AC3787-2021 (2021-01708-00)<\/p>\n
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AC3787-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01708-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn y la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia -Delegatura Para Asuntos Jurisdiccionales, para conocer de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor de YIRIS ACEVEDO contra UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, con sustento en el art\u00edculo 56 de la Ley 1480 de 2011, promovi\u00f3 acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor contra UNE EPM Telecomunicaciones S.A., con el fin de que <\/p>\n
\u201c(i) Se declare que el demandado vulner\u00f3 (sus) derechos como consumidor o usuario\u201d,y <\/p>\n
(ii) Se acoja \u201ccualquier otra pretensi\u00f3n que estime leg\u00edtima indemnizaci\u00f3n por la afectaci\u00f3n que tuv(o) al no poder hacer un pr\u00e9stamo bancario ya que apare(ce) reportada en las centrales de riesgo (\u2026), pues nunca \u201cha tenido ning\u00fan tipo de contrato con el demandado\u201d1. <\/p>\n
Como causa petendi, la interesada se\u00f1al\u00f3 que fue suplantada en su identidad, y que en tal virtud, se adquirieron contrataron a su nombre servicios de telefon\u00eda que, al no ser cancelados, derivaron en el reporte de sus datos en las centrales de riesgos. <\/p>\n
2. La demanda fue presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia – Delegatura para Funciones Jurisdiccionalesen Bogot\u00e1, que la rechaz\u00f3 18 de noviembre de 2020, ydispuso remitirla a los Juzgados Civiles Municipales de esa ciudad, argumentando, de un lado, que no cuenta con atribuci\u00f3n para el reconocimiento de perjuicios, \u201cproveniente de una causa ajena a la reparaci\u00f3n por da\u00f1os causados en la prestaci\u00f3n de servicios que suponen la entrega de un bien o por informaci\u00f3n y publicidad enga\u00f1osa\u201d; y del otro, que a partir del Decreto 735 de 2013, (compilado en el Decreto \u00danico Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo -No. 1074\/15-), \u201cse ha precisado que el reconocimiento de perjuicios, asociado a la garant\u00eda de bienes y servicios, en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, no podr\u00e1 conocerlo esta Sede Jurisdiccional, pues la norma especial para este caso consagr\u00f3 de manera taxativa que \u00e9stos son de conocimiento de la jurisdicci\u00f3n ordinaria(\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. El Juzgado Treinta y Nueve Civil del Municipal, receptor del expediente, declin\u00f3 su conocimiento \u201cpor falta de competencia territorial para conocer y tramitar la misma, comoquiera que el lugar de domicilio de la parte demanda no es la ciudad de Bogot\u00e1. (Num. 1\u00b0 Art. 28 del C.G.P). Lo anterior, en la medida que la parte accionada tiene como domicilio principal la ciudad de Medell\u00edn (\u2026)\u201d. De contera, orden\u00f3 el env\u00edo de las diligencias a los Juzgados Civiles Municipales de la precitada ciudad. <\/p>\n
4. Recibidas por el Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de esta \u00faltima urbe, tambi\u00e9n las rechazo y las remiti\u00f3 a los juzgados civiles del circuito de la misma ciudad,aduciendo que \u201cen aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 20 numeral 9\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, luego de la suspensi\u00f3n provisional del art\u00edculo 3\u00b0 del Decreto 1736 de 2012 (\u2026) la competencia para conocer de tales asuntos en raz\u00f3n a su naturaleza, se radica en los jueces civiles del circuito\u201d. <\/p>\n
5. El receptor, Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn, plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa, tras estimar que si bien el Decreto 1074 de 2015 \u201cfaculta al consumidor para pretender ante la jurisdicci\u00f3n el resarcimiento de perjuicios dado el reconocimiento de una garant\u00eda, ello no es \u00f3bice para que el usuario decida si acudir\u00e1 ante la autoridad administrativa o judicial para reclamar la protecci\u00f3n de sus derechos como consumidor y la consecuente indemnizaci\u00f3n, en tanto, en el numeral 1.5 del art\u00edculo 3 de la Ley 1480 de 2011 en que se alude a sus derechos, no se hace distinci\u00f3n alguna en este sentido\u201d. Agreg\u00f3, que \u201cen este caso no se alude a garant\u00eda sino s\u00f3lo a los derechos del consumidor\u201d.En consecuencia, manifest\u00f3 su desacuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio, pues, \u201cno puede predicarse que este Despacho sea competente para conocer el tr\u00e1mite de la referencia, m\u00e1xime siendo evidente que la accionante opt\u00f3 por la interposici\u00f3n de su demanda ante la autoridad administrativa con funci\u00f3n jurisdiccional como lo es en este caso la Superintendencia mencionada\u201d2. