AC3812-2021 (2016-00089-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC3812-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-016-2016-00089-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Aura Esther Avenda\u00f1o Acendra para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 30 de abril de 2018, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso declarativo promovido por la suplicante frente a Octavio de Jes\u00fas Bonett Avenda\u00f1o y la sociedad Atlantic Capital S.A.S. <\/p>\n
<\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
La reclamante solicit\u00f3 declarar la \u00abnulidad absoluta\u00bb del contrato de \u00abventa con pacto de retroventa\u00bb, celebrado por Octavio de Jes\u00fas Bonett Avenda\u00f1o a favor de la sociedad Atlantic Capital S.A.S., contenido en la escritura p\u00fablica No. 344 de 2 de febrero de 2016; en consecuencia, pidi\u00f3 la cancelaci\u00f3n del registro de ese instrumento p\u00fablico en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del predio objeto del negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. Aura Esther Avenda\u00f1o Acendra dijo ser la \u00abactual propietaria\u00bb del inmueble situado en la \u00abcalle 90 No. 44-62\u00bb de Barranquilla (Atl\u00e1ntico), e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 040-45588. <\/p>\n
3. La convocante obtuvo copia de la escritura p\u00fablica No. 00081 del 26 de enero de 2015, a trav\u00e9s de la cual, supuestamente, otorg\u00f3 el mandato referido, encontrando all\u00ed que su firma es \u00abproducto de una falsedad por imitaci\u00f3n servil\u00bb y no corresponde a la que suele estampar en sus \u00abactos comerciales y mercantiles\u00bb. <\/p>\n
4. Al responder el derecho de petici\u00f3n radicado por la parte actora para solicitar \u00absegunda copia\u00bb del instrumento aludido, la Notaria Once encargada del C\u00edrculo Notarial de Barranquilla indic\u00f3 que la reproducci\u00f3n de \u00e9ste \u00abfue adulterada y por error se alcanzaron a entregar unas copias entre estas unas a ustedes como nos manifest\u00f3 en el d\u00eda de ayer.\/ Hemos comunicado a las autoridades correspondientes lo acaecido. \/Favor poner los hechos en conocimiento de la Fiscal\u00eda para individualizar, identificar y sancionar a los responsable[s]\u00bb. <\/p>\n
5. La accionante nunca le confiri\u00f3 facultad alguna a su descendiente Octavio de Jes\u00fas Bonett Avenda\u00f1o para transferir la heredad se\u00f1alada, es m\u00e1s, existe otro infolio \u2013escritura p\u00fablica No. 0127 de 22 de abril de 2015- en la que tambi\u00e9n se adulteraron su r\u00fabrica y su impresi\u00f3n dactilar, seguramente realizadas por la misma persona para llevar a cabo su suplantaci\u00f3n. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. El escrito inicial fue admitido por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Barranquilla, en auto de 28 de junio de 2016. [Folio 36, c. principal]. <\/p>\n
2. En prove\u00eddo del 20 de octubre siguiente se design\u00f3 curador ad l\u00edtem al conminado Octavio de Jes\u00fas Bonett Avenda\u00f1o, auxiliar que manifest\u00f3 atenerse a lo que \u00abresulte probado en el desarrollo del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Notificada personalmente la compa\u00f1\u00eda convocada, pidi\u00f3 se decretara la \u00abilegalidad del auto admisorio de la demanda\u00bb por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa\u00bb, dado que la suplicante junto con su hijo Octavio de Jes\u00fas Bonett Avenda\u00f1o e Irina Margarita Gonz\u00e1lez Olmos \u2013 Notaria Once de Barranquilla encargada-, fraguaron el acuerdo fustigado para defraudarla; petici\u00f3n que fue desestimada en providencias del 13 de diciembre subsiguiente y 10 de febrero de 2017. <\/p>\n
4. En sentencia de 2 de octubre de 2017, el a quo neg\u00f3 las pretensiones izadas, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Superior de Barranquilla, en fallo del 30 de abril de 2018, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte actora. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
Los argumentos centrales de la sentencia del ad quem pueden resumirse as\u00ed: <\/p>\n
