AC3971-2021 (2021-02708-00)<\/p>\n
<\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02708-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Segundo Civil del Circuito de Sincelejo (Sucre) y Noveno Civil del Circuito de Cartagena (Bol\u00edvar), para conocer de la demanda de levantamiento de servidumbre el\u00e9ctrica promovida por Margarita Isabel M\u00e1rquez de Vivero contra Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. \u00abElectricabe S.A. E.S.P.\u00bb y Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos en menci\u00f3n la promotora instaur\u00f3 demanda verbal deprecando la \u00ablegalizaci\u00f3n\u00bb de la servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica, que mediante v\u00edas de hecho recae sobre una porci\u00f3n del predio denominado \u00abMontevideo\u00bb ubicado en la carretera nacional que conduce \u00abSincelejo hacia el municipio de Tol\u00faviejo (Sucre)\u00bb, identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n.\u00ba 340-32763; y se ordene pagar la indemnizaci\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
En el libelo la demandante invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente por \u00abla prevalencia del fuero real (\u2026) en raz\u00f3n, de la ubicaci\u00f3n del inmueble, y por tratarse sobre derechos reales y (\u2026) el domicilio de las partes\u00bb. <\/p>\n
2. El despacho judicial de esa ciudad la rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a la prelaci\u00f3n del factor subjetivo, en los t\u00e9rminos del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso en concordancia con los preceptos 16 y 29 de tal codificaci\u00f3n adjetiva, pues la convocada Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., con domicilio en la ciudad de Cartagena, es una entidad filial del Grupo Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn \u00abEPM\u00bb, quien a su vez es una empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, por ende, corresponde a su hom\u00f3logo de Cartagena el conocimiento del asunto. <\/p>\n
3. El juzgado destinatario del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, habida cuenta que del certificado y representaci\u00f3n legal de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., se desprende que \u00abest\u00e1 constituida como una sociedad de naturaleza comercial\u00bb, adem\u00e1s, la naturaleza jur\u00eddica de Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn \u00abEPM\u00bb, como empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal no se traslada a sus empresas filiales, por lo que la convocada no tiene la naturaleza jur\u00eddica de entidad p\u00fablica descentralizada por servicios, sino de sociedad privada. <\/p>\n
De otra parte, como el predio objeto del litigio se encuentra ubicado en la carretera nacional que conduce de \u00abSincelejo hacia el municipio de Tol\u00fa Viejo (Sucre)\u00bb, conforme a lo dispuesto en el numeral 7\u00b0 del precepto 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece el ejercicio de derechos reales y su conocimiento de modo privativo en el lugar de su ubicaci\u00f3n, la competencia radica en este municipio; adem\u00e1s porque se trata de un juicio especial regulado por el art\u00edculo 376 de la misma obra, la cual obliga a practicar inspecci\u00f3n judicial sobre el inmueble. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales, en los divisorios, de deslinde y amojonamiento, expropiaci\u00f3n, servidumbres, posesorios de cualquier naturaleza restituci\u00f3n de tenencia, declaraci\u00f3n de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, ser\u00e1 competente de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
A su vez, el numeral 10\u00ba dispone que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2026 Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para dirimir esta dualidad de competencias de car\u00e1cter privativo, el canon 29 del C.G.P. dispone: \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u2026 Las reglas de competencia por raz\u00f3n del territorio se subordinan a las establecidas por la materia y por el valor\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
Por ende, en los procesos en que se ejercen derechos reales se aplica el fuero territorial correspondiente al lugar donde se encuentre ubicado el bien, pero en el evento de que sea parte una entidad p\u00fablica, la competencia privativa ser\u00e1 el del domicilio de \u00e9sta, como regla de principio. <\/p>\n
