AC3768-2021 (2013-00173-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC3768-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-009-2013-00173-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de abril de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de las demandas de casaci\u00f3n que interpusieron tanto la actora, Servientrega S.A., como las convocadas Federaci\u00f3n Nacional de Comerciantes (en adelante, Fenalco), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., BBVA Asset Management S.A. y BBVA Valores Colombia S.A., contra la sentencia de 3 de febrero de 2020 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
1.1. Servientrega S.A. solicit\u00f3 declarar que las demandadas son responsables \u00abpor el actuar negligente en la elaboraci\u00f3n del \u201cresumen ejecutivo de estudio de debida diligencia sobre el Banco de Caldas S.A.\u201d\u00bb, as\u00ed como por la defectuosa \u00abimplementaci\u00f3n del negocio propuesto por el Banco Ganadero Colombia, Banco Ganadero Panam\u00e1, Corfigan, Corregan y Fidugan, para la compra y posterior democratizaci\u00f3n del Banco de Caldas S.A.\u00bb. Como corolario de lo anterior, pidi\u00f3 condenar a las querelladas al pago de $24.575.505.449 \u00abpor concepto de da\u00f1o emergente\u00bb, junto con los r\u00e9ditos de mora causados \u00absobre los abonos efectuados por Servientrega S.A. y\/o Telegiros Ltda.\u00bb, liquidados a la tasa m\u00e1xima que establece la ley mercantil. <\/p>\n
En su primer grupo de pretensiones subsidiarias, la convocante reclam\u00f3 que se reconociera que BBVA Colombia S.A. y Fenalco incurrieron en abuso del derecho, con las consecuencias indemnizatorias previamente anotadas. En el segundo grupo, incluy\u00f3 como potencial deudora de la indemnizaci\u00f3n a BBVA Asset Management S.A., dada su condici\u00f3n de responsable del incumplimiento del contrato de fiducia celebrado el 22 de diciembre de 1994. <\/p>\n
1.2. En sustento de sus s\u00faplicas, relat\u00f3 que a mediados de la d\u00e9cada de 1990, Fenalco resolvi\u00f3 hacerse a la propiedad de una entidad bancaria, con el prop\u00f3sito de que sus agremiados pudieran acceder a condiciones crediticias y de plataformas de pago m\u00e1s favorables a las que ofertaba el mercado nacional. En ese escenario, la mencionada federaci\u00f3n encarg\u00f3 al Banco Ganadero de Colombia S.A. (hoy BBVA Colombia S.A.) y a varias de las sociedades que conformaban su grupo econ\u00f3mico, la estructuraci\u00f3n de la operaci\u00f3n de adquisici\u00f3n \u2013y posterior democratizaci\u00f3n accionaria\u2013 del Banco de Caldas S.A. <\/p>\n
Servientrega S.A. agreg\u00f3 que, durante la fase preparatoria de la negociaci\u00f3n, Corfigan (hoy BBVA Colombia S.A.) present\u00f3 a los futuros compradores un informe de due dililigence acerca de la situaci\u00f3n de la antedicha instituci\u00f3n bancaria, cuyo auspicioso contenido motiv\u00f3 la decisi\u00f3n de compra, ejecutada luego a trav\u00e9s de un patrimonio aut\u00f3nomo administrado por Fidugan (hoy BBVA Asset Management S.A.), fiduciaria encargada de recibir el fondeo de los inversionistas, pagar el precio de las acciones y custodiar los t\u00edtulos adquiridos. <\/p>\n
Posteriormente, dijo la actora que Fenalco ofreci\u00f3 a sus afiliados la posibilidad de participar de la propiedad del Banco de Caldas S.A., que pas\u00f3 a llamarse Banco del Comercio S.A., proposici\u00f3n que fue aceptada por Servientrega S.A. y Telegiros Ltda., quienes se comprometieron a adquirir 250.000.000 de acciones durante cierto lapso, acudiendo para ello a una financiaci\u00f3n (rotativa) proveniente del Banco Ganadero Panam\u00e1 Inc. (hoy BAC International Bank Inc.). <\/p>\n
Por \u00faltimo, destac\u00f3 que el negocio no se desenvolvi\u00f3 en la forma esperada, arrojando elevadas p\u00e9rdidas. Para solucionar esa grave situaci\u00f3n, los administradores del Banco del Comercio S.A. autorizaron su fusi\u00f3n con el Banco Ganadero de Colombia S.A., operaci\u00f3n en la que los peque\u00f1os accionistas de la primera entidad (Servientrega S.A., y otros comerciantes afiliados a Fenalco) no obtuvieron ning\u00fan tipo de compensaci\u00f3n por su participaci\u00f3n en la sociedad preexistente. <\/p>\n
2. Actuaci\u00f3n procesal <\/p>\n
2.1. Enteradas de la admisi\u00f3n de la demanda, las querelladas se opusieron al petitum y formularon (entre otras) las excepciones \u201cmixtas\u201d de \u00abtransacci\u00f3n\u00bb y \u00abcosa juzgada\u00bb, con fundamento en los acuerdos que celebraron el 9 de junio de 1999 (entre Telegiros Ltda., Servientrega S.A., y el Banco Ganadero de Colombia S.A.) y el 2 de septiembre de 2002 (entre BBVA Colombia S.A. y Fenalco). <\/p>\n
