AC3669-2021 (2016-00341-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AC3669-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-31-03-003-2016-00341-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Alberto Jos\u00e9 Garc\u00eda Bravo, Adriana Alexandra Zamudio Jim\u00e9nez, Ever Quiroga Hern\u00e1ndez y las sociedades Multiconstrucciones JP S.A.S. e Ingenier\u00eda Plinco S.A. para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpusieron contra la sentencia proferida el 8 de marzo de 2021, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual que adelantaron frente a Piedad, Beatriz Helena y Myriam Alicia Palacino Garc\u00eda. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
Los promotores del recurso extraordinario solicitaron declarar a las convocadas civilmente responsables de los perjuicios ocasionados como consecuencia del abuso de su derecho a litigar y de la pr\u00e1ctica de la medida cautelar decretada en el juicio de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme que incoaron en su contra. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, las se\u00f1oras Palacino demandaron a los aqu\u00ed impugnantes, por la presunta lesi\u00f3n enorme verificada en la compra de los inmuebles identificados con las matr\u00edculas Nos. 350-14794 y 050-186418, y solicitaron la inscripci\u00f3n de la demanda en los respectivos folios. <\/p>\n
2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, en segunda instancia se profiri\u00f3 sentencia anticipada en la que se declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa planteada por el extremo pasivo, con fundamento en el art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3. Los integrantes del extremo triunfante promovieron acci\u00f3n de responsabilidad extracontractual y abuso del derecho a litigar, al considerar que durante el tiempo que permaneci\u00f3 vigente la referida medida preventiva sufrieron da\u00f1os materiales y morales considerables, originados en el actuar de las entonces reclamantes, quienes, seg\u00fan se indic\u00f3, siendo conscientes de la improcedencia de sus pedimentos por tratarse de una acci\u00f3n personal que no admite cautelas, la adelantaron con el \u00fanico prop\u00f3sito de perjudicarles (folios 216 a 230, cno. 1 juzgado). <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n
1. Admitida la demanda y notificada a las encausadas, estas se opusieron a la prosperidad de las pretensiones. Como excepciones plantearon, entre otras, las de: i) falta de causa para pedir; ii) falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa; iii) inexistencia de abuso del derecho; iv) haberse dado a la demanda el tr\u00e1mite de un proceso diferente; v) ausencia de temeridad y mala fe; vi) temeridad o mala fe; vii) fraude procesal; viii) caducidad de la acci\u00f3n y ix) deber de mitigar los da\u00f1os (folios 464 a 621, ib.). <\/p>\n
2. En audiencia realizada el 26 de febrero de 2020, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 emiti\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probada la defensa titulada \u201cFalta de causa para pedir\u201d y neg\u00f3 las pretensiones formuladas en el libelo introductor (folios 894 y 895, ib.). <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
El ad quem confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n censurada, al considerar que no se configur\u00f3 el alegado abuso del derecho a litigar porque, contrastada la fecha en que se present\u00f3 la demanda en la acci\u00f3n rescisoria (27 de febrero de 2014), con la de su admisi\u00f3n (6 de marzo), la constituci\u00f3n de la fiducia sobre los inmuebles que dieron lugar a la relaci\u00f3n entre las partes (7 de marzo) y la inscripci\u00f3n del libelo (11 de marzo), surge que las demandadas no ten\u00edan forma de anticipar la enajenaci\u00f3n de los bienes y, por lo tanto, su conducta no puede ser calificada de temeraria o malintencionada, en tanto, solo revela su inter\u00e9s de activar el aparato jurisdiccional en procura de obtener una soluci\u00f3n al conflicto causado por una presunta diferencia en el precio que las partes acordaron en la venta de los inmuebles. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que no es cierta la intenci\u00f3n de perjudicar a los demandantes que se le endilga a su contraparte por solicitar el decreto de la medida cautelar, ya que, seg\u00fan el art. 690 n\u00fam. 1, literal a) del C.P.C. (vigente para la presentaci\u00f3n de la demanda), en los procesos que versen sobre el dominio u otro derecho real principal, podr\u00e1 disponerse la inscripci\u00f3n de la demanda y, como quiera que una de las consecuencias de la acci\u00f3n de lesi\u00f3n enorme, en caso de que no se complete el justo precio, es la rescisi\u00f3n del contrato de compraventa, no cabe duda que la pretensi\u00f3n principal en ese litigio envuelve derechos reales y, por contera, hac\u00eda viable la cautela y, de paso, descarta el abuso reclamado. <\/p>\n
Los actores -indic\u00f3- no acreditaron el da\u00f1o como presupuesto de la responsabilidad invocada, toda vez que no demostraron que las entidades financieras y la fiduciaria hubiesen negado desembolsar el cr\u00e9dito, ni mucho menos, que la causa de esa negativa haya sido la medida preventiva practicada. <\/p>\n
Desestim\u00f3 la experticia adosada por los inconformes, por cuanto se bas\u00f3 en una circunstancia f\u00e1ctica no demostrada; recalc\u00f3 algunos errores advertidos por el perito que realiz\u00f3 el dictamen de la contraparte y la falta de demostraci\u00f3n de la incidencia de la cautela en el da\u00f1o objeto de la reclamaci\u00f3n porque, incluso \u201chay un momento de la medida cautelar en que sube las ventas y otro en el que se baja las ventas entonces no se puede afirmar que la medida cautelar es la culpable de la baja de las ventas porque hay dos movimientos\u201d. <\/p>\n