3. Lo dicho traduce que, en el caso concreto, corresponde el conocimiento del asunto al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, localidad donde tiene su domicilio la entidad demandada, pues es ese el otro fuero concurrente aplicable y privativo, de acuerdo con la comentada armonizaci\u00f3n de las reglas de competencia para cuando est\u00e9 vinculada una persona jur\u00eddica de dicha connotaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto el Grupo de Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn \u00abGrupo EPM\u00bb, obtuvo el 1\u00ba de octubre de 2020 el control de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. (bajo la marca Afinia), con la adquisici\u00f3n del 100% de sus acciones a trav\u00e9s de Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P. con el 85% y de EPM Latam S.A. con el 15%. <\/p>\n
Adem\u00e1s, Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P. \u00abEPM E.S.P.\u00bb, principal accionista de la entidad convocada, ostenta naturaleza jur\u00eddica de empresa industrial y comercial del Estado del orden municipal, creada con el Acuerdo Municipal del Concejo de Medell\u00edn n.\u00ba 12 de 28 de mayo de 1998, en el art\u00edculo 1 establece: <\/p>\n
\u00abArt\u00edculo 1\u00ba. Personalidad jur\u00eddica. La empresa industrial y comercial del Estado EMPRESAS P\u00daBLICAS DE MEDELL\u00cdN E.S.P., es una persona jur\u00eddica del orden municipal, dotada de autonom\u00eda administrativa, financiera y patrimonio propio. Sus actuaciones se sujetar\u00e1n a las reglamentaciones establecidas en la ley y en estos estatutos. Es, en consecuencia, sujeto de derechos y obligaciones inherentes a la personalidad jur\u00eddica, de conformidad con las normas generales que para este tipo de actividades le sean aplicables. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. es una entidad p\u00fablica, por cuanto m\u00e1s del 85% de su composici\u00f3n accionaria es de origen estatal, en la medida que su accionista mayoritario es Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P. \u00abEPM E.S.P.\u00bb. <\/p>\n
Por lo cual, aun cuando el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Sincelejo err\u00f3 al indicar que la naturaleza jur\u00eddica de Empresas P\u00fablicas de Medell\u00edn E.S.P. \u00abEPM E.S.P.\u00bb se traslada a su filial, lo cierto es que Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. ostenta la calidad de entidad p\u00fablica. <\/p>\n
En efecto, para que se apliquen los par\u00e1metros de competencia de forma exclusiva, se debe tener certeza sobre la condici\u00f3n del ente convocado, es decir, que se trate de \u00abuna entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica\u00bb, de lo contrario, se acudir\u00e1 al fuero general. <\/p>\n
El precepto 68 de la ley 489 de 1998 prev\u00e9 que son \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio.\u00bb (Resaltado por la Corte). <\/p>\n
As\u00ed las cosas y como quiera que el par\u00e1grafo del canon 104 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que, por \u00abentidad p\u00fablica se entiende todo \u00f3rgano, organismo o entidad estatal, con independencia de su denominaci\u00f3n; las sociedades o empresas en las que el Estado tenga una participaci\u00f3n igual o superior al 50% de su capital; y los entes con aportes o participaci\u00f3n estatal igual o superior al 50%\u00bb (Resaltado por la Corte), a pesar de que la demandante es una sociedad por acciones simplificada tambi\u00e9n ostenta la caracter\u00edstica de p\u00fablica, de donde le resulta aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso <\/p>\n
Se concluye que la demandada Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. ostenta la caracter\u00edstica de p\u00fablica, de donde le resulta aplicable el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y si bien es cierto que en los juicios relacionados con servidumbres de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica la competencia territorial la determina el lugar donde se encuentra el predio objeto del litigio, por aplicaci\u00f3n del numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, esta adscripci\u00f3n en el sub lite debe ceder por el domicilio de la entidad convocada, por virtud del numeral 10\u00ba de la citada codificaci\u00f3n adjetiva, en concordancia con el canon 29 ib\u00eddem, que da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro. <\/p>\n
