AC3806-2021 (2015-00363-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3806-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 20001-31-03-001-2015-00363-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n formulado por los demandantes frente a la sentencia de 14 de diciembre de 2020, proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el proceso de responsabilidad civil promovido por Marlene Montero V\u00e1squez, Dayanis Sunilda y Jarol Sayt Angulo Montero, In\u00e9s Sof\u00eda y Roger Enrique Montero V\u00e1squez contra Saludvida S.A. E.P.S. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes pidieron declarar civilmente responsable a la convocada por las fallas en la prestaci\u00f3n de los servicios m\u00e9dicos asistenciales que recibi\u00f3 la paciente Marlene Montero V\u00e1squez, en especial, los que propiciaron la necesidad de practicarle una \u00abeventrorrafia con malla\u00bb en el Hospital Rosario Pumarejo de L\u00f3pez E.S.E. <\/p>\n
Como consecuencia, imploraron la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os causados en estos t\u00e9rminos: i) para la v\u00edctima directa doscientos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por \u00abperjuicio moral\u00bb, doscientos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por concepto de \u00abalteraci\u00f3n grave a las condiciones de existencia o da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb y doscientos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por \u00abda\u00f1o a la salud, fisiol\u00f3gico y\/o biol\u00f3gico\u00bb; ii) para cada uno de los hijos de la afectada doscientos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por \u00abperjuicio moral\u00bb y doscientos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por \u00abda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb; iii) cien salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes por \u00abperjuicio moral\u00bb y cien salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes adicionales por \u00abda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb para cada uno de los hermanos demandantes. <\/p>\n
2. El juez de primer grado declar\u00f3 probada la \u00abinexistencia de los elementos de responsabilidad que configuren falla en el servicio\u00bb y neg\u00f3 los pedimentos de los actores (10 nov. 2016), sentencia que impugnada, fue confirmada por el Superior (14 dic. 2020). <\/p>\n
3. Frente a esa decisi\u00f3n, los demandantes formularon recurso de casaci\u00f3n, que el Tribunal concedi\u00f3 luego de encontrar acreditadas las exigencias legales, entre ellas el inter\u00e9s econ\u00f3mico de los recurrentes, cuyas aspiraciones conjuntas, desestimadas en ambas instancias, ascienden a \u00ab$1.030.960.000\u00bb (23 mar. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Las normas procesales consagran varios supuestos a observar al momento de conceder el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, ya que solo procede contra determinadas sentencias, cuando lo interpone en tiempo un litigante legitimado para hacerlo y, en caso de tratarse de reclamaciones netamente econ\u00f3micas, si la resoluci\u00f3n desfavorable al opugnador excede de 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, a lo que se suman los ordenamientos consecuenciales a la ejecutabilidad de las mismas, conforme las instrucciones dadas por los art\u00edculos 334 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Por ende, la labor del encargado de establecer su viabilidad exige un estudio concienzudo que, de resultar insuficiente y as\u00ed advertirlo la Corte en un riguroso examen preliminar, amerita la devoluci\u00f3n de las actuaciones para su escrutinio en forma. <\/p>\n
Ahora bien, en los pleitos de contenido esencialmente patrimonial el art\u00edculo 339 ib\u00eddem prev\u00e9 que cuando \u00absea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u00bb, precepto que contiene una carga para el censor de acreditar el monto del detrimento que le ocasiona la sentencia, salvo que lo estime determinable con los elementos obrantes en el expediente, en cuyo caso es labor del funcionario constatarlo sin que le est\u00e9 permitido decretar medios de convicci\u00f3n adicionales a los existentes, ya que el recurrente asume los efectos adversos de su desidia. <\/p>\n
