AC3848-2021 (2020-03344-00)<\/p>\n
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AC3848-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2020-03344-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bogot\u00e1 y el Juzgado Promiscuo Municipal de Tabio, atinente al conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica interpuesta por el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. E.S.P. frente a Abel Luque Luque. <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Promiscuo de Tabio – Cundinamarca\u00bb, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abImponer como cuerpo cierto servidumbre legal de conducci\u00f3n el\u00e9ctrica con ocupaci\u00f3n permanente con fines de utilidad p\u00fablica, a favor del GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 SA E.S.P, sobre el predio rural denominado \u2018LOTE NO. 7\u2019, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 176-148778, ubicado en la vereda SALITRE, jurisdicci\u00f3n del municipio de TABIO, departamento de Cundinamarca, cuyo propietario es el se\u00f1or ABEL LUQUE LUQUE (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3 en cuanto a la competencia que le correspond\u00eda a dicha autoridad judicial, \u00abPor el factor territorial de la ubicaci\u00f3n del bien inmueble en que se ejercita el derecho real de servidumbre de acuerdo con el numeral 7\u00b0, del art\u00edculo 28 del C.G.P., y por la cuant\u00eda conforme al numeral 7\u00b0, del art\u00edculo 26 del C.G.P (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
2. El escrito incoativo fue asignado al Juzgado Promiscuo Municipal de Tabio, quien el 26 de noviembre de 2019 lo rechaz\u00f3, tras considerar que: <\/p>\n
\u00abDescendiendo al asunto en estudio, el cual versa sobre la imposici\u00f3n de servidumbre legal de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, en principio hace alusi\u00f3n a un derecho real y podr\u00eda decirse que la competencia la tiene este Despacho Judicial, por ser el lugar donde se ubica el inmueble sobre el que se pretende imponer el gravamen. <\/p>\n
No obstante, toda vez que se trata de una entidad p\u00fablica la que funge como parte demandante, bajo los fundamentos legales y jurisprudenciales antes expuestos y, de cara a la prevalencia del fuero subjetivo sobre el fuero territorial, no cabe duda que la competencia para conocer de este asunto radica en el Juez Civil Municipal reparto de la Ciudad de Bogot\u00e1 D.C. y no en este Juzgado sin competencia para conocer de esta demanda\u00bb2. <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue repartido y entregado al Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bogot\u00e1. Tal despacho, mediante auto de 16 de julio de 2020, opt\u00f3 por declarar su incompetencia para asumir este asunto. Por tal raz\u00f3n, propuso el conflicto negativo de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) muy a pesar de que el juzgador de origen arrog\u00f3 la competencia del presente proceso al juez municipal del domicilio de la parte actora, dada su calidad de entidad p\u00fablica conforme al numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del precitado Estatuto, en concordancia con el precepto 29 de la misma obra lo cierto es que en los casos como el tra\u00eddo a colaci\u00f3n no es procedente aplicar la interpretaci\u00f3n normativa referenciada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tabio (Cundinamarca)\u2026 <\/p>\n
De lo dicho en precedencia se puede establecer que en aplicaci\u00f3n del fuero de competencia invocado por el demandante (lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble) junto con los preceptos jurisprudenciales tra\u00eddos a colaci\u00f3n, la elecci\u00f3n del extremo actor fue Tabio, Cundinamarca, como bien lo se\u00f1al\u00f3 en el libelo demandatorio, lo cual se ajusta a las aludidas reglas de competencia estudiadas y no puede ser desconocida su voluntad, ni mucho menos poner en riesgo las garant\u00edas de quien se ver\u00e1 afectado con la servidumbre impuesta, por lo que el juez competente para conocer el presenta asunto es el de aquella municipalidad (\u2026)\u00bb3. <\/p>\n
<\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sea lo primero anotar, que como el conflicto planteado se ha suscitado entre dos despachos de diferente distrito judicial, Bogot\u00e1 y Cundinamarca, la Corte es la competente para definirlo, tal y como lo establece el art\u00edculo 16 de la ley 270 de 1996 -estatutaria de la administraci\u00f3n de justicia-, reformado como qued\u00f3 por el canon 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar en donde est\u00e1 ubicado el inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2012-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 5 jul. 2012, rad. n\u00b0 2012-00974, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de las servidumbres, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, fij\u00f3 la competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en el litigio. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto previene que \u00ab [e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
