho fallador es quien deb\u00eda resolver todo lo atinente al inmueble, por lo que no es viable que el juez constitucional se ocupe de tal aspecto, torn\u00e1ndose improcedente el resguardo, debido a su car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
Como insistentemente lo ha dicho la Corte, la anterior situaci\u00f3n enmarca la tutela en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades jurisdiccionales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 68-2016-00507-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, en lo atinente a las quejas y pretensiones enfiladas frente a la querella criticada tramitada ante la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda \u2013 Permanencia Dos Turno 2 de Medell\u00edn, es de observarse que el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 (modificado por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 333 de 2021), en lo pertinente, establece que \u00ablas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales\u00bb. <\/p>\n
Luego, como dichas aspiraciones involucran a la Inspecci\u00f3n mencionada, la competencia para conocerla le correspond\u00eda a los Juzgados Civiles Municipales de Medell\u00edn, por lo que se remitir\u00e1 copia del expediente con el fin de que sea repartida entre dichos estrados y se le imprima el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado en lo referente al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, y en cuanto a la Inspecci\u00f3n acusada, declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. <\/p>\n
En torno a la facultad para decretar \u00abnulidades\u00bb a partir de las reglas fijadas en el Decreto 1983 de 2017, cuyo razonamiento ahora se hace extensivo al recientemente expedido Decreto 333 de 2021, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n
4. Bajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n
\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d (CSJ ATC, 13 may. 2009, rad. 2009-00083-01) (criterio expuesto en ATC298-2018, 31 ene., rad. 2017-00314-01; reiterado, entre muchos otros, en ATC472-2018, 15 feb., rad. 2017-01316-01). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
Primero: Confirmar el fallo impugnado en lo referente al amparo deprecado contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn. <\/p>\n
Segundo: Declarar la nulidad del fallo de 24 de junio de 2021, dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en la presente acci\u00f3n de tutela, en lo que respecta a las quejas planteadas frente al proceso policivo del que conoci\u00f3 la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda \u2013 Permanencia Dos Turno 2 de esa ciudad, sin perjuicio de la validez de todo lo actuado salvo aquella decisi\u00f3n, en los t\u00e9rminos del inciso 1\u00ba del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso. En su lugar, se remitir\u00e1 copia de lo actuado a fin de que sea repartida entre los Jueces Civiles Municipales de Medell\u00edn, tendiente a que se imprima el tr\u00e1mite de rigor. <\/p>\n
Tercero: Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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