AC3982-2021 (2021-01821-00)<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
AC3982-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01821-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Diecisiete y Primero Promiscuo Municipal de Medell\u00edn y Chin\u00fa (C\u00f3rdoba), respectivamente para conocer del juicio de imposici\u00f3n de servidumbre legal impulsado por Interconexi\u00f3n El\u00e9ctrica S.A. E.S.P. contra Cesar Tulio Bustos Figueroa. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1.1. Petitum y causa petendi. Busca el accionante se decrete la imposici\u00f3n de servidumbre legal de \u201cenerg\u00eda el\u00e9ctrica con ocupaci\u00f3n permanente\u201d sobre el inmueble denominado \u201cFinca vida nueva, antes la esperanza\u201d, ubicado en el municipio de Chin\u00fa, departamento de C\u00f3rdoba, propiedad del accionado. <\/p>\n
1.2. Competencia fijada en el libelo. Lo dirigi\u00f3 ante los jueces civiles municipales de Medell\u00edn, por corresponder con el domicilio principal de la entidad demandante, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
1.3. El conflicto. Mediante auto de 12 de diciembre de 2019 el juzgador de Medell\u00edn se rehus\u00f3 a gestionar la acci\u00f3n, pues debe conocer de ella los falladores de Chin\u00fa, por estar all\u00ed ubicado el inmueble objeto de la servidumbre. <\/p>\n
En pronunciamiento de 2 de octubre 2020 la autoridad judicial de Chin\u00fa, de igual manera se sustrajo de atender la acci\u00f3n, tras estimar que la regla aplicable era la 10\u00aa del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, conforme al Auto de Unificaci\u00f3n AC 140\/2020 proferida por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
1.4. Plante\u00f3 as\u00ed el conflicto negativo y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para que lo dirimiera. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. La colisi\u00f3n corresponde zanjarla a esta Corporaci\u00f3n, por involucrar a dos autoridades pertenecientes a diferentes distritos judiciales, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
Seg\u00fan esta tesis, quien debe conocer de las presentes diligencias es el juzgador del lugar donde, conforme a la documentaci\u00f3n aportada, se encuentra radicado el domicilio de la entidad promotora; por tanto, as\u00ed se proceder\u00e1. <\/p>\n
Lo anterior por cuanto, como en dicho prove\u00eddo de unificaci\u00f3n se indic\u00f3, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00ba (real) y 10\u00ba (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse [a] partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados [es decir, el subjetivo, alusivo al fuero de la entidad demandante]\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, en obedecimiento a la disciplina del precedente, a pesar de la mayor\u00eda precaria, cuatro votos contra dos, de siete magistrados que integramos la Sala, por hallarse ac\u00e9fala la plaza del s\u00e9ptimo integrante para el momento de la adopci\u00f3n del criterio de unificaci\u00f3n, procedo a resolver el conflicto siguiendo ese criterio mayoritario, mientras no surjan las condiciones para su reformulaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Si bien, como se dej\u00f3 dicho en precedencia, se aplicar\u00e1 lo dispuesto en el pronunciamiento adoptado por la mayor\u00eda, no dejar\u00e9 de hacer notar que, en mi criterio, colisiones como la de ahora, deben resolverse d\u00e1ndole primac\u00eda al fuero real consignado en el numeral 7 del precepto 28 del Estatuto Adjetivo. <\/p>\n
En efecto: <\/p>\n
Los factores de competencia determinan la autoridad judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, tiene la carga de motivar su resoluci\u00f3n <\/p>\n
Se distinguen, para estos efectos, seg\u00fan clasificaci\u00f3n doctrinaria1 y jurisprudencial2, los factores (a) objetivo; (b) subjetivo; (c) funcional; (d) territorial; y (e) de conexidad. <\/p>\n
El primero se relaciona con el objeto del negocio judicial, ya en cuanto a su naturaleza (ratione materia) ora respecto de su cuant\u00eda (en raz\u00f3n del valor de la pretensi\u00f3n)3. <\/p>\n
El subjetivo se genera por la calidad de las personas interesadas en el litigio (ratione personae); es decir, para fijar la competencia se torna en elemento central la connotaci\u00f3n especial que se predica respecto de determinado sujeto de derecho. As\u00ed, por raz\u00f3n de este factor, compete a la Corte Suprema de Justicia conocer de los procesos contenciosos en los cuales es parte un Estado extranjero o un diplom\u00e1tico acreditado ante el gobierno de Colombia (art. 30 n\u00fam. 6 C.G.P.). <\/p>\n
