AC3796-2021 (2021-02956-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3796-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02956-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgados, Cuarto Civil Municipal de Valledupar y Primero Promiscuo Municipal de Fundaci\u00f3n, Magdalena, para conocer del proceso de sucesi\u00f3n intestada de GLADYS MAR\u00cdA RAMOS GONZ\u00c1LEZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Jos\u00e9 Antonio Cuello Ramos, evocando la calidad de \u201chijo leg\u00edtimo\u201d, solicit\u00f3 ante el Despacho Cuarto Civil Municipal de Valledupar, dar apertura a la sucesi\u00f3n intestada de la citada causante, a fin acceder a su cuota hereditaria, la cual dijo \u201caceptar\u201d, con \u201cbeneficio de inventario\u201d. <\/p>\n
En el libelo introductor, fij\u00f3 la competencia en el juzgador de esa circunscripci\u00f3n, \u201cpor ser el \u00faltimo asiento principal de sus negocios y por la cuant\u00eda\u201d1. <\/p>\n
2. No obstante, la preanotada judicatura rechaz\u00f3 el asunto y lo remiti\u00f3 por competencia al Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Fundaci\u00f3n, conforme a lo establecido en el numeral 12 del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, se\u00f1alando dicha localidad como ubicaci\u00f3n del \u201c\u00faltimo domicilio de la causante\u201d2. <\/p>\n
3. A su vez, el estrado destinatario tampoco acept\u00f3 la atribuci\u00f3n, y en efecto, plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, manifestando que en el escrito inicial se endilg\u00f3 la aptitud legal al remitente, por ser el funcionario de la plaza \u201cprincipal de los negocios\u201d de la fenecida, sin que se hiciera alusi\u00f3n alguna al lugar de su asiento final3. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las actuaciones a la Corte para dirimirla. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el operador judicial competente para rituar el mencionado juicio sucesorio, respecto del cual, los funcionarios concernidos discuten si la vocaci\u00f3n legal ha de adscribirse en virtud del \u00faltimo domicilio del de cujus, o si lo atinente es asignarlo en el juzgador del asiento principal de sus negocios, ambas posibilidades contempladas en el numeral 12 del art\u00edculo 28 del actual compendio de procedimiento civil. <\/p>\n
Como la discusi\u00f3n planteada involucra dos autoridades judiciales de diferente distrito judicial, corresponde dirimirla a esta Sala de la Corte Suprema de Justicia Especializada en lo Civil, por ser la superior funcional com\u00fan a ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 de la ley 1564 de 2012 (C\u00f3digo General del Proceso), y 16 de la ley 270 de 1996 -modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores que determinan la competencia <\/p>\n
Se advierte, por otra parte, que los factores de competencia determinan el juez al que el ordenamiento jur\u00eddico le ha atribuido el conocimiento de un asunto en particular, y que para los efectos de resolver el dilema que motiva el presente pronunciamiento, las normas generales que regulan la materia son las encargadas de darle soluci\u00f3n. <\/p>\n
Por ello debe recordarse que al momento de acometer el estudio preliminar sobre el conocimiento del asunto que se le ha encomendado, el administrador de justicia tiene la carga de valorar las reglas que consagra el referido estatuto, y en especial las contenidas en el T\u00edtulo II, Libro Primero, las cuales le han de orientar para que adopte la decisi\u00f3n de rigor en torno de su propia competencia. <\/p>\n
En cuanto a causas mortuorias, la regla 12\u00ba del precepto 28 del C\u00f3digo General del Proceso establece que la el conocimiento debe avocarlo el \u201cjuez del \u00faltimo domicilio del difunto en el territorio nacional, y en caso de que a su muerte hubiere tenido varios, el que corresponda al asiento principal de sus negocios\u201d (resaltado fuera de texto). <\/p>\n
De ah\u00ed que, si la voluntad del interesado es ejercida en consonancia con tales alternativas, no pueda ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee su contradictor; pero que si no guarda armon\u00eda obliga a encauzar el asunto dentro de las posibilidades que brinda el ordenamiento, en todo caso respetando en la medida de lo posible ese querer. <\/p>\n
Respecto al concepto de domicilio, y a su pluralidad, la previsi\u00f3n 76 del C\u00f3digo Civil, determina que el primero es \u201cel lugar donde un individuo est\u00e1 de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesi\u00f3n u oficio\u201d, mientras que la segunda, acaece seg\u00fan en el precepto 83 Ib\u00eddem, cuando tal atributo \u201cconcurre en varias secciones territoriales\u201d, disponiendo adem\u00e1s, que \u201csi se trata de cosas que dicen relaci\u00f3n especial a una de dichas secciones exclusivamente, ella sola ser\u00e1 para tales casos el domicilio civil del individuo\u201d. <\/p>\n
En ese sentido esta Corte ha reiterado que, <\/p>\n
