AC3793-2021 (2021-02846-00)<\/p>\n
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AC3793-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02846-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo del Circuito de Dabeiba y Veintis\u00e9is Civil de Circuito de Bogot\u00e1, para conocer del juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- frente a los herederos del causante Tom\u00e1s Cipriano Guti\u00e9rrez Bedoya y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad actora solicit\u00f3 ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Dabeiba, Antioquia, decretar la expropiaci\u00f3n de dos inmuebles ubicados dentro de un lote de mayor extensi\u00f3n denominado \u201cLa Esperanza-Lote Uno\u201d, situado en la vereda \u201cPiedras Blancas\u201d de ese mismo municipio, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 007-5590, y de dominio, seg\u00fan el registro, del se\u00f1alado causante Tom\u00e1s Cipriano Guti\u00e9rrez Bedoya. En tal inter\u00e9s, fij\u00f3 la competencia por la cuant\u00eda y la ubicaci\u00f3n del predio materia de las s\u00faplicas1. <\/p>\n
2. La prenotada judicatura admiti\u00f3 el escrito inaugural, orden\u00f3 el emplazamiento de los herederos determinados e indeterminados de los causantes, dict\u00f3 medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda, orden\u00f3 la consignaci\u00f3n del ciento por ciento del aval\u00fao del inmueble en litigio para proceder con la entrega anticipada del mismo2, y posteriormente, por medio de auto de 18 de marzo hoga\u00f1o, con sustento en la providencia de unificaci\u00f3n AC140 de 24 de enero de 2020 y en el prove\u00eddo AC232 de 2021, proferidas por esta Sala, orden\u00f3 remitir el legajo a sus hom\u00f3logos en la capital de la Rep\u00fablica, al dilucidar que \u201cla entidad demandante es una Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, vinculada al Ministerio de Transporte, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional domiciliado en la ciudad BOGOT\u00c1 (decreto 4165 de 2011), la competencia radica en esta ciudad conforme a los descrito por el art\u00edculo 28 Numeral 10 del C.G.P (\u2026) importante precisar que si bien es cierto este despacho avoco el asunto admitiendo la demanda y tramitando dicho proceso; la competencia en este proceso es improrrogable conforme lo dispone el art\u00edculo 16 del CGP, toda vez que se trata de la excepci\u00f3n a la \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d(\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. En virtud de lo anterior, la parte demandante solicit\u00f3 a ese despacho realizar \u201ccontrol de legalidad\u201d a la providencia precedente, con el prop\u00f3sito de que se dejara sin valor ni efecto, al referir, entre otras razones, que (i) desde la presentaci\u00f3n de la demanda, la actora adopt\u00f3 el fuero territorial consagrado en el numeral 7 del canon 28 ib\u00eddem, \u201crenunciando de forma t\u00e1cita al fuero subjetivo que determina el numeral 10 del art\u00edculo 28 en cita\u201d; (ii) con el traslado del juicio del circuito judicial donde est\u00e1 ubicado el bien inmueble objeto del mismo, al domicilio de la entidad convocante, \u201cse produce una vulneraci\u00f3n a la inmediaci\u00f3n judicial retrasando el tr\u00e1mite jurisdiccional y en efecto, afectando de manera tajante la ejecuci\u00f3n del proyecto de infraestructura\u201d; (iii) existe multiplicidad de decisiones jurisprudenciales proferidas por esta Corporaci\u00f3n sobre el asunto, \u201csin sentar una unificaci\u00f3n\u201d de criterio al respecto.4. <\/p>\n
Finalmente, y sin pronunciamiento del agente judicial frente al ruego anterior, se remiti\u00f3 el expediente a las oficinas judiciales de Bogot\u00e1 para reparto5. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, el Veintis\u00e9is Civil Circuito de la ciudad de destino, tambi\u00e9n rehus\u00f3 la asignaci\u00f3n para asumir el tr\u00e1mite, y en efecto, provoc\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, al aducir, en primer lugar, que el juzgador inicial debi\u00f3 manifestar su incompetencia desde el estudio de la admisi\u00f3n de la demanda, dado que, alterar la competencia de los asuntos con posterioridad a su admisi\u00f3n, con base en nuevas decisiones jurisprudenciales, implicar\u00eda \u201cun carrusel de competencias a nivel nacional,(\u2026) en detrimento de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia\u201d; en segundo lugar, recalc\u00f3 que como los jueces, en sus providencias, est\u00e1n sometidos al imperio de la ley, si bien la decisi\u00f3n del juez inicial tiene sustento en la jurisprudencia emanada de esta Corporaci\u00f3n, por su parte, ese juzgador \u201cle da prevalencia y acoge lo dispuesto en la Ley 1564 de 2012, sobre los factores que determinan la competencia\u201d; finalmente, y con sustento en el art\u00edculo 139 ib\u00eddem, se\u00f1al\u00f3 que no le era dado al despacho de Dabeiba declarar su incompetencia, \u201cpues por ninguna parte del expediente se observa inconformidad de los demandados a este respecto\u201d6. <\/p>\n
5. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer del presente proceso de expropiaci\u00f3n, en el que se discute si es viable aplicar al mismo el foro privativo al que se refiere el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o el del numeral 7\u00ba del mismo precepto. Cumple averiguar, adem\u00e1s, si para el caso concreto, aplica el principio de la perpetuatio iurisdictionis. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre dos estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros privativos cuando una de las partes es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico: <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
De conformidad con el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, \u201cen los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza\u2026 ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. (Negrilla fuera del texto original). <\/p>\n
No obstante, el numeral d\u00e9cimo de la misma norma, indica que \u201cen los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que, cumple precisar que el estatuto procesal asign\u00f3 en ambos numerales una competencia territorial privativa, en el primero de tales, en raz\u00f3n de un fuero o foro real \u201cpor lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u201d, y el segundo a la calidad del sujeto, \u201cpor el domicilio de la entidad\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la competencia privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Se desprende de lo anterior que, cuando se presenta una colisi\u00f3n de competencia entre dos fueros privativos como la que ahora concierne la atenci\u00f3n de la Sala, no es del resorte del actor elegir el lugar donde presentar el libelo genitor, sino que es la ley la que se\u00f1ala cu\u00e1l de los dos prevalece, pues, el art\u00edculo 29 ejusdem, precept\u00faa que \u201ces prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d7. <\/p>\n
No puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u201c[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n expresa de la ley\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aun cuando la demandante considere que \u201cel fuero subjetivo es perfectamente renunciable (\u2026)8\u201d, no es viable lo expresado por la Juez Cincuenta Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica, a fin de rehusarse a administrar justicia en el particular, pues, como bien lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en auto de unificaci\u00f3n, <\/p>\n
\u201cEn virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica unademanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018).(Subrayado fuera de texto)9. <\/p>\n
Tampoco es viable sostener ese otro criterio que privilegia el foro real (28-7) sobre el consagrado por el legislador en raz\u00f3n de la naturaleza de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico (28-10), ignorando la regla que el legislador previ\u00f3 para, precisamente, solucionar los casos en los que debe determinarse qu\u00e9 factor o fuero aplicar a un caso concreto. <\/p>\n
De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales o de aquellos que espec\u00edficamente enlista el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia. <\/p>\n
Contrario a lo afirmado por la precursora cuando solicit\u00f3 el precitado control de legalidad, la Sala con el prop\u00f3sito de zanjar la discusi\u00f3n frente a casos como el presente, si dilucid\u00f3 en auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia de 24 de enero de 2020 (AC140-2020), que se convierte en indiscutible gu\u00eda para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se presenten, al establecer lo siguiente: <\/p>\n
\u201cComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente? Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. De ah\u00ed que, trat\u00e1ndose de los procesos en los que se ejercen derechos reales, prima facie, opera el factor territorial correspondiente al lugar de ubicaci\u00f3n del bien; sin embargo, si en dicho litigio, es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. Por ello es que se ha dicho, en un sinn\u00famero de oportunidades, que \u201cen las controversias donde concurran los dos fueros privativos antes citados, prevalecer\u00e1 el segundo de ellos, es decir el personal, esto es, el del domicilio de la entidad p\u00fablica, por expresa disposici\u00f3n legal\u201d (AC4272-2018), as\u00ed como tambi\u00e9n que \u201cen esta clase de disyuntivas, la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa aplicable, dada su mayor estimaci\u00f3n legal, es la que se refiere al juez de domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido\u201d(AC4798-2018). <\/p>\n
5. Inaplicaci\u00f3n del postulado de la \u201ccompetencia perpetua\u201d cuando se est\u00e1 frente a un foro privativo <\/p>\n
No hay duda que, en l\u00ednea de principio, la competencia por el factor territorial es prorrogable, si de entrada el juzgador no advierte que el funcionario facultado para tramitar el caso es otro, o si hay silencio de las partes al respecto. <\/p>\n
