AC3845-2021 (2021-00726-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3845-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00726-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Aguachica (Cesar) y el despacho Segundo Municipal de Oca\u00f1a, atinente al conocimiento de la demanda de simulaci\u00f3n interpuesta por Ligia Clavijo de Haddad contra Jorge Haddad Meneses y Bolmar Enrique Rinc\u00f3n Haddad. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Civil del Circuito de Oca\u00f1a \u2013 Norte de Santander (reparto)\u00bb, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n que se \u00abdeclare la simulaci\u00f3n relativa del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 531 del dos (02) de julio de 2009 protocolizada ante la Notar\u00eda Cuarta de Santa Marta; instrumento en el que se ocult\u00f3 la verdadera copropietaria y compradora a LIGIA CLAVIJO DE HADDAD\u00bb. En consecuencia, \u00abse ordene incluir en la escritura p\u00fablica\u2026a la se\u00f1ora LIGIA CLAVIJO DE HADDAD como copropietaria y compradora del predio objeto de venta\u2026\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial, por \u00abla naturaleza del asunto, la vecindad de las partes y por tratarse de un proceso de mayor cuant\u00eda cuyas pretensiones estimo de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 26 de la Ley 1.564 del 2.012 en m\u00e1s de CIENTO CINCUENTA SALARIOS M\u00cdNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES\u2026\u00bb (fl. 1-8 del Cdno 1). <\/p>\n
2. El expediente fue repartido al Juzgado Primero Civil del Circuito de Oca\u00f1a, el cual, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 12 de agosto de 2019, resolvi\u00f3 rechazar de plano la demanda. Para ello, consider\u00f3 que <\/p>\n
\u00abal versar el presente proceso sobre el dominio del bien inmueble indicado anteriormente, la cuant\u00eda del presente proceso se determinar\u00e1 por el valor del avalu\u00f3 (sic) catastral del mismo, el cual asciende a la suma de CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS\u2026 As\u00ed las cosas\u2026estamos frente a una acci\u00f3n de menor cuant\u00eda, cuyo conocimiento corresponde a los juzgados municipales\u2026\u00bb (fls. 97 y 98 ibidem). <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites, el proceso fue asignado al Juez Segundo Civil Municipal de Oca\u00f1a. Tal despacho, en resoluci\u00f3n de fecha 13 de septiembre de 2019, consider\u00f3 que carec\u00eda de competencia territorial \u00abtoda vez que el bien objeto de la Litis se encuentra ubicado en la ciudad de Aguachica, Cesar\u2026\u00bb (Fl. 104 ibidem). <\/p>\n
Dicho prove\u00eddo fue recurrido en reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n por la demandante. El 5 de diciembre de 2019, el a quo confirm\u00f3 la decisi\u00f3n y concedi\u00f3 la alzada. (Fls. 105 a 109 ibidem). No obstante, el 21 de enero de 2020, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oca\u00f1a rechaz\u00f3 de plano el recurso vertical en raz\u00f3n a que \u00abla decisi\u00f3n del Juez Ad-quo de apartarse del conocimiento de la demanda de simulaci\u00f3n por el factor territorial no admite recurso\u00bb. (Fl. 5 Cuaderno 2). <\/p>\n
4. Finalmente, el proceso le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Aguachica (Cesar), quien, mediante auto del 10 de febrero de 2021, se abstuvo de avocar conocimiento. En consecuencia, promovi\u00f3 el conflicto negativo de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello, expres\u00f3 que <\/p>\n
La parte actora determina la competencia en raz\u00f3n a la naturaleza del asunto, por la cuant\u00eda y por la vecindad de las partes, observ\u00e1ndose una vez examinado el libelo demandatorio que el domicilio del se\u00f1or BOLMAR ENRIQUE RINC\u00d3N HADDAD e Bavaria Country Casa E-32 de la ciudad de Santa Marta (Magdalena), y la del se\u00f1or Jorge Haddad Meneses es la Carrera 11 N\u00b0 13-45 de Oca\u00f1a Norte de Santander, siendo esta \u00faltima localidad la elegida por el extremo demandante para presentar la acci\u00f3n que aqu\u00ed nos ocupa\u00bb (fls. 117 a 118 Cuaderno 1). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, C\u00facuta y Valledupar, corresponde a esta Sala resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 ib\u00eddem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Prima facie, se observa que el caso sub-judice versa sobre un proceso de simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa contenido en la Escritura P\u00fablica No. 531 del 02 de julio del 2009, suscrita entre Bolmar Enrique Rinc\u00f3n Haddad y Jorge Haddad Meneses (demandados). <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior y, en aras de determinar la competencia por el factor territorial en asuntos como el presente, la ley no s\u00f3lo acude al fuero general -el domicilio del demandado, y si son varios, el de cualquiera de ellos – sino tambi\u00e9n, al denominado fuero negocial, en su variante ata\u00f1edera con el \u00ablugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