2.2. Fenalco llam\u00f3 en garant\u00eda a las codemandadas BBVA Colombia S.A., BBVA Asset Management S.A., BBVA Valores Colombia S.A. y BAC International Bank Inc., con miras a que se les ordenara reembolsarle los montos que, eventualmente, tuviera que sufragar en virtud de una sentencia condenatoria. <\/p>\n
3. El fallo impugnado. <\/p>\n
El tribunal revoc\u00f3 parcialmente las determinaciones adoptadas por el funcionario a quo, y desestim\u00f3 las excepciones \u201cmixtas\u201d de transacci\u00f3n, prescripci\u00f3n extintiva y falta de legitimaci\u00f3n en la causa esgrimidas por Fenalco. En lo dem\u00e1s, mantuvo lo decidido en la providencia de primer grado, argumentando lo siguiente: <\/p>\n
(i) Es pac\u00edfico que \u00abBBV Ganadero S.A. (hoy BBVA Colombia S.A.) celebr\u00f3 los d\u00edas 9 de junio de 1999 y 2 de septiembre de 2002, dos acuerdos que denomin\u00f3 \u2013en su orden\u2013 de \u201cpagos\u201d y \u201ccomercial\u201d, vinculados al proceso de acompa\u00f1amiento que \u00e9l y algunas otras sociedades del entonces grupo financiero ganadero hab\u00edan adelantado para la adquisici\u00f3n, democratizaci\u00f3n accionaria, administraci\u00f3n y posterior fusi\u00f3n del Banco Nacional del Comercio: el primero con Servientrega S.A., el segundo con Fenalco\u00bb. <\/p>\n
(ii) En el acuerdo de pagos de 9 de junio de 1999, la actora convino con la entidad bancaria demandada que \u00aben raz\u00f3n al plazo concedido por el banco para el pago del cr\u00e9dito y a la rebaja de parte de los intereses de su cr\u00e9dito inicial, y a que durante el plazo del cr\u00e9dito a que se refiere la clausula 2\u00aa no se cobrar\u00e1n intereses, renuncian a incoar cualquier acci\u00f3n judicial o extrajudicial en contra del Banco Nacional del Comercio, Fidugan, Corfigan, BBV Banco Ganadero S.A., Banco Ganadero Panam\u00e1 y cualquier otro integrante del grupo de empresas filiales o subsidiarias del BBV Banco Ganadero (…)\u00bb. <\/p>\n
(iii) Este acuerdo \u00abconstituye una t\u00edpica transacci\u00f3n, toda vez que las partes precavieron un litigio eventual, que es uno de los objetos que le son propios (…), seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 2469 del C\u00f3digo Civil, siendo claro que la disputa que se previno fue la que pudiera originarse en los procesos de adquisici\u00f3n de acciones del Banco Nacional del Comercio (…) o en la posterior fusi\u00f3n de esta banco con el hoy demandado, como lo expresaron los mismos firmantes\u00bb. <\/p>\n
(iv) Es claro, adem\u00e1s, que \u00abconcesiones s\u00ed hubo, puesto que, por un lado, BBV Banco Ganadero S.A. le condon\u00f3 a Servientrega S.A. unos intereses causados (que redujo de $4.930.000.000 a $3.675.000.000), le ampli\u00f3 el t\u00e9rmino para amortizar la deuda (hasta el 9 de junio de 2009) y renunci\u00f3 a la remuneraci\u00f3n del capital durante ese plazo\u00bb; ello como contraprestaci\u00f3n a la renuncia a toda acci\u00f3n judicial o extrajudicial de parte de Servientrega S.A., en contra de las entidades financieras convocadas. <\/p>\n
(v) Cabe precisar que \u00abla transacci\u00f3n no requiere que las partes, previamente, hayan expresado la posibilidad de entrar en pugna por determinada cuesti\u00f3n, [por lo que] no existe modo de afirmar que una y otra sociedad debieron, as\u00ed sea en forma unilateral, hacer expl\u00edcita una posible contienda, y menos a\u00fan que hubieran entrado en conversaciones o pl\u00e1ticas sobre el punto de discordia. para la ley es suficiente que se trate de un \u201clitigio eventual\u201d, es decir (…), que est\u00e1 sujeto \u201ca cualquier evento o contingencia\u201d\u00bb. <\/p>\n
(vi) Adicionalmente, las pruebas indican que antes del 9 de junio de 1999 las partes hab\u00edan cruzado comunicaciones en las que se manifestaba la posibilidad de \u00abiniciar acciones legales\u00bb en contra del entonces BBV Banco Ganadero S.A., por lo que \u00abcae en el vac\u00edo todo el planteamiento relativo a los rasgos que debe reunir el litigio pendiente o eventual\u00bb. <\/p>\n
(vii) Dada la naturaleza de la transacci\u00f3n, \u00abno pueden los jueces, sin poner en grave riesgo la confianza leg\u00edtima que va impl\u00edcita en este tipo de convenios, permitir que una de las partes pretenda desconocer las obligaciones que contrajo, por la v\u00eda de fustigarle a su contraria la firmeza que tuvo en la defensa del derecho que finalmente se le concedi\u00f3, relativo a la clausura definitiva de un litigio\u00bb. <\/p>\n
(viii) Si bien lo expuesto permite refrendar el despacho favorable de la defensa \u201cmixta\u201d, sus alcances solo han de extenderse a BBVA Colombia S.A. y a las dem\u00e1s entidades financieras en cuyo favor se estipul\u00f3 el contrato de fecha previamente anotada. Lo anterior porque Servientrega S.A. no fungi\u00f3 como parte en el acuerdo comercial invocado en sustento de la oposici\u00f3n de Fenalco, por lo que \u00abno produce efectos de transacci\u00f3n respecto de [la actora]\u00bb. <\/p>\n