1. Comenz\u00f3 por memorar que al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil, las causales de nulidad absoluta de los actos o contratos son \u00ab1) el objeto il\u00edcito; 2) la causa il\u00edcita; 3) la incapacidad absoluta de la persona que emite el consentimiento y; 4) la omisi\u00f3n de alguno de los requisitos o las formalidades que la ley prescribe para el valor de ciertos actos o contratos, en consideraci\u00f3n a la naturaleza de ellos\u00bb. Que esos motivos son taxativos, por ende, cualquier otra anomal\u00eda contractual s\u00f3lo tendr\u00eda la virtud de provocar \u00abun efecto diferente como podr\u00eda ser la nulidad relativa o su inoponibilidad\u00bb. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n, dijo que la controversia se suscit\u00f3 por la \u00abfalsedad de la firma de la mandante para que el se\u00f1or Octavio Bonett Avenda\u00f1o enajenara en su nombre y representaci\u00f3n un inmueble de su propiedad a favor de la sociedad Atlantic Capital S.A.S.\u00bb, situaci\u00f3n que se ubicaba en el campo de uno de los elementos esenciales que compromet\u00eda la \u00abexistencia jur\u00eddica\u00bb del convenio controvertido, esto es, la \u00abfalta de consentimiento\u00bb, previsto en el canon 1502 Ibidem. Que, trat\u00e1ndose de actos solemnes, el citado presupuesto se materializaba cuando los otorgantes plasman su firma en el documento, premisa que infiri\u00f3 de lo establecido en los art\u00edculos 12, 14, 35 y 38 del Decreto 960 de 1970. <\/p>\n
3. Con tal delimitaci\u00f3n del asunto, a juicio del Tribunal, no se encontraba acreditada \u00abt\u00e9cnicamente a trav\u00e9s de un dictamen grafol\u00f3gico\u00bb la falsedad material de la firma de la convocante en el poder general contenido en la escritura p\u00fablica No. 00081 del 26 de enero de 2015, que permiti\u00f3 a Octavio Bonett Avenda\u00f1o celebrar en nombre y representaci\u00f3n de aquella el convenio objetado. Que si bien, en \u00aboficio expedido por la Notar\u00eda Once encargada del C\u00edrculo de Barranquilla el 7 de abril de 2016\u00bb se anot\u00f3 que \u00abla copia de la [aludida] escritura p\u00fablica (\u2026), fue adulterada y por un error se alcanzaron a entregar unas copias falsas\u00bb, ese documento, carec\u00eda de la \u00abcontundencia suficiente\u00bb a prop\u00f3sito de \u00abdesconocer lo estipulado en el precitado instrumento p\u00fablico, ni mucho menos, desvirtuar la presunci\u00f3n de legalidad de que gozan dichos documentos, m\u00e1s a\u00fan cuando no existe pronunciamiento judicial que determine la mentada falsedad\u00bb [min. 6:39 a 8:06]. <\/p>\n
4. Destac\u00f3, igualmente, que aun cuando se practic\u00f3 un dictamen pericial en el curso de la litis, esa experticia se hizo sobre una \u00abescritura p\u00fablica diferente a la que (\u2026) se pretende anular y por ello, no podr\u00eda decirse que la r\u00fabrica atribuida a la actora en el poder general no correspond\u00eda a ella por hab\u00e9rsele falsificado, pues, se reitera, el dictamen recaudado en este asunto reca\u00eda sobre otro instrumento p\u00fablico\u00bb [min 8:07 a 8:45]. <\/p>\n
A\u00fan m\u00e1s, el hecho de que el representante legal en el interrogatorio de parte haya puesto en duda la autenticidad del poder general utilizado para celebrar el pacto refutado, no resultaba suficiente a fin de tener por espurio ese acto, \u00abpor no ser la prueba id\u00f3nea para ello\u00bb. <\/p>\n
5. Coligi\u00f3 entonces, que ante la \u00abfalta de cumplimiento de la carga probatoria por la parte demandante en cuanto a los requisitos para la prosperidad de la pretensi\u00f3n planteada\u00bb, confirmaba lo decidido en la primera instancia. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se erigi\u00f3 sobre dos (2) cargos por la v\u00eda de la \u00abviolaci\u00f3n indirecta\u00bb de la ley sustancial (n\u00fam. 2\u00ba, art. 336 del C. G. del P.). La censora los desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Apoyado en la causal \u00abprimera\u00bb de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de violar \u00abindirectamente\u00bb por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb los art\u00edculos 6, 1502, 1505, 1857 (inciso 2\u00ba), 1740, 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil; 822, 832, 833 y 841 del C\u00f3digo de Comercio; y por \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb los preceptos 29, 228 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 899 y 901 del C\u00f3digo de Comercio; 2 y 42 del C\u00f3digo General del Proceso y; 12 y 99 (numeral 2\u00ba) del Decreto 960 de 1970, lo anterior, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda y de los elementos probatorios. <\/p>\n
