AC3835-2021 (2021-00887-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC3835-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00887-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n incoada por Ana Paola Berrio \u00c1lvarez, en relaci\u00f3n con la demanda de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso que en su contra promovi\u00f3 V\u00edctor Julio Jos\u00e9 Ortiz Hern\u00e1ndez ante el Juzgado Primero de Familia Oral de Barranquilla. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La peticionaria, quien es demandada en el citado juicio, suplica el cambio de radicaci\u00f3n de este aduciendo que existen circunstancias que afectan su \u00abseguridad e integridad\u00bb. <\/p>\n
Afirma que el 3 de septiembre de 2020 se vio obligada a dejar el domicilio conyugal por \u00abrecurrentes malos tratos\u00bb de su esposo, por lo que junto a sus dos menores hijos viaj\u00f3 a la casa de su progenitora en Monter\u00eda, circunstancia que dice acreditar con el recibo de pago del viaje expreso que su ascendiente sufrag\u00f3; que el d\u00eda 17 de ese mismo mes promovi\u00f3 medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar contra su c\u00f3nyuge y padre de sus hijos ante la Comisar\u00eda de Familia de esa capital; que el 7 de octubre siguiente tambi\u00e9n lo denunci\u00f3 penalmente por la misma conducta punible ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n -Seccional C\u00f3rdoba-. <\/p>\n
Manifiesta que desde el inicio de la relaci\u00f3n hace siete a\u00f1os el maltrato f\u00edsico, psicol\u00f3gico y moral por parte de su consorte ha sido una constante; que ese maltrato lleg\u00f3 al extremo de practicar una prueba de ADN a la primog\u00e9nita de la pareja. <\/p>\n
Asegura que desplazarse a Barranquilla -donde est\u00e1 domiciliado su compa\u00f1ero y agresor- para atender el proceso de divorcio pone en riesgo su vida; que ha hecho solicitudes de impulso procesal que no han sido atendidas por la juez de conocimiento; que la plataforma virtual dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura para consultar los procesos no \u00abse evidencia registros de las actuaciones realizadas dentro del mismo, as\u00ed como la visualizaci\u00f3n de los autos y comunicaciones emitidas por parte del juzgado\u00bb; que el estrado no tuvo en cuenta \u00ablas acciones judiciales [y administrativas] emprendidas\u00bb por la petente donde le concedieron la custodia provisional de los menores por un mes, a partir del 19 de octubre de 2020, lo que imposibilit\u00f3 que deprecara la custodia provisional de los menores en el interior de la causa de divorcio. <\/p>\n
2. La Corte previo a pronunciarse sobre la solicitud de cambio de radicaci\u00f3n, dispuso el traslado de esta a las partes y al despacho de conocimiento. <\/p>\n
3. V\u00edctor Julio Jos\u00e9 Ortiz Hern\u00e1ndez se opuso al cambio de radicaci\u00f3n porque no evidencia la necesidad de cambiar de distrito judicial el conocimiento del caso, m\u00e1s cuando el domicilio conyugal es Barranquilla, ciudad donde adem\u00e1s la convocada Ana Paola Berrio tiene su residencia, \u00abdonde hace su vida com\u00fan y corriente, estudia su especializaci\u00f3n presencial en Neurolog\u00eda en la Universidad Sim\u00f3n Bol\u00edvar\u2026, realiza sus pr\u00e1cticas en la Cl\u00ednica La Misericordia\u2026, va a recoger a sus hijos al sitio acordado con el padre, sale con sus amigos y amigas, circula libremente por la ciudad y jam\u00e1s ha recibido agresi\u00f3n o maltrato de su esposo\u00bb. Agreg\u00f3 que si la peticionaria estaba inconforme con el prove\u00eddo que otorg\u00f3 la custodia provisional de los descendientes comunes debi\u00f3 impugnarlo, lo que no hizo; y que la consulta del proceso virtual se puede hacer por la plataforma TYBA, la cual funciona sin inconveniente. <\/p>\n
4. La juez de conocimiento remiti\u00f3 el proceso materia de cambio de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 35 del estatuto procesal vigente regula que la decisi\u00f3n compete adoptarla al magistrado ponente. <\/p>\n
2. La Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el numeral 8\u00b0 del art\u00edculo 30 de la Ley 1564 de 2012, podr\u00e1 excepcionalmente disponer la remisi\u00f3n de un proceso o actuaci\u00f3n de car\u00e1cter civil, comercial, agrario o de familia de un distrito judicial a otro, entre otras causales, cuando en el lugar en el cual se est\u00e9 adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia o las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes. <\/p>\n
Sobre el punto esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
