AC3914-2021 (2021-02432-00)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
AC3914-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02432-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el conflicto suscitado entre los Juzgados Promiscuo y Quinto Civil del Circuito de La Virginia (Risaralda) y Medell\u00edn, respectivamente, para conocer de la acci\u00f3n popular impulsada por Uner Augusto Becerra Largo frente a Bancolombia S.A., sucursal Medell\u00edn Calle 10 # 38 63. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Petitum y causa petendi. El accionante instaur\u00f3 acci\u00f3n popular en contra de Bancolombia S.A, en la que solicit\u00f3 la construcci\u00f3n de \u201cunidad sanitaria p\u00fablica apta para ciudadanos con movilidad reducida que se desplazan en silla de ruedas\u201d. <\/p>\n
Lo precedente, por cuanto la entidad financiera convocada \u201c(\u2026) no cuenta en sus inmuebles donde presta el servicio al p\u00fablico a nivel pa\u00eds, con ba\u00f1o p\u00fablico apto para ciudadano que se movilizan en silla de ruedas\u201d, incumpliendo, con ello, lo dispuesto en la normatividad vigente. <\/p>\n
1.2. Fijaci\u00f3n de la competencia territorial. La estableci\u00f3 en cabeza de la autoridad judicial de La Virginia (Risaralda), sin hacer p\u00fablicos los motivos de ese modo de proceder. <\/p>\n
1.3. El conflicto. El Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de La Virginia (Risaralda) mediante auto de 21 de abril de 2021 se abstuvo de gestionar la acci\u00f3n, argument\u00f3 que, aunque ven\u00eda conociendo del asunto, perdi\u00f3 la competencia, por cuanto la entidad accionada no cuenta con domicilio principal en dicha municipalidad, considera que el juzgado llamado a conocer de asunto es el de Medell\u00edn por corresponder al domicilio principal de la entidad p\u00fablica accionada. <\/p>\n
A su turno, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 21 de junio de 2021, de igual manera se abstuvo de tramitar el asunto (Rad No. 2021 00190), indic\u00f3 que el funcionario de origen no debi\u00f3 apartarse del asunto, en raz\u00f3n a que oper\u00f3 la perpetuatio jurisdictionis, seg\u00fan la cual, salvo casos excepcionales, una vez radicada la competencia no es posible ninguna alteraci\u00f3n motu proprio por el juez que conoce del asunto, conforme al canon 16 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.4. Lo anterior explica las razones por las cuales las diligencias arribaron a estas Corporaci\u00f3n para lo pertinente. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. La colisi\u00f3n corresponde zanjarla a esta Corte, por involucrar a juzgados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2.2. La pauta general de competencia territorial corresponde, en procesos contenciosos, al domicilio del demandado, con las precisiones que realiza el numeral 1\u00ba del citado art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, foro que opera \u00absalvo disposici\u00f3n legal en contrario\u00bb. Lo dicho, supone la advertencia de que se aplicar\u00e1 siempre y cuando el ordenamiento jur\u00eddico no disponga una cosa distinta. <\/p>\n
Esas excepciones, a su vez, pueden ser concurrentes por elecci\u00f3n, concurrentes sucesivas o exclusivas (privativas), as\u00ed: <\/p>\n
Los fueros concurrentes por elecci\u00f3n operan, precisamente, en virtud de la voluntad del actor de elegir entre varios foros predispuestas por el legislador. Por ejemplo, el personal, el contractual o el circunstancial (art\u00edculo 28, numerales 1\u00ba, 3\u00ba y 6\u00ba, ib\u00eddem). <\/p>\n
Los fueros concurrentes sucesivos presuponen acudir, en primer t\u00e9rmino, al factor preponderante indicado en la normativa procesal, y solo en el evento en que ello no sea posible, podr\u00eda recurrirse a la alternativa subsiguiente. As\u00ed ocurre con el factor personal (art\u00edculo 28, numeral 2\u00ba, ej\u00fasdem). Ante la falta de domicilio del demandado se acude primero al lugar de su residencia y en subsidio de ambos al domicilio del demandante. <\/p>\n
Y los fueros exclusivos son aquellos que imponen que el conocimiento de un caso radique solamente en un lugar determinado, como ocurre, verbi gratia, con los procesos de restituci\u00f3n de inmueble arrendado, que son de competencia privativa de los jueces del lugar de ubicaci\u00f3n del respectivo predio (numeral 7 del art\u00edculo 28, ya citado). <\/p>\n
