AC3792-2021 (2021-02833-00)<\/p>\n
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AC3792-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02833-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, \u00danico Promiscuo Municipal de Santa Mar\u00eda y Sexto Civil de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de la capital de la Rep\u00fablica, para conocer del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre promovido por el GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 S.A \u2013 GEB S.A ESP frente a DELFINA FONSECA P\u00c9REZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. La dependencia de origen admiti\u00f3 el escrito inaugural2 y posteriormente surti\u00f3 varias actuaciones, entre ellas, orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda, llev\u00f3 a cabo la diligencia de inspecci\u00f3n judicial sobre el predio en litigio3, prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n del proceso4, entre otros; y luego, por medio de auto de 25 de febrero de 2020, con sustento en la providencia de unificaci\u00f3n AC140 de 24 de enero de 2020, proferida por esta Sala, orden\u00f3 remitir el legajo a los jueces civiles municipales de la capital de la Rep\u00fablica, al advertir que como la convocante es una empresa de car\u00e1cter p\u00fablico con domicilio en Bogot\u00e1, se debe dar aplicaci\u00f3n al numeral 10\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso que dispone que la competencia radica \u201cen forma privativa en el juez del domicilio de la respectiva entidad, como fuero subjetivo prevalente conforme a los postulados consagrados en el art\u00edculo 29 ibidem; en esas condiciones, al ser establecida la competencia por el factor subjetivo, la misma es improrrogable, tal como lo consagra el Art\u00edculo 16 de la referida norma(\u2026)\u201d5. <\/p>\n
3. En virtud de lo anterior, la actora solicit\u00f3 \u201creconsiderar\u201d la referida decisi\u00f3n en ejercicio \u201cdel control mediante excepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d y \u201cante el mecanismo de control de legalidad\u201d, al exponer entre otras razones, que una misma soluci\u00f3n no es aplicable para todos casos y que en cumplimiento de las garant\u00edas constitucionales, el juzgador pod\u00eda hacer uso de la \u201cexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u201d como una herramienta para velar por \u201cla protecci\u00f3n y equilibrio de la contienda judicial para favorecer los intereses de las partes y muy cerca de ello, del pa\u00eds\u201d, de \u201clos derechos fundamentales que se pueden ver afectados con la aplicaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de unificaci\u00f3n en referencia\u201d y del \u201cinter\u00e9s de la utilidad p\u00fablica que est\u00e1 naturalmente inmerso\u201d en este tipo de procesos6. <\/p>\n
Finalmente, y sin pronunciamiento del agente judicial frente al ruego anterior, se remiti\u00f3 el expediente a las oficinas judiciales de Bogot\u00e1 para reparto7. <\/p>\n
4. Recibidas las diligencias por el Juzgado Cuarenta Civil Municipal de Oralidad de la ciudad de destino, con prove\u00eddo del 3 de agosto de 2020 tampoco acept\u00f3 la atribuci\u00f3n, al se\u00f1alar que, \u201cla competencia en los procesos de servidumbre, seg\u00fan el numeral 7 del art\u00edculo 26 del C.G. del P., se determina por el aval\u00fao catastral del predio sirviente y seg\u00fan el documento que milita a folio (49), el aval\u00fao de dicho predio es de $160.185, el cual escapa al conocimiento de este estrado judicial\u201d, por lo que decidi\u00f3 remitir el asunto por reparto a los juzgados de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de esa misma ciudad, en aplicaci\u00f3n de los Acuerdos PCSJA18-10880 de 31 de enero de 2018 y PCSJA18-11068 de 27 de julio de ese mismo a\u00f1o, proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura8. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, el Despacho Sexto Civil de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n para asumir el tr\u00e1mite, y en efecto, provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, con sustento en que \u201cel actor con pleno conocimiento renunci\u00f3 a presentar la respectiva acci\u00f3n declarativa ante el Juez de su domicilio, mal pudo el Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Santa Mar\u00eda \u2013 Huila, dar aplicaci\u00f3n al numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C. G. P., cuando lo cierto es que, la norma que rige es la establecida en el numeral 7\u00b0 ib\u00eddem, am\u00e9n que en dicha sede judicial se ha ADELANTADO el tr\u00e1mite procesal correspondiente, conociendo as\u00ed, en su totalidad, las diligencias\u201d9. <\/p>\n
6. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del presente proceso de constituci\u00f3n de servidumbre, en el que se discute si es viable aplicar al mismo el foro privativo al que se refiere el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso o el del numeral 7\u00ba del mismo precepto; o si bien, la competencia debe continuar en el juzgador ante el que primero se radic\u00f3 el libelo, en atenci\u00f3n al principio de la perpetuatio iurisdictionis. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, Cundinamarca y Bogot\u00e1, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico: <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d10. <\/p>\n