En soporte de su censura argument\u00f3, que el ad-quem incurri\u00f3 en la infracci\u00f3n que se le enrostra, al realizar una \u00abinadecuada apreciaci\u00f3n\u00bb del escrito genitor, lo cual llev\u00f3 a que concluyera que la reclamante hab\u00eda desacertado la \u00abv\u00eda\u00bb para demandar, pues \u00abdebi\u00f3 escoger la inoponibilidad del contrato, en vez de la nulidad absoluta\u00bb, yerro que, adem\u00e1s, fue determinante para que el sentenciador de segundo grado se \u00abinhibiera\u00bb al momento de decidir los extremos de la litis. <\/p>\n
En otro segmento se\u00f1al\u00f3, que la Colegiatura desconoci\u00f3, el \u00abvalor de la certificaci\u00f3n notarial de que \u2018\u2026la copia de la Escritura P\u00fablica No. 0081 del 26 de enero de 2015 fue adulterada\u2019\u00bb as\u00ed como la declaraci\u00f3n del representante legal de la sociedad interpelada, \u00abquien reconoce el origen espurio del citado documento\u00bb. Adicionalmente, teniendo en cuenta \u00abpar\u00e1metros de tarifa legal\u00bb concluye que el medio de convicci\u00f3n id\u00f3neo para acreditar la falsedad del instrumento evocado es un dictamen grafol\u00f3gico, en contrav\u00eda de lo dispuesto en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 165 de la nueva ley de enjuiciamiento civil. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Aduciendo el primer motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, censur\u00f3 la sentencia de haber infringido, por la senda indirecta, por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb los art\u00edculos 29, 228 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; 1502, y 1857 (inciso 2\u00ba) del C\u00f3digo Civil; 822 y 898 (inciso 2\u00ba) del C\u00f3digo de Comercio; 2 y 42 del C\u00f3digo General del Proceso y; 12 y 99 (numeral 2\u00ba) del Decreto 960 de 1970; y por \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb los preceptos 841 y 901 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Para su demostraci\u00f3n sostuvo, que el sentenciador de segundo grado incurri\u00f3 en una \u00abinadecuada apreciaci\u00f3n de la demanda\u00bb, lo cual, trasgredi\u00f3 los mandatos normativos aludidos, ya que, en el libelo inaugural pidi\u00f3 la declaratoria de nulidad absoluta del compromiso motivo de controversia por ausencia del elemento \u00abconsentimiento\u00bb, por lo tanto, debi\u00f3 el juzgador concluir \u00abque lo pretendido era en suma la inexistencia del acto\u00bb, mas no, su \u00abinoponibilidad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en AC703-2020, 2 mar., rad.2015-00192-01). <\/p>\n
As\u00ed que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte de manera reiterativa ha dicho que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida. (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras, que los segundos hacen referencia, a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de nulidad). <\/p>\n
2.1. Cuando los reparos se enfilan por la causal primera, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, esto es, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (AC3599, 27 ago. 2018, rad. 2015-00704). <\/p>\n
Acorde con lo antedicho, cuando se predique violaci\u00f3n directa: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la labor argumentativa del censor s\u00f3lo puede estar orientada a descubrir los falsos juicios sobre las normas materiales que regulan el caso, ya sea por falta de aplicaci\u00f3n, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicaci\u00f3n indebida, al incurrir en un error de selecci\u00f3n que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia, pero se le da un alcance que no tienen, present\u00e1ndose una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. (…) Corresponde, por ende, a una causal de pleno derecho, encaminada a develar una lesi\u00f3n producida durante el proceso intelectivo que realiza el follador, por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, en la labor de escogencia y ex\u00e9gesis de la regulaci\u00f3n que considera aplicable, con un resultado ajeno al querer del legislador\u00bb. (SC 15 nov. 2012, rad. 2008-00322-01, SC 4 abr. 2013, rad. 2004-00457-01). <\/p>\n