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El inciso quinto del art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que\u201c[c]uando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempe\u00f1en funciones jurisdiccionales, o entre una de \u00e9stas y un juez, deber\u00e1 resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada\u201d. <\/p>\n
De tal manera que cuando el conflicto se presenta entre una autoridad judicial y una autoridad administrativa que desempe\u00f1e funciones jurisdiccionales, es el superior funcional de la autoridad desplazada quien debe dirimir el conflicto. <\/p>\n
Y como en este casoson varias las autoridades judicialesque se dicen desplazadas, y,adem\u00e1s, pertenecientes a diferentes Distrititos Judiciales (Bogot\u00e1 y Medell\u00edn), quien debe resolver la colisi\u00f3n es la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por ser la superior de todas ellas, en aplicaci\u00f3n del preanotado precepto, y del art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
2. Entrando en materia, se advierte que el libelo sobre el cual se disputa la competencia corresponde, de acuerdo con su texto, a la formulaci\u00f3n de una acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor: \u201cEl(los) aqu\u00ed demandante(s), por medio del presente escrito me (nos) permito (permitimos) impetrar demanda de acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor art. 56 de la ley 1480 de 2011\u201d(se destaca adrede). <\/p>\n
Es decir, que las pretensiones mencionadas anterioremente, se busca encuadrarlas dentro del marco tuitivo de dicho art\u00edculo 56, seg\u00fan el cual, las acciones jurisdiccionales de protecci\u00f3n son: <\/p>\n
\u201c1. Las populares y de grupo reguladas en la Ley 472 de 1998 y las que la modifiquen sustituyan o aclaren. <\/p>\n
\u201c2. Las de responsabilidad por da\u00f1os por producto defectuoso, definidas en esta ley, que se adelantar\u00e1n ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria. <\/p>\n
\u201c3. <Numeral corregido por el art\u00edculo 5 del Decreto 2184 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> La acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor, mediante la cual se decidir\u00e1n los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor por la violaci\u00f3n directa de las normas sobre protecci\u00f3n a consumidores y usuarios, los originados en la aplicaci\u00f3n de las normas de protecci\u00f3n contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protecci\u00f3n a consumidores y usuarios; los orientados a lograr que se haga efectiva una garant\u00eda; los encaminados a obtener la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados a los bienes en la prestaci\u00f3n de servicios contemplados en el art\u00edculo 18 de esta ley o por informaci\u00f3n o publicidad enga\u00f1osa, independientemente del sector de la econom\u00eda en que se hayan vulnerado los derechos del consumidor\u201d. <\/p>\n
La de protecci\u00f3n al consumidor, en particular, de acuerdo con el numeral 3\u00ba, ata\u00f1e entonces a los supuestos concretos de: (i)La vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor, por la violaci\u00f3n directa de las normas sobre protecci\u00f3n a consumidores y usuarios; o (ii)la aplicaci\u00f3n de las normas de protecci\u00f3n contractual contenidas en el Estatuto del Consumidor y en normas especiales; o (iii) la efectividad de la garant\u00eda; o (iv) la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os causados a los bienes en la prestaci\u00f3n de servicios que suponen su entrega; o(v) la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os originados por publicidad e informaci\u00f3n enga\u00f1osa. <\/p>\n
