AC3822-2021 (2016-00787-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC3822-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-019-2016-00787-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Gerardo N\u00fa\u00f1ez Pi\u00f1eres para sustentar el recurso de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia de 18 de enero de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta capital, dentro del proceso declarativo promovido por el recurrente frente a Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n
El actor pidi\u00f3 se declarara la responsabilidad civil extracontractual del convocado, con ocasi\u00f3n del \u00abaccionar abusivo, denuncia temeraria, de mala fe y como responsable de las medidas cautelares decretadas y practicadas a solicitud de [\u00e9ste] y con relaci\u00f3n al Yate denominado \u2018Aguja\u2019\u00bb. En consecuencia, pidi\u00f3 a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n los siguientes valores: (i) $726\u2019085.364 por da\u00f1o emergente; (ii) $2.727\u2019701.672 por lucro cesante; (iii) 1.000 salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes por detrimento moral y; (iv) $150\u2019000.000 como perjuicio a la \u00abvida de relaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
B. Los hechos <\/p>\n
1. En el a\u00f1o 2002, Gerardo N\u00fa\u00f1ez Pi\u00f1eres y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub compraron el yate \u2018Aguja\u2019, identificado con la matr\u00edcula No. \u00abCP-05-0505-B\u00bb, de propiedad de Jaime Borda Martelo, para lo cual suscribieron un \u00abcontrato de promesa\u00bb y desembolsaron como precio la suma de \u00ab$70\u2019000.000\u00bb a favor de este \u00faltimo, a cambio, los contendientes recibieron la embarcaci\u00f3n quedando bajo su cuidado y administraci\u00f3n desde el 31 de enero de dicha anualidad. <\/p>\n
2. Con el fin de inscribir el dominio de la lancha aludida en la Capitan\u00eda del Puerto de Cartagena \u2013Direcci\u00f3n General Mar\u00edtima de la Armada Nacional- era indispensable que cada uno de los adquirentes aportara el \u00abcertificado de carencia de informes por tr\u00e1fico de estupefacientes\u00bb, carga que no cumpli\u00f3 el instado, y como el vendedor \u00abexig\u00eda su desvinculaci\u00f3n del registro en forma inmediata\u00bb, el 1\u00ba de noviembre de 2004 transfiri\u00f3 el bote al reclamante, quien obr\u00f3 en adelante como \u00fanico \u00abpropietario-responsable\u00bb. <\/p>\n
3. Al perfeccionarse el empadronamiento en cabeza del accionante, este le comunic\u00f3 al interpelado que una vez obtuviera el \u00abcertificado\u00bb mencionado se har\u00edan las modificaciones pertinentes en la Capitan\u00eda del Puerto de Cartagena, sin embargo, \u00abjam\u00e1s lo aport\u00f3\u00bb. <\/p>\n
4. Entre los adversarios surgieron discrepancias \u00aba ra\u00edz de los gastos que generaba el mantenimiento de la motonave\u00bb, as\u00ed que decidieron ponerla en venta y liquidar la \u00absociedad\u00bb, para lo cual acudieron a una audiencia de conciliaci\u00f3n, sin que se llegare a ning\u00fan acuerdo, porque el querellado \u00abno ve\u00eda en el \u00e1mbito civil ganancia alguna, como s\u00ed lo pod\u00eda brindar el penal, con un manejo encubridor y unas autoridades complacientes\u00bb. <\/p>\n
5. El se\u00f1or Pretelt Chaljub \u00ababusando del derecho\u00bb denunci\u00f3 al aqu\u00ed suplicante como presunto autor del delito de \u00abestafa agravada\u00bb, tr\u00e1mite que culmin\u00f3 con resoluci\u00f3n condenatoria en primera instancia, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena, no obstante, en sede extraordinaria, la Sala especializada en lo Penal de esta Corte \u00abcas\u00f3 el fallo condenatorio\u00bb, para en su lugar absolverlo. <\/p>\n
6. El nav\u00edo tantas veces se\u00f1alado estuvo inmovilizado desde el 27 de noviembre de 2007 hasta el \u00ab27 de marzo de 2015\u00bb por causa de las medidas de embargo y secuestro decretadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n dentro de la causa criminal memorada, situaci\u00f3n que signific\u00f3 para el suplicante la privaci\u00f3n \u00abde una de sus pasiones deportivas y de su descanso\u00bb, adem\u00e1s, la nave \u00absufri\u00f3 deterioro total que la hacen inviable para desarrollar la actividad que corresponde a su naturaleza\u00bb. De otro lado, verse involucrado injustamente en un asunto \u00abpenal\u00bb le trajo a \u00e9l y a su familia un \u00abestado de zozobra, de angustia, de dolor, de desconfianza en la administraci\u00f3n de justicia que aminor\u00f3 sus fuerzas en todos los \u00e1mbitos\u00bb. <\/p>\n
C. El tr\u00e1mite de las instancias <\/p>\n
1. El escrito inicial fue admitido por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en auto de 8 de noviembre de 2016. [Fl. 537, c. ppal]. <\/p>\n