4. Las demandas de casaci\u00f3n <\/p>\n
Tras la admisi\u00f3n del recurso extraordinario, todas las litigantes \u2013con excepci\u00f3n de BAC International Bank Inc.\u2013, allegaron sendas demandas de sustentaci\u00f3n, al amparo de las causales primera (Servientrega), segunda (Fenalco y BBVA1) y tercera (BBVA) del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
El remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual se ha de regir por esa misma normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida2. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(iv) Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho y de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio3), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio4), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n de su materialidad. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de revelar o exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 5. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Examen de los cargos. <\/p>\n
3.1. Cargos \u00fanico de Fenalco y segundo de BBVA. <\/p>\n
3.1.1. Su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
En ambas censuras se acus\u00f3 al tribunal de infringir las leyes sustanciales de forma indirecta, como resultado de la inadecuada valoraci\u00f3n probatoria del acuerdo celebrado el 2 de septiembre de 2002, yerro que habr\u00eda provocado que la colegiatura ad quem concluyera, contra toda evidencia, que la excepci\u00f3n \u201cmixta\u201d de transacci\u00f3n que propuso Fenalco no estaba llamada a prosperar. <\/p>\n
3.1.2. Examen del cargo. <\/p>\n
(i) De acuerdo con el art\u00edculo 97 (inciso final) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para la \u00e9poca en la que se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n de las convocadas del auto admisorio de la demanda, \u00abpodr\u00e1n proponerse como previas las excepciones de cosa juzgada, transacci\u00f3n, caducidad de la acci\u00f3n, prescripci\u00f3n extintiva y falta de legitimaci\u00f3n en la causa. Cuando el juez encuentre probada cualquiera de estas excepciones, lo declarar\u00e1 mediante sentencia anticipada\u00bb. <\/p>\n
La pauta trasuntada consagr\u00f3 en nuestro ordenamiento la posibilidad de esgrimir excepciones \u201cmixtas\u201d, esto es, defensas relacionadas con el fondo del litigio, pero tramitadas como previas. Sobre el particular, en CSJ SC, 15 ene. 2010, rad. 1998 00181 01, la Corte explic\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(…) por mandato del \u00faltimo inciso del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el demandado est\u00e1 habilitado para proponer \u201ccomo\u201d previas las excepciones de cosa juzgada, transacci\u00f3n o caducidad, cuya naturaleza sustancial no niega, ni por ello se desdibuja, pero que por diversas razones de pol\u00edtica judicial, la econom\u00eda del proceso entre ellas, autoriza diligenciar anteladamente. Es claro, entonces, que no asumen, por esa raz\u00f3n, el car\u00e1cter de previas, pues a la vista est\u00e1 que no inciden en la regularidad del tr\u00e1mite procesal, sino en la relaci\u00f3n sustancial, s\u00f3lo que el legislador, de manera francamente sui generis, habilita su alegaci\u00f3n en las mismas condiciones y bajo el mismo tr\u00e1mite que aquellas\u00bb. <\/p>\n
(ii) Conforme a lo dispuesto por el legislador, cuando el juez de la causa considere que una de las defensas \u201cmixtas\u201d comentadas (transacci\u00f3n, caducidad de la acci\u00f3n, prescripci\u00f3n extintiva y falta de legitimaci\u00f3n en la causa) est\u00e1 llamada a prosperar, debe declararlo a trav\u00e9s de sentencia anticipada. En contraposici\u00f3n, si una de dichas excepciones se declara no probada, el pronunciamiento se debe adoptar mediante auto. <\/p>\n
Sobre el particular, en providencia CSJ AC, 11 nov. 2010, rad. 2010-01703, la Corte explic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el legislador, en el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1395 de 2010, expresamente calific\u00f3 como \u201csentencia anticipada\u201d la decisi\u00f3n que declare \u201cprobada\u201d cualquiera de las excepciones mixtas o la carencia de legitimaci\u00f3n. As\u00ed las cosas, la providencia que desde\u00f1a tales medios de defensa, no es una \u201csentencia\u201d, sino un \u201cauto\u201d (\u2026). Y ante la posibilidad de construir la hip\u00f3tesis de que la providencia que resuelve adversamente alguna de las defensas previstas en el inciso final del art\u00edculo 97 del C. de P. C., pudiera ser a la luz del art\u00edculo 302 del C. de P. C. una sentencia, en tanto que \u201cdecide\u201d excepciones que no tienen \u201cel car\u00e1cter de previas\u201d, tal incertidumbre queda zanjada al mirar el asunto a la luz del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1395 de 2010 (\u2026). <\/p>\n