Ahora bien, el precepto 58 del mismo compendio normativo se\u00f1ala que los \u201cprocesos que versen sobre violaci\u00f3n a los derechos de los consumidores (\u2026) a excepci\u00f3n de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares (\u2026)\u201d son atribuidos, a prevenci\u00f3n, a la \u201cSuperintendencia de Industria y Comercio o el Juez competente\u201d (\u00e9nfasis a prop\u00f3sito). <\/p>\n
Por su parte y guardando concordancia con el anterior art\u00edculo, el numeral 9\u00ba del canon 20 del C\u00f3digo General del Proceso confiere competencia a los jueces civiles del circuito para conocer \u201cDe los procesos de mayor cuant\u00eda relacionados con el ejercicio de los derechos de los consumidores\u201d, y el numeral 1\u00ba del precepto 24 ib\u00eddem la otorga a la Superintendencia de Industria y Comercio para adelantar los juicios que versen sobre la \u201cviolaci\u00f3n a los derechos a los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor\u201d, destac\u00e1ndose, en el par\u00e1grafo primero de este \u00faltimo canon, que \u201cLas funciones jurisdiccionales a que se refiere este art\u00edculo, generan competencia a prevenci\u00f3n y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos\u201d. <\/p>\n
3. En el anterior orden, habida cuenta de la especial naturaleza de la acci\u00f3n expresamente invocada por Yiris Acevedo,\u201cprotecci\u00f3n al consumidor\u201d, resulta claro que elecci\u00f3n que ella hizo, de radicarla ante la Superintendencia de Industria y Comercio, encuentra respaldo en las reglas de atribuci\u00f3n mencionadas, lo cual obliga al funcionario destinatario inicial a respetar la decisi\u00f3n de la solicitante, con independencia, claro est\u00e1, de que le asista raz\u00f3n en lo reclamado, bien lo declarativo o ya lo de condena, o de que los hechos no se ajusten estrictamente a los presupuestos de la acci\u00f3n propuesta, pues eso es materia de un examen de fondo, y no el que se realiza para la determinaci\u00f3n de la competencia. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, si el Estauto del Consumidor y el C\u00f3digo General del Proceso confieren facultad a la Superintendencia de Industria y Comercio para conocer a prevenci\u00f3n las \u201cacciones de protecci\u00f3n al consumidor\u201d,la que ac\u00e1 ata\u00f1e, montada sobre la base del art\u00edculo 56 de la Ley 1480 de 2011, no pod\u00eda ser rehusada por tal autoridad administrativa con facultades jurisdicionales, menos a\u00fan, so pretexto de lo consagrado en el art\u00edculo 2.2.2.32.6.4 del Decreto 1074 de 2015, pues es evidente que este se refiere a un asunto no enunciado en el libelo introductor, esto es, el atinente a la responsabilidad por la garant\u00eda y sus acciones. <\/p>\n
En torno a la competencia a prevenci\u00f3n, ya ha dicho la Corte que <\/p>\n
(\u2026) el actor puede escoger entre los dos funcionarios ante los que la ley le permite acudir, el que quiere que tramite y decida su asunto. Voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee el convocado; pero que si no guarda armon\u00eda obliga encausar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible el querer del gestor (CSJ AC057-2019). <\/p>\n
4. Acertada resulto entonces la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn al rechazar la demanda, toda vez que de acuerdo a lo comentado la competencia radica en la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales en la ciudad de Bogot\u00e1, por lo tanto, ser\u00e1 esta entidad quien deber\u00e1asumir el presente asunto, y en ese orden de ideas, a ella se remitir\u00e1. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO.- DIRIMIR el conflicto suscitado, se\u00f1alando que a la Superintendencia de Industria y Comercio Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales en la ciudad de Bogot\u00e1 corresponde conocer de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor que Yiris Acevedo Marimoninstaur\u00f3 contra el UNE EPM Telecomunicaciones S.A. <\/p>\n
SEGUNDO.-REMITIR el expediente a la entidada quien se le asign\u00f3 la competencia para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO.-COMUNICAR esta decisi\u00f3n a las autoridades involucradas en el conflicto que se ha dirimido. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
1\u0002 Folios 2 a 4escrito demanda anexos. exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1 a 3 c. 11 2021-00094 conflicto negativo de competenciaibidem. <\/p>\n
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