La afectaci\u00f3n del orden p\u00fablico a que se refiere la norma hace relaci\u00f3n a la presencia de situaciones extremas que alteran la convivencia pac\u00edfica y la seguridad de la comunidad, tales como actos organizados o sistem\u00e1ticos de violencia, subversi\u00f3n o terrorismo que generen zozobra, p\u00e1nico generalizado, perturbaci\u00f3n o estado de inseguridad manifiesta. As\u00ed, por ejemplo, es posible que la presencia de grupos armados al margen de la ley logre interferir, mediante amenazas, presiones o el uso de la fuerza, en las decisiones que se toman al interior de un proceso; a tal punto que cualquier actuaci\u00f3n o determinaci\u00f3n contraria a los intereses de esas organizaciones criminales podr\u00eda poner en grave peligro la vida e integridad personal de una de las partes o del funcionario judicial. En tales casos no cabe duda de que la imparcialidad e independencia de la administraci\u00f3n de justicia podr\u00edan resultar lesionadas. De igual modo, es factible que episodios de esa misma \u00edndole tengan la magnitud de incidir en la pr\u00e1ctica de las pruebas, como por ejemplo cuando se impide a los testigos que expongan libremente su declaraci\u00f3n; se obstruye la aportaci\u00f3n de documentos; o se interfiere en la realizaci\u00f3n de una inspecci\u00f3n judicial; todo lo cual tiene la virtualidad de afectar las garant\u00edas procesales. Tales disturbios o anomal\u00edas, adem\u00e1s de deteriorar la vida en armon\u00eda de un conglomerado social, pueden entorpecer el buen funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia en un lugar determinado e incidir en el desenvolvimiento de un proceso espec\u00edfico, a tal punto que el traslado de la sede del litigio se convierte en la mejor manera de evitar la vulneraci\u00f3n a los principios de imparcialidad e independencia de la justicia (AC2991-2015, AC3096, 18 may. 2017, rad. n.\u00b0 2017-00861-00; AC8215, 5 dic. 2017, rad. n.\u00b0 2017-01857-00, entre otros). <\/p>\n
Para que prospere la petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n se requiere que las circunstancias que la sustentan existan, es decir, que sean actuales y, adem\u00e1s, que tengan tal entidad o gravedad que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, o las garant\u00edas procesales, todo esto referido al litigio o la actuaci\u00f3n cuya remisi\u00f3n a otro despacho se pretende, es decir, han de tener conexidad con el caso objeto de estudio. <\/p>\n
Aunado a ello, a la petici\u00f3n se debe adjuntar las pruebas que acreditan los supuestos de hecho que configuran la causal alegada. <\/p>\n
Respecto a la circunstancia de que se encuentre en riesgo la seguridad o la integridad de los intervinientes, la Corte en providencia CSJ AC 24 jun. 2013, rad. n.\u00ba 2012-02646-00, dijo: <\/p>\n
\u00abEn cuanto a la seguridad e integridad de los intervinientes, deben entenderse como aquellas condiciones que pongan en peligro la vida o la salud, f\u00edsica o psicol\u00f3gica, de cualquiera de los sujetos procesales vinculados a la respectiva controversia judicial, vr. gr., amenaza o agresiones al funcionario judicial o sus colaboradores, a las partes, los abogados, testigos, auxiliares de la justicia. Por supuesto, las situaciones presentadas deben ser serias, constantes e insuperables no obstante la intervenci\u00f3n regular y normal de la autoridad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto la interesada funda su petici\u00f3n de cambio de radicaci\u00f3n en lo siguiente: <\/p>\n
<\/p>\n
I. Asegura que se vio obligada a trasladar su residencia a Monter\u00eda para resguardarse de los \u00abrecurrentes malos tratos\u00bb de su consorte.<\/p>\n
II. El desplazamiento hacia Barranquilla para atender el proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso pone en riesgo su vida.<\/p>\n
III. Las peticiones elevadas ante la funcionaria de conocimiento no han sido atendidas.<\/p>\n
IV. En la plataforma virtual de la Rama Judicial no aparecen registradas las actuaciones del proceso. <\/p>\n
El cambio de radicaci\u00f3n ser\u00e1 negado por las razones que a continuaci\u00f3n se exponen: <\/p>\n
3.1. La solicitud de traslado del caso del Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Barranquilla a su similar de Monter\u00eda deja ver el deficiente cumplimiento de la carga argumentativa y demostrativa de parte de la interesada para persuadir a la Corte de la procedencia de la petici\u00f3n. Pues, obs\u00e9rvese que, la s\u00faplica carece de informaci\u00f3n espec\u00edfica de los hechos actuales de violencia intrafamiliar realizados por V\u00edctor Julio Jos\u00e9 contra Ana Paola que conduzcan a inferir la inminente afectaci\u00f3n a la seguridad e integridad personal de esta \u00faltima, particularmente si el juicio de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso sigue adelant\u00e1ndose en el estrado de la capital del Atl\u00e1ntico. <\/p>\n