2. Notificado personalmente el convocado, enfrent\u00f3 las aspiraciones elevadas a trav\u00e9s de las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abinexistencia de los supuestos f\u00e1cticos de \u2018denuncia temeraria, abuso del derecho, mala fe y enriquecimiento sin causa\u2019 que refiere la parte demandante como origen de una supuesta responsabilidad\u00bb; \u00abinexistencia de los supuestos f\u00e1cticos requeridos v\u00eda jurisprudencial para la conformaci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual\u00bb; e \u00abimposibilidad de condena por cuanto los perjuicios que reclama la parte demandante se refieren a perjuicios inciertos, emanados en la imaginaci\u00f3n del demandante y de su inter\u00e9s torcido en generar un mayor detrimento al demandado\u00bb [Fls. 549 a 568, c. ppal]. <\/p>\n
3. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el 17 de noviembre de 2017, el a quo finiquit\u00f3 la instancia accediendo parcialmente a las pretensiones izadas, declar\u00f3 al enjuiciado \u00abcivil y extracontractualmente responsable\u00bb y lo conden\u00f3 a cancelar por p\u00e9rdidas materiales la suma de \u00ab$35\u2019000.000, indexados a partir del 29 de octubre de 2007 hasta la fecha en que se efect\u00fae su pago\u00bb y a t\u00edtulo de dolencias morales el equivalente a \u00ab50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u00bb. Por otra parte, tuvo por probadas las defensas de \u00abinexistencia de los supuestos f\u00e1cticos de \u2018denuncia temeraria, abuso del derecho, mala fe y enriquecimiento sin causa\u2019 que refiere la parte demandante como origen de una supuesta responsabilidad\u00bb e \u00abimposibilidad de condena por cuanto los perjuicios que reclama la parte demandante se refieren a perjuicios inciertos, emanados en la imaginaci\u00f3n del demandante y de su inter\u00e9s torcido en generar un mayor detrimento al demandado\u00bb [Folios 624 a 648, c. principal]. <\/p>\n
4. Los contrincantes apelaron la anterior determinaci\u00f3n, empero, la alzada formulada por el extremo pasivo fue declarada desierta por falta de sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
5. En fallo de 18 de enero de 2019 al desatar el recurso vertical interpuesto por el gestor, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 lo resuelto por el juez de primera instancia. <\/p>\n
D. La sentencia impugnada <\/p>\n
Los argumentos centrales del prove\u00eddo de segundo grado pueden resumirse as\u00ed: <\/p>\n
2. Teniendo en cuenta esa restricci\u00f3n, inici\u00f3 el an\u00e1lisis a partir de la noci\u00f3n de \u00abperjuicios morales\u00bb, es decir, aquellos que se manifiestan en la v\u00edctima \u00abcon sentimientos de aflicci\u00f3n, congoja, desilusi\u00f3n, tristeza y pesar\u00bb y con fundamento en ello, consider\u00f3 que el quantum dispuesto por el a quo en atenci\u00f3n del \u00abarbitrium judicis\u00bb resultaba acorde con los padecimientos soportados por el reclamante, pues los supuestamente provocados a su familia \u201cno fueron demandados\u201d. <\/p>\n
Para fundamentar la antedicha premisa, acudi\u00f3 al testimonio de Rodolfo Porto M\u00e9ndez \u00abquien fue contundente al manifestar que fue [Gerardo N\u00fa\u00f1ez Pi\u00f1eres] quien se margin\u00f3 por cuenta del proceso penal y que adem\u00e1s no volvi\u00f3 a asistir a actividades de pesca ya que no le gustaba rentar embarcaciones\u00bb. <\/p>\n
3. Luego, trajo a colaci\u00f3n un pronunciamiento de la Corte para indicar que el \u00abda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n\u00bb concierne a la disminuci\u00f3n de la calidad de la existencia del ser humano y con vista en la declaraci\u00f3n referida, la magistratura ultim\u00f3 que el actor, por voluntad propia se alej\u00f3 de las salidas recreativas en bote, por ende, no era \u00abviable el reconocimiento de [dichos] perjuicios\u00bb. <\/p>\n
4. A continuaci\u00f3n, puso su atenci\u00f3n en los menoscabos de \u00edndole material que se reclamaron en virtud de la \u00abp\u00e9rdida total\u00bb del \u00abyate la \u2018Aguja\u2019\u00bb, a prop\u00f3sito de las \u00abcondiciones de intemperie\u00bb a las que estuvo expuesto mientras estuvieron vigentes las medidas cautelares dispuestas en el tr\u00e1mite punitivo. <\/p>\n
Sobre el particular, destac\u00f3 que el importe por concepto de lo anterior fue tasado por el juez de primer grado en \u00ab$35\u2019000.000\u00bb, en raz\u00f3n a que las partes adquirieron el nav\u00edo en menci\u00f3n en \u00ab$70\u2019000.000\u00bb, de ah\u00ed que, deb\u00eda otorgarse ese valor como \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb por su deterioro definitivo, pues \u00abno resulta de recibo venir a endilgarle al demandado el reconocimiento de un monto superior, cuando es sabido que las motonaves como los automotores en vez de valorizarse se deprecian\u00bb. <\/p>\n
Y en cuanto a la afirmaci\u00f3n del suplicante sobre la devaluaci\u00f3n de la cantidad pagada por la motonave, el Tribunal estim\u00f3 que \u00abpara mitigar el envilecimiento que el dinero sufri\u00f3 en el tiempo\u00bb, en el fallo de primera instancia se orden\u00f3 \u00abla indexaci\u00f3n de los $35\u2019000.000 que deben ser restituidos al demandante, por lo tanto el reparo que frente a este aspecto se presenta no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad\u00bb. <\/p>\n
5. A regl\u00f3n seguido, el sentenciador plural se ocup\u00f3 de los eventos en los que el demandante finc\u00f3 sus aspiraciones para conseguir el reconocimiento del da\u00f1o emergente sufrido. <\/p>\n