En el mismo sentido descart\u00f3 la prueba documental aportada, puntualmente las actas de desistimiento de compra de algunos de los apartamentos que hacen parte del proyecto adelantado sobre los bienes discutidos, porque solo una de ellas se\u00f1al\u00f3 que fue consecuencia de la incertidumbre por el proceso rescisorio, afirmaci\u00f3n que resulta insuficiente para acreditar los presupuestos de la acci\u00f3n (folios 345 a 364, cno. apelaci\u00f3n sentencia). <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre cuatro cargos. Los dos primeros al amparo de la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y los restantes con resguardo en el segundo motivo de esa disposici\u00f3n. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Se recrimin\u00f3 al fallador el quebranto recta v\u00eda del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Aseguraron los casacionistas que el juzgador de segundo grado se equivoc\u00f3 al omitir la aplicaci\u00f3n de la referida disposici\u00f3n, la cual impone \u00fanicamente el ejercicio de la acci\u00f3n personal, que no de la real, para completar el justo precio de la cosa enajenada y, por tanto, restringe el decreto de cautelas. <\/p>\n
Indicaron que el desconocimiento de aquel canon se hizo patente en la sentencia cuando afirm\u00f3 el tribunal que al gravitar las pretensiones de la acci\u00f3n rescisoria en torno al dominio como derecho real principal, proced\u00eda la inscripci\u00f3n de la demanda, aseveraci\u00f3n que, a su juicio, carece de veracidad porque \u201c{c}uando el comprador no es titular del derecho de dominio no procede la rescisi\u00f3n del contrato, ni la medida cautelar en la medida que la demanda ya no puede gravitar en torno al derecho de dominio, ni a ning\u00fan otro derecho real principal (\u2026)\u201d, de ah\u00ed que las demandantes en dicho asunto \u201cdebieron reformar la demanda o sustituir la demanda para adecuarla a las previsiones del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Imputaron la transgresi\u00f3n directa de los preceptos 2341 de la codificaci\u00f3n civil y 830 del estatuto mercantil. <\/p>\n
Como soporte de la censura denunciaron que err\u00f3 el ad quem al predicar la ausencia de un actuar temerario o malintencionado de las demandadas, porque teniendo consciencia de que los inmuebles ya no se encontraban en cabeza del comprador, deb\u00edan y no lo hicieron, iniciar una acci\u00f3n personal y no la de rescisi\u00f3n que lleva impl\u00edcito el decreto de medidas cautelares. <\/p>\n
Adujeron que el fallador desconoci\u00f3 la concurrencia de los presupuestos que configuran el abuso del derecho a litigar, principalmente la intenci\u00f3n de causar da\u00f1o, dado que la acci\u00f3n rescisoria fue iniciada de mala fe, con el prop\u00f3sito de perjudicar los intereses de los demandados mediante la par\u00e1lisis, a trav\u00e9s de la cautela, de la obra iniciada en los predios vendidos. <\/p>\n
Censuraron la presunta omisi\u00f3n del mandato 830 citado al abstenerse el sentenciador \u201cde darle relevancia jur\u00eddica a la sentencia anticipada que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, decisi\u00f3n que, en su criterio, permite colegir como, al no tener facultad de ejercer la acci\u00f3n de rescisi\u00f3n por lesi\u00f3n enorme, las se\u00f1oras Palacino incurrieron en abuso de su derecho a litigar. <\/p>\n
A\u00f1adieron que pas\u00f3 por alto el enjuiciador la mala fe de las llamadas a juicio, porque conocedoras de que la inscripci\u00f3n de la demanda paralizaba jur\u00eddica y materialmente la ejecuci\u00f3n del proyecto de construcci\u00f3n en los bienes, la provocaron intencionalmente \u201ccon el fin de atropellar y arrinconar a las sociedades demandadas y poder obtener de ellas una jugosa indemnizaci\u00f3n a trav\u00e9s del mecanismo vedado de la extorsi\u00f3n judicial\u201d. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Apoyados en la causal segunda del art\u00edculo 336 citado, acusaron la sentencia de ser violatoria en forma indirecta de los preceptos 1951 y 2341 del C\u00f3digo Civil y 830 del C\u00f3digo de Comercio \u201cal incurrir en error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda y en la apreciaci\u00f3n de determinadas pruebas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En respaldo de tal imputaci\u00f3n, acotaron que el fallador de segunda instancia pretermiti\u00f3 la valoraci\u00f3n adecuada del dictamen elaborado por Humberto Mart\u00ednez Rueda, en la cual detall\u00f3 la configuraci\u00f3n del da\u00f1o que ech\u00f3 de menos la sentencia censurada, descalificando los c\u00e1lculos financieros realizados por el experto y, en su lugar, acogi\u00f3 el rendido por Alberto Jos\u00e9 Angulo, a pesar de tener errores t\u00e9cnicos protuberantes, \u201cinconsistencia, contradicciones, falencias, vicios, irregularidades y sesgos (\u2026)\u201d que revelan la falta de experticia del perito. <\/p>\n
Criticaron que la decisi\u00f3n desconoci\u00f3 por completo que los hechos notorios no requieren prueba y, por tanto, no era imperioso contar con una certificaci\u00f3n emitida por las entidades bancarias ni por la fiduciaria por medio de la cual se acreditase que la negativa a desembolsar los recursos tenia origen en la precautelativa. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las declaraciones del representante legal de Ingenier\u00eda Plinco S.A., Martha Bibiana Buitrago Castro y Diana Patricia Jaramillo, quienes ratificaron que la inscripci\u00f3n de la demanda paraliz\u00f3 la ejecuci\u00f3n del proyecto y el desembolso de recursos, se\u00f1alaron que el tribunal incurri\u00f3 en indebida apreciaci\u00f3n y tergivers\u00f3 el dicho de la segunda, por cuanto aquella nunca confirm\u00f3 la inexistencia de documentos emitidos por los bancos justificando la negativa de cr\u00e9ditos, sino que desconoci\u00f3 su existencia. <\/p>\n