2.3. As\u00ed, en ejercicio de las potestades estatuidas en el art\u00edculo 150 de la Constituci\u00f3n, el Congreso de la Rep\u00fablica expidi\u00f3 la Ley Estatutaria 472 de 1998, para regular el ejercicio de las acciones populares y de grupo, y en su art\u00edculo 16 determina que para su tramitaci\u00f3n \u201cser\u00e1 competente el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor popular\u201d. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha resaltado que \u201cal demandar en el asiento de una \u00absucursal\u00bb o \u00abagencia\u00bb espec\u00edfica es necesario que exista una directa vinculaci\u00f3n entre \u00e9sta y la ocurrencia de la situaci\u00f3n quebrantadora de los intereses colectivos, lo que debe quedar plenamente dilucidado\u201d1. <\/p>\n
En definitiva, al tratarse de acciones de tal linaje el promotor tiene la libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con potencial competencia lo inicia, si ante el del lugar donde acontecieron los hechos, o ante aqu\u00e9l del domicilio del opositor. <\/p>\n
Si bien, la prerrogativa de elecci\u00f3n de la competencia territorial es exclusiva del demandante, cuando es concurrente, conforme lo ha establecido la ley; ello no significa que, puede motu proprio inventarse una nueva regla de competencia para seleccionar indistintamente el juez que le pueda solucionar sus intereses particulares, olvidando lo establecido por la norma. <\/p>\n
2.4. Frente a lo discurrido, lo primero a advertirse es que la autoridad judicial de Medell\u00edn carece de raz\u00f3n al atribuir competencia territorial al juzgado remitente. As\u00ed se acepte en gracia de discusi\u00f3n que en la Virginia el Banco de Colombia mantiene una sucursal o agencia, ya que la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos acusados en la acci\u00f3n popular ninguna relaci\u00f3n tienen con los establecimientos de esa localidad. <\/p>\n
Si bien el accionante manifest\u00f3 que la \u201cvulneraci\u00f3n o agravio ocurre a lo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO\u201d, la afirmaci\u00f3n se vincula con el domicilio principal de la accionada, el cual, seg\u00fan la consulta en la base de datos de la Superintendencia Financiera, se encuentra radicado en Medell\u00edn. No obstante, al presentarse en un lugar distinto, debe entenderse que ese fuero no pod\u00eda tenerse en cuenta para determinar la competencia. Porque al hablarse de las sucursales, la regla quinta del art. 28 se\u00f1ala expl\u00edcitamente: \u201cEn los procesos contra una persona jur\u00eddica es competente el juez de su domicilio principal. Sin embargo, cuando se trate de asuntos vinculados a una sucursal o agencia ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n el juez de aqu\u00e9l y el de est\u00e1\u201d (S. N.), de modo tal que en primer lugar, el libelista no puede creer que puede disponer de los jueces de conformidad con su antojo o de su criterio particular y en forma arbitraria para satisfacer sus propios intereses, seleccionando sus propios jueces, al margen de las reglas de orden p\u00fablico, y anteponiendo su particular criterio por encima de la Ley de orden p\u00fablico. <\/p>\n
No puede olvidar que, cuanto refiere el texto en punto de la persona jur\u00eddica, es que el competente es, el juez del domicilio principal, y si se trata de sucursales o agencias, corresponde, no al que arbitraria, abusiva y caprichosamente pretende imponer el accionante, porque si bien existe sucursal de la entidad en la Virginia, en el asunto, tambi\u00e9n es patente, que de acuerdo a los hechos de la demanda, lo es, no se trata de un litigio, reclamo o infracci\u00f3n de un derecho o asunto vinculado en alg\u00fan modo a la sede de la Virginia, sino a la de Medell\u00edn y esto, al no haberse elegido el domicilio principal en esta competencia a prevenci\u00f3n. <\/p>\n
La atribuci\u00f3n, entonces, se encuentra dada, conforme se afirma en el mismo libelo incoativo, por el lugar de ocurrencia de los hechos, en la \u201cCalle 10 # 38- 63, Medell\u00edn\u201d. En puridad, ninguna elecci\u00f3n se encontraba en posibilidad de ejecutar el accionante, pues en ese mismo lugar concurr\u00edan los foros personal y circunstancial. El primero, relacionado con el domicilio de la sucursal y agencia vinculado con los hechos, y el segundo, porque ah\u00ed ten\u00eda lugar la vulneraci\u00f3n de los derechos reclamados. <\/p>\n
Como se precis\u00f3 con precedencia, si se puede vincular a una sucursal o agencia siempre que exista un nexo directo entre \u00e9sta y la vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos. Pero tal conexi\u00f3n no se evidencia en la situaci\u00f3n aqu\u00ed debatida, respecto de la Virginia, como para extender \u201cal puro arbitrio irrazonable del accionante\u201d la competencia a dicho lugar y as\u00ed poder concluir que la elecci\u00f3n del promotor de la acci\u00f3n es leg\u00edtima. <\/p>\n