Sin embargo, excepciones hay a esa regla general, y ellas surgen de los eventos en los que se est\u00e1 en presencia de un foro privativo, y en los que el criterio que se sigue para asignar la atribuci\u00f3n radica en la naturaleza o calidad de las partes que intervienen en el litigio, como por ejemplo, en los supuestos contemplados en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Al respecto, ha dicho la Sala: <\/p>\n
(\u2026) Como se denota, las excepciones a la perpetuatio jurisdictionis se limitan a la concurrencia del factor subjetivo y el funcional en la competencia del funcionario cognoscente de la acci\u00f3n, y precisamente en el sub lite ocurri\u00f3 una de dichas salvedades por la intervenci\u00f3n de una entidad p\u00fablica descentralizada de servicios p\u00fablicos, de donde le era posible al juez inicial, desprenderse de la competencia del asunto, con miras acatar el mandato de car\u00e1cter imperativo consagrado en el art\u00edculo 29 C\u00f3digo General del Proceso. (\u2026) Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Catorce Civil del Circuito de Medell\u00edn, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. (\u2026) (Resaltado a prop\u00f3sito)10. <\/p>\n
6. El caso concreto <\/p>\n
Verificada la informaci\u00f3n de p\u00fablico acceso en la p\u00e1gina web de la entidad11, se advierte, de un lado, que la demandante es \u201cuna Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personer\u00eda jur\u00eddica, patrimonio propio y autonom\u00eda administrativa, financiera y t\u00e9cnica, adscrita al Ministerio de Transporte, seg\u00fan decreto 4165 del 03 noviembre de 2011\u201d, y, de otro, que su domicilio o asiento principal se halla en Bogot\u00e1. <\/p>\n
Sentada la anterior premisa, se arriba al precepto 38 de la Ley 489 de 1998, conforme al cual, la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, de donde emerge palmario que la entidad accionante es una persona jur\u00eddica subsumible en la pauta d\u00e9cima del canon 28 referido, y no as\u00ed en la regla s\u00e9ptima ejusdem, alusiva en virtud del sitio donde se hallan los bienes, pues, como bien lo se\u00f1al\u00f3 la Sala en el citado auto de unificaci\u00f3n, <\/p>\n
En virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica unademanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018)12. (Subrayado fuera de texto). <\/p>\n
7. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Prevalece el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en sincron\u00eda con los preceptos 13 y 29 del mismo estatuto, independientemente de que el inmueble caracterizado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 007-5590, del que se pretende la expropiaci\u00f3n est\u00e9 ubicado en el Municipio de Dabeiba, en consideraci\u00f3n a que el extremo demandante es una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico cuyo domicilio es la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los juzgados mencionados, determinando que al Veintis\u00e9is Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica, le corresponde conocer el juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, frente a Hover de Jes\u00fas Guti\u00e9rrez Tumble y otros. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente a dicha oficina y mediante oficio inf\u00f3rmese de tal situaci\u00f3n a la otra involucrada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002Folio 14, Anexo 01 Demanda m\u00e1s anexos, exp. digital. <\/p>\n
2\u0002Anexo 08Admisorio Expropiaci\u00f3n, exp. digital. <\/p>\n
3\u0002 Anexo 15 Auto Declara Falta de Competencia.pdf, exp. digital. <\/p>\n
4\u0002 Anexo 18Memorial Control Legalidad.pdf, exp. digital. <\/p>\n
5\u0002 Anexo 20 Constancias Remisi\u00f3n, ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Anexo 23 Auto, ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002Criterio reiterado en CSJ AC 4273-2018 y en CSJ AC 4641 de 2019. <\/p>\n
8\u0002 Folio 35 c. D11001020300020210267100 actuaci\u00f3n radicaci\u00f3n y reparto de proceso_83567 exp. digital. <\/p>\n
9\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/inicio\/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf <\/p>\n
10\u0002 CSJ AC 278 2020. <\/p>\n
11\u0002https:\/\/www.ani.gov.co\/informacion-de-la-ani\/quienes-somos <\/p>\n
12\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/inicio\/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf <\/p>\n
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AC3793-2021 (2021-02846-00) AC3793-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02846-00 Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Promiscuo del Circuito de Dabeiba y Veintis\u00e9is Civil de Circuito de Bogot\u00e1, para conocer del juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56764","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56764","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56764"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56764\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56764"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56764"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56764"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}