As\u00ed, en lo tocante a los \u00abgastos por honorarios\u00bb profesionales sufragados para el ejercicio de la defensa del peticionario en el juicio penal, dijo que no hab\u00eda lugar a ese estipendio, dado que \u00abel solo hecho de que el se\u00f1or Pretel Chaljub haya incoado una acci\u00f3n de tipo penal, que a la postre solo result\u00f3 absolutoria tras haberse agotado las 2 instancias ordinarias\u00bb, no comporta la obligaci\u00f3n de \u00abindemnizar los gastos de defensa en los que incurri\u00f3 el denunciado, pues ser\u00eda tanto como condenar el hecho de ejercer el derecho de acci\u00f3n con el que todo ciudadano cuenta\u00bb. Ahora, la investigaci\u00f3n y la posterior acusaci\u00f3n la realiz\u00f3 el Estado, en esas condiciones, \u00absi la parte demandante considera que hubo error judicial respecto de las decisiones que en el tr\u00e1mite penal se adoptaron, espec\u00edficamente en lo referente a la medida cautelar (\u2026) es ante la jurisdicci\u00f3n contencioso-administrativa donde debe ventilar tales pretensiones\u00bb. <\/p>\n
Ata\u00f1edero a los costos que el promotor afirma solvent\u00f3 por el \u00abmantenimiento del yate \u2018antes del secuestro, como despu\u00e9s del mismo\u2019\u00bb, consider\u00f3 el superior que no fueron desencadenados por el hecho perjudicial, dado que conciernen a \u00absituaciones presentadas con antelaci\u00f3n y posterioridad al secuestro del [nav\u00edo]\u00bb, y con apoyo en un pronunciamiento de anta\u00f1o de esta Corte, seg\u00fan el cual, el da\u00f1o \u00abdeber ser directo, esto es, que el quebranto irrogado se haya originado con ocasi\u00f3n exclusiva del [suceso arbitrario]\u00bb, desestim\u00f3 el resarcimiento de ese \u00edtem. <\/p>\n
6. Por otro lado, acerca del lucro cesante pedido, record\u00f3 el juzgador que es la \u00abganancia o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la obligaci\u00f3n, o cumpli\u00e9ndola imperfectamente, o retardando su cumplimiento\u00bb y vali\u00e9ndose de esta definici\u00f3n sopes\u00f3 que la \u00abimposibilidad de poder utilizar la embarcaci\u00f3n para disfrutar de su deporte de pesca deportiva\u00bb, no deriva el reconocimiento de aquella lesi\u00f3n. <\/p>\n
Y aunque en el plenario se alleg\u00f3 una \u00abcotizaci\u00f3n (\u2026) que tiene por objeto demostrar el valor del canon de arrendamiento\u00bb, lo cierto es que, en el curso de la litis, \u00abnunca se dijo, ni aun someramente, que la finalidad de obtener la embarcaci\u00f3n haya tenido como objetivo, siquiera subsidiario, (\u2026) lucrarse mediante celebraci\u00f3n de acuerdos con los que buscara rentar la motonave\u00bb, sino, contrariamente, la intenci\u00f3n de los combatientes fue siempre tenerla para su disfrute recreativo. <\/p>\n
Adicionalmente, el juez plural destac\u00f3 que pese a la existencia de un dictamen pericial relativo al \u00abmonto que le hubiese tocado sufragar\u00bb al actor para rentar otra lancha, ese quebranto es \u00abnetamente hipot\u00e9tico\u00bb y, por lo tanto, no deb\u00eda ser indemnizado, inferencia que hizo el juzgador de segundo grado apoyado en jurisprudencia de esta Sala. <\/p>\n
7. Al cierre de sus motivaciones, el Tribunal se pronunci\u00f3 sobre el reparo del apelante en torno a la ausencia de objeci\u00f3n de la experticia arrimada a la contienda y a las respuestas brindadas por el perito en el interrogatorio y frente a ello consider\u00f3 que esos elementos de convicci\u00f3n son escasos para evidenciar \u00abla veracidad y procedibilidad del reconocimiento de los montos reclamados\u00bb, por ende, ante el incumplimiento de la carga del accionante de probar los hechos que fundamentan sus aspiraciones, no hab\u00eda otro camino que ratificar lo resuelto por el a quo. <\/p>\n
II. LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se levant\u00f3 sobre dos (2) cargos; el primero por \u00abviolaci\u00f3n directa\u00bb de la ley sustancial (n\u00fam. 1\u00ba, art. 336 del C. G. del P.); y el segundo por la v\u00eda \u00abindirecta\u00bb (n\u00fam. 2\u00ba ib\u00eddem). El censor los desarroll\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con base en la causal primera de casaci\u00f3n, se acus\u00f3 la determinaci\u00f3n del Tribunal de violar directamente por \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, con respecto a \u00abciertos da\u00f1os y perjuicios sufridos por el demandante y que de tajo cercen\u00f3 el [Tribunal]\u00bb. <\/p>\n
1. Seg\u00fan refiere el suplicante, del mandato legal memorado se dilucida que \u00abtodo menoscabo econ\u00f3mico sufrido por el perjudicado\u00bb debe ser reparado como consecuencia del acto lesivo, bien porque se disminuy\u00f3 su activo patrimonial, ora por la \u00abganancia perdida o frustrada\u00bb, en cualquier caso, la reparaci\u00f3n alcanza la plenitud de los da\u00f1os irrogados a \u00abla persona o bienes de la v\u00edctima\u00bb, incluso, encierra la \u00abprivaci\u00f3n de las expectativas o (\u2026) de la p\u00e9rdida de la oportunidad\u00bb, que en el evento bajo estudio se traduce en \u00abla privaci\u00f3n del uso y goce (\u2026) del yate\u00bb. <\/p>\n