Reprocharon la negativa del fallador de tener pruebas las cartas adosadas por los convocantes, en las que algunas personas manifestaron desistir de la compra de los apartamentos como consecuencia del proceso judicial y de la cautela. <\/p>\n
Finalmente, se dolieron del proceder contradictorio del tribunal al abstenerse de analizar los perjuicios a indemnizar al no tener certeza de los da\u00f1os causados \u201cpues en caso de indeterminaci\u00f3n del monto de los perjuicios procede la condena en perjuicios en abstracto o in genere\u201d; y, de la desestimaci\u00f3n de los efectos de la inscripci\u00f3n de la demanda porque, aunque es cierto que no obsta la enajenaci\u00f3n, tambi\u00e9n lo es que quien adquiera el bien queda sujeto a los efectos de la sentencia. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
Con resguardo en la misma hip\u00f3tesis del embate anterior, tildaron la sentencia de ser violatoria de las normas all\u00ed citadas como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de los art\u00edculos 167, 205, 227, 228, 232, 291, 292 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Refutaron la desatenci\u00f3n del tribunal frente a la obviedad del motivo por el cual no se produjo el desembolso de los cr\u00e9ditos y recursos provenientes de las preventas -inscripci\u00f3n de la demanda-, la cual, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, no requiere prueba por tratarse de un hecho notorio. <\/p>\n
Aquella Corporaci\u00f3n -destacaron- pas\u00f3 por alto la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 205 del C\u00f3digo General del Proceso en cuanto ata\u00f1e a las declaraciones de las convocadas al juicio, pues Myriam Palacino se sustrajo del deber de absolver el interrogatorio de parte, y las otras dos hermanas (Piedad y Beatriz) aunque acudieron a la respectiva diligencia, proporcionaron respuestas evasivas. <\/p>\n
La infracci\u00f3n de los c\u00e1nones 227 y 228 de la citada codificaci\u00f3n la fincaron en que, a la luz de dichas reglas, no era procedente objetar por error grave el dictamen pericial aportado con la demanda, mucho menos solicitar su aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n, como as\u00ed lo hicieron las integrantes del extremo demandado, quienes tampoco presentaron experticia o solicitaron termino para aportarla, sino que se limitaron a esperar que el juez de la primera instancia decretara el trabajo pericial, el que, por dem\u00e1s, fue presentado extempor\u00e1neamente, de ah\u00ed que no debi\u00f3 ser tenido en cuenta en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Arguyeron que el fallador desconoci\u00f3 el precepto 232 del estatuto adjetivo, habida cuenta que no aplic\u00f3 las reglas de la sana cr\u00edtica en la valoraci\u00f3n de la pericia, \u201cni la calidad, precisi\u00f3n y solidez de los fundamentos del experticio (sic)\u201d. <\/p>\n
Se infringi\u00f3, de otra parte, el art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil, al predicar la falta de conocimiento de las se\u00f1oras Palacino sobre la enajenaci\u00f3n de los predios, con fundamento en la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda de rescisi\u00f3n, conclusi\u00f3n que resulta contraria a los mandatos 291 y 292 del compendio instrumental que regula el momento en que se traba el litigio, \u201cnormas de derecho procesal desconocidas por la sentencia recurrida (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, lamentaron la inobservancia del ad quem frente al canon 327 eiusdem, por haberse rehusado a decretar, como pruebas en sede de alzada, las cartas de desistimiento de los contratos de opci\u00f3n de compra de distintos apartamentos integrantes del proyecto construido sobre los predios encartados, con las cuales pretend\u00eda acreditar los perjuicios reclamados, y que no pudieron allegarse en la etapa correspondiente en raz\u00f3n de su extrav\u00edo, circunstancia constitutiva de caso fortuito (archivo 14, cno. Corte, expediente digital). <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por la cual, no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros fijados para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite, como acreditar el descontento mediante una demanda que satisfaga \u00abtodos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC2709, 19 oct. 2020, rad. 2017-00076-01). <\/p>\n
As\u00ed, la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el impugnante asume el labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene amparada la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, esta Sala ha sido enf\u00e1tica en reclamar que toda acusaci\u00f3n trascienda del terreno de la enunciaci\u00f3n al de la demostraci\u00f3n \u00abhaci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida\u00bb (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, reiterado en CSJ AC5532-2018, 19 dic., rad. 2013-00062-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo, estando entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras, que los segundos hacen referencia, a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de actividad). <\/p>\n
Sea que el reproche descanse en una presunta infracci\u00f3n por la senda recta o en una violaci\u00f3n indirecta, el quejoso deber\u00e1 se\u00f1alar los c\u00e1nones de derecho sustancial que estime inobservados, y para ello le basta con denunciar cualquier precepto de esa estirpe que, constituyendo base sustancial de la resoluci\u00f3n rebatida, o habiendo debido serlo, haya sido infringido. <\/p>\n