Y aun cuando el inciso final del art\u00edculo 342 ejusdem se\u00f1ala que \u00abla cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte\u00bb, eso no quiere decir que las falencias de quien concede el recurso queden salvadas puesto que pasarlas por alto ser\u00eda tanto como permitir que la Corporaci\u00f3n ejerza competencia sobre asuntos que en realidad le est\u00e1n vedados, en desmedro del debido proceso. <\/p>\n
En prove\u00eddo AC6081-2017, reiterado en AC1660-2021, se dijo en relaci\u00f3n con el aparte transcrito que, <\/p>\n
[e]sta \u00faltima regla no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporaci\u00f3n admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectaci\u00f3n al inter\u00e9s patrimonial del actor, pues ello llevar\u00eda a vaciar el contenido y la finalidad del acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia de un quantum en la afectaci\u00f3n, que simplemente se ver\u00edan soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisi\u00f3n equivocada o apartada del material probatorio obrante en el expediente, con la consecuente afectaci\u00f3n de los principios de legalidad e igualdad. <\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3 que, <\/p>\n
[p]ara evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que ello qued\u00f3 exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situaci\u00f3n que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podr\u00e1 solicitarles que examinen su propia decisi\u00f3n, indicando las razones para ello (Cfr. AC5274, 18 ag. 2016). <\/p>\n
A pesar de que en los casos de sentencias total o parcialmente adversas a los accionantes los perjuicios morales, los da\u00f1os fisiol\u00f3gicos y a la vida de relaci\u00f3n, corresponden a partidas que inciden en la fijaci\u00f3n del quantum para acoger esta v\u00eda extraordinaria, eso no quiere decir que los topes por ellos indicados sean inalterables con ese prop\u00f3sito, ya que desde anta\u00f1o la Corte ha sido consistente en que su fijaci\u00f3n en caso de decisiones condenatorias est\u00e1 asignada al criterio del juzgador conforme a las reglas de la experiencia, para lo cual debe tomar en consideraci\u00f3n las circunstancias particulares que rodean la litis, con apoyo en los precedentes sobre la materia. <\/p>\n
Esa posici\u00f3n se conserva bajo las directrices del C\u00f3digo General del Proceso y as\u00ed lo resalt\u00f3 esta Sala en providencia AC1114-2018, reiterada en AC215-2019, donde se destac\u00f3 que, <\/p>\n
[t]rat\u00e1ndose de un fallo absolutorio, total o parcial, el agravio inferido necesariamente debe asociarse con las pretensiones econ\u00f3micas negadas, entendiendo las invocadas en la demanda o en su reforma, por regla de principio, a partir de la mensura efectuada en esos mismos actos procesales por el demandante, incluyendo tambi\u00e9n los da\u00f1os inmateriales, pero no en la cuant\u00eda reclamada, por cuanto su estimaci\u00f3n se encuentra librada al arbitrium iudicis, cual as\u00ed lo ha sostenido la Corte, (\u2026), pero respondiendo a criterios de prudencia, sapiencia, ponderaci\u00f3n, rectitud, naturaleza del da\u00f1o o magnitud de afectaciones s\u00edquicas que \u00e9ste depara; en fin, en cuant\u00edas de cuando en cuando actualizadas por la jurisprudencia. <\/p>\n
Lo anterior, sin embargo, no significa erradicar el valor de esa clase de pretensiones del quantum para recurrir en casaci\u00f3n. Simplemente, en doctrina que en la hora de ahora mantiene vigencia, esta Corporaci\u00f3n, en torno al perjuicio moral, ha sostenido que \u201c(\u2026) no puede ser estimado por el demandante o considerado por el sentenciador de segundo grado, de manera incondicional, para efectos del inter\u00e9s aludido\u201d (CSJ. Auto 213 de 7 de octubre de 2004, expediente 00353, reiterado en auto de 11 de diciembre de 2009, expediente 00445). <\/p>\n