Esta \u00faltima expresi\u00f3n legislativa, con la que adem\u00e1s se dota del recurso de casaci\u00f3n a una decisi\u00f3n de car\u00e1cter h\u00edbrido, denota que la ley es la llamada a determinar los asuntos resueltos a trav\u00e9s de una sentencia, lo cual, de paso, descarta que mediante un esfuerzo interpretativo se pueda habilitar el recurso para algunos autos que por la sustancia pudieran equipararse a las sentencias, pero que formalmente no lo son (\u2026). Es claro, entonces, que la sentencia anticipada que acoge una excepci\u00f3n mixta, o que acepta la resistencia fundada en la falta de legitimaci\u00f3n en la causa, ser\u00eda susceptible del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pero porque as\u00ed lo quiso expresamente el legislador al crear la nomenclatura de \u201csentencia anticipada\u201d para una decisi\u00f3n sobre la cual reca\u00eda una duda y que la jurisprudencia descartaba como sentencia, con lo cual estaba desprovista del recurso de casaci\u00f3n que ahora es restituido\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s recientemente, se insisti\u00f3 en la comentada distinci\u00f3n, aseverando lo siguiente: <\/p>\n
\u00abCierto es, seg\u00fan lo argumenta el recurrente, que la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n fue resuelta mediante \u2018sentencia\u2019, sin embargo y, ello lo pasa por alto el quejoso, el Tribunal al resolver la apelaci\u00f3n presentada revoc\u00f3 lo decidido por el juez de primer conocimiento y, ese pronunciamiento, ya no proced\u00eda hacerlo bajo la misma formalidad sino a trav\u00e9s de un auto. <\/p>\n
N\u00f3tese, al respecto, que la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 1395 de 2010, trajo consigo una condici\u00f3n inalterable. Expresa esta norma que \u201cCuando el juez encuentre probada cualquiera de estas excepciones\u201d, entre las cuales est\u00e1 la \u201ctransacci\u00f3n\u201d, \u201clo declarar\u00e1 mediante sentencia anticipada\u201d. Por tanto, si lo resuelto alude a declarar no probado el medio exceptivo, proced\u00eda dictar un auto y no sentencia. Esta clase de decisiones est\u00e1 reservada, it\u00e9rase, solo para cuando prospera la defensa\u00bb (CSJ AC1668-2016, 5 may.). <\/p>\n
(iii) En el fallo que es materia de censura, el tribunal dispuso, simult\u00e1neamente, declarar probada la transacci\u00f3n que propusieron como excepci\u00f3n \u201cmixta\u201d las entidades financieras demandadas, y no probada la misma defensa, enarbolada por Fenalco. Ello significa que, en el mismo documento, se amalgamaron dos providencias de naturaleza distinta: una sentencia, en cuanto excluy\u00f3 de la litis principal a BBVA y a BAC International Bank Inc.; y un auto, en tanto consider\u00f3 que Fenalco (codemandado) no hab\u00eda celebrado ning\u00fan acuerdo transaccional con Servientrega S.A. <\/p>\n
La mencionada coexistencia, reconocida por el precedente de la Corte al juzgar situaciones similares a la descrita (Cfr. CSJ SC3891-2020, 18 oct.), determina la imposibilidad de atacar, por la v\u00eda de la casaci\u00f3n, la decisi\u00f3n de declarar no probada cualquier excepci\u00f3n \u201cmixta\u201d, ya que esa resoluci\u00f3n se adopta por auto, mientras que el remedio extraordinario procede \u00fanicamente \u00abcontra sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia\u00bb (art\u00edculo 334, C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
(iv) Cabe recordar que la excepcionalidad del recurso de casaci\u00f3n impide que por esa v\u00eda se debatan providencias distintas de las que taxativamente relacion\u00f3 el legislador como pasibles del remedio extraordinario, lo cual se explica porque <\/p>\n
\u00ab(…) la casaci\u00f3n no es un medio de impugnaci\u00f3n com\u00fan de las resoluciones judiciales, sino excepcional y extraordinario, [por lo que] es obvio que el legislador solo hubiera establecido respecto de decisiones de entidad, pronunciadas en determinado g\u00e9nero de procesos, o sea, que \u00fanicamente procede respecto de \u201csentencias\u201d, cuando estas se hubieren pronunciado en los litigios espec\u00edficamente se\u00f1alados por la ley. Ahora bien, los preceptos de la Ley de enjuiciamiento civil que se ocupan del recurso de casaci\u00f3n, siempre hablan e insisten en que la providencia impugnada debe ser una sentencia, y no un auto, como puede observarse en las que se ocupan de las causales de casaci\u00f3n, de la oportunidad y legitimaci\u00f3n para interponerlo, del justiprecio del inter\u00e9s para recurrir y concesi\u00f3n del recurso, de los efectos del recurso, de la admisi\u00f3n del recurso, de los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, de la decisi\u00f3n del recurso, de la ineficacia del cumplimiento de la sentencia recurrida. <\/p>\n
