AC3789-2021 (2021-02875-00)<\/p>\n
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AC3789-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02875-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Segundo Civil del Circuito de Armenia, y Cuarenta y OchoCivil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica, para conocer del juicio de expropiaci\u00f3n promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE V\u00cdAS-INV\u00cdAS frente a MAR\u00cdA OLGA GIRALDO LOAIZA, la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S-SAE y el MUNICIPIO DE LA TEBAIDA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Con fundamento en la utilidad p\u00fablica irrogada a un proyecto vial a desarrollarse en la zona, la entidad accionante solicit\u00f3 ante el Estrado Segundo Civil del Circuito de Armenia, decretar la expropiaci\u00f3n de un inmueble situado en el municipio de La Tebaida, Quind\u00edo, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 280-174218, de propiedad de Maria Olga Giraldo Loaiza, y respecto del cual,el ente territorial donde est\u00e1 ubicado y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., fungen en su orden, como depositario provisional, y administradora, ello en virtud de la medida cautelar ordenada dentro de un proceso de extinci\u00f3n de dominio, tal y como lo advierte la respectiva nota registral1. <\/p>\n
En el libelo inicial, la competencia fue fijada, en raz\u00f3n del \u201cdomicilio del demandante\u201d y de la cuant\u00eda del bien pretendido. <\/p>\n
2. Sin embargo, la denotada sede judicial declar\u00f3 su falta de competencia, y remiti\u00f3 el asunto a sus similares de Bogot\u00e1, al considerar que la calidad de\u201cestablecimiento p\u00fablico del orden Nacional\u201d,predicada del ente accionante, converge en la aplicaci\u00f3n del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en sincron\u00eda con la prevalencia subjetiva que en efecto establece el canon 29 ib\u00eddem, y en atenci\u00f3n al auto de unificaci\u00f3n AC140-20202. <\/p>\n
3. A su vez, el Juzgado Cuarenta y Ocho Civil del Circuito de la urbe de destino tambi\u00e9n se abstuvo de avocar conocimiento, y en consecuencia, provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, al aducir que la autoridad remitente es quien ostenta la vocaci\u00f3n legal, pues la gestora \u201cmanifest\u00f3 en el escrito de demanda, su predilecci\u00f3n para que prevalezca el fuero real determinado por la ubicaci\u00f3n del inmueble\u201d, sobre el factor subjetivo, postura que, asever\u00f3, encuentra respaldo en los precedentes de esta Sala AC813-2020 y AC1025-20213. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del proceso de expropiaci\u00f3n g\u00e9nesis de la controversia hasta aqu\u00ed tra\u00edda, en el que se discute si lo viable es aplicar al mismo el foro subjetivo y prevalente aque alude el \u00edtem 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o el real referido al numeral 7 del mismo precepto, <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
En tanto que la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre dos estrados de diferente distrito judicial, Armenia y Bogot\u00e1, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, de acuerdo a los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico: <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del tratado general del proceso, en especial las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo la previsi\u00f3n 28 ejusdem, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
Por ende, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la asignaci\u00f3n privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca en una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo de la disposici\u00f3n 28 del compendio adjetivo civil, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, pese a que la interesada manifieste su intenci\u00f3n de renunciar al fuero subjetivo, es inviable la resoluci\u00f3n del juzgador, que en efecto, se encamine a rehusarse a administrar justicia, pues, como bien lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en el auto de unificaci\u00f3n: <\/p>\n
\u201cEn virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica unademanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018). (Resaltado fuera de texto). <\/p>\n
Tampoco es posible sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando la regla que el legislador previ\u00f3 para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
Y es que, se reitera, el art\u00edculo 29 del actual c\u00f3digo procesalcivil, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cubre, naturalmente, la contemplada en numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ejusdem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en que se ejercen derechos reales o de aquellos que espec\u00edficamente enlista el numeral 7\u00b0 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
Los eventos de renuncia al fuero subjetivo, al que evoc\u00f3 la sede judicial concernida con sede en Armenia, fueron zanjados por elauto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia dictado el 24 de enero de 2020 (AC140-2020), traduci\u00e9ndose dicha postura mayoritaria de la Sala, en gu\u00eda indiscutible para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se susciten, como as\u00edse constat\u00f3 en el precitado fragmento jurisprudencial y lo confirmael que se expone en seguida: <\/p>\n
\u201cComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablicapretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d (AC4798-2018). <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