2. Luego de lo anterior, expuso algunas precisiones conceptuales sobre los eventos en que el detrimento es directo e indirecto y se\u00f1al\u00f3 que la Corte Constitucional \u00abno impone limitaciones a los tipos de da\u00f1os, solo exige que se derive del da\u00f1o causado y que sean inequ\u00edvocos\u00bb, soflama que extrajo luego de citar un segmento de la sentencia C-1008 de 2010. <\/p>\n
En ese sentido, recalc\u00f3 que el sentenciador de segundo grado efectu\u00f3 una \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb del precepto legal quebrantado, al dejar por fuera el resarcimiento de varios perjuicios pretendidos con el escrito genitor, espec\u00edficamente, los concernientes con la imposibilidad de haber utilizado el bote para el \u00abdisfrute de la pesca deportiva\u00bb y el pago de los honorarios del profesional del derecho que lo defendi\u00f3 dentro de la causa penal seguida en su contra; pr\u00e9dica que respald\u00f3 en el salvamento de voto que uno de los magistrados integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n que desat\u00f3 la apelaci\u00f3n, hizo a la providencia combatida. <\/p>\n
3. En esas condiciones, el censor remat\u00f3 el ataque inicial trayendo a colaci\u00f3n que conforme la disposici\u00f3n transgredida, para la procedencia de la acci\u00f3n indemnizatoria se requiere la satisfacci\u00f3n de los siguientes presupuestos: (i) \u00abel perjuicio padecido\u00bb; (ii) \u00abel hecho intencional o culposo atribuible al demandado\u00bb y; (iii) \u00abla existencia de un nexo adecuado de causalidad entre [esos] factores\u00bb, requisitos que se verifican en el sub examine, pues la parte convocada \u00abcon su denuncia imprudente (\u2026) redund\u00f3 en los da\u00f1os endilgados en la demanda, dada su relaci\u00f3n de causalidad\u00bb. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con sustento en el segundo motivo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, censur\u00f3 la sentencia por la senda indirecta de haber infringido el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, debido a \u00aberrores de hecho\u00bb en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, lo que conllev\u00f3 a que el tribunal desconociera \u00abciertos da\u00f1os y perjuicios\u00bb. <\/p>\n
1. Para sustentar ese alegato sostuvo, que el sentenciador de segundo grado incurri\u00f3 en el yerro enrostrado en tres escenarios en particular: el primer lugar, frente al reconocimiento de los \u00abperjuicios morales\u00bb; en segundo t\u00e9rmino, a los \u00abda\u00f1os a la vida de relaci\u00f3n\u00bb; y, por \u00faltimo, el \u00abcercenamiento de la prueba pericial\u00bb y de sus \u00abanexos probatorios\u00bb. <\/p>\n
1.1. En lo atinente a la mella de orden moral, denunci\u00f3 que la Colegiatura aval\u00f3 el veredicto de primer grado, en el sentido de cuantificarlo en 50 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, tras valorar el testimonio de Rodolfo Porto M\u00e9ndez, sin embargo, omiti\u00f3 apreciar el fallo dictado por la Sala especializada en lo penal de esta Corte, seg\u00fan el cual la denuncia formulada por el accionado fue \u00abtemeraria, abusando del derecho, fraudulenta, y solo para perjudicar a[l] (\u2026) demandante\u00bb. <\/p>\n
En su criterio, si el Tribunal hubiera posado su mirada sobre aquel pronunciamiento, el quantum de la reparaci\u00f3n por \u00abperjuicio moral\u00bb ser\u00eda mayor, si se tiene en cuenta que el peticionario \u00absufri\u00f3 por un espacio de m\u00e1s de 7 a\u00f1os\u00bb el marginamiento de la sociedad por cuenta del proceso criminal y sinti\u00f3 el \u00abdesamparo de las autoridades judiciales\u00bb con una condena a cuestas por el delito de estafa, \u00abpadecimientos m\u00e1s fuertes que los relacionados por el testigo\u00bb. <\/p>\n
1.2. En lo tocante a la aflicci\u00f3n de la \u00abvida de relaci\u00f3n\u00bb, insisti\u00f3 el suplicante en que el sentenciador de segundo grado desatendi\u00f3 la resoluci\u00f3n judicial de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y \u00ablas otras pruebas testimoniales, recibidas dentro del proceso\u00bb, seg\u00fan las cuales, se pone de manifiesto el da\u00f1o producido por las \u00abcondenas dadas por los jueces de primera y de segunda instancia\u00bb en contra de Gerardo N\u00fa\u00f1ez Pi\u00f1eres, situaci\u00f3n que lo releg\u00f3 \u00abde toda actividad social\u00bb y tanto \u00e9l como su familia llevaron por largo tiempo el \u00abr\u00f3tulo\u00bb de \u00abestafador[es]\u00bb ante la \u00absociedad de Cartagena\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando, la v\u00edctima del supuesto enga\u00f1o era el se\u00f1or Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, quien gozaba de gran prestigio en dicha ciudad. <\/p>\n
1.3. Referente a la experticia arrimada a la controversia, el impugnante aleg\u00f3 un \u00aberror de hecho por cercenamiento (\u2026) al no contemplar el Tribunal\u00bb las conclusiones all\u00ed contenidas frente a los menoscabos aspirados con el libelo inaugural y sus adendas. <\/p>\n