(…) este medio de impugnaci\u00f3n es de naturaleza eminentemente extraordinaria y se trata universalmente por tanto de un recurso limitado, que no puede extenderse, por v\u00eda de una interpretaci\u00f3n que rechaza la legislaci\u00f3n restringida o cerrada, a otras decisiones judiciales que la ley no ha determinado como susceptible de casaci\u00f3n (…). Entonces, como se dijo, las providencias impugnadas extraordinariamente son del linaje de autos, que no ameritan un estudio de fondo\u00bb (CSJ SC, 28 may. 1987, sin publicar; doctrina reiterada en CSJ AC, 15 sep. 2009, rad. 2009-1110-00 y CSJ AC6124-2016, 14 sep.). <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, se advierte que los cuestionamientos que se estudian conjuntamente se enderezaron contra el auto que desestim\u00f3 la excepci\u00f3n \u201cmixta\u201d de transacci\u00f3n que esgrimi\u00f3 Fenalco; por consiguiente, es imperativo concluir que tales censuras (esto es, los cargos \u00fanico de Fenalco y segundo del BBVA), no re\u00fanen los requisitos formales de procedencia del recurso, circunstancia que determina su inadmisi\u00f3n, al amparo de lo dispuesto en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
(v) Y no se diga, como lo sostienen las libelistas, que al aceptar la procedencia de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, la Corte reconoci\u00f3 que la totalidad de las decisiones del ad quem revest\u00edan las caracter\u00edsticas de una sentencia; por el contrario, la aludida admisi\u00f3n debe entenderse restringida a la fracci\u00f3n de la providencia de 3 de febrero de 2020 que s\u00ed constituye un fallo6 susceptible de casaci\u00f3n, tal como se puso de presente a las partes en prove\u00eddo CSJ AC3624-2020, 18 dic., dictado en este mismo asunto: <\/p>\n
\u00ab(…) [D]ebe precisarse que la providencia calendada el 3 de febrero de esta anualidad es una sentencia, aunque \u00fanicamente lo sea en cuanto declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de transacci\u00f3n; de este modo, habi\u00e9ndose reunido los dem\u00e1s requisitos previstos en los art\u00edculos 334, 337 y 338 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan se explic\u00f3 en el auto recurrido, la impugnaci\u00f3n extraordinaria resultaba procedente, al menos en abstracto. Lo anterior en tanto que, al menos por ahora, no parece existir informaci\u00f3n suficiente para que la Corte concluya, con la certeza que es exigible para frustrar un mecanismo de contradicci\u00f3n, que este remedio no resulta procedente. Es cierto que las entidades financieras demandadas no pueden recurrir la decisi\u00f3n de acoger la defensa de caducidad \u2013por serle favorable\u2013, ni Fenalco estar\u00eda habilitada para atacar la negativa de las excepciones previas que propuso \u2013pues esta resoluci\u00f3n se adopta mediante auto\u2013; pero estas no son las \u00fanicas aristas de la providencia de segunda instancia que aquellas pueden censurar, como lo manifestaron al descorrer el traslado de la reposici\u00f3n que se estudia\u00bb. <\/p>\n
3.1.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Cargo primero de BBVA. <\/p>\n
3.2.1. Formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Invocando la causal tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, BBVA \u00abacus[\u00f3] la sentencia impugnada de haber incurrido en incongruencia, toda vez que el fallo de segundo grado no est\u00e1 en consonancia con las excepciones formuladas por BBVA respecto del llamamiento en garant\u00eda (…) que hizo el codemandado Fenalco\u00bb. En ese sentido, critic\u00f3 que el tribunal se hubiera abstenido de resolver acerca de la relaci\u00f3n procesal entre llamante y llamados en garant\u00eda, pretextando que \u00abdicha Corporaci\u00f3n no pod\u00eda ocuparse de [ello], toda vez que (…) las excepciones de transacci\u00f3n y cosa juzgada (…) no se hab\u00edan formulado tambi\u00e9n como previas, y el r\u00e9gimen procesal que consider\u00f3 aplicable le imped\u00eda realizar tal pronunciamiento\u00bb. <\/p>\n