2.5. Por lo tanto, como no est\u00e1 clarificado el foro territorial respecto al domicilio del demandado, es perentorio que, el asunto debe corresponder al lugar de ocurrencia de los hechos concretos debido a la certidumbre que plantea el actor en la acci\u00f3n popular, al establecer que el lugar de la vulneraci\u00f3n ocurre en la ciudad de Medell\u00edn. <\/p>\n
2.6. Ahora bien, no puede pasarse por alto que en el presente caso no opera el principio legal de la perpetuatio jurisdictionis, con independencia de que el primer juzgador haya admitido o tramitado la demanda. Por cuanto, prevalece la naturaleza constitucional de las acciones populares con disposici\u00f3n propia en la Carta, como lo es el art. 88. Adem\u00e1s, se trata de una ley estatutaria, la 472 de 1998, la reglamentaria de las acciones populares, con estirpe superior a todas las otras leyes ordinarias incluyendo al C. G. del P., cuyo precepto 16 otorga una competencia a prevenci\u00f3n, es exclusivamente entre \u201c(\u2026) el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado\u201d. <\/p>\n
No se trata de ninguno otro juez seleccionado a la libre voluntad del particular, cual pretende el accionante popular, eligiendo uno que nada tiene que ver con lo uno ni con lo otro, sino con sus propios intereses y beneficios, en contra de normas de orden p\u00fablico. <\/p>\n
A su vez, el principio legal de la perpetuatio jurisdictionis, es un criterio que no est\u00e1 en contrav\u00eda, ni puede estarlo, con la propia Constituci\u00f3n ni con normas del bloque de constitucionalidad como la Ley 472 de 1998, sino que subordina en la estructura jer\u00e1rquica a las normas superiores. Por ello, dicho principio manda o autoriza al libelista elegir juez, o que permite al juez provocar el conflicto, \u00fanicamente entre los juzgadores de los lugares v\u00e1lidamente autorizados por el legislador, no respecto de aqu\u00e9llos que nada tienen que ver con \u201cel juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado\u201d, o m\u00e1s concretamente trat\u00e1ndose del domicilio del demandado de la elecci\u00f3n entre los jueces del domicilio principal o el de la sucursal vinculada con el asunto materia de la infracci\u00f3n del derecho, y no con relaci\u00f3n a sucursales o agencias carentes de nexo o v\u00ednculo con el del lugar donde acaece la infracci\u00f3n. <\/p>\n
El administrador de justicia no puede hacer una aplicaci\u00f3n ciega e irreflexiva de las normas procesales, sino que debe aplicarlas teniendo en cuenta los preceptos constitucionales. Por lo tanto, en el caso concreto, las formalidades y normas procesales se deben interpretar en funci\u00f3n de lo reglado en la Ley referida y, si espec\u00edficamente \u00e9sta estableci\u00f3 que la competencia deb\u00eda determinarse por el lugar de vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos o el domicilio del demandado, tanto el promotor como el fallador deben hacer caso a lo all\u00ed previsto, sin la posibilidad de elegir otro factor territorial de competencia, ideado al capricho o antojo de la parte o de la err\u00f3nea interpretaci\u00f3n o subsunci\u00f3n judicial. <\/p>\n
En \u00faltimas, la competencia territorial se enlaza con la funcional, en tanto, la espec\u00edfica materia de que se trata, acorde con los fundamentos de la acci\u00f3n constitucional que, debe ser conocida \u00fanicamente por los jueces del lugar de los hechos o del domicilio de la demandada. De ah\u00ed que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, por supuesto, en funci\u00f3n del art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, el factor territorial queda subordinado al objeto jur\u00eddico y espec\u00edfico del proceso; Y bien se sabe, por la materia, la competencia es improrrogable (art\u00edculo 15 del Estatuto Adjetivo). <\/p>\n
2.7. En suma, el estrado judicial de Medell\u00edn se equivoc\u00f3 al repeler el asunto, desconociendo el fuero que le impon\u00eda su conocimiento por ser el juzgador del lugar de ocurrencia de los hechos. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn es el llamado a conocer del proceso de la referencia. <\/p>\n
Consecuentemente, ordena enviar el expediente al citado despacho judicial e informar lo decidido a la otra autoridad jurisdiccional involucrada, haci\u00e9ndole llegar copia de esta providencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002CSJ, Sala Civil AC 4957-2019 Rad No. 2019-03370-00 <\/p>\n
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