3.1. Lo propio emerge del an\u00e1lisis normativo verificado entre los numerales 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso que establece: \u00abEn los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u00bb, y el 3\u00ba ib\u00eddem que previene \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb (se resalta). <\/p>\n
3.2. Por supuesto, se destaca que es el demandante quien cuenta con el beneficio de escoger, entre esas posibilidades el fallador que debe pronunciarse sobre el asunto, sin que a este le sea posible alterar tal elecci\u00f3n. As\u00ed lo ha manifestado la Sala, entendiendo que el interesado (a) con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00, reiterado en AC4020, 24 sep. 2018, rad. 2018-02392-00). <\/p>\n
4. Ahora bien, de la revisi\u00f3n efectuada a las piezas procesales se observa la siguiente situaci\u00f3n: <\/p>\n
4.1. La demanda fue dirigida al Juez Civil de Oca\u00f1a, en raz\u00f3n a que dicha ciudad corresponde al lugar del domicilio de uno de los demandados, seg\u00fan lo afirmado por el apoderado de la demandante en los ac\u00e1pites de competencia y notificaciones. <\/p>\n
4.2. As\u00ed las cosas y puesto que la demandante escogi\u00f3 el fuero general a efectos de determinar la competencia del juez que habr\u00eda de conocer la causa, el funcionario de Oca\u00f1a no pod\u00eda abstenerse de avocar conocimiento. <\/p>\n
En efecto, la actora contaba con la facultad de elegir entre los fueros concurrentes -lugar de domicilio y lugar de cumplimiento de las obligaciones\u2013, una vez efectuada la escogencia, no puede el juzgador variarla. Al respecto, se ha sostenido que, <\/p>\n
\u00ab(…) como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes\u00bb (CSJ AC2738-2016). <\/p>\n
5. Finalmente, respecto a los argumentos esgrimidos por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Oca\u00f1a, se le recuerda que las acciones de simulaci\u00f3n son de naturaleza personal. Por consiguiente, el presente asunto no puede subsumirse en la regla del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, comoquiera que esta se restringe, puntualmente, a \u00ablos procesos en que se ejerciten derechos reales\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, en un caso de connotaciones similares en donde se discut\u00eda un conflicto de competencia surgido con ocasi\u00f3n del ejercicio de la acci\u00f3n de simulaci\u00f3n, esta Corte sostuvo que: <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa, sin respecto de determinada persona, noci\u00f3n sobre la cual ha dicho esta Corporaci\u00f3n que \u00abse trata de la idea Romana que consider\u00f3 el derecho real como la relaci\u00f3n directa entre la persona y la cosa\u00bb, y aunque la cr\u00edtica ha considerado que no puede haber una simple relaci\u00f3n entre personas y cosas, debe tomarse en cuenta que sujeto pasivo de ese atributo son las personas indeterminadas, dado su efecto de ser frente a todo el mundo (SC de 10 de agosto de 1981, GJ 2407, p\u00e1g. 486). <\/p>\n
Las acciones reales nacen de esos derechos reales, conforme al mismo precepto 665, y debe atenderse que la simulaci\u00f3n no emana de los mismos, sino del derecho que asiste a los respectivos interesados \u2013partes del negocio o terceros- para que prevalezca la realidad de lo negociado, com\u00fanmente denominada \u00abacci\u00f3n de prevalencia\u00bb, porque como ha sostenido esta Sala en la misma se pide \u00abla prevalencia del acto oculto sobre el acto ostensible\u00bb, que puede ejercerse por quien celebr\u00f3 el contrato, sus herederos y \u00abtodo el que tenga inter\u00e9s jur\u00eddico en obtener la prevalencia del acto oculto sobre el ostensible\u00bb (SC de 13 de dic. de 2006, rad. 00284-01)\u00bb (AC 1306-2020 del 06 de julio del 2020. Tal postura fue reiterada en AC566-2020 del 24 de febrero del 2020 y AC1300-2020 del 06 de julio del 2020). <\/p>\n
6. Por lo precedentemente expuesto, forzoso es colegir que la atribuci\u00f3n para tramitar la acci\u00f3n declarativa de simulaci\u00f3n radica en cabeza del Juzgado Segundo Municipal de Oca\u00f1a. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Segundo Municipal de Oca\u00f1a. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Aguachica (Cesar), acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta decisi\u00f3n. <\/p>\n
CUARTO: Por secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
<\/p>\n
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