Es cierto \u2013reconoce la recurrente\u2013, que al manifestar su oposici\u00f3n contra el llamamiento, BBVA esgrimi\u00f3 la transacci\u00f3n y la cosa juzgada como defensas de m\u00e9rito, pero \u00abal encontrar probados los fundamentos de hecho de las mencionadas excepciones (…) correspond\u00eda que el tribunal decretara la prosperidad de las mencionadas excepciones (sic), pues el ad quem las encontr\u00f3 acreditadas\u00bb, con independencia de la regulaci\u00f3n procesal que disciplinara la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, \u00absi se considerara que el proceso se deb\u00eda regir en segunda instancia por las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (…) el art\u00edculo 306 del mencionado estatuto obligaba al juzgador de segunda instancia a que se pronunciara sobre las excepciones propuestas y que estuvieran debidamente acreditadas. Si esa conducta la deb\u00eda realizar oficiosamente, con mayor raz\u00f3n cuando las llamadas en garant\u00eda propusieron en oportunidad los respectivos medios exceptivos\u00bb; del mismo modo \u00absi (…) en la segunda instancia de este proceso deb\u00eda aplicarse el C\u00f3digo General del Proceso (…), salta de bulto el yerro de actividad en que incurri\u00f3 el tribunal, toda vez que el inciso 3 del art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso obligaba al juez de segunda instancia a dictar sentencia anticipada en caso de que encontrara probadas las excepciones de cosa juzgada o transacci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Examen del cargo. <\/p>\n
(i) El art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso establece que: <\/p>\n
\u00abLa sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este c\u00f3digo contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley. <\/p>\n
No podr\u00e1 condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta. <\/p>\n
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocer\u00e1 solamente lo \u00faltimo\u00bb. <\/p>\n
Esta norma tiene por objeto resguardar los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los litigantes a trav\u00e9s de la imposici\u00f3n de l\u00edmites al fallador en ejercicio de su funci\u00f3n de juzgamiento, evitando que aquellos sean sorprendidos con decisiones inesperadas que corresponden a hechos, pretensiones o excepciones personales que no fueron alegados \u2013ni replicados\u2013 oportunamente. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el rigor limitativo del ejercicio de la funci\u00f3n jurisdiccional exige, como regla general, que esta sea cumplida sin exceso, pero sin defecto, como lo ha pregonado la doctrina7, de manera que, cuando la actividad del juzgador no se ci\u00f1e a ese preciso \u00e1mbito, su decisi\u00f3n estar\u00e1 viciada de incongruencia, en alguna de estas tres modalidades: ultra petita, extra petita y m\u00ednima petita. Sobre estas desviaciones del procedimiento, la Sala se ha pronunciado as\u00ed: <\/p>\n
\u00abA la luz del principio dispositivo que rige primordialmente el procedimiento civil, debe el juez, al dictar el fallo con el cual dirime la controversia, respetar los l\u00edmites o contornos que las partes le definen a trav\u00e9s de lo que reclaman (pretensiones o excepciones) y de los fundamentos f\u00e1cticos en que se basan ante todo los pedimentos, salvo el caso de las excepciones que la ley permite reconocer de oficio, cuando aparecen acreditadas en el proceso, o de pretensiones que, no aducidas, asimismo deben declararse oficiosamente por el juez. <\/p>\n
A eso se contrae la congruencia de la sentencia, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, dirigido no s\u00f3lo a disciplinar que esa respuesta de la jurisdicci\u00f3n corresponda con lo que las partes le ponen de presente, sino, subsecuentemente, a impedir que el juez desconozca el compromiso de fallar dentro del marco de referencia que le trazan las partes, y cuyo incumplimiento es de anta\u00f1o inscrito en una de estas tres posibilidades: en primer lugar, cuando en la sentencia se otorga m\u00e1s de lo pedido, sin que el juzgador estuviese facultado oficiosamente para concederlo (ultra petita); en segundo lugar, cuando en la sentencia olvida el fallador decidir, as\u00ed sea impl\u00edcitamente, alguna de las pretensiones o de las excepciones formuladas (m\u00ednima petita); y en tercer lugar, cuando en el fallo decide sobre puntos que no han sido objeto del litigio, o, de un tiempo a esta parte, en Colombia, con apoyo en hechos diferentes a los invocados (extra petita)\u00bb (CSJ SC1806-2015, 24 feb.). <\/p>\n
(ii) Seg\u00fan qued\u00f3 sentado, las entidades financieras demandadas reprocharon al tribunal por no haber incluido en el fallo anticipado un veredicto acerca de la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u00abtransacci\u00f3n\u00bb, que aquellas propusieron al contestar el llamamiento en garant\u00eda efectuado por la codemandada Fenalco. Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 de esgrimir razones de eficiencia para justificar su alegato, las casacionistas no demostraron c\u00f3mo esa eventual incorrecci\u00f3n pudiera constituir un vicio de incongruencia. <\/p>\n