El funcional se deriva de la clase especial de tareas o funciones que desempe\u00f1a el sentenciador en un litigio y de las exigencias propias de \u00e9stas. Su conocimiento se halla distribuido entre varios jueces de distintas categor\u00edas; por ejemplo, el de apelaci\u00f3n o casaci\u00f3n. <\/p>\n
El factor territorial se define como el resultado de la divisi\u00f3n del pa\u00eds hecha por la ley en circunscripciones judiciales, de manera que dentro de los l\u00edmites de su respectiva demarcaci\u00f3n territorial pueda un \u00f3rgano ejercer la jurisdicci\u00f3n en relaci\u00f3n con un puntual asunto. <\/p>\n
Por \u00faltimo, el de conexidad se relaciona con la circunstancia de que un juez, no obstante, no ser el competente para gestionar una causa o algunas de las pretensiones formuladas en la demanda, puede conocer de ellas en virtud de su acumulaci\u00f3n a otras que s\u00ed le corresponden. <\/p>\n
Los factores precedentes sirven para establecer el juez competente entre los varios que ejerzan sus funciones en una misma porci\u00f3n del territorio. Empero, a fin de saber a cu\u00e1l de los estrados que existen en distintos territorios debe corresponder el conocimiento de un espec\u00edfico juicio, ha de seguirse un criterio distinto. <\/p>\n
Para tal soluci\u00f3n se aplica el factor territorial compuesto por las nociones de fueros o foros, las cuales se refieren a la circunscripci\u00f3n judicial en donde debe ventilarse la causa; para la determinaci\u00f3n de tal sede resulta imprescindible atender a los elementos presentes en la litis, esto es, el domicilio o la vecindad de las personas y las cosas, entre otros. <\/p>\n
La doctrina nacional4 y extranjera5, junto con la jurisprudencia6, ha clasificado los fueros, desde el punto de vista sustancial, en personal, real (forum rei sitae) y convencional o negocial, sin perjuicio de otras sistematizaciones que se han decantado, en virtud de la operatividad o la naturaleza especial\u00edsima del litigio7. <\/p>\n
El primero, es decir el personal, consiste en el lugar donde una persona puede ser llamada a juicio en atenci\u00f3n a su domicilio o residencia, ya a su espec\u00edfica calidad; y el real guarda relaci\u00f3n con el sitio en el cual se puede demandar o ser demandado, en consideraci\u00f3n a la ubicaci\u00f3n de las cosas sobre las cuales ha de versar el proceso. <\/p>\n
El fuero general es el domicilio. El especial se encuentra constituido, entre otras, por la materia del juicio, base fundamental del foro real, y se erige en su m\u00e1s importante excepci\u00f3n, pues lo desplaza o sustituye8. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de asuntos en los cuales se ventilen derechos o acciones reales, entre \u00e9stos, los dirigidos a la imposici\u00f3n, modificaci\u00f3n o extinci\u00f3n de servidumbres de cualquier tipo o naturaleza, conforme al numeral 7\u00ba del canon 28 del Estatuto Adjetivo ser\u00e1 competente, con car\u00e1cter exclusivo, el funcionario judicial del lugar o sede donde se halle localizada la cosa. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de ello es evidente, pues en estos eventos es apenas manifiesto que las pruebas y los elementos para la soluci\u00f3n de la controversia se pueden allegar m\u00e1s f\u00e1cil y r\u00e1pidamente en el sitio donde se encuentra el objeto de la cuesti\u00f3n, respet\u00e1ndose, adem\u00e1s, la comodidad y el inter\u00e9s del particular. <\/p>\n
Al respecto, dice Ugo Rocco, en concepto compartido por Devis Echand\u00eda: <\/p>\n
\u201cMientras que la competencia por valor, por materia, la funcional, se inspiran en razones de orden superior y de utilidad general para la buena marcha de la justicia, la competencia territorial, en cambio, tiene por fin, sobre todo, servir el inter\u00e9s privado de las partes, en cuanto hace m\u00e1s f\u00e1cil y m\u00e1s \u00e1gil que una determinada causa se siga donde resulte m\u00e1s c\u00f3modo a las partes interesadas\u201d9. <\/p>\n
En rigor, la competencia atribuida al juez del lugar donde est\u00e1 la cosa controvertida, es el resultado de una apreciaci\u00f3n de conveniencia, hecha, como dice Luis Mattirolo10, por el soberano criterio del legislador, por lo cual debe ser estrictamente mantenida en los l\u00edmites que su autor crey\u00f3 adecuado asignarla. <\/p>\n
