AC3927-2021 (2021-00481-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC3927-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-03-000-2021-00481-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia que surgi\u00f3 entre el Juzgado Diecis\u00e9is de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 y el despacho \u00danico Promiscuo Municipal de Santa Mar\u00eda – Huila, atinente al conocimiento de la demanda de imposici\u00f3n de servidumbre el\u00e9ctrica interpuesta por el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. ESP contra Luis Jes\u00fas D\u00edaz. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda presentada al \u00abJuez Civil Municipal de Oralidad de Bogot\u00e1 D.C. -Reparto-\u00bb, de la que dan cuenta estas diligencias, la parte actora reclam\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n, entre otras, \u00abque se autorice la ocupaci\u00f3n, el ejercicio de la Servidumbre Legal de Conducci\u00f3n de Energ\u00eda El\u00e9ctrica con Ocupaci\u00f3n Permanente como cuerpo cierto con los derechos inherentes a ella y en consecuencia se IMPONGA a favor del GRUPO ENERG\u00cdA BOGOT\u00c1 S.A. E.S.P., sobre el predio denominado LOTE 1, ubicado en la vereda EL VERGEL, en el Municipio de SANTA MAR\u00cdA, Departamento del HUILA, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 200-267633 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Neiva -Huila (\u2026)\u00bb, as\u00ed como la declaratoria de servidumbre sobre un \u00e1rea de 7.966 m2. <\/p>\n
Asimismo, se indic\u00f3 que la competencia le concern\u00eda a dicha autoridad judicial en atenci\u00f3n al factor subjetivo, teniendo en cuenta que: <\/p>\n
\u00abPor la naturaleza del proceso, por la calidad de la parte demandante y por la cuant\u00eda (\u2026) de conformidad con lo se\u00f1alado en los numerales 7\u00b0 del Art\u00edculo 26 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, y con lo dispuesto en la Ley 56 de 1981, es Usted Se\u00f1or Juez el competente para conocer de este proceso en primera instancia\u00bb. (fls. 4-19 del PDF \u00ab01. Expediente\u00bb). <\/p>\n
2. El escrito inicial correspondi\u00f3 al Juzgado Diecis\u00e9is de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1. Sin embargo, a trav\u00e9s de prove\u00eddo de 19 de noviembre de 2020, rechaz\u00f3 la demanda al considerarse incompetente para conocer de la acci\u00f3n. Al respecto, fundament\u00f3 su postura en que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) atribuir la competencia en un proceso de servidumbre al lugar o domicilio de la demandante se le impone al demandado la carga de atender el pleito por fuera de su vecindad, la cual muchas veces coincide con el lugar donde se encuentra el inmueble, como ocurre en el caso de marras, pues la demanda puede ser notificada en el predio denominado LOTE 1 ubicado en la VEREDA EL VERGEL en el municipio de SANTA MAR\u00cdA departamento del HUILA o en el predio objeto del gravamen de acuerdo con lo informado por la parte demandante en su escrito de demanda. <\/p>\n
Adem\u00e1s, t\u00e9ngase en cuenta que si lo que se pretende con la servidumbre satisfacer su inter\u00e9s general se puede concluir que la entidad estatal tiene presencia en la zona donde se encuentra el bien de naturaleza privada, de ah\u00ed que no tiene una desventaja econ\u00f3mica ni log\u00edstica para atender el proceso. <\/p>\n
en segundo lugar, como es de conocimiento en este tipo de asuntos es forzosa la pr\u00e1ctica de inspecci\u00f3n judicial a voces del art\u00edculo 376 del CGP diligencia que si fuera el juez de conocimiento el del domicilio del demandante y no el de la ubicaci\u00f3n del predio no podr\u00eda realizarse directamente y tendr\u00eda que comisionar, y por tanto el juez que conoce la causa no podr\u00eda interactuar de forma directa con todas las personas que tengan inter\u00e9s en el asunto, circunstancia que resulta importante a la hora de recaudar y decretar pruebas\u00bb (fls. 12-124 ibidem). <\/p>\n
3. Cumplidos los tr\u00e1mites pertinentes, el expediente fue asignado al Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Santa Mar\u00eda – Huila. No obstante, mediante resoluci\u00f3n del 29 de enero de 2021, opt\u00f3 por de este asunto y, entonces, promovi\u00f3 el conflicto de competencia que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. Para ello precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAl resultar prevalente el fuero subjetivo (personal) en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes contenido en el Numeral 10 del Art\u00edculo 28 del C.G.P., resulta imperioso determinar si en el presente proceso, alguna de las partes se adec\u00faa a alguna de las calidades se\u00f1aladas en la referida norma. <\/p>\n