Sobre ese \u00edtem, increp\u00f3 a la Sala no haber examinado el dictamen y los medios persuasivos acompa\u00f1ados con el mismo, en cuanto a los \u00abgastos de los honorarios que hizo el demandante en su defensa\u00bb, los costos del mantenimiento, reparaci\u00f3n e inmovilizaci\u00f3n del nav\u00edo, la compensaci\u00f3n por la \u00abimposibilidad de utilizar [la] embarcaci\u00f3n\u00bb y los \u00abintereses moratorios tasados por el perito sobre las sumas canceladas por el demandante\u00bb. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito de demostrar el dislate en menci\u00f3n, dijo, de un lado, que el juez plural obvi\u00f3 lo tasado por el experto con referencia a la falta de uso de la lancha bajo el pretexto de \u00abno ser un da\u00f1o real\u00bb, con lo que se \u00abaparta del argumento del salvamento de voto, que dice que dicho da\u00f1o ha de proceder comoquiera que fue probado [con las] cotizaciones de arrendamiento de una nave similar\u00bb; y de otro, pas\u00f3 por alto las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas que afront\u00f3 el convocante por la paralizaci\u00f3n del barco y que fueron discriminados en el dictamen y los elementos de convicci\u00f3n allegados como anexos a \u00e9ste. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que, si el superior hubiese pasado por el tamiz tales elementos demostrativos, seguramente habr\u00eda condenado al antagonista a reembolsar los perjuicios asociados con la paralizaci\u00f3n del yate a causa de las cautelas decretadas en el asunto penal. Pero, adicionalmente, esa desatenci\u00f3n del Tribunal tambi\u00e9n conllev\u00f3 el desconocimiento de los \u00abintereses\u00bb de las sumas reclamadas en el libelo y que fueron justipreciados en el concepto t\u00e9cnico. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el casacionista asegur\u00f3 que la parte accionada no objet\u00f3 la pericia, empero, esa desidia no le mereci\u00f3 atenci\u00f3n al enjuiciador, pese a que constituye un \u00abindicio favorable al demandante\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es caracter\u00edstica esencial de este mecanismo de defensa su condici\u00f3n extraordinaria, por lo cual no todo desacuerdo con lo dictaminado permite adentrarse en su examen de fondo, sino que debe asentarse en las causales taxativamente previstas y atender los par\u00e1metros que para su concesi\u00f3n y tr\u00e1mite se imponen, como es acreditar el descontento \u00abmediante la introducci\u00f3n adecuada del correspondiente escrito, respecto del cual, la parte afectada con el fallo que se aspira aniquilar, no tiene plena libertad de configuraci\u00f3n\u00bb (CSJ AC, 1\u00b0 nov 2013, rad. 2009-00700; reiterado en AC703-2020, 2 mar., rad.2015-00192-01). <\/p>\n
As\u00ed que la admisi\u00f3n de la s\u00faplica casacional depende del acatamiento cabal de los requisitos del art\u00edculo 344 C\u00f3digo General del Proceso, entre otros, la formulaci\u00f3n de los cargos con la exposici\u00f3n de sus fundamentos, en forma separada, clara, precisa y completa, y no basados en meras generalidades, o de cualquier manera como si de un alegato de instancia se tratara, por cuanto el opugnante asume el duro labor\u00edo de enervar la presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que viene precedida la providencia. <\/p>\n
En tal sentido, la Corte de manera reiterativa ha sostenido que: \u00ab\u2026 toda acusaci\u00f3n o cargo debe trascender de la simple enunciaci\u00f3n, al campo de la demostraci\u00f3n, haci\u00e9ndose patentes los desaciertos, no como contraste de pareceres, o de interpretaciones, ni de meras disputas conceptuales o procesales, sino de la verificaci\u00f3n concluyente de lo contrario y absurdo, de modo que haga rodar al piso la resoluci\u00f3n combatida. (CSJ, AC1262-2016, 12 ene., rad. 1995-00229-01, criterio reiterado en CSJ AC1427-2020, 12 feb., rad. 2015-00461-01). <\/p>\n
2. Las sentencias pueden ser controvertidas por errores in iudicando o in procedendo. Entre los primeros la violaci\u00f3n de normas sustanciales, producto de desv\u00edos de interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n normativa (directa), o \u00abde error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb1 (indirecta). Mientras, que los segundos hacen referencia, a la indebida construcci\u00f3n del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que los regulan (vicios de nulidad). <\/p>\n
2.1. Cuando los reparos se enfilan por la causal primera, adem\u00e1s de la citaci\u00f3n de las normas sustanciales que constituyan base esencial del fallo o que hayan debido serlo, resulta imperativo exponer, adicionalmente, la manera como el enjuiciador las quebrant\u00f3, esto es, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen\u00bb (AC3599-2018, 27 ago., rad. 2015-00704, criterio reiterado en AC2396-2020, 28 sep., rad. 2014-00045-01). <\/p>\n
2.2. Si la acusaci\u00f3n se encamina por la v\u00eda indirecta, esto es, por errores en materia probatoria, se deber\u00e1 indicar la forma como se hizo patente el desconocimiento de leyes de esa naturaleza o de los elementos materiales, es decir, en qu\u00e9 consisti\u00f3 el yerro y la incidencia del supuesto desatino en la decisi\u00f3n cuestionada, carga de demostraci\u00f3n que, recae exclusivamente en el censor. <\/p>\n
