AC3940-2021 (2021-02935-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC3940-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-02935-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., ocho (08) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Anotado lo anterior, decide la Corte el recurso de queja interpuesto por Omar Camargo Su\u00e1rez contra la providencia emitida el 8 de julio de 2021, a trav\u00e9s de la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, le neg\u00f3 la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia de 28 de junio de 2021, en el juicio de restituci\u00f3n internacional de menores promovido en su contra por Adriana Valencia Medina. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Adriana Valencia Medina inco\u00f3 la restituci\u00f3n internacional de la menor Mar\u00eda Alejandra Camargo Valencia, aduciendo que, sin su autorizaci\u00f3n, el 13 de julio de 2020, el progenitor la sac\u00f3 de Miami (Florida) de donde es oriunda y tiene su residencia habitual, y la traslad\u00f3, a trav\u00e9s de la frontera con Ecuador, al municipio de El Pe\u00f1ol (Antioquia), aprovechando que era el mes de vacaciones de la peque\u00f1a, desconociendo el acuerdo de custodia realizado el 15 de septiembre de 2014. <\/p>\n
2. Mediante sentencia de 14 de abril de 2021, el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, Antioquia, orden\u00f3 el reintegro inmediato de la infante a su lugar de origen. La pasiva apel\u00f3. <\/p>\n
3. En fallo de 28 de junio de 2021, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a-quo. El convocado formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por auto de 8 de julio de 2021, el ad-quem deneg\u00f3 la censura por improcedente, pues consider\u00f3 que este medio excepcional de impugnaci\u00f3n \u201csolo procede frente a los procesos relativos al estado civil siempre y cuando se reclame o impugne el mismo, o se pretenda la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u201d y su admisibilidad no est\u00e1 prevista en ninguna de las normas especiales que regulan este tipo de litigios. <\/p>\n
5. Inconforme con la \u00faltima decisi\u00f3n, el extremo pasivo de la litis propuso reposici\u00f3n y, en subsidio, queja, arguyendo que el legislador no limit\u00f3 el se\u00f1alado mecanismo de defensa en la forma entendida por el colegiado, \u201ctodo lo contrario, la norma alude de manera general a los fallos que versen sobre el estado civil\u201d; por otra parte, cuestion\u00f3 que el ad-quem diera al recurso impetrado el alcance de una tercera instancia cuando la Corte Constitucional (C-203 de 2011) ha dejado sentado que esa no es su finalidad y, por tanto, ning\u00fan atentado se cometer\u00eda contra el principio de la doble instancia al concederlo. Adicionalmente, recrimin\u00f3 que no se diera curso a su s\u00faplica por tratarse de un proceso que no versa sobre pretensiones \u201cesencialmente econ\u00f3micas\u201d, cuando tal exigencia no constituye requisito de procedibilidad. <\/p>\n
Para finalizar, pidi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n al principio \u201cin dubio pro recurso\u201d, seg\u00fan el cual \u201ccuando existe un dilema sobre la concesi\u00f3n, tramitaci\u00f3n o decisi\u00f3n de cualquier medio de impugnaci\u00f3n, debe preferirse la interpretaci\u00f3n que mejor convenga a la eficacia del recurso, con prescindencia de cu\u00e1l ha de ser la resoluci\u00f3n de fondo\u201d, en especial, tomando en consideraci\u00f3n el precedente de los \u00f3rganos de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria y constitucional en materia de prevalencia de los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes y observancia al bloque de constitucionalidad, a la jurisprudencia y a la legislaci\u00f3n for\u00e1nea que propugnan por la tramitaci\u00f3n de dicha censura, tal como ocurre en pa\u00edses como Panam\u00e1, Nicaragua, Uruguay, Per\u00fa y Chile. <\/p>\n
6. En prove\u00eddo de 26 de julio de 2021, se resolvi\u00f3 adversamente la impugnaci\u00f3n horizontal y se concedi\u00f3 la expedici\u00f3n de copias. <\/p>\n
7. Al descorrer el traslado del remedio subsidiario, el extremo vencedor se opuso a su prosperidad con fundamento en el criterio jurisprudencial expuesto en la providencia CSJ AC4366-2017, cuyo contenido transcribi\u00f3 in extenso y, de otra parte, acus\u00f3 al convocado de utilizar maniobras dilatorias en contrav\u00eda de la celeridad requerida en este asunto y solicit\u00f3 condenarlo a pagar las costas. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 352 del C\u00f3digo General del Proceso establece que \u00abcuando el juez de primera instancia deniegue el recurso de apelaci\u00f3n, el recurrente podr\u00e1 interponer el de queja para que el superior lo conceda si fuere procedente. El mismo recurso procede cuando se deniegue el de casaci\u00f3n\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