Y si bien la peticionaria en orden a soportar la viabilidad de su ruego allega copia de la solicitud de apertura de tr\u00e1mite administrativo ante la Comisar\u00eda de Familia de Monter\u00eda y denuncia penal ante la fiscal\u00eda seccional de C\u00f3rdoba por violencia intrafamiliar contra su consorte (archivo digital 3), lo cierto es que dichas actuaciones, adem\u00e1s de que provienen de la actora, no acreditan nada m\u00e1s all\u00e1 de su formulaci\u00f3n, pues no allega una decisi\u00f3n de fondo al respecto, as\u00ed como estos no acreditan que tuvieron origen a partir del inicio del proceso de divorcio. <\/p>\n
Lo que tambi\u00e9n puede pensarse de la prueba de ADN que seg\u00fan la interesada su esposo oblig\u00f3 a practicarle a la primog\u00e9nita de la pareja, la cual carece de actualidad, pues se advierte que fue realizada hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os. <\/p>\n
Asimismo, se destaca que ambos c\u00f3nyuges est\u00e1n amparados con medidas de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar. De un lado, Ana Paola est\u00e1 resguardada con la ordenada por la Comisar\u00eda de Familia de Monter\u00eda el 2 de octubre de 2020 y, del otro V\u00edctor Julio Jos\u00e9 est\u00e1 protegido por la ordenada el 5 de octubre del mismo a\u00f1o por la Comisar\u00eda Tercera de Familia de Barranquilla, autoridades a las que las partes pueden acudir en caso de que sean desconocidas las medidas de protecci\u00f3n adoptadas. <\/p>\n
3.3. Frente a la alegaci\u00f3n relativa a que ha elevado solicitudes a la juez del divorcio que a\u00fan no han sido atendidas, es menester recordar que este tr\u00e1mite no fue concebido para remediar cuestiones adjetivas o sustanciales surgidas en el interior de los procesos judiciales. De manera que las partes tienen a su alcance diversos instrumentos procesales para provocar el pronunciamiento del juzgador, as\u00ed como para controvertir las decisiones que adopte y, de estimar que no fueron emitidas en derecho o con observancia de sus garant\u00edas fundamentales, cuentan con la posibilidad de hacer uso de los mecanismos legales y constitucionales que el ordenamiento nacional consagra. <\/p>\n
3.4. Sobre la queja concerniente a que el aplicativo de consulta virtual de procesos no tiene registradas todas las actuaciones del caso, la Corte se\u00f1ala que, contrario a lo dicho por la petente, verificado el sistema de consulta TYBA se advirti\u00f3 que aparecen registradas todas las actuaciones del proceso radicado bajo el n.\u00ba 08001311000120200026400, desde su creaci\u00f3n y reparto hasta el \u00faltimo memorial presentado por su contraparte el 27 de agosto de 2021. Sistema de consulta que es sencillo de utilizar y no tiene restricci\u00f3n alguna para el p\u00fablico. <\/p>\n
3.5. Finalmente, en gracia de discusi\u00f3n, si la seguridad personal de la solicitante se hallara amenazada por tener que encontrarse con su expareja en el juzgado de conocimiento, la reclamante puede echar mano de las herramientas tecnol\u00f3gicas para comparecer al proceso previstas en el art\u00edculo 1032 del C\u00f3digo General del Proceso y en el Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
4. Por lo tanto, la orfandad no solo argumentativa sino probatoria sobre la materia impide acoger la petici\u00f3n bajo estudio. En consecuencia, no se acceder\u00e1 a lo pedido y se ordenar\u00e1 el archivo de las diligencias. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve: <\/p>\n
Primero. Negar el cambio de radicaci\u00f3n incoado por Ana Paola Berrio \u00c1lvarez en relaci\u00f3n con la demanda de cesaci\u00f3n de efectos civiles del matrimonio religioso que en su contra promovi\u00f3 V\u00edctor Julio Jos\u00e9 Ortiz Hern\u00e1ndez, ante el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Barranquilla. <\/p>\n
Segundo. Advertir que contra la presente decisi\u00f3n no proceden recursos. <\/p>\n
Tercero. Comunicar la presente decisi\u00f3n al Juzgado citado, a las partes e intervinientes dentro del proceso. <\/p>\n
Cuarto. Archivar la actuaci\u00f3n <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Barranquilla (perteneciente al distrito judicial de Barranquilla) y el juzgado de familia (reparto) Monter\u00eda (perteneciente al distrito judicial de Monter\u00eda). <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 103 \u00eddem. En todas las actuaciones judiciales deber\u00e1 procurarse el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, as\u00ed como ampliar su cobertura. <\/p>\n
Las actuaciones judiciales se podr\u00e1n realizar a trav\u00e9s de mensajes de datos. La autoridad judicial deber\u00e1 contar con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos. <\/p>\n
En cuanto sean compatibles con las disposiciones de este c\u00f3digo se aplicar\u00e1 lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, las que lo sustituyan o modifiquen, y sus reglamentos. <\/p>\n
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