<\/p>\n
El error de hecho -tiene aceptado la jurisprudencia- proviene de una de las siguientes hip\u00f3tesis: \u00aba) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento\u2026\u00bb (CSJ SC, 10 ago 1999, Rad. 4979; CSJ SC, 15 sept 1998, Rad. 4886; CSJ SC, 21 oct 2003, Rad. 7486; CSJ SC, 18 sept 2009, Rad. 00406). <\/p>\n
Y en cuanto al error de derecho la tarea del recurrente se enfocar\u00e1 a indicar la norma probatoria infringida y, adicionalmente, demostrar si a la luz de \u00e9sta el juzgador err\u00f3 en su solicitud, decreto, pr\u00e1ctica o el m\u00e9rito que le otorg\u00f3 en su valoraci\u00f3n. <\/p>\n
3. Los reproches contenidos en los cargos formulados no re\u00fanen los requisitos que establece el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la que la Sala los inadmitir\u00e1. <\/p>\n
3.1. Como se recuerda en el primer embate el casacionista acusa la sentencia de segunda instancia de haber violado directamente el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, producto de la hermen\u00e9utica equivocada que de ese precepto hizo el Tribunal. <\/p>\n
Para fundamentar el ataque sostuvo, que el superior debi\u00f3 incluir dentro de la esfera de los perjuicios irrogados con la inmovilizaci\u00f3n del yate, los derivados de la imposibilidad de usarlo para el \u00abdisfrute de la pesca deportiva\u00bb y los honorarios del profesional del derecho que lo defendi\u00f3 dentro de la causa penal seguida en su contra. <\/p>\n
Sin embargo, bien mirada la censura resulta desenfocada e incompleta y, por lo tanto, se reitera, no satisface la t\u00e9cnica propia de este mecanismo extraordinario. <\/p>\n
3.1.1. En efecto, el colegiado respald\u00f3 la negativa del juez de primer grado en lo atinente al reconocimiento de los emolumentos sufragados por el suplicante en procura de la protecci\u00f3n de sus intereses en la causa criminal, tras advertir que esa afectaci\u00f3n patrimonial no pod\u00eda atribu\u00edrsele al convocado, dado que, ello significar\u00eda condenar a todo aquel que ejerciera el derecho de acci\u00f3n ante las autoridades, y como la investigaci\u00f3n penal estuvo en cabeza del Estado y fue la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la que, en \u00faltimas, decret\u00f3 las cautelas sobre la embarcaci\u00f3n, correspond\u00eda a esa entidad responder eventualmente por los da\u00f1os sufridos con ocasi\u00f3n de esa decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
En esas condiciones, no es cierto lo afirmado por el impugnante, en el sentido que el colegiado haya considerado que los perjuicios referidos no fueran objeto de indemnizaci\u00f3n a la luz de lo dispuesto en el canon 2341 del C\u00f3digo Civil, lo que realmente se consider\u00f3 en el fallo confutado fue, de un lado, que los honorarios sufragados por el actor a su mandatario por concepto de servicios profesionales prestados en la causa penal, no era una p\u00e9rdida que tuviera que asumir el demandado; y, de otra parte, que no se demostr\u00f3 ning\u00fan impacto patrimonial negativo al interesado por el impedimento en el uso de la lancha. <\/p>\n
3.1.2. Pero, adem\u00e1s, los razonamientos del sentenciador de segundo grado, para desestimar los da\u00f1os memorados, tampoco fueron objeto de disputa por el censor. Obs\u00e9rvese que las conclusiones de la providencia debatida en torno a no achacarle al enjuiciado el valor del padecimiento econ\u00f3mico del actor por concepto de honorarios profesionales al togado que lo represent\u00f3 en la causa penal y los perjuicios a t\u00edtulo de lucro cesante por la inutilizaci\u00f3n de la barcaza, fueron aspectos jur\u00eddicos de los que prescindi\u00f3 el casacionista a la ahora de refutar lo dictaminado por el Tribunal, de donde se infiere la falta de completitud en su embestida. <\/p>\n
3.1.3. Bajo esa perspectiva, la primera acusaci\u00f3n luce desenfocada e incompleta, pues, bas\u00f3 su censura bajo conclusiones a las que no lleg\u00f3 el ad quem y, adicionalmente, no cuestion\u00f3 de manera completa las que s\u00ed fueron el pilar de la determinaci\u00f3n acusada, por lo que sus ruegos no tienen vocaci\u00f3n para ser admitidos en esta sede excepcional. <\/p>\n
3.1.4. Pero aun dejando de lado los defectos mencionados, tampoco ser\u00eda posible que la Corte ahondara en el estudio de las cr\u00edticas formuladas en el primer cargo, comoquiera que el impugnante no demostr\u00f3 la violaci\u00f3n directa de la disposici\u00f3n legal denunciada en la modalidad de \u00abinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u00bb. <\/p>\n
Ello es as\u00ed, porque el recurrente abandon\u00f3 la labor de confrontar los raciocinios del colegiado y la hermen\u00e9utica que se predica del canon 2341 Ib\u00eddem. N\u00f3tese que en el escrito de casaci\u00f3n se elevaron argumentos atinentes a los conceptos de \u00abperjuicio directo e indirecto\u00bb, se cit\u00f3 un pronunciamiento de la Corte Constitucional relativo a lo que se entiende por \u00abreparaci\u00f3n integral\u00bb y se reprodujeron las manifestaciones del Magistrado del Tribunal que salv\u00f3 el voto, sin embargo, no se hizo el parang\u00f3n con las premisas de la sentencia de segundo grado a fin de hacer patente el desacierto jur\u00eddico del juzgador en la interpretaci\u00f3n de aquel mandato, o que ese yerro llevara a quebrar la determinaci\u00f3n confutada por ser contraria o absurda, por ende, lo que se verifica de la s\u00faplica de casaci\u00f3n es una disputa de pareceres con lo resuelto. <\/p>\n