El fin primordial de la queja, cuando no se concede el recurso de casaci\u00f3n, es que el superior examine si la impugnaci\u00f3n estuvo bien o mal denegada por el inferior; por ello, la competencia funcional de la Corte se circunscribe a precisar si el recurso extraordinario es procedente de conformidad con los lineamientos del art\u00edculo 334 de la ley adjetiva; si se propuso en la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 337 ejusdem; y si la parte impugnante se encuentra legitimada para ello, seg\u00fan el mismo canon. <\/p>\n
2. La primera disposici\u00f3n establece que ser\u00e1n susceptibles del mecanismo defensivo en comento, las sentencias \u201cproferidas por los tribunales superiores en segunda instancia\u201d, provenientes de \u201ctoda clase de procesos declarativos\u201d, \u201cacciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u201d y \u201clas dictadas para liquidar una condena en concreto\u201d. No obstante, el par\u00e1grafo de la misma norma se\u00f1ala que \u201ctrat\u00e1ndose de asuntos relativos al estado civil s\u00f3lo ser\u00e1n susceptibles de casaci\u00f3n las sentencias sobre impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u201d. <\/p>\n
No obstante, de conformidad con la Ley 1008 de 2006, los asuntos \u201c(\u2026) que sean materia de Tratados y Convenios Internacionales vigentes en Colombia en los que se reconozcan principios, derechos, garant\u00edas y libertades de los ni\u00f1os y de las familias (\u2026)\u201d, deben tramitarse \u201c(\u2026) mediante las reglas del proceso verbal sumario salvo en lo referente a la \u00fanica instancia. En las controversias judiciales a que se refiere esta ley, que se resuelven en el marco de Tratados y Convenios Internacionales, se garantizar\u00e1 el principio de la doble instancia, la cual se tramitar\u00e1 de acuerdo con las disposiciones que la regulan para el proceso verbal de mayor y menor cuant\u00eda (\u2026)\u201d (art. 2). <\/p>\n
El proceso de restituci\u00f3n internacional de menores de edad, se encuentra consagrado en el Convenio sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Ni\u00f1os, suscrito en la Haya el 25 de octubre de 1980, cuyo texto fue incorporado a nuestro ordenamiento interno mediante la Ley 173 de 1994 y su finalidad es la de \u201c(\u2026) asegurar el regreso inmediato de ni\u00f1os il\u00edcitamente trasladados o retenidos en cualquier Estado Contra[tante] y (\u2026) hacer respetar efectivamente en los otros Estados contra[tantes] los derechos de guarda y de visita existentes en un Estado Contra[tante]\u201d (art. 1\u00ba), para lo cual los Estados Parte deben adoptar \u201ctodas las medidas apropiadas para asegurar dentro de los l\u00edmites de sus territorios\u201d, la aplicaci\u00f3n de tales objetivos recurriendo a sus procedimientos de urgencia -la negrilla es para resaltar- (art. 2, 11 y 12). <\/p>\n
3. Significa lo anterior, que el proceso en desarrollo del cual fue emitida la sentencia que el demandado pretende controvertir a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, fue adelantado bajo el cauce del proceso verbal sumario, esto es, en \u00fanica instancia, empero, para garantizar la revisi\u00f3n del respectivo veredicto por el superior, en cumplimiento a la primera disposici\u00f3n de la Ley 1008 de 2006, se dio curso a la apelaci\u00f3n formulada contra la sentencia emitida el 14 de abril de 2021 por el Juzgado Promiscuo de Familia de Marinilla, Antioquia; sin embargo, ello no implica que, por tratarse de una providencia dictada por un tribunal en un juicio declarativo, deba acudirse a las reglas del art\u00edculo 334 del C\u00f3digo General del Proceso, pues, al ser \u00e9ste un pleito especial, la normatividad que lo regula prevalece sobre la general. <\/p>\n
As\u00ed lo consider\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en un asunto de similares contornos al que ahora nos ocupa, al se\u00f1alar: <\/p>\n