Lo anterior resultaba relevante no solo por el car\u00e1cter dispositivo de la casaci\u00f3n, sino tambi\u00e9n porque, aun admitiendo \u2013en gracia de discusi\u00f3n\u2013 que los efectos de la convenci\u00f3n que celebraron BBVA y Servientrega S.A. deb\u00edan trasladarse de forma autom\u00e1tica a la relaci\u00f3n jur\u00eddica existente entre Fenalco y sus llamadas en garant\u00eda, lo cierto es que los funcionarios de instancia aun no han adoptado una decisi\u00f3n definitiva sobre la suerte de ese llamamiento, lo cual descarta que la sentencia anticipada hubiera incurrido en el vicio de inconsonancia que se denunci\u00f3. <\/p>\n
Cabe precisar, finalmente, que aun si se supusiera que el tribunal estaba obligado a extender su fallo anticipado \u2013por razones de celeridad, eficiencia o econom\u00eda procesal\u2013 a la resoluci\u00f3n de las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la llamada en garant\u00eda, las antedichas conclusiones no se modifican un \u00e1pice, pues no se expuso c\u00f3mo la inobservancia de ese alegado deber pudiera alterar el marco de la congruencia, dado que como viene se\u00f1al\u00e1ndose, el punto en disputa carece de una soluci\u00f3n definitiva. <\/p>\n
3.2.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El fallo recurrido mantuvo vigente el debate que se suscit\u00f3 entre la actora y Fenalco, de manera que subsisten las oportunidades procesales para definir lo atinente al llamamiento en garant\u00eda que BBVA formul\u00f3 contra su codemandada. Y siendo ello as\u00ed, acusar de incongruencia a la actividad jurisdiccional luce prematuro, m\u00e1s a\u00fan cuando se intenta por la senda de la casaci\u00f3n, remedio excepcional que procura la soluci\u00f3n de yerros que no puedan repararse en el decurso de las instancias ordinarias. <\/p>\n
Por ende, el cargo se inadmitir\u00e1. <\/p>\n
3.3. Cargo \u00fanico de Servientrega S.A. <\/p>\n
3.3.1. Formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Al amparo del art\u00edculo 336-1 del C\u00f3digo General del Proceso, la actora denunci\u00f3 al tribunal por infringir, en forma directa, los art\u00edculos 2469, 2483, 2484 y 1506 del C\u00f3digo Civil, \u00abdesaciertos de la m\u00e1s pura estirpe jur\u00eddica en sentido propio, en tanto se configuran con total abstracci\u00f3n de los hechos litigados\u00bb. <\/p>\n
Para apuntalar su censura, aleg\u00f3 que \u00abpartiendo de la definici\u00f3n que de contrato de transacci\u00f3n contiene el art. 2469 del C\u00f3digo Civil, se tiene por admitido de acuerdo con las orientaciones de la jurisprudencia que, siendo dicho contrato un convenio consensual, bilateral, a t\u00edtulo oneroso, y generalmente conmutativo (…), se requieren en general tres requisitos formativos, a saber: la existencia entre los litigantes de una cuesti\u00f3n controvertida litigable (…); la intenci\u00f3n inequ\u00edvoca de ponerle fin mediante un arreglo negocial a dicha disputa (…) y las concesiones rec\u00edprocas entre las partes que transigen sus diferencias\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que, en trat\u00e1ndose de la primera exigencia, \u00abno es suficiente la presencia de un enfrentamiento m\u00e1s o menos et\u00e9reo de intereses econ\u00f3micos contrapuestos; lo que distingue una litis \u201ces la presencia de una pretensi\u00f3n a la cual se contrapone una contestaci\u00f3n del sujeto contra el cual se hace valer la pretensi\u00f3n\u201d (…). Cuando se bosqueja una litis, o hay una litis en curso, las partes discordantes afirman y sostienen discordantes pretensiones, mantener esas pretensiones significa precisamente litigar\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, \u00absalta a la vista el desacierto en que incurre el fallador de segundo grado al hacer manifiesta su sorpresa ante la afirmaci\u00f3n de la parte actora en el proceso del rubro, en el sentido de que no hab\u00eda litigio, y responder haciendo gala por dem\u00e1s de desde\u00f1osa suficiencia, que \u201cdesde luego lo hab\u00eda aunque las pruebas no de cuenta de que la hoy demandante hubiera esbozado, en concreto, alg\u00fan tipo de aspiraci\u00f3n o materializado actos extrajudiciales que revelaren una pretensi\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n