Es necesario recalcar que, a riesgo de la inadmisi\u00f3n y deserci\u00f3n del libelo, no puede el recurrente sustraerse de especificar aquellos con esa calidad, siendo tales, los que \u00abdebido a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb (CSJ AC 943-2020, 19 mar., rad. 2016-00299; CSJ AC3484-2020, 14 dic., rad. 2016-00112-01; CSJ AC3661-2020,18 dic., rad. 2018-00094-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s de la anotada connotaci\u00f3n de los mandatos presuntamente transgredidos, se requiere una especial conexi\u00f3n con la sentencia impugnada, a tal punto que las invocadas en la demanda fueron soporte esencial de la decisi\u00f3n, o al menos, en criterio del opugnante, debieron serlo. Por ello, no puede obviarse que \u00abel cargo ser\u00e1 inadmisible si se citan textos legales insustanciales o que, a pesar de ostentar esa naturaleza, carezcan de relaci\u00f3n con la controversia\u00bb (CSJ AC 943-2020, 19 mar., rad. 2016-00299; CSJ AC3484-2020, 14 dic., rad. 2016-00112-01). <\/p>\n
La postura de la Corte se justifica porque no es posible, en sede de casaci\u00f3n, completar el ataque, fijando las disposiciones desobedecidas, o establecer el alcance de la cr\u00edtica, pues la funci\u00f3n de la Corporaci\u00f3n est\u00e1 delimitada por el se\u00f1alamiento del impugnante, de suerte que se confronten las previsiones legales aducidas con la decisi\u00f3n objeto del recurso, para establecer si se dio o no la inobservancia. <\/p>\n
En ese orden, la selecci\u00f3n de los preceptos en que el acusador funde su reproche no puede ser caprichosa \u00aben tanto que la menci\u00f3n que al respecto haga debe corresponder al fundamento jur\u00eddico medular del fallo cuestionado, o a aquel que estaba llamado a erigirse como tal, y que hubiese sido indebidamente aplicado, desconocido o err\u00f3neamente interpretado por el sentenciador\u00bb (CSJ AC2386-2019, 20 jun., rad. 2015-00692-01). <\/p>\n
2.1. Cuando se acude a la causal primera para denunciar el quebranto de los preceptos normativos, se reclama al censor exponer los fundamentos de su cuestionamiento, a fin de dejar al descubierto la contravenci\u00f3n endilgada al sentenciador, sin que sea v\u00e1lido reprochar la valoraci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
En tal sentido, ha reiterado esta sede extraordinaria que cuando se alega el indicado motivo, el casacionista \u00abno puede separarse de las conclusiones a que en la tarea del examen de los hechos haya llegado el Tribunal. En tal evento, la actividad del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que consider\u00f3 no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u00bb (CSJ AC752-2020, 4 mar., rad. 2016-00144-01). <\/p>\n
2.2. Trat\u00e1ndose de la infracci\u00f3n indirecta de mandatos materiales, a m\u00e1s de la invocaci\u00f3n de aquellos, se le impone al inconforme la carga de describir la manera como el enjuiciador los transgredi\u00f3, efecto para el cual, deber\u00e1 refutar los razonamientos basilares de la decisi\u00f3n, as\u00ed como tambi\u00e9n, la valoraci\u00f3n de los elementos de juicio, se\u00f1alar la incidencia de los errores cometidos en la resoluci\u00f3n del litigio, y la forma en que estos condujeron al quebranto de los preceptos acotados, poniendo en evidencia la inconsistencia entre el genuino alcance y contenido de las pruebas y las conclusiones del fallo. <\/p>\n
Adicionalmente, es preciso reparar en que \u00abno cualquier yerro de esa estirpe es suficiente para infirmar un fallo en sede de casaci\u00f3n, sino que se requiere que sea manifiesto, porque si se edifica a partir de un complicado proceso dial\u00e9ctico, as\u00ed sea acertado, frente a unas conclusiones tambi\u00e9n razonables del sentenciador, dejar\u00eda de ser evidente, pues simplemente se tratar\u00eda de una disputa de criterios, en cuyo caso prevalecer\u00eda el del juzgador, puesto que la decisi\u00f3n ingresa al recurso extraordinario escoltada de la presunci\u00f3n de acierto\u00bb (CSJ SC1905-2019, 4 jun., rad. 2011-00271-01, reiterado en CSJ SC003-2021, 18 ene., rad. 2010-00682-01). <\/p>\n
3. Confrontados los embates con los par\u00e1metros que vienen de citarse, encuentra la Sala que ninguno de los formulados satisface los requisitos legales establecidos y, por tanto, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
3.1. Se\u00f1alaron los impugnantes en el primer ataque, que la decisi\u00f3n cuestionada infringe, directamente, por inaplicaci\u00f3n, el art\u00edculo 1951 de la codificaci\u00f3n civil; no obstante, inadvirtieron que, por la naturaleza de la controversia planteada, el an\u00e1lisis de tal precepto no concern\u00eda al pronunciamiento final, en la medida en que, pese a ostentar car\u00e1cter sustancial (CSJ SC1832-2021, 19 may., rad. 1999-00273-01), su esencia no guarda relaci\u00f3n con el marco jur\u00eddico que erige la responsabilidad civil extracontractual, ni el abuso del derecho en cuyo desarrollo se emiti\u00f3 el fallo impugnado; en otras palabras, el canon en que apoya su queja no era el llamado a gobernar el asunto y, por tanto, la referencia que de este se hizo, no satisface el requerimiento del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 336 del CGP. <\/p>\n