\u201c(\u2026)el domicilio es \u201caquel lugar en donde la persona tiene su entorno familiar, social y econ\u00f3mico, o en palabras de Enneccerus \u2013Kipp \u2013 Wolf \u201cel punto medio de las relaciones de la vida\u201d. Del mismo modo lo enuncia el principio general del derecho, seg\u00fan el cual \u201cel domicilio est\u00e1 en el lugar en que uno vive e intencionalmente estableci\u00f3 el conjunto de sus cosas con \u00e1nimo de permanecer all\u00ed\u201d o por decirlo de otra manera, \u201cha de entenderse por \u201cdomicilio\u201d el que lo sea real y efectivamente, y no la residencia involuntaria, accidental y contingente\u201d4. <\/p>\n
4. El caso concreto. <\/p>\n
Se advierte que el precursor manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de que la liquidaci\u00f3n de la masa hereditaria de su progenitora sea tramitada en Valledupar, cual fuere su \u201clugar de asiento de negocios\u201d, y que no aludi\u00f3 al \u00faltimo domicilio de \u00e9sta, pues se limit\u00f3 a expresar que \u201cmuri\u00f3 en el municipio de Cien\u00e1ga Magdalena ya que fue remitida de Fundaci\u00f3n\u201d, donde fue registrado el deceso. <\/p>\n
Se avizora tambi\u00e9n, que pese a lo anterior, el Despacho Cuarto Civil Municipal de la preanotada municipalidad, se sustrajo de la competencia designada, y sin sustentar su decisi\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 a Fundaci\u00f3n como domicilio final de la fallecida, postura que carece de certidumbre, y que por ende, resulta desacertada, e impone acatar la voluntad del interesado, cuyo respaldo se cristaliza en que Valledupar es la ubicaci\u00f3n del \u00fanico bien denunciado en la solicitud sucesoral, m\u00e1xime cuando los facultados para remediar un eventual desafuero, son los convocados, a trav\u00e9s de los mecanismos id\u00f3neos. <\/p>\n
En un asunto de contornos similares, la Corte precis\u00f3 que, <\/p>\n
\u201cEsas manifestaciones, por s\u00ed solas no despejan, como se pretende, la inc\u00f3gnita surgida. No obstante, como seg\u00fan se ha visto, es posible la concurrencia de domicilios en una persona, unos adscritos al concepto de residencia y otros al de asiento central de sus negocios, es claro que de no existir certeza de aquella, cuando de determinar la competencia en los procesos de sucesi\u00f3n se trata, la ley ha privilegiado al relacionado con la sede principal de sus negocios e intereses y por tanto, esa directriz ser\u00e1 concluyente en este caso5\u201d. <\/p>\n
As\u00ed entonces, teniendo presente que en el sub examinen no se encuentra demostrado el \u00faltimo lugar de estancia de la finada, del que pueda predicarse su \u00e1nimo de permanencia, con singularidad, el competente para asumir el tr\u00e1mite es el juez al que inicialmente le fue presentado el legajo, quien al rehusarse como lo hizo, desplaz\u00f3 al promotor de su facultad dispositiva para se\u00f1alar el operador encargado de dirigirlo. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
En definitiva, dada la falta de evidencia que permita adscribir la competencia territorial de la causa mortuoria en el \u00faltimo domicilio de la finada GLADYS MARIA RAMOS GONZ\u00c1LEZ, y en atenci\u00f3n a que el fuero hereditario (28-12), autoriza que dicha atribuci\u00f3n pueda asumirla el juzgador de su centro negocial, en Valledupar, se remitir\u00e1n las diligencias a este \u00faltimo, conforme a lo indicado por el peticionario, para que se surta el tr\u00e1mite atinente; y de ello se pondr\u00e1 al tanto a la otra autoridad involucrada. <\/p>\n
Mem\u00f3rese adem\u00e1s, que la providencia por la cual se declara la incompetencia, tambi\u00e9n debe ser motivada de manera breve y precisa, y que desde la recepci\u00f3n del asunto, es menester observar el principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de asignaci\u00f3n surgido entre los Despachos mencionados, determinando que al Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, le compete conocer del proceso de sucesi\u00f3n intestada de GLADYS MARIA RAMOS GONZALEZ. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a la judicatura indicada, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra autoridad. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002C. Nombre de Archivo Temp. Fls. 4 a 8 del PDF. Expediente digital. <\/p>\n
2\u0002Ib\u00eddem. Fl. 18 del PDF. <\/p>\n
3\u0002Ejusdem. Fls. 21 y 22 del PDF. <\/p>\n
4\u0002(CSJ AC, 21 de mayo de 2009, Rad. 2006-01261-00 reiteradoen AC1781-2018). <\/p>\n
5\u0002AC4544-2016. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC3796-2021 (2021-02956-00) AC3796-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02956-00 Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Se decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgados, Cuarto Civil Municipal de Valledupar y Primero Promiscuo Municipal de Fundaci\u00f3n, Magdalena, para conocer del proceso de sucesi\u00f3n intestada de GLADYS […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56767","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56767","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56767"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56767\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56767"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56767"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56767"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}