4. Desde esta \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto el libelo en este caso no podr\u00eda ser conocido por el despacho judicial del lugar donde est\u00e1 ubicado el inmueble, conforme con el numeral 10\u00ba, art\u00edculo 28 en concordancia con el precepto 29 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene decantado la Sala, a trav\u00e9s del precedente (AC140-2020), que guarda simetr\u00eda con el sub examine, habida cuenta que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso da prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, por cuanto la competencia \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb prima. <\/p>\n
Sobre el particular res\u00e1ltese que el factor subjetivo se establece a partir de \u00abla calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de jerarqu\u00eda superior cuando se trata de entidades p\u00fablicas: naci\u00f3n, departamentos, municipios, intendencias y comisarias\u00bb1, y abre camino a los siguientes elementos axiales: I) una competencia \u00abexclusiva\u00bb que consulta a determinados funcionarios judiciales y \u00abexcluyente\u00bb frente a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la \u00abprorrogabilidad\u00bb; II) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, revestido de cierto fuero como acaece con los Estados extranjeros o agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno de la Rep\u00fablica en los casos previstos por el derecho internacional (vr. g. num. 6\u00b0, art. 30 C.G.P.); y III) juez natural especial designado expresamente por el legislador para conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado. <\/p>\n
Criterio en sentido contrario desconocer\u00eda el mencionado mandato legal (art\u00edculo 29), toda vez que dar\u00eda prevalencia al fuero real sobre el subjetivo que contempla el citado precepto, lo que conlleva a omitir su tenor literal, a pesar de que el art\u00edculo 27 del C\u00f3digo Civil regula que \u00ab[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatender\u00e1 su tenor literal a pretexto de consultar su esp\u00edritu\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 28 de la misma obra consagra que \u00ab[l]as palabras de la ley se entender\u00e1n en su sentido natural y obvio, seg\u00fan el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dar\u00e1 en \u00e9stas su significado legal\u00bb; por lo que una interpretaci\u00f3n en sentido adverso asimismo dejar\u00eda de lado c\u00f3mo el factor subjetivo est\u00e1 presente en distintas disposiciones procesales: el art\u00edculo 28 de esta obra (numeral 10\u00b0) que corresponde al precepto 23 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (numerales 17\u00b0 y 18\u00b0), entre otros eventos. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de los cap\u00edtulos que regulan otros factores de competencia, pero esto no significa que dicho factor sea inexistente, o haga las veces de subfactor de competencia. <\/p>\n
De all\u00ed que, como lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en el auto AC140-2020 mencionado, aludiendo al factor subjetivo de competencia: <\/p>\n
Entendido pac\u00edficamente este, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, como aquel que mira la calidad de las partes en un proceso, dado que permite fijar la competencia seg\u00fan las condiciones particulares o las caracter\u00edsticas especiales de ciertos sujetos de derecho que concurren al mismo, es indudable que este ha estado presente en legislaci\u00f3n procesal patria de manera dispersa, al punto que su regulaci\u00f3n aparece dentro de los cap\u00edtulos que disciplinan otros factores de competencia, situaci\u00f3n que se ha mantenido hoy d\u00eda. <\/p>\n
Para comprender lo anterior, basta con mirar el desarrollo que ha tenido la ley procesal en punto al conocimiento de procesos civiles en los que el Estado es parte, aspecto sobre el cual, la Sala en providencia AC2429-2019, indic\u00f3: <\/p>\n