Revisadala informaci\u00f3n allegada con la demanda y la publicada en internet4, se advierte que,a la precursora esdable incluirla como entidad afiliada a la pauta prevalente (28-10), dada su condici\u00f3n de \u201cestablecimiento p\u00fablico del orden nacional con personer\u00eda jur\u00eddica autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio adscrito al Ministerio de Transporte\u201d, cuyo asiento principal se halla en Bogot\u00e1. <\/p>\n
Sin embargo, no escapa de la atenci\u00f3n de la Corte, que junto a la propietaria del inmueble perseguido en expropiaci\u00f3n, el extremo pasivo lo integran el municipio de La Tebaida, y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.-SAE, a quienes tambi\u00e9n las cubre la regla prevalente adscrita a los sujetos de car\u00e1cter p\u00fablico, el primero por el rol de entidad territorial y la segunda, en calidad de \u201csociedad de acciones simplificadas de econom\u00eda mixta, del orden nacional\u201d5, domiciliadaenla capital de la Rep\u00fablica, y aunque la labor misional de esta \u00faltima se rige por normas de \u00edndole privado, lo cierto es, que prima su naturaleza, pues al no mediardiscrimaci\u00f3n legislativa al respecto, impera su cumplimiento como norma de orden p\u00fablico. <\/p>\n
Sentada esa estirpe p\u00fablica, se observa que, las personas jur\u00eddicas prenombradas, exhiben su domicilio, de un lado, en Bogot\u00e1, respecto a la actora- INV\u00cdAS, y a la demandada- SAE, y de otro, en La Tebaida, l\u00f3gicamente, en referencia a dicho ente municipal, tambi\u00e9n accionado. Y adicionalmente que las funciones de custodia y administraci\u00f3n de \u00e9stas \u00faltimas en relaci\u00f3n con el inmueble aspirado en expropiaci\u00f3n, se desprenden de la cautela decretada sobre el mismo, con ocasi\u00f3n de un proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
As\u00ed entonces, pese a que en los beneficiarios de la preanotada asignaci\u00f3n privativa, concurren tres entes p\u00fablicos, con dos vecindades diferentes, y a que no existe un criterio legal que privilegie una u otra, lo pertinente para dar solucionarlo, es atraer a la discusi\u00f3n otro foro de linaje prioritario, esto es, el territorial s\u00e9ptimo de la previsi\u00f3n 28 del actual c\u00f3digo de enjuiciamiento civil, comoquiera que la expropiaci\u00f3n es uno de los procesos especiales all\u00ed enunciados por comprender el ejercicio de un derecho real, lo que permitedeterminar que, al juzgador del sitio donde se halla el bien perseguido, le asiste la aptitud legal para administrar justicia. <\/p>\n
En un asunto de contorno similar, esta Corte sostuvo, que, <\/p>\n
\u00aben asuntos como el sub examine donde, iterase, est\u00e1n contrapuestas dos o m\u00e1s entidades de naturaleza p\u00fablica o semip\u00fablica, no es de aplicaci\u00f3n lo consignado en el aludido precepto, porque en rigor de verdad nada dice acerca de ello, debiendo entonces, a fin de determinar la competencia por el factor territorial, acudirse a las reglas generales estatuidas en el art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo. (\u2026) 2.4. Puestas las cosas de esta manera, deviene palmario que la norma llamada a fijar la competencia en materia del territorio es la prevista en el numeral 7\u00ba del precepto 28, ib\u00eddem, que atribuye el conocimiento al juez del sitio de ubicaci\u00f3n del inmueble materia de la servidumbre. (\u2026) Cuanto se ha dicho no desconoce, de ning\u00fan modo, las directrices fijadas por la Sala mayoritaria en el auto de unificaci\u00f3n de jurisprudencia AC140, de 24 de enero de 2020, porque el supuesto de ahora es enteramente distinto al ventilado en aquella oportunidad. N\u00f3tese que all\u00ed no concurr\u00edan, en ambos extremos procesales, entidades de las relacionadas en la regla 10\u00aa del art\u00edculo 28 del Estatuto Adjetivo\u00bb (CSJ, AC417-2020). <\/p>\n
Finalmente, es menester enfatizar, por una parte, que en el sub lite, la renuncia a las prerrogativas de que trata el foro prioritario 10\u00ba del canon 28 referido, es inexistente o por lo menos confusa, si se tiene en cuenta que la promotora fij\u00f3 la competencia en consideraci\u00f3n a su domicilio, y no obstante, radic\u00f3 el libelo inicial en Armenia, en atenci\u00f3n al factor real, y por otra, que de todos modos, esa abdicaci\u00f3n fue decantada como inviable en el memorado auto de unificaci\u00f3n (AC140-2020), el cual, se itera, expresala tesis mayoritaria de los integrantes de esta Sala Especializada en lo Civil. <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Como en ambos extremos de la contienda aparecen entes p\u00fablicos con vecindad en dos ciudades diferentes, resulta pertinente morigerar esa concurrencia, atrayendo el foro real relativo a la ubicaci\u00f3n del inmueble materia de expropiaci\u00f3n, por lo que se ordenar\u00e1 enviar el expediente al estradoSegundo Civil del Circuito de Armenia, con jurisdicci\u00f3n en La Tebaida, municipalidad en la que se sit\u00faa el fundo objeto del litigio, y donde valga decirse, fue radicado el escrito introductor. <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, c, determinando que al Segundo Civil del Circuito de Armenia, le corresponde conocer el juicio de expropiaci\u00f3n promovido por el INSTITUTO NACIONAL DE V\u00cdAS-INV\u00cdAS, frente a MARIA OLGA GIRALDO LOAIZA, la SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S-SAEy el MUNICIPIO DE LA TEBAIDA. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra concernida. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002C. 04. Demanda.Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002.C.44.Auto rechaza Dda por competencia. <\/p>\n
3\u0002 C.48Auto conflicto negativo Competencia. <\/p>\n