Al respecto y de conformidad a las manifestaciones plasmadas en la demanda, se observa que la parte demandante es el GRUPO DE ENERG\u00cdA DE BOGOT\u00c1 S.A. E.S.P., empresa mixta de servicios p\u00fablicos, domiciliada en la ciudad de Bogot\u00e1 SC, (\u2026) de suerte tal que se puede enmarcar en el contexto de la calidad de entidad p\u00fablica, de conformidad a los contenidos del par\u00e1grafo del Art\u00edculo 104 del CPACA, al ser una sociedad o empresa en la que el Estado tiene participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital, o los aportes o su participaci\u00f3n Estatal es igual o superior al enunciado porcentaje, en esas condiciones, revisada la P\u00e1gina Oficial on line de la citada entidad, donde se destaca que la participaci\u00f3n Estatal es igual o superior al 76.28 en porcentaje de acciones de propiedad del Distrito Capital de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Por lo descrito, al corresponder la parte demandante en este proceso a una entidad p\u00fablica, la competencia territorial contenida en el Numeral 10 del Art\u00edculo 28 del C.G.P., incumbe en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad, como fuero subjetivo prevalente conforme a los postulados consagrados en el Art\u00edculo 29 ibidem; en esas condiciones, al ser establecida la competencia por el factor subjetivo, la misma es improrrogable, tal y como lo consagra el Art\u00edculo 16 de la referida norma, de tal suerte corresponde a este Despacho declarar la falta de competencia para conocer del asunto y como consecuencia proponer colisi\u00f3n negativa de competencia de conformidad a lo consagrado en el Art\u00edculo 139 del C.G.P\u00bb (fls. 128-130 ibidem). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, conforme al canon 139 del C\u00f3digo General del Proceso, se entra a desatar el t\u00f3pico en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que se enfrentan juzgados de distinto distrito judicial, Bogot\u00e1 y Neiva, la Corte es la competente para resolver el conflicto negativo suscitado entre ellos, de conformidad con los art\u00edculos 139 ibidem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de su par 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para la determinaci\u00f3n de la competencia debe precisarse que la selecci\u00f3n del juez a quien le corresponde asumir el conocimiento de una causa litigiosa surge como el resultado de la conjugaci\u00f3n de algunas circunstancias o aspectos subjetivos u objetivos, vinculados, verbigracia, a la persona involucrada, al sitio en donde el accionado tiene su domicilio, al lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble, la cuant\u00eda o naturaleza del asunto, etc. Por supuesto, en ciertas ocasiones, aunque algunos de esos factores se entremezclan y se vuelven concurrentes, prevalecen unos sobre otros. <\/p>\n
Con respecto a la competencia privativa, esta Corporaci\u00f3n, entre otros, en auto CSJ AC, 14 dic. 2020, rad. 2012-02912-00, en el que reiter\u00f3 lo dicho en prove\u00eddo CSJ AC, 5 jul. 2012, rad. n\u00b0 2012-00974, expuso en lo concerniente que: <\/p>\n
(\u2026)\u2018[e]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. De las pautas de competencia territorial consagradas en el art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para el caso espec\u00edfico de las servidumbres, el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, fij\u00f3 una competencia privativa al juzgador del lugar donde se encuentre el bien involucrado en la litis. Al respecto, prescribi\u00f3 que \u00ab[e]n los procesos que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza, restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo el juez del lugar donde se hallen ubicados los bienes, y si \u00e9stos comprenden distintas jurisdicciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (se subraya). <\/p>\n
Sin embargo, el numeral 10\u00b0 de ese mismo estatuto dispuso que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb. <\/p>\n