De manera tal que, habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de imposici\u00f3n de servidumbres en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implicaba una encrucijada que deb\u00eda ser superada a trav\u00e9s de la actividad interpretativa de esta Alta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. En un principio, esta Corte hab\u00eda superado tal dilema al entender que el nuevo Estatuto Procesal no hab\u00eda variado la tradici\u00f3n legislativa en torno a tener en cuenta como elemento material para asignar la competencia en estos tipos de procesos el lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes. Bajo esa l\u00ednea de pensamiento, ser\u00eda la disposici\u00f3n especial correspondiente al fuero real dentro del factor territorial la llamada a gobernar los asuntos all\u00ed dispuestos, por ser privativa, es decir, excluyente de otros fueros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, estim\u00f3 que si bien el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del CGP prescribe que \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, la articulaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0, por corresponder ambos a fueros dentro del mismo factor territorial, real y general, impon\u00eda no tener por recibo la aplicaci\u00f3n del canon 29 del CGP, ya que este regula lo atinente a la prelaci\u00f3n del factor subjetivo frente a los otros factores, y el art\u00edculo 28 establece reglas de competencia atendiendo a un solo factor: el territorial. <\/p>\n
5. Sin embargo, tal postura fue variada el 24 de enero del 2020 en prove\u00eddo AC140-20204, en el cual, en un caso de contornos similares, la Corte se decant\u00f3 por la aplicaci\u00f3n del inciso 1\u00ba del citado art\u00edculo 29, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites en donde participe un organismo u entidad \u00abp\u00fablica\u00bb habr\u00e1 de primar su \u00abfuero personal\u00bb. <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. Siendo as\u00ed las cosas, la posible contradicci\u00f3n entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, es m\u00e1s aparente que real, ya que la misma se salva con una adecuada hermen\u00e9utica del ordenamiento jur\u00eddico, consolidada y unificada en el aludido auto AC140-2020. <\/p>\n
As\u00ed lo estableci\u00f3 la citada providencia, en la cual se se\u00f1al\u00f3 con meridiana claridad que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha precisado lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?5 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
6. Pues bien, el asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte concierne a la imposici\u00f3n de una servidumbre de conducci\u00f3n el\u00e9ctrica sobre el inmueble denominado \u00abLOTE No.7, bajo el folio de matr\u00edcula inmobiliaria no. 176-148788, se localiza en la Vereda Salitre del Municipio de Tabio Cundinamarca\u00bb que promovi\u00f3 Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A E.S.P., frente al se\u00f1or Abel Luque Luque. A su turno, el conflicto de competencia se origin\u00f3 dado que, a juicio del Juez D\u00e9cimo Civil Municipal de Bogot\u00e1, el inmueble se encuentra ubicado en el municipio de Tabio. <\/p>\n
Disiente esta Corporaci\u00f3n del argumento esgrimido por la autoridad judicial memorada, por lo que habr\u00e1 de asign\u00e1rsele a esta la competencia de conformidad con la regla establecida por la Sala en el auto tantas veces mencionado. Ello, por las razones que pasan a exponerse: <\/p>\n
6.1. De acuerdo con el art\u00edculo 2\u00b0 de los estatutos sociales de la entidad accionante, su naturaleza jur\u00eddica corresponde a una: <\/p>\n
\u00ab\u2026empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. La sociedad tiene autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus actividades dentro del \u00e1mbito del derecho privado como empresario mercantil de car\u00e1cter sui generis, dada su funci\u00f3n de prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios <\/p>\n
Par\u00e1grafo: Por la composici\u00f3n y el origen de su capital el Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. ESP., es una sociedad constituida con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden distrital, en la cual los entes del Estado poseer\u00e1n por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1 (antes Concejo de Santa Fe de Bogot\u00e1), Distrito Capital, que autoriz\u00f3 su organizaci\u00f3n como sociedad por acciones en desarrollo de las disposiciones del art\u00edculo 17 de la Ley 142 de 1994 y del art\u00edculo 104 del Decreto ley 1421 de 1993\u00bb6 (Resaltado por la Corte) <\/p>\n
Aunado a lo precedente, a la luz del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, una entidad p\u00fablica comprende todo aqu\u00e9l \u00ab\u2026\u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
6.2. En tal sentido, al observar la composici\u00f3n accionaria de la demandante se concluye que esta es una entidad p\u00fablica, pues el 51% corresponde a los inversionistas estatales y el 49 % restante a personas naturales o jur\u00eddicas de derecho privado7. <\/p>\n
6.3. As\u00ed las cosas, pese a que la demandante es una sociedad an\u00f3nima, tambi\u00e9n ostenta la caracter\u00edstica de p\u00fablica, cuyo objeto es la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos. De suerte que, de conformidad con lo expuesto, en el caso en concreto, opera el privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso a favor de la citada entidad, para que en su sede se adelante el litigio. <\/p>\n
7. Por las razones antedichas, procede remitir la presente demanda al Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bogot\u00e1, a quien corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado D\u00e9cimo Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado Promiscuo Municipal de Tabio (Cundinamarca), acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes dej\u00e1ndose las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Fls. 94-104 del archivo 2020-180.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Fls. 107-114 ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Fls. 153-155 ibidem. <\/p>\n
4\u0002 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2019-00320-00 <\/p>\n
5\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n