2.2. Trat\u00e1ndose de la causal segunda, a m\u00e1s de la invocaci\u00f3n de los mandatos sustanciales se le impone al acusador la carga de manifestar la manera como el sentenciador los transgredi\u00f3. De este modo, en trat\u00e1ndose del error de hecho la labor del casacionista estar\u00e1 orientada a contrastar, objetivamente, la prueba con lo que de ella concluy\u00f3 el Tribunal, para de all\u00ed determinar si en ese razonamiento, se supuso, se tergivers\u00f3 o se pretermiti\u00f3 su contenido. Y en cuanto al error de derecho la tarea del recurrente se enfocar\u00e1 a indicar la norma probatoria infringida y, adicionalmente, demostrar si a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, ninguno de los cargos formulados satisface los requisitos legales que establece el legislador y por ello, ser\u00e1n inadmitidos. <\/p>\n
3.1. De entrada, es preciso anotar, que en ambos cargos la recurrente se apoya en la causal \u00abprimera\u00bb del art\u00edculo 336 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, pero en su exposici\u00f3n acus\u00f3 la sentencia del Tribunal de violar \u00abindirectamente\u00bb los mandatos all\u00ed relacionados. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, se aprecia que si bien la censora acude al primer motivo de casaci\u00f3n para combatir el fallo de segundo grado, lo cierto es que en su desarrollo no eleva reparo alguno frente a la reflexi\u00f3n que hizo el juzgador plural de las normas utilizadas para desestimar las aspiraciones de la demanda, sino que la denuncia gir\u00f3 en torno a demostrar la indebida apreciaci\u00f3n del libelo inicial y de las pruebas, lo que sin duda, ubica el ataque en el campo de la v\u00eda indirecta, lo cual, resta claridad a las acusaciones, lo que habilitar\u00eda su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
3.2. Pero aun cuando la Corte entendiera que lo mencionado solo fue un lapsus calami y abordara el estudio desde la perspectiva de la causal segunda \u2013v\u00eda indirecta-, su suerte no ser\u00eda distinta. <\/p>\n
Esto, por cuanto el primer embate es incompleto y, desenfocado. Lo primero, porque la impugnante para nada denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 14, 35 y 38 del Decreto 960 de 1970, los cuales sirvieron de base al Tribunal para concluir que las firmas impuestas en el poder general acreditaban el elemento del consentimiento del negocio jur\u00eddico, y era se\u00f1al de aceptaci\u00f3n de los contratantes de lo all\u00ed plasmado. <\/p>\n
Lo segundo, debido a que la opugnante acusa a la Corporaci\u00f3n de haber proferido una sentencia inhibitoria, luego de concluir que la promotora se equivoc\u00f3 al escoger la v\u00eda, pues sus pretensiones estaban dirigidas a obtener la nulidad absoluta del contrato objeto del litigio, en vez de su inoponibilidad. Sin embargo, esa premisa no fue siquiera contemplada en la providencia refutada, pues, recu\u00e9rdese que el colegiado respald\u00f3 la negativa total de las aspiraciones del escrito inicial, dispuesta por el funcionario de primer nivel, luego de establecer que no se acredit\u00f3 la falsedad del mandato general b\u00e1culo del acuerdo rebatido, lo cual, descarta de plano que se hubiera inhibido al decidir los extremos del pleito. <\/p>\n
3.3. Aunado a lo anterior, en el primer cargo, la suplicante realiza una indebida mixtura de los errores de hecho y de derecho, apart\u00e1ndose, una vez m\u00e1s, de la t\u00e9cnica propia de este recurso prevista en el art\u00edculo 344 Ibidem. <\/p>\n
En efecto, en el umbral del ataque se pone de presente que el juicio de legalidad de la sentencia de segunda instancia se har\u00e1 por la v\u00eda indirecta a consecuencia de errores de hecho. No obstante, en el desarrollo del embate la cr\u00edtica se eleva porque el ad quem no le otorg\u00f3 el valor que supuestamente ten\u00eda \u00abla certificaci\u00f3n notarial de que \u2018\u2026la copia de la Escritura P\u00fablica No. 0081 del 26 de enero de 2015 fue adulterada\u2019\u00bb y la declaraci\u00f3n del representante legal de la sociedad citada, \u00abquien reconoce el origen espurio del citado documento\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la censura, pese a que pretende evidenciar un yerro de facto, su argumentaci\u00f3n est\u00e1 encaminada a denunciar la presencia de un dislate de derecho, en la medida en que el juez plural les quit\u00f3 m\u00e9rito demostrativo a los medios de convicci\u00f3n aludidos. <\/p>\n