De manera que, en principio, habr\u00eda una concurrencia entre fueros privativos al tratarse de pleitos de imposici\u00f3n de servidumbres en que una de las partes sea una entidad p\u00fablica, lo que implica una encrucijada que debe ser superada a trav\u00e9s de la actividad interpretativa de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Pues bien, preliminarmente, esta Corte hab\u00eda superado tal dilema al entender que el nuevo Estatuto Procesal no hab\u00eda variado la tradici\u00f3n legislativa en fijar la competencia de este tipo de procesos en el juez del lugar de ubicaci\u00f3n de los bienes. Bajo esa l\u00ednea de pensamiento, ser\u00eda la disposici\u00f3n especial correspondiente al fuero real dentro del factor territorial la llamada a gobernar los asuntos all\u00ed dispuestos, por ser privativa. Es decir, excluyente de otros fueros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se estim\u00f3 que si bien el numeral 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del CGP prescribe que \u00abEn los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, la articulaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0, por corresponder ambos a fueros dentro del mismo factor territorial, real y general, impon\u00eda no tener por recibo la aplicaci\u00f3n del canon 29 del CGP. Esto ya que este \u00faltimo canon regula lo atinente a la prevalencia del factor subjetivo frente a los otros factores, y el art\u00edculo 28 establece reglas de competencia atendiendo a un solo factor: el territorial. <\/p>\n
5. Sin embargo, tal postura fue variada el 24 de enero del 2020 en prove\u00eddo AC140-20201, en el cual, esta Corte decidi\u00f3 unificar jurisprudencia respecto al tema de marras. As\u00ed, en un caso de contornos similares, la Corporaci\u00f3n se decant\u00f3 por la aplicaci\u00f3n del inciso primero del citado art\u00edculo 29, seg\u00fan el cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, por lo que en todos los tr\u00e1mites en donde participe un organismo de linaje \u00abp\u00fablico\u00bb habr\u00e1 de preferirse su \u00abfuero personal\u00bb. <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, en l\u00ednea de principio. Sin embargo, en el evento en que una de las partes sea entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta. Siendo as\u00ed las cosas, la posible contradicci\u00f3n entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 ibidem, es m\u00e1s aparente que real, ya que la misma se salva con una adecuada hermen\u00e9utica del ordenamiento jur\u00eddico, consolidada y unificada en el aludido auto AC140-2020. <\/p>\n
As\u00ed lo estableci\u00f3 la citada providencia, en la cual se se\u00f1al\u00f3 con meridiana claridad que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real ) y 10\u00b0 (subjetivo ) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n explic\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abComo se anot\u00f3 anteriormente, en las controversias donde concurran los dos fueros privativos enmarcados en los numerales 7\u00ba y 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, como el que se presenta cuando una entidad p\u00fablica pretende imponer una servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica sobre un fundo privado, surge el siguiente interrogante: \u00bfCu\u00e1l de las dos reglas de distribuci\u00f3n es prevalente?2 <\/p>\n
Para resolver dicho cuestionamiento, el legislador consign\u00f3 una regla especial en el canon 29 ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u201d. <\/p>\n
En virtud de las pautas interpretativas previstas en los art\u00edculos 27 y 28 del C\u00f3digo Civil, que aluden en su orden a que, \u201c[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u201d, y \u201c[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u201d; es dable afirmar, con contundencia, que con dicha regla lo que quiso el legislador fue dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija, como se explic\u00f3 en precedencia, la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n procesal de esa prelaci\u00f3n muy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez del proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo y territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aqu\u00e9l factor y por el funcional (Art. 16). <\/p>\n
En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial. <\/p>\n