De esa manera, acorde con el art\u00edculo 119 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, \u00ab[s]in perjuicio de las competencias asignadas por otras leyes, corresponde al Juez de Familia en \u00danica Instancia (\u2026) [conocer d]e la restituci\u00f3n internacional de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u00bb; precepto que ha de interpretarse en armon\u00eda con el inciso tercero del art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 1008 de 2006 \u2013por la cual se fijan algunas competencias y procedimientos para la aplicaci\u00f3n de convenios internacionales en materia de ni\u00f1ez y de familia\u2013, a cuyo tenor, aquellos funcionarios judiciales \u00ab(\u2026) tramitar\u00e1n los asuntos a que se refiere este art\u00edculo, mediante las reglas del proceso verbal sumario salvo en lo referente a la \u00fanica instancia [y e]n las controversias judiciales a que se refiere esta ley, que se resuelven en el marco de Tratados y Convenios Internacionales, se garantizar\u00e1 el principio de la doble instancia, la cual se tramitar\u00e1 de acuerdo con las disposiciones que la regulan para el proceso verbal de mayor y menor cuant\u00eda\u00bb (CSJ AC4366-2017, 11 jul., rad. 2017-01352-00). <\/p>\n
Tal hermen\u00e9utica encuentra su fundamento en los compromisos de celeridad, urgencia y eficacia adquiridos por Colombia para la decisi\u00f3n de este tipo de controversias donde se hallan en juego los derechos fundamentales y prevalentes del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente que ha sido separado de su familia y sustra\u00eddo de su lugar habitual de residencia, eventos en los cuales resulta, no solo aconsejable, sino imperativo obrar con prontitud y diligencia en aras de lograr el retorno del infante a su hogar, evitando la dilaci\u00f3n injustificada del proceso en perjuicio de su inter\u00e9s superior. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que ante la tensi\u00f3n entre las garant\u00edas de un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente con las de otra persona, priman las del primero, en atenci\u00f3n al canon 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, por lo que el demandado no puede pretender que se privilegie un recurso extraordinario improcedente, en perjuicio de los derechos de su peque\u00f1a hija, respecto de quien, tanto las autoridades administrativas como judiciales de la Rep\u00fablica, declararon que fue ilegalmente sustra\u00edda de su pa\u00eds natal y de residencia habitual (Estados Unidos de Norteam\u00e9rica), m\u00e1xime, cuando para ingresar a territorio nacional fue sometida a atravesar ilegalmente la frontera con Ecuador, de modo que no cuenta con permiso de ingreso ni estad\u00eda, ni vinculaci\u00f3n a los sistemas de salud y educaci\u00f3n propios de su corta edad -7 a\u00f1os-. <\/p>\n
De manera que no es dable la aplicaci\u00f3n del principio pro recurso incoada por el memorialista, porque ello solo contribuir\u00eda a seguir dilatando una determinaci\u00f3n adoptada por las instituciones legalmente facultadas y bajo los cauces del procedimiento previamente establecido para el efecto. <\/p>\n
4. Aunque, como se dijo, el decurso objeto de este pronunciamiento es de naturaleza especial y por tanto las reglas de procedencia establecidas en el art\u00edculo 334 del estatuto adjetivo, no son las llamadas a gobernar el asunto, conviene precisar que la restituci\u00f3n internacional de un menor no hace parte de los asuntos de que trata el par\u00e1grafo de dicha disposici\u00f3n, como parece entenderlo el inconforme, pues aqu\u00ed no se discute el estado civil de la peque\u00f1a Lorena Mar\u00eda Von Karin. Aun de considerarse que el pleito involucra tal t\u00f3pico, la misma norma impondr\u00eda la inviabilidad de la censura, porque trat\u00e1ndose de dichas controversias, solo son recurribles en casaci\u00f3n las atinentes a la \u201cimpugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u201d, nada de lo cual es materia del sub lite. <\/p>\n
5. Lo anotado conduce a concluir que la casaci\u00f3n estuvo bien denegada y as\u00ed se declarar\u00e1, pues, ciertamente, la sentencia dictada el 28 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del juicio de restituci\u00f3n internacional de menores de edad, no es susceptible de ese medio de impugnaci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
6. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso y la solicitud elevada por el extremo actor, se condenar\u00e1 en costas al recurrente, incluyendo como agencias en derecho la suma de $1.000.000. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR bien denegado el recurso de casaci\u00f3n que interpuso la parte demandante contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2021, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. <\/p>\n
SEGUNDO. Condenar en costas al recurrente. En la liquidaci\u00f3n, la Secretar\u00eda incluya la cantidad de $1.000.000 por concepto de agencias en derecho. <\/p>\n
TERCERO. DEVOLVER la presente actuaci\u00f3n a la corporaci\u00f3n de origen para que forme parte del expediente respectivo. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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