\u2018Con el C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1970, se adscribi\u00f3 a los jueces civiles del circuito todos los asuntos de ese linaje en los que el Estado fuera parte. Bajo dicha normatividad, era la calidad del sujeto el \u00fanico criterio determinante de la asignaci\u00f3n de competencia entre funcionarios, sin consideraci\u00f3n a la cuant\u00eda del juicio, es decir, bastaba con que en la relaci\u00f3n procesal interviniera una entidad de derecho p\u00fablico \u2013como demandante o demandada\u2013, para que el competente fuera el citado juez. Posteriormente, el Decreto 2282 de 1989 dispuso que la prerrogativa se\u00f1alada en el canon 16 deb\u00eda mantenerse solamente en los asuntos de menor o mayor cuant\u00eda, de modo que si la tramitaci\u00f3n era de m\u00ednima cuant\u00eda, el fuero subjetivo desaparec\u00eda, y el asunto se asignaba al juez municipal en \u00fanica instancia, siguiendo las pautas generales de atribuci\u00f3n. Por ello, cabe afirmar que a partir de la vigencia de la norma reci\u00e9n citada, desapareci\u00f3 el fuero autom\u00e1tico concerniente a la calidad de las entidades de derecho p\u00fablico, amalgam\u00e1ndose el factor subjetivo con el objetivo, cuant\u00eda del asunto. En la siguiente reforma al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, introducida por la Ley 794 de 2003, el fuero especial que viene coment\u00e1ndose se elimin\u00f3 definitivamente2, de modo que, quiz\u00e1 sin propon\u00e9rselo, la nueva regulaci\u00f3n vaci\u00f3 de contenido el art\u00edculo 21 del mentado estatuto adjetivo, relacionado con los sistemas de conservaci\u00f3n y alteraci\u00f3n de la competencia, que estaba restringido a \u2018la intervenci\u00f3n sobreviniente de agentes diplom\u00e1ticos acreditados ante el gobierno nacional\u201d, pero siendo ahora estos los \u00fanicos que, en vigencia de dicha legislaci\u00f3n, conservaban un \u2018fuero especial\u2019. El C\u00f3digo General del Proceso, a su turno, no replic\u00f3 ninguna de las referidas soluciones, sino que introdujo un mandato de atribuci\u00f3n subjetiva novedoso, ya no vinculado con la cuant\u00eda del asunto, como suced\u00eda entre 1989 y 2003, sino con otro factor, el territorial, al decir que \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u2019. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, es viable sostener, entonces, que el factor de competencia subjetivo no ha tenido un cap\u00edtulo propio en los ordenamientos procesales que han regido y rigen la actividad judicial, en tanto sus disposiciones han quedado inmersas dentro de cap\u00edtulos que regulan distintos factores de competencia3, como son el territorial (Num. 10\u00ba, Art. 28 C.G.P.) y el funcional (Num. 6\u00ba, Art. 30, C.G.P.4), circunstancia que no le resta, de ninguna manera, su identidad y las caracter\u00edsticas que le son inherentes5. <\/p>\n
Por tanto, es inobjetable que tales preceptos desarrollan el factor subjetivo de competencia, el cual se establece a partir de la calidad de las partes del juicio, con el fin de otorgar competencia a jueces de cierta jerarqu\u00eda o lugar cuando se trata de sujetos de derecho p\u00fablico internacional o entidades p\u00fablicas del Estado, respectivamente6\u2026 (CSJ AC140 de 2020, 24 ene. 2020, rad. 2019-00320). <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cartagena, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p. 147. <\/p>\n
2\u0002 Ya que el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 16 pas\u00f3 a decir: \u201cSin perjuicio de la competencia que se asigne a los jueces de familia, los jueces de circuito conocen en primera instancia de los siguientes procesos: 1. De los procesos contenciosos que sean de mayor cuant\u00eda, salvo los que correspondan a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo\u201d, eliminando cualquier referencia a la Naci\u00f3n o entidades de derecho p\u00fablico en general. <\/p>\n
3\u0002 Ver en este mismo sentido, CSJ AC5444-2018 y AC2844-2019, entre otros. <\/p>\n
4\u0002 Que armoniza con el Art. 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 como lo son: i) competencia exclusiva y excluyente: porque consulta a determinados funcionarios judiciales y desplaza a otros factores que la determinan, al punto que proscribe la prorrogabilidad; ii) cualificaci\u00f3n del sujeto procesal: ya que reviste de cierto fuero al extremo que interviene en la relaci\u00f3n jur\u00eddico adjetiva, como acaece en los supuestos de las normas citadas; y, iii) juez natural especial: ya que es designado expresamente por el legislador el juez que va a conocer del litigio en el que interviene el sujeto procesal calificado (CSJ AC5444-2018). <\/p>\n
6\u0002 Coinciden con esta posici\u00f3n los tratadistas Hernando Devis Echand\u00eda, Tratado de Derecho Procesal Civil Parte General, Tomo II, Editorial Temis, 1962, p\u00e1g. 147, y, Hern\u00e1n Fabio L\u00f3pez Blanco, C\u00f3digo General del Proceso \u2013 Parte General, Editorial Dupr\u00e9 Editores, 2016, p\u00e1g. 252. <\/p>\n
<\/p>\n
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