No, porque como los propios casacionistas lo mencionaron en la sustentaci\u00f3n del cargo, aquella norma es determinante para establecer la procedencia de la acci\u00f3n rescisoria, asunto que fue debatido por los extremos procesales en el juicio con radicado No. 2014-0072 conocido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, sin que pueda pensarse que, como el fundamento de la acci\u00f3n que motiv\u00f3 este pronunciamiento tuvo origen en la medida cautelar decretada y practicada en aquel litigio es posible reabrir el examen del mismo y de las pautas que lo regulan, pues, se itera, el debate que gener\u00f3 las inconformidades aqu\u00ed examinadas se circunscribi\u00f3 a determinar la satisfacci\u00f3n de los presupuestos necesarios para predicar la responsabilidad civil y el abuso del derecho atribuidos a las convocadas. <\/p>\n
Esta Corte ha ense\u00f1ado, en relaci\u00f3n con la causal examinada que \u00abla violaci\u00f3n dicha no puede referirse a cualquier norma del linaje se\u00f1alado, sino a una que sea base esencial del fallo impugnado o que haya debido serlo, es decir, que tenga relaci\u00f3n con el aspecto material que de la decisi\u00f3n en concreto se controvierte, pues al fin y al cabo es la que demarca los confines de la acusaci\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que, en \u00faltimas, ese presupuesto formal fue atenuado solamente en lo que ata\u00f1e a la \u2018proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u2019\u00bb (CSJ AC 26 ene. 2012, rad. 2005-0008, reiterado en CSJ AC943-2020, 19 mar., rad. 2016-00299). <\/p>\n
Afirmase as\u00ed porque, aun dejando de lado la circunstancia expuesta en precedencia, los inconformes no dirigieron la exposici\u00f3n de su censura a acreditar la forma en que pudo haberse quebrantado el canon invocado de cara a la responsabilidad alegada, en tanto orientaron la actividad argumentativa a cuestionar la procedencia de la acci\u00f3n rescisoria, asunto que, como se expuso, no era debatible a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de responsabilidad. <\/p>\n
N\u00f3tese como a folio 24 del escrito genitor, los recurrentes insistieron en destacar que \u201cel auto admisorio de la demanda, el auto que decret\u00f3 la medida cautelar, la inscripci\u00f3n de la medida cautelar y la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a las sociedades demandadas es posterior al acto de enajenaci\u00f3n del inmueble y por tal raz\u00f3n no proced\u00eda el ejercicio de la acci\u00f3n rescisoria del contrato de compraventa celebrado por las partes, sino la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1951 del C\u00f3digo Civil como lo dispuso la Sala Civil del Tribunal de Ibagu\u00e9 en la sentencia anticipada que obra en el expediente\u201d (se destac\u00f3). <\/p>\n
Tal acotaci\u00f3n, no solamente obvia por completo la materia discutida en la decisi\u00f3n rebatida (concurrencia de los presupuestos de la responsabilidad y el abuso del derecho a litigar), sino que tambi\u00e9n enrostra la inclusi\u00f3n, no permitida para el efecto aqu\u00ed perseguido, de una queja en torno a la falta de valoraci\u00f3n de una prueba, lo cual pone en evidencia un defecto de t\u00e9cnica por indebida amalgama de v\u00edas (directa e indirecta) en la misma acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto fueron varias las menciones que hicieron los casacionistas en la sustentaci\u00f3n de dicho cargo sobre la desatenci\u00f3n de la sentencia anticipada. A manera de ejemplo se cita el folio 26 del libelo, en el que recalcaron que las afirmaciones del juzgador respecto a la viabilidad de la pretensi\u00f3n de lesi\u00f3n enorme fueron contrarias al contenido de dicha providencia, la cual, seg\u00fan expusieron l\u00edneas m\u00e1s adelante, \u201chac\u00eda claridad sobre el tipo de acci\u00f3n que se deb\u00eda ejercer (\u2026)\u201d (fl. 27, ib.), aserciones que, se repite, evidencian que el actuar de los recurrentes es contrario a lo dispuesto por el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del CGP, que impone el car\u00e1cter aut\u00f3nomo e independiente de cada acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el punto, esta Sala en el pronunciamiento CSJ AC3947-2019 precis\u00f3 que, en la v\u00eda directa \u00ab[e]l debate, entonces, debe confinarse a aspectos eminentemente jur\u00eddicos, relativos a la norma sustancial que gobierna (o debi\u00f3 regir) el caso y su correcta hermen\u00e9utica, sin adentrarse en la revisi\u00f3n de los hechos, los cuales resultan incuestionables por esta v\u00eda; en otras palabras, el ataque debe hacerse con \u201cabstracci\u00f3n (\u2026) de los elementos f\u00e1cticos y probatorios debatidos en el proceso y con sujeci\u00f3n a lo que el Tribunal en este campo concluy\u00f3, centr\u00e1ndose el censor en demostrar en el plano estrictamente jur\u00eddico la aplicaci\u00f3n indebida, la falta de aplicaci\u00f3n o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de normas sustanciales\u201d (CSJ, AC2886, 9 may. 2017, rad. 2003-00103-01), so pena de incurrir en hibridismo, que como ya se se\u00f1al\u00f3 se encuentra proscrito para el remedio extraordinario\u00bb. <\/p>\n
Bajo ese entendido, como la r\u00e9plica no se erigi\u00f3 frente al entendimiento que el ad quem les dio a los preceptos sustanciales propios de la acci\u00f3n adelantada, no deviene procedente su admisi\u00f3n, m\u00e1xime cuando en aquella tambi\u00e9n se formul\u00f3 reclamo por presuntos defectos in procedendo relacionados con el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n y no reforma de la demanda, no susceptibles de ser debatidos por esta causal. <\/p>\n
3.2. Por la misma v\u00eda acabada de decantar, los promotores del recurso extraordinario alegaron la transgresi\u00f3n directa de los preceptos 2341 de la codificaci\u00f3n civil y 830 del estatuto mercantil. <\/p>\n