Por tanto, no es pertinente afirmar que el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros previstos en este \u00faltimo, toda vez que el legislador, dentro de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, no excluy\u00f3 en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del mismo u otro, a m\u00e1s que ello desconoce c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales, seg\u00fan se dej\u00f3 clarificado en el anterior ac\u00e1pite. (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320) (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020). <\/p>\n
6. Ahora bien, el asunto que origin\u00f3 la atenci\u00f3n de la Corte concierne a la imposici\u00f3n de una servidumbre de conducci\u00f3n el\u00e9ctrica sobre un inmueble situado en la vereda El Vergel, en el municipio de Santa Mar\u00eda -Huila- que promovi\u00f3 el Grupo de Energ\u00eda de Bogot\u00e1 S.A. ESP contra Luis Jes\u00fas D\u00edaz. <\/p>\n
6.1. Sobre la naturaleza de la demandante se advierte que esta es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1992. Tal informaci\u00f3n aparece en el art\u00edculo 2\u00b0 de sus estatutos sociales, frente a cuya naturaleza jur\u00eddica se precisa que: <\/p>\n
\u00abEl Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. ESP., es una empresa de servicios p\u00fablicos, constituida como sociedad an\u00f3nima por acciones, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994. La Sociedad tiene autonom\u00eda administrativa, patrimonial y presupuestal, ejerce sus actividades dentro del \u00e1mbito del derecho privado como empresario mercantil de car\u00e1cter sui generis, dada su funci\u00f3n de prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos domiciliarios. <\/p>\n
Par\u00e1grafo: Por la composici\u00f3n y el origen de su capital el Grupo Energ\u00eda Bogot\u00e1 S.A. ESP., es una sociedad constituida con aportes estatales y de capital privado, de car\u00e1cter u orden distrital, en la cual los entes del Estado poseer\u00e1n por lo menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital social, de conformidad con el acuerdo 001 de 1996 del Concejo de Bogot\u00e1 (antes Concejo de Santa Fe de Bogot\u00e1), Distrito Capital, que autoriz\u00f3 su organizaci\u00f3n como sociedad por acciones en desarrollo de las disposiciones del art\u00edculo 17 de la Ley 142 de 1994 y del art\u00edculo 104 del Decreto ley 1421 de 1993\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
6.2. Aunado a lo anterior, ha de destacarse que, conforme lo prescribe el canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se entiende por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
6.3. As\u00ed las cosas, pese a que la demandante es una sociedad an\u00f3nima, tambi\u00e9n ostenta la caracter\u00edstica de p\u00fablica, cuyo objeto es la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos. De suerte que, de conformidad con lo expuesto, opera el privilegio reconocido por el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso a favor de la entidad p\u00fablica, para que en su sede que se adelante el litigio. <\/p>\n
7. Por lo explicado en precedencia, procede remitir la presente demanda al Juzgado Diecis\u00e9is de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, a quien le corresponde continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n emprendida. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el conocimiento del proceso de la referencia deber\u00e1 continuar por cuenta del Juzgado Diecis\u00e9is de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1. <\/p>\n
SEGUNDO: Comunicar lo decidido al Juzgado \u00danico Promiscuo Municipal de Santa Mar\u00eda – Huila, acompa\u00f1\u00e1ndole copia de este prove\u00eddo. <\/p>\n
TERCERO: Remitir el expediente a la c\u00e9lula judicial referida en el numeral primero de esta resolutiva. <\/p>\n
CUARTO: Por Secretar\u00eda, librar los oficios correspondientes y dejar las constancias del caso. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Radicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-02-03-000-2019-00320-00 <\/p>\n
2\u0002 Conocer en forma prevalente un asunto significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que de acuerdo a la regla de competencia designada por la ley como preponderante o dominante entre las dem\u00e1s, debe primar en su elecci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
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