En la \u00e9poca del C\u00f3digo del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se aceptaba incluir para el efecto la cuant\u00eda que por perjuicios morales era se\u00f1alada por la propia parte, siempre y cuando, al decir de la Sala, respondiera bien a los \u201cmontos fijados en la jurisprudencia\u201d, ya a los \u201cl\u00edmites legales (art\u00edculo 97 del C\u00f3digo Penal)\u201d. (CSJ. Auto de 11 de julio de 2014, expediente 02523). <\/p>\n
El primer criterio, en la sistem\u00e1tica del C\u00f3digo General del Proceso, es el actualmente aplicable, no solo porque para efectos de determinar competencia, en la susodicha materia, se autoriz\u00f3 tener en cuenta los \u201cpar\u00e1metros jurisprudenciales m\u00e1ximos\u201d (art\u00edculo 25, ib\u00eddem), lo cual a no dudarlo sirve de referente, sino porque el arbitrio judicial aparece reafirmado en el art\u00edculo 206, inciso 6\u00ba, ejusdem, a cuyo tenor el \u201cjuramento estimatorio no aplicar\u00e1 a la cuantificaci\u00f3n de los da\u00f1os extrapatrimoniales\u201d. <\/p>\n
La normatividad vigente, como se observa, repele aceptar pretensiones inmateriales, siguiendo la estimaci\u00f3n de la parte, perviviendo, por lo tanto, para fulminar una condena o ponderar la cuant\u00eda en casaci\u00f3n, el precedente judicial, seg\u00fan el cual el \u201c(\u2026) recto criterio del fallador (\u2026) viene a ser el adecuado para su tasaci\u00f3n (\u2026)\u201d, todo, por supuesto, seg\u00fan las circunstancias concretas en causa. <\/p>\n
Desde luego, la restricci\u00f3n para que la parte estime el quantum inmaterial (da\u00f1o moral y\/o a la vida de relaci\u00f3n), debe entenderse cuando resulta arbitrario o ilimitado, haciendo depender a su antojo la procedencia de los recursos, y no cuando observa las directrices jurisprudenciales, vigentes a la saz\u00f3n o al momento de emitirse el fallo impugnado causante del perjuicio irrogado. <\/p>\n
Adicionalmente, cabe acotar que cuando las partes son plurales, es menester verificar si el recurso lo interponen todos o algunos de sus integrantes; as\u00ed mismo, en qu\u00e9 calidad act\u00faan. Estas condiciones tienen relevancia en la forma como se cuantifica lo perseguido por el litigante insatisfecho, ya sea por el total, cuando se trata de litisconsortes necesarios, o dividi\u00e9ndolo por la participaci\u00f3n de cada uno, si son facultativos. <\/p>\n
[e]n la hip\u00f3tesis en la que el extremo actor lo integra m\u00e1s de una persona, forzoso es examinar qui\u00e9n o quienes interponen el recurso, adem\u00e1s de la clase de vinculaci\u00f3n que los une, esto es, obligatoria o facultativa. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la presencia de un litisconsorcio y su incidencia en la ponderaci\u00f3n del menoscabo que justifica acudir a esta opugnaci\u00f3n, la Sala ha dicho que \u201c[l]a labor de tasaci\u00f3n del desmedro econ\u00f3mico del impugnante, que est\u00e1 a cargo de quien concede el medio de contradicci\u00f3n, no presenta mayor dificultad cuando se trata de partes singulares. Sin embargo, contemplan los art\u00edculos 50 y 51 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy art\u00edculos 60 y 61 del C\u00f3digo General del Proceso] la posibilidad de que su conformaci\u00f3n sea plural, en cuyo caso la calidad que tengan como litisconsortes facultativos o necesarios incide en la decisi\u00f3n que se tome, pues, mientras que los primeros son considerados como litigantes separados, a los \u00faltimos los une un v\u00ednculo tal que la resoluci\u00f3n para todos ellos es uniforme (\u2026) Bajo ese criterio, cuando varios interesados acuden al un\u00edsono en acumulaci\u00f3n de pretensiones como accionantes, aun sabiendo que pueden formular sus reclamos de manera independiente, sus expectativas en las resultas del debate difieren, lo que conlleva a un an\u00e1lisis individualizado de su inter\u00e9s para controvertir la decisi\u00f3n del juzgador, en el caso de que uno o varios de ellos advierta que la misma les es lesiva (AC4320-2015).\u201d <\/p>\n