Para respaldar su queja insistieron en la falta de relevancia jur\u00eddica que, en su criterio, exhibe la determinaci\u00f3n cuestionada frente al fallo anticipado proferido dentro del juicio rescisorio, del cual, seg\u00fan afirman, pod\u00eda extraerse el abuso del derecho a litigar en que incurrieron las se\u00f1oras Palacino Garc\u00eda, argumento que sin necesidad de entrar en mayores disquisiciones, corre la misma suerte del ataque precedente, toda vez que refuta un vicio de apreciaci\u00f3n probatoria, impropio para la causal invocada, eludiendo la enunciaci\u00f3n de las infracciones a las reglas de tipo sustancial, la expresi\u00f3n de la influencia que aquellas pudieron tener en el fallo y la descripci\u00f3n de la forma en que, a su juicio, debieran cambiar tales aspectos en orden al restablecimiento de la normatividad que califican de vulnerada. <\/p>\n
No desconoce esta Sala que en un intento por evidenciar la configuraci\u00f3n de alguna de las especies de violaci\u00f3n del precepto 830 del C\u00f3digo de Comercio, los demandantes atacaron el aparte de la sentencia que descart\u00f3 su cumplimiento; sin embargo, las manifestaciones hechas con tal prop\u00f3sito corresponden a simples hip\u00f3tesis sobre la mala fe y el ejercicio de conductas temerarias por parte de las convocadas que, contrario al creer de aquellos, deben ser demostradas (art. 769 C.C. y 167 C.G.P.). <\/p>\n
Adujeron que por no haber acudido las integrantes del extremo demandado a la acci\u00f3n personal para el reclamo de la rescisi\u00f3n, pusieron en evidencia la intenci\u00f3n de causar da\u00f1o, aseveraci\u00f3n que no pasa de ser una simple percepci\u00f3n subjetiva carente de sustento demostrativo y que, adem\u00e1s, incumple la carga de la acusaci\u00f3n enfilada, en tanto, contrario a evidenciar la transgresi\u00f3n recta del canon invocado, tarea que no se cumple con la sola enunciaci\u00f3n de sus presupuestos, solo muestra la discrepancia de los actores frente a la posici\u00f3n del enjuiciador. <\/p>\n
En cuanto ata\u00f1e al quebranto del art\u00edculo 2341, los censores se limitaron a referirlo como una de las normas que sustentan la responsabilidad civil por abuso del derecho (fl. 37, archivo 14, expediente digital), sin que hubieran procedido a cristalizar la vulneraci\u00f3n que de aquel le atribuyeron al fallador de segundo grado, ni mucho menos su trascendencia en la determinaci\u00f3n final. <\/p>\n
Aquellos, como m\u00ednimo, deb\u00edan efectuar un parang\u00f3n entre el contenido de la norma y las premisas de la determinaci\u00f3n atacada, en aras de hacer patente el desacierto jur\u00eddico que le achacan al ad quem por la inaplicaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de tal mandato, as\u00ed como tambi\u00e9n, poner en evidencia la forma en que aquel quebr\u00f3 la determinaci\u00f3n confutada, pero como se puntu\u00f3, lo que permite verificar es una disputa entre sus percepciones y lo resuelto, circunstancias que conducen a la inadmisi\u00f3n de la cr\u00edtica. <\/p>\n
3.3. El tercer reproche, relativo a la violaci\u00f3n indirecta de los mandatos citados en los otros cargos, por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de las pruebas documentales, testimoniales, periciales y de los interrogatorios de parte, igualmente ser\u00e1 desestimado por las siguientes razones: <\/p>\n
En consonancia con la motivaci\u00f3n desarrollada para inadmitir el primer embate, no cabe, ni por asomo de duda, el examen de la presunta trasgresi\u00f3n a la primera de las disposiciones mencionadas -art. 1951 C.C.-, por no guardar relaci\u00f3n estrecha con la materia decidida. <\/p>\n
Decantado lo anterior, y siendo incuestionable que el error de facto tiene lugar en los eventos en que el sentenciador se equivoca al tener por demostrado un hecho sin existir prueba de \u00e9l, cuando lo descarta pese a estar acreditado o le da una interpretaci\u00f3n equivocada, deviene desacertada la afirmaci\u00f3n de los inconformes, relativa a la configuraci\u00f3n de estos eventos por incurrir en desconocimiento del dicho del representante legal de la sociedad Ingenier\u00eda Plinco S.A., dar un alcance distinto al de la testigo Martha Bibiana Buitrago y omitir el de Diana Patricia Jaramillo, tendientes a demostrar que la inscripci\u00f3n de la medida cautelar caus\u00f3 graves perjuicios a los demandados en el juicio rescisorio. <\/p>\n
Primero, porque aquella no corresponde a la realidad del fallo atacado, en el que justamente se analiz\u00f3 la declaraci\u00f3n del mencionado representante, reveladora de la inexistencia de un documento que constatara los perjuicios cuyo reconocimiento se persigui\u00f3 ante dicha autoridad, valoraci\u00f3n respecto de la cual no identificaron, como es requerido, un error de apreciaci\u00f3n. En contraposici\u00f3n a tal postura, lo que s\u00ed permite colegir este cuestionamiento, es la inclinaci\u00f3n de los opugnantes por obtener mayor alcance suasorio de sus simples aserciones, dicho de otra forma, el desconocimiento del principio general de derecho probatorio conforme al cual \u00abla parte no puede crearse a su favor su propia prueba\u00bb. <\/p>\n
Segundo, por cuanto, aunque se dolieron del desacertado alcance que aparentemente el ad quem le dio al relato de la se\u00f1ora Buitrago Castro por deducir de aqu\u00e9l la falta de demostraci\u00f3n del da\u00f1o, cuando lo realmente sostenido al respecto fue el desconocimiento de la existencia de un documento que lo ratifique, omitieron demostrar que de haber tenido ocasi\u00f3n la falencia, tuviera la trascendencia suficiente para provocar la violaci\u00f3n normativa en que se resguarda su s\u00faplica, como as\u00ed lo dispone el inciso final del literal a), numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del estatuto procedimental; y, <\/p>\n