Ahora bien, no puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u201d. <\/p>\n
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando la regla que el legislador previ\u00f3 para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201cEs prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, la disposici\u00f3n del mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa se determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
La Sala con el prop\u00f3sito de zanjar la discusi\u00f3n frente a casos como el presente, dilucid\u00f3 reci\u00e9nteme en auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en indiscutible gu\u00eda para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, lo siguiente: <\/p>\n
Como se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d(AC4798-2018). <\/p>\n
5. Inaplicaci\u00f3n del postulado de la \u201ccompetencia perpetua\u201d cuando se est\u00e1 frente a un foro privativo <\/p>\n
No hay duda que, en l\u00ednea de principio, la competencia por el factor territorial es prorrogable, si de entrada el juzgador no advierte que el funcionario facultado para tramitar el caso es otro, o si hay silencio de las partes al respecto. <\/p>\n
Sin embargo, excepciones hay a esa regla general, y ellas surgen de los eventos en los que se est\u00e1 en presencia de un foro privativo, y en los que el criterio que se sigue para asignar la atribuci\u00f3n radica en la naturaleza o calidad de las partes que intervienen en el litigio, como por ejemplo, en los supuestos contemplados en el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Sala: <\/p>\n
6. El caso concreto <\/p>\n
Del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado con la demanda12 y de la informaci\u00f3n de p\u00fablico acceso que pueda ser consultada en la p\u00e1gina web de la entidad13, se observa que la convocante es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad por acciones con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden Distrital, con autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, en la cual el Estado posee por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1, elementos que indican sin lugar a dudas su naturaleza p\u00fablica, y tambi\u00e9n que su domicilio es el referido Distrito Capital. <\/p>\n
Ahora bien, de conformidad con el art\u00edculo 38 de la Ley 489 de 1998, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u201c[l]as sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta\u201d, por lo que es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable. Tampoco es posible se\u00f1alar que la entidad demandante pueda renunciar al fuero privativo, en raz\u00f3n de su calidad, pues como bien lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en el citado auto de unificaci\u00f3n, <\/p>\n
\u201cEn virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica unademanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)14. (Subrayado fuera de texto) <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Prevalece el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en sincron\u00eda con los preceptos 13 y 29 del mismo estatuto, independientemente de que el inmueble caracterizado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 200-162394, del que se pretende la expropiaci\u00f3n est\u00e9 ubicado en el Municipio de Santa Mar\u00eda, en consideraci\u00f3n a que el extremo demandante es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico cuyo domicilio es Bogot\u00e1; ello, sin que interese que haya alcanzado a ser tramitado con anterioridad por su hom\u00f3logo \u00danico Promiscuo Municipal de la referida localidad, \u201cpor tratarse el descrito de un foro exclusivo que, por lo mismo, descarta la aplicaci\u00f3n del principio legal de la perpetuatio jurisdictionis\u201d (AC5943-2017). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que al Sexto Civil de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 corresponde conocer el juicio de constituci\u00f3n de servidumbre promovido por GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 S.A \u2013 GEB S.A ESP, frente a frente a DELFINA FONSECA P\u00c9REZ. Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
ALVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002Folio 13, Anexo 03Demanda y Anexos, exp. digital. <\/p>\n
2\u0002Folio 106, ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002Folio 109 y ss, ib. <\/p>\n
4\u0002Folio 247 y ss, ib. <\/p>\n
5\u0002 Folio 401, ib. <\/p>\n
6\u0002 Folio 419 a 430, ib. <\/p>\n
7\u0002 Folios 475. ibidem. <\/p>\n
8\u0002 Folio 479 y 480, ib. <\/p>\n
9\u0002Anexo (10)2020-00904-AUTO PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO COMPET-TERRITORIAL-SERVIDUMBRE-4 FEB 2021, expediente digital. <\/p>\n
10\u0002Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n
11\u0002 CSJ AC 278 2020. <\/p>\n
12\u0002 Fls. 23 a 66, ib. <\/p>\n