3.2. El segundo cargo no corre mejor suerte, pues tambi\u00e9n se aparta de la t\u00e9cnica propia de este recurso prevista en el art\u00edculo 344 \u00eddem, como pasa a verse. <\/p>\n
3.2.1. En efecto, el impugnante acusa la providencia de segunda instancia por incurrir en \u00abviolaci\u00f3n indirecta\u00bb del art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil a causa de \u00aberrores de hecho\u00bb en la \u00abapreciaci\u00f3n\u00bb de los elementos de convicci\u00f3n, yerro que condujo al Tribunal a desconocer \u00abciertos da\u00f1os y perjuicios\u00bb. <\/p>\n
Con el objetivo de cimentar ese alegato, el casacionista aduce que el superior pudo haber aumentado el monto del da\u00f1o moral dispuesto en primera instancia y condenado al accionado por concepto de perjuicio a la \u00abvida de relaci\u00f3n\u00bb, si no hubiera omiti\u00f3 valorar lo resuelto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte dentro del juicio criminal adelantado frente al extremo activo, documento en cuya virtud se acreditaban los da\u00f1os morales y a la \u00abvida de relaci\u00f3n\u00bb sufridos por \u00e9ste con la denuncia \u00abtemeraria (\u2026) [y] fraudulenta\u00bb del demandado. <\/p>\n
Sin embargo, para la Sala el embate es incompleto, toda vez que el censor olvid\u00f3 arremeter en contra de los razonamientos que llevaron al sentenciador a confirmar lo resuelto por el a quo con relaci\u00f3n a los menoscabos mencionados. <\/p>\n
Esto en raz\u00f3n a que para arribar a esa conclusi\u00f3n el ad quem ech\u00f3 mano del testimonio de Rodolfo Porto M\u00e9ndez \u00abquien fue contundente al manifestar que fue [Gerardo N\u00fa\u00f1ez Pi\u00f1eres] quien se margin\u00f3 por cuenta del proceso penal y que adem\u00e1s no volvi\u00f3 a asistir a actividades de pesca ya que no le gustaba rentar embarcaciones\u00bb, en esa medida, ultim\u00f3 que la cantidad dispuesta en primera instancia era suficiente para reparar la aflicci\u00f3n moral del demandante y, adicionalmente, lo narrado por el deponente daba cuenta que aqu\u00e9l se apart\u00f3 por su propia voluntad del disfrute de la pesca deportiva, de ah\u00ed que, no fuera procedente condena alguna por secuelas asociadas a su existencia en el mundo. <\/p>\n
Como se ve, uno de los pilares sobre los cuales se sostiene el prove\u00eddo pugnado descansa en lo atestado por el prenombrado testigo, elemento demostrativo que no fue puesto en tela de juicio en este escenario extraordinario y que basta para conservar la presunci\u00f3n de legalidad y de acierto de lo resuelto por el Tribunal. <\/p>\n
3.2.2. En todo caso, de soslayarse esa desatenci\u00f3n, la segunda discrepancia elevada tampoco es apta para demoler lo determinado en segundo grado, ya que, si bien se denuncia la incursi\u00f3n de un \u00aberror de hecho\u00bb por la falta de apreciaci\u00f3n de lo decidido por la Sala Penal de esta Corporaci\u00f3n, alusivo a los da\u00f1os se\u00f1alados, lo cierto es que el suplicante prescindi\u00f3 de la labor de cotejar lo que esa prueba indicaba frente a lo finiquitado por el juez plural, a fin de patentizar el dislate de facto atribuido a \u00e9ste, pretendiendo anteponer aquella al testimonio examinado por el colegiado, mucho menos la trascendencia que irrefutablemente dicha determinaci\u00f3n pudo tener de cara a la cuant\u00eda fijada. De donde se infiere que, en verdad, no se demostr\u00f3 en debida manera la infracci\u00f3n invocada. <\/p>\n
3.2.3. Aunado a lo dicho, el recurrente imputa al ad quem no haber evaluado \u00ablas otras pruebas testimoniales, recibidas dentro del proceso\u00bb con el objetivo de aumentar el quantum de la compensaci\u00f3n por las lesiones en el \u00e1mbito moral y amparar las ocasionadas en la \u00abvida de relaci\u00f3n\u00bb, de igual manera, que desech\u00f3 el dictamen pericial y los anexos que lo acompa\u00f1aban, los cuales apuntaban a comprobar los \u00abgastos de los honorarios que hizo el demandante en su defensa\u00bb, los costos de mantenimiento, reparaci\u00f3n e inmovilizaci\u00f3n del barco, la indemnizaci\u00f3n por la \u00abimposibilidad de utilizar [la] embarcaci\u00f3n\u00bb y los \u00abintereses moratorios tasados por el perito sobre las sumas canceladas por el demandante\u00bb. <\/p>\n
Empero, no rotul\u00f3 cu\u00e1l testimonial o medio persuasivo concreto fueron los dejados de valorar con incidencia en el proceso que acreditaban esos da\u00f1os, mucho menos, trajo a colaci\u00f3n el contenido de esas probanzas, su ubicaci\u00f3n en el proceso, sus precisos t\u00e9rminos y la demostraci\u00f3n de la falta de apreciaci\u00f3n por parte del sentenciador. Aspectos que no fueron mencionados ni explicados en la s\u00faplica de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Es m\u00e1s, si lo cuestionado, seg\u00fan las expresas manifestaciones de la acusaci\u00f3n, es la no valoraci\u00f3n integral de los distintos elementos demostrativos arrimados al plenario para definir el punto examinado, esto es un aspecto que se debe reprochar a trav\u00e9s del error de derecho y no de hecho como se enfil\u00f3 este reproche. <\/p>\n