Tercero, dado que no enrostraron que la falta de evocaci\u00f3n del testimonio de Diana Patricia Jaramillo alcanzara una incidencia tal que, de haber sido contemplada, se hubiese alcanzado el reconocimiento del derecho reclamado, que no solo exig\u00eda la comprobaci\u00f3n del da\u00f1o, sino tambi\u00e9n la concurrencia de los dem\u00e1s presupuestos de la responsabilidad en la modalidad deprecada. <\/p>\n
En cuanto a la falla que le atribuyen al fallador de segunda instancia por la inadecuada valoraci\u00f3n de la experticia presentada por Humberto Mart\u00ednez Rueda, traducida en la descalificaci\u00f3n de los c\u00e1lculos all\u00ed contenidos y la inadvertencia de los yerros protuberantes del dictamen de r\u00e9plica, basta se\u00f1alar, que se quedaron cortos los argumentos expresados por los promotores del recurso extraordinario para evidenciar las pifias de estimaci\u00f3n que impidieron tener por demostrado el da\u00f1o como elemento determinante de la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
El libelo tan solo deja en evidencia el desacuerdo de los casacionistas con la forma en que fue realizado el c\u00e1lculo de los perjuicios, pero nada indica en pro de acreditar, como es menester, que si se hubiese rendido el trabajo t\u00e9cnico en la forma en que consideran adecuada, pudiera vislumbrarse la comprobaci\u00f3n de las exigencias propias de la acci\u00f3n adelantada, aspecto que, por dem\u00e1s, fue obviado en el reproche, pese a ser determinante en el sentido de la decisi\u00f3n cuestionada. <\/p>\n
En esencia, las inconformidades expuestas frente al dictamen tenido en cuenta por el juez plural resultan ajenas a la causal incoada, dado que se circunscriben a contrariar dicho trabajo y no la sentencia opugnada, siendo aquel un aspecto susceptible de ser debatido en el decurso de las instancias y no por v\u00eda extraordinaria como pretenden los demandantes. <\/p>\n
No cuestiona esta colegiatura la acotaci\u00f3n efectuada por los convocantes en su demanda, seg\u00fan la cual, realizaron \u201cun an\u00e1lisis profundo y exhaustivo de las pruebas documentales, testimoniales y periciales que obran en el proceso\u201d (folio 49); lo que ocurre es que, contrario a lo all\u00ed sostenido, omitieron exponer los errores de apreciaci\u00f3n que, en su entender, condujeron a que el tribunal quebrantara las normas soporte de su queja, as\u00ed como tambi\u00e9n, la forma en que ello pudo haber ocurrido. <\/p>\n
En este punto conviene memorar como esta Corte ha insistido en que \u00abno puede confundirse el error de hecho con la mera inconformidad del recurrente respecto de la libre apreciaci\u00f3n que se efect\u00faa de los elementos de persuasi\u00f3n que obran en el proceso (\u2026) As\u00ed, resulta ostensible que por la propia naturaleza de la funci\u00f3n jurisdiccional, el fallador goza de plena autonom\u00eda en la apreciaci\u00f3n probatoria, sin que ella llegue a comportar arbitrariedad alguna, de manera que s\u00f3lo el error manifiesto, evidente y trascendente, es decir, el que brota a simple vista y se impone a la mente como craso, inconcebible y sin necesidad de acudir a dispendiosas elucubraciones, es susceptible de apoyar la causal de casaci\u00f3n que por esta v\u00eda dar\u00eda al traste con el pronunciamiento impugnado.\u00bb (CSJ AC1427-2020, 13 jul., rad. 2015-00461). <\/p>\n
Surge tambi\u00e9n que la tesis de los disidentes se expuso de forma incompleta, en tanto no llevaron a cabo el ejercicio de confrontaci\u00f3n de todas las pruebas en que apoyaron la acusaci\u00f3n en aras de hacer manifiesto el error del juzgador, pues, no es suficiente, como ocurri\u00f3 con las documentales, individualizar y enlistar las piezas cuya preterici\u00f3n se pregona, ya que para poder acreditar el desatino del ad quem y su incidencia en lo decidido, deviene necesario cotejar lo que para los censores resulta ser el contenido objetivo del elemento suasorio y lo que de este coligi\u00f3 la autoridad. <\/p>\n
El cargo igualmente revela un defecto de t\u00e9cnica como quiera que, aun siendo enunciada en su titulaci\u00f3n la dispuesta en el numeral segundo del art\u00edculo 336 del nuevo compendio adjetivo, al desarrollar la censura cuestiona tanto falencias en la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, como la negativa del decreto de pruebas en la segunda instancia. <\/p>\n
Finalmente, en lo relativo a la alegada desestimaci\u00f3n de los efectos de la inscripci\u00f3n de la demanda y el reconocimiento de perjuicios comporta destacar que aquellos reproches no satisfacen las exigencias legales para proceder a su admisibilidad, en la medida en que no fueron enfilados como ataque a ning\u00fan medio persuasivo en concreto, y su planteamiento correspondi\u00f3 a un alegato, como si se tratara de una instancia adicional a las legalmente dispuestas. <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido la Corte al destacar que, \u00abpara que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida (Art. 373-4 C. de P. C.)\u00bb, (CSJ AC 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01, reiterada en CSJ AC 11 may. 2010, rad. 2004-00623-01 Y CSJ AC791-2020, 6 mar., rad.2014-00033-01). <\/p>\n
En ese orden, como quiera que el error de hecho predicado por los inconformes no es notorio, ni mucho menos fue enrostrado id\u00f3neamente por aquellos, el cargo tercero corre la misma suerte que los dos primeros. <\/p>\n
3.4. Frente a la violaci\u00f3n indirecta de los mandatos ya mencionados, en virtud del desconocimiento de los art\u00edculos 167, 205, 227, 228, 232, 291, 292 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso, como en los embistes anteriores, se descarta cualquier pronunciamiento frente al primer precepto -art. 1951 C.C.- por no ser uno de los que erigen la acci\u00f3n adelantada. <\/p>\n