Todo sin perder de vista, que si bien resulta imperativo tasar de manera separada la cuant\u00eda del agravio trat\u00e1ndose de litisconsortes facultativos que pretenden acceder a que se revise la legalidad del fallo, tambi\u00e9n lo es, que \u201cCuando respecto de un recurrente se cumplan las condiciones para impugnar una sentencia, se conceder\u00e1 la casaci\u00f3n interpuesta oportunamente por otro litigante, aunque el valor del inter\u00e9s de este fuere insuficiente\u2026\u201d (art. 338, inc. 2\u00b0). <\/p>\n
Incluso en AC3335-2018, en un asunto de la misma naturaleza al que ahora es objeto de estudio, se recalc\u00f3 que <\/p>\n
[t]rat\u00e1ndose de un proceso de responsabilidad civil donde varios gestores acuden conformando un litisconsorcio facultativo, para efectos de establecer el monto del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n es menester examinar el desmedro patrimonial que la sentencia le irroga a cada uno de ellos en forma individual, como quiera que al tenor del art\u00edculo 60 del C\u00f3digo General del Proceso, deben ser considerados en sus relaciones con la contraparte como litigantes separados y los actos de cada uno no redundan en provecho ni en perjuicio de los otros. En tal virtud, no es factible para los referidos efectos realizar la sumatoria de las aspiraciones econ\u00f3micas de todos los afectados con el fallo censurado. <\/p>\n
2. En esta oportunidad, el magistrado sustanciador estim\u00f3 que a los demandantes les asist\u00eda inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n porque el \u00abvalor total de las pretensiones negadas\u00bb en las instancias superaba el umbral se\u00f1alado por el legislador procesal, conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 a partir de la sumatoria de los rubros correspondientes a los \u00abperjuicios morales\u00bb y \u00abalteraci\u00f3n grave a las condiciones de existencia o da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb exigidos en el libelo introductor, que arroj\u00f3 una cifra global de $1.030\u2019960.000 (23 mar. 2021). <\/p>\n
Sin embargo, n\u00f3tese que esa operaci\u00f3n aritm\u00e9tica deja de lado el monto del \u00abda\u00f1o a la salud, fisiol\u00f3gico y\/o biol\u00f3gico\u00bb que tambi\u00e9n inst\u00f3 la v\u00edctima directa (Cfr. Demanda – Condena A.4), sin ofrecer ninguna explicaci\u00f3n para tal exclusi\u00f3n, como tampoco la hubo sobre las razones para acoger sin miramientos el monto de los restantes perjuicios inmateriales reclamados por los inconformes, que, seg\u00fan se anot\u00f3, deb\u00edan ajustarse a los precedentes horizontales y verticales sobre la materia. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en forma inapropiada el Tribunal agrup\u00f3 en el resultado de esa operaci\u00f3n matem\u00e1tica las aspiraciones individuales de los accionantes, sin percatarse que la mera coincidencia de los hechos en que basaron su reclamo o la identidad de su contradictor no eran suficientes para considerarlos como litisconsortes necesarios en este caso (cfr. arts. 60 y 61 CGP), pues bien pudieron acudir independientemente a pedir la reparaci\u00f3n de los da\u00f1os que cada uno de ellos esgrimi\u00f3. <\/p>\n
3. En suma, el ad quem se precipit\u00f3 al conceder el recurso extraordinario sin dilucidar por separado el detrimento de cada opugnador y si era proporcionada la estimaci\u00f3n de las afectaciones extrapatrimoniales o, en su defecto, clarificar los motivos por los cuales la admit\u00eda, sin mayores reparos, como si se tratara de un solo litigante. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se impone la devoluci\u00f3n de las actuaciones al Tribunal para que corrobore el componente econ\u00f3mico que permanece incierto. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar prematuro el pronunciamiento de la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Valledupar, al conceder el recurso de casaci\u00f3n formulado por los demandantes Marlene Montero V\u00e1squez, Dayanis Sunilda y Jarol Sayt Angulo Montero, In\u00e9s Sof\u00eda y Roger Enrique Montero V\u00e1squez en el presente asunto. <\/p>\n
Segundo: Devolver el expediente a la oficina de origen para que agote la actuaci\u00f3n pertinente. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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