3.2.4 Agr\u00e9guese a lo expuesto, que el impugnador adujo que el Tribunal esquiv\u00f3 la estimaci\u00f3n pecuniaria realizada en la experticia sobre el desuso del veh\u00edculo acu\u00e1tico y las \u00abcotizaciones de arrendamiento de una nave similar\u00bb, en las que se pon\u00edan de manifiesto las p\u00e9rdidas econ\u00f3micas que sufri\u00f3. <\/p>\n
Miradas bien las cosas, se advierte que el colegiado descart\u00f3 esas probanzas, al establecer que los adversarios adquirieron el bote con una finalidad recreativa, mas no lucrativa, por ende, era improcedente reconocer la merma monetaria soportada por su paralizaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, nuevamente el ataque incumple con la t\u00e9cnica de esta s\u00faplica excepcional, pues el casacionista ha debido confrontar lo que revelaban aquellos medios suasorios con el razonamiento utilizado por el Tribunal para abstenerse de valorarlos, con el prop\u00f3sito de relievar el desatino denunciado y la trascendencia de \u00e9ste en la decisi\u00f3n, en cuanto a que la embarcaci\u00f3n le representaba al reclamante ingresos remuneratorios y no solamente un goce lujoso como as\u00ed lo estim\u00f3 el ad quem. <\/p>\n
3.2.5. En la \u00faltima reprimenda el impugnante se duele porque el interpelado no objet\u00f3 la pericia por lo que el superior debi\u00f3 tener en cuenta esa incuria como un \u00abindicio favorable al demandante\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, es claro que el suplicante realiza una indebida mixtura de los errores de hecho y de derecho, en contrav\u00eda de las previsiones que impone el art\u00edculo 344 del C.G.P., pues la censura, pese a que pretende evidenciar un yerro de facto, su argumentaci\u00f3n est\u00e1 encaminada a denunciar la presencia de un dislate de derecho, en la medida en que el juez plural le quit\u00f3 m\u00e9rito demostrativo a la experticia al no tenerla como \u00abindicio\u00bb en beneficio del accionante, ante la apat\u00eda del enjuiciado para cuestionarla. <\/p>\n
Pero aun de considerar que se trata de un equ\u00edvoco gramatical del censor y realmente el ataque se fund\u00f3 en la comisi\u00f3n de un error de iure, no se cit\u00f3, conforme se exige para esta clase de desacierto, la norma probatoria que se quebrant\u00f3, tornando deficiente el reclamo. <\/p>\n
3.3. Deviene de lo rese\u00f1ado que las manifestaciones desarrolladas por el censor no poseen la aptitud para revelar los yerros atribuidos al juzgador, por ende, es claro que su argumentaci\u00f3n no fue m\u00e1s all\u00e1 de un alegato de instancia, que de ninguna manera es suficiente para sustentar la causal de casaci\u00f3n ac\u00e1 presentada; por el contrario, desconoce el car\u00e1cter extraordinario de este recurso. <\/p>\n
4. Tampoco concurren los presupuestos que consagra la legislaci\u00f3n para la selecci\u00f3n oficiosa, porque no es ostensible que lo dispuesto en la instancia comprometa el orden o el patrimonio p\u00fablico, atente contra los derechos y garant\u00edas constitucionales, ni se requiera unificar la jurisprudencia de la Corte. De otra parte, el tr\u00e1mite se ajust\u00f3 a las pautas legales; el prove\u00eddo fue el producto de una valoraci\u00f3n reflexiva del marco decisorio fijado por las partes y las probanzas arrimadas al juicio, y se apoy\u00f3 en la regulaci\u00f3n aplicable al caso, sin que se avizoren desatinos evidentes y trascendentes que ameriten su admisi\u00f3n. <\/p>\n
5. Las anteriores razones imponen, por lo tanto, la inadmisi\u00f3n de las dos acusaciones y, por ende, del reclamo en casaci\u00f3n. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada para sustentar la impugnaci\u00f3n extraordinaria interpuesta contra la sentencia descrita en el encabezamiento de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: En su oportunidad devu\u00e9lvase el expediente a la Corporaci\u00f3n de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Numeral 2\u00b0 de art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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AC3822-2021 (2016-00787-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC3822-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-03-019-2016-00787-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., primero (1) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Se pronuncia la Corte sobre la admisibilidad de la demanda presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56781","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56781","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56781"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56781\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56781"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56781"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56781"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}