Adujeron quebrantado el inciso final del art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso porque, bajo su apreciaci\u00f3n, el fallador de la apelaci\u00f3n desconoci\u00f3 su contenido, aun cuando la causa del no desembolso de los cr\u00e9ditos y recursos por parte de los bancos y la fiduciaria constitu\u00eda un hecho notorio; sin embargo, lo \u00fanico que revela su imputaci\u00f3n es el deseo de imponer la que seguramente es su interpretaci\u00f3n del concepto de aquella figura, sin siquiera detallar por que deb\u00eda aplicarse al evento que pregona. <\/p>\n
Ha dicho la Corte Constitucional que \u00abhecho notorio es aqu\u00e9l cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser conocido directamente por cualquiera que se halle en capacidad de observarlo\u00bb (C-145-2009); sin embargo, ninguna actividad demostrativa desplegaron los opugnantes en torno a la pertinencia de la adecuaci\u00f3n que de las circunstancias constitutivas del da\u00f1o alegan frente a tal concepci\u00f3n. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, no explicaron que la obviedad reclamada corresponda al posible conocimiento p\u00fablico en el gremio de la construcci\u00f3n o, incluso, en el financiero de que la \u00fanica causa por la cual se niegan desembolsos de recursos en los proyectos sea la afectaci\u00f3n judicial de los bienes construidos, o, que existiendo varias, hubiese sido de amplio descubrimiento que fue esa la que produjo aquella abstenci\u00f3n en las entidades del sector para el desembolso de recursos. <\/p>\n
Tampoco demostraron que, habiendo sido alegada, como es requerido, la aplicaci\u00f3n de dicha norma ante el sentenciador, este hubiere rehusado su estudio; en contrav\u00eda de ello, fueron obstinados los actores en su experimento de acreditar por otros medios la circunstancia que ahora refiere, labor que resultar\u00eda innecesaria de ser patente su ocurrencia. <\/p>\n
Los recurrentes no mostraron de qu\u00e9 manera fueron desatendidas las reglas 205, 227, 228 citadas, no se\u00f1alaron la forma en que, de haber sucedido las cosas como afirman, es decir, de haberse sancionado la aducida conducta evasiva de las demandadas, o desestimado la objeci\u00f3n por error grave del dictamen pericial, pudiera ser otro el sentido del fallo; tampoco manifestaron como pudo contrariar el juzgador las reglas de la sana cr\u00edtica, no hicieron visible su diligencia en el reclamo de tales situaciones, ni la equivocaci\u00f3n del juez al insistir en ellas. <\/p>\n
Y en lo que ata\u00f1e a los art\u00edculos 291, 292 y 327, estos no pod\u00edan servir de adecuado soporte a la censura, si se tiene en cuenta que la denuncia de errores de derecho comporta una violaci\u00f3n medio de preceptos materiales, donde el \u201cdesconocimiento de una norma probatoria\u201d es el veh\u00edculo a trav\u00e9s del cual se produce la vulneraci\u00f3n de las disposiciones sustanciales; de ah\u00ed que como requisito de la demanda de casaci\u00f3n se le reclame al censor indicar \u201clas normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas\u201d (inc. 3, literal a), num. 2, art. 344 C.G.P.) -se enfatiza-; no obstante, los preceptos mencionados, si bien hacen parte de la codificaci\u00f3n instrumental, no son de la connotada estirpe, pues aluden, en su orden, a la pr\u00e1ctica de la notificaci\u00f3n personal, la notificaci\u00f3n por aviso y al tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencias, es decir, disciplinan aspectos de linaje eminentemente procesal, caracter\u00edstica que las inhabilita para servir de apoyo al cargo. <\/p>\n
4. Bajo ese entendido, no queda remedio distinto que desestimar los cargos que edifican la demanda extraordinaria, pues, se insiste, siendo carga de sus promotores la exposici\u00f3n del desconocimiento directo e indirecto del tribunal frente a disposiciones de estirpe sustancial, a trav\u00e9s de la confrontaci\u00f3n de la tesis medular de la providencia discutida, omitieron tal deber, para enunciar elementos persuasivos de escasa repercusi\u00f3n en el juicio adelantado y nulo alcance en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Tampoco procede el estudio oficioso del asunto, en la medida en que el libelo no cumple con los presupuestos consagrados en el estatuto procesal para su selecci\u00f3n, como quiera que la sentencia recurrida no vulnera los derechos y garant\u00edas constitucionales de las partes, ni les irroga agravios que deban ser reparados; no amenaza la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, ni compromete el orden o el patrimonio p\u00fablico; y tampoco se requiere un pronunciamiento para unificar la jurisprudencia respecto de la tem\u00e1tica en litigio. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
DECLARAR INADMISIBLE la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria en el asunto referenciado. <\/p>\n
En su oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente a la corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0, art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC3669-2021 (2016-00341-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA AC3669-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-31-03-003-2016-00341-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Alberto […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56751","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56751","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56751"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56751\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56751"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56751"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56751"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}