Ya en lo que toca con las concesiones rec\u00edprocas, \u00absi bien es verdad que no se requiere paridad en tales concesiones, de modo que sean ellas de igual o equivalente importancia material o espiritual, no quiere ello decir que no deba mediar entre ellas, al comp\u00e1s de las circunstancias presentes en el caso, un cierto grado razonable de reciprocidad, tarea dif\u00edcil la m\u00e1s de las veces, pero no descartable a punta de arrogante dogmatismo conceptual y nada m\u00e1s, ejemplo del cual brinda lamentable ejemplo el fallo impugnado\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, \u00absin quebrantar derecha o rectamente el art. 2469 del C\u00f3digo Civil no puede aseverarse (…) que hay que reconocer una transacci\u00f3n y atribuirle la eficacia que legalmente le es propia, frente a convenios en que, cual ocurre en la especie litigios \u201csub lite\u201d, existiendo entre las partes que dicen transigir obligaciones pecuniarias producto de operaciones bancarias de cr\u00e9dito pendientes de ser cubiertas en favor de una de ellas y a cargo de otra, esta \u00faltima, sin hacer cuesti\u00f3n acerca de la existencia y exigibilidad de tal acreencia junto con sus onerosos abalorios, y reconociendo la deuda sin reservas de ninguna \u00edndole, en atenci\u00f3n a las facilidades de pago que le otorga la entidad financiera acreedora en ejercicio de una prerrogativa que es de normal suceso en el \u00e1mbito de su actividad comercial, se allana renunciando inmutable y definitivamente a hacer valer pretensiones resarcitorias de todo tipo\u00bb. <\/p>\n
3.3.2. Examen del cargo. <\/p>\n
El cuestionamiento que propuso la entidad actora, al amparo de la causal primera de casaci\u00f3n, satisface las exigencias formales que prev\u00e9 el canon 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n general. <\/p>\n
Los ataques que plantearon las convocadas en sus demandas de sustentaci\u00f3n no re\u00fanen la totalidad de los requisitos formales, raz\u00f3n por la cual su inadmisi\u00f3n resulta imperativa, con apoyo en el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. Por el contrario, el \u00fanico cargo de Servientrega S.A. ser\u00e1 admitido. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLES las demandas de sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n que formularon la Federaci\u00f3n Nacional de Comerciantes, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., BBVA Asset Management S.A. y BBVA Valores Colombia S.A. <\/p>\n
SEGUNDO. ADMITIR la demanda de casaci\u00f3n que propuso Servientrega S.A. contra la sentencia de 3 de febrero de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso declarativo de la referencia. <\/p>\n
TERCERO. CORRER traslado de ese escrito a la parte opositora por el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas, en la forma y para los efectos establecidos en el art\u00edculo 348 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 En adelante, la Corte se referir\u00e1 a las demandadas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A., BBVA Asset Management S.A. y BBVA Valores Colombia S.A., por su r\u00f3tulo com\u00fan (BBVA). <\/p>\n
2\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
6\u0002 Cabe anotar que todas las partes ten\u00edan inter\u00e9s para debatir acerca de la resoluci\u00f3n favorable de la excepci\u00f3n de \u00abtransacci\u00f3n\u00bb. Servientrega S.A. y Fenalco tendr\u00edan inter\u00e9s en impedir que se reduzca el n\u00famero de patrimonios que, eventualmente, deber\u00edan soportar la condena, mientras que las entidades financieras pod\u00edan debatir \u2013como lo hicieron\u2013la necesidad de que el tribunal hubiera extendido los efectos de la transacci\u00f3n al llamamiento en garant\u00eda. <\/p>\n
7\u0002 El principio de congruencia \u00abtiene extraordinaria importancia, (\u2026) pues se liga \u00edntimamente con el derecho constitucional a la defensa, ya que este exige que el ajusticiado en cualquier clase de proceso conozca las pretensiones o las imputaciones que contra \u00e9l o frente a \u00e9l se han formulado, por lo que la violaci\u00f3n de la congruencia implica la de aqu\u00e9l derecho; la actividad probatoria, las excepciones o simples defensas, y las alegaciones se orientan l\u00f3gicamente por las pretensiones, imputaciones, excepciones y defensas formuladas en el proceso\u00bb. DEVIS, Hernando. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis, Bogot\u00e1. 2017, p. 50. <\/p>\n
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AC3768-2021 (2013-00173-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC3768-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-31-03-009-2013-00173-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintinueve de abril de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide sobre la admisibilidad de las demandas de casaci\u00f3n que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56754","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56754","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56754"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56754\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56754"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56754"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56754"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}