Pero aun de considerar que se trata de un nuevo equ\u00edvoco gramatical de la casacionista y realmente el ataque se fund\u00f3 en la comisi\u00f3n de un error de iure, no se cit\u00f3, conforme se exige para esta clase de desacierto, la norma probatoria que se quebrant\u00f3, tornando deficiente el reproche. <\/p>\n
3.4. A\u00fan m\u00e1s, si se obviaran tales falencias, de todas formas, la primera disconformidad no sirve a prop\u00f3sito de derruir el fallo del juzgador de segundo grado, pues, de tenerse en cuenta que la casacionista le achaca a \u00e9ste un desv\u00edo de facto, olvid\u00f3 individualizar cada una de las pruebas cuya indebida apreciaci\u00f3n pregona y confrontarlas a la luz de la valoraci\u00f3n realizada por el sentenciador, a fin de demostrar el desatino en que incurri\u00f3 y la trascendencia en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
3.5. Referente al segundo cargo, la impugnante denunci\u00f3 el menoscabo indirecto de las normas sustanciales algunas por \u201cfalta de aplicaci\u00f3n\u201d y otras por \u201cindebida aplicaci\u00f3n\u201d; sin embargo, en este incurri\u00f3 en la misma falencia en cuanto a las normas presuntamente trasgredidas, y tampoco acredit\u00f3 la manera en la que se produjo la alegada vulneraci\u00f3n, pues parti\u00f3 de supuestos equivocados para cuestionar la postura del Tribunal. <\/p>\n
En ese sentido, la casacionista en la cr\u00edtica esbozada insiste en que el Colegiado hizo una \u00abinadecuada apreciaci\u00f3n\u00bb del libelo inicial, al considerar que la pretensi\u00f3n debi\u00f3 apuntar a solicitar la \u00abinoponibilidad\u00bb del contrato refutado y no la nulidad absoluta. <\/p>\n
Empero, bien mirado el fallo cuestionado, se advierte que el juzgador de segunda instancia confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo, luego de concluir que, de las pruebas obrantes en el plenario no se acreditaba la falsedad de la escritura p\u00fablica No. 0081 de 26 de enero de 2015, que habilit\u00f3 a Octavio Bonett Avenda\u00f1o para ajustar el acto reprochado en nombre y representaci\u00f3n de la se\u00f1ora Avenda\u00f1o Acendra. <\/p>\n
En esas condiciones, ni por asomo se observa que el sentenciador acusado haya concluido que la accionante equivoc\u00f3 el cauce para atacar la convenci\u00f3n discutida o que, al establecer la supuesta ausencia del elemento del consentimiento en ese acto, la aspiraci\u00f3n debi\u00f3 guiarse para obtener su inoponibilidad, en vez de la nulidad absoluta. La alusi\u00f3n sobre esta \u00faltima figura que realiz\u00f3 el ad quem en el prove\u00eddo combatido fue a prop\u00f3sito de poner de relieve que por esa senda se objetaba cualquier otra anomal\u00eda contractual diferente a las taxativamente contempladas en el art\u00edculo 1741 del C\u00f3digo Civil, empero, no enderez\u00f3 desde aquella perspectiva su juicio sobre las aspiraciones del escrito inicial, de modo que, la censura luce desenfocada. <\/p>\n
3.6. Deviene de lo dicho que la inconforme no satisfizo las previsiones del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, pues los argumentos desarrollados no poseen la aptitud para patentizar los yerros atribuidos al juzgador, por ende, es claro que la argumentaci\u00f3n de la censora no fue m\u00e1s all\u00e1 de un alegato de instancia, que de ninguna manera es suficiente para sustentar la causal de casaci\u00f3n ac\u00e1 presentada; por el contrario, desconoce el car\u00e1cter extraordinario de este recurso. <\/p>\n
4. Tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
5. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las dos acusaciones y, por ende, de la s\u00faplica en casaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3812-2021 (2016-00089-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC3812-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-31-03-016-2016-00089-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56775","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56775","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56775"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56775\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56775"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56775"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56775"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}