As\u00ed qued\u00f3 dicho en el Informe de Ponencia al Primer Debate del Proyecto de Ley N\u00famero 196 de la C\u00e1mara de Representantes, que desembocar\u00eda en la adopci\u00f3n, en 2012, del C\u00f3digo General del Proceso, donde se expuso: <\/p>\n
\u201cTeniendo en cuenta que los procesos que versan sobre derechos reales pueden ser tramitados con menor esfuerzo y mayor eficacia en el lugar donde se encuentren los bienes sobre los cuales recaen aquellos, no se ve raz\u00f3n para que puedan ser tramitados en otro lugar, lo que implica que la competencia debe ser privativa del juez de aquel lugar (\u2026)\u201d11. <\/p>\n
De esta manera se consigue mejor la finalidad de los litigios, cual es siempre investigar y acreditar la verdad con el menor costo y sin socavar las garant\u00edas de las partes, en especial las del convocado. <\/p>\n
La expresi\u00f3n inserta al segmento correspondiente: \u201cser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes (\u2026)\u201d12, no admite conclusi\u00f3n diferente, dubitativa, alternativa, oscura, ambivalente, que genere la posibilidad de plantear conflictos con otros fueros o factores. La Real Academia Espa\u00f1ola, con sabidur\u00eda inquebrantable, alude a \u201cprivativos\u201d como: \u201c(\u2026) propio y peculiar singularmente de alguien, y no de otros\u201d13. <\/p>\n
Otra conclusi\u00f3n conducir\u00eda a resultados absurdos, por cuanto en los juicios de servidumbres (art. 376 C.G.P.) y en buena parte de los otros donde se discuten derechos reales, verbigracia los de pertenencia (art. 375 ib.) o los de deslinde y amojonamiento (arts. 400 y ss. ib.), es manifiesto el inter\u00e9s del legislador en que el negocio sea conocido por el sentenciador del sitio de ubicaci\u00f3n del inmueble, al establecer en los primeros la obligatoriedad de la inspecci\u00f3n judicial sobre el predio, la instalaci\u00f3n de una valla, etc., y en los segundos la necesidad de adelantar la audiencia \u2013precisamente- en ese lugar. <\/p>\n
A manera de ejemplo, \u00bfser\u00e1 razonable, si el tendido el\u00e9ctrico de una empresa con domicilio en Medell\u00edn, con la calidad aducida, lo extiende a Socha o Puerto As\u00eds, obligar al titular del predio sirviente a viajar para plantear la controversia o soportar la acci\u00f3n en la capital de Antioquia? <\/p>\n
En el \u00e1mbito del factor territorial, el fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el sentenciador con competencia \u201c(\u2026) en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente\u201d, no siendo dable acudir, \u201c(\u2026) bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos\u201d14. <\/p>\n
No es admisible, por tanto, la invocaci\u00f3n del art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso a fin de sobreponerse a la norma inserta en el numeral 10\u00ba del canon 28 ib\u00eddem. <\/p>\n
En rigor, el inciso primero del aludido precepto 29 se refiere exclusivamente a colisiones que se susciten entre factores de competencia, en el caso, el subjetivo y territorial, no respecto de los foros o fueros dentro del factor territorial, como el personal y el real. <\/p>\n
En los factores, por ende, el criterio para resolverlo es el de prevalencia, en el sentido de \u201csuperioridad o ventaja\u201d, como tambi\u00e9n se define en el Diccionario de la Real Academia Espa\u00f1ola; y el de los fueros, la exclusividad, donde, al tenor del art\u00edculo 28 numeral 1\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, la regla general del domicilio se desplaza, por existir \u201cdisposici\u00f3n legal en contrario\u201d, al foro privativo del numeral 7 del referido canon. <\/p>\n
En consecuencia, la controversia en la aplicaci\u00f3n de dos foros, al interior del factor territorial, como el personal y el real, el mismo legislador la fija a favor de este \u00faltimo, y el fundamento est\u00e1 en las razones pr\u00e1cticas antes expuestas; en adici\u00f3n, el Estado Constitucional debe ofertar justicia facilitando al ciudadano afectado con la servidumbre el acceso a la misma y salvaguard\u00e1ndole sus prerrogativas a la defensa, sin obligarlo a trasladarse a lugares ajenos al sitio donde ejerce el derecho de dominio sobre la cosa y la humaniza con su trabajo. <\/p>\n
Si en gracia de discusi\u00f3n se aceptara la interpretaci\u00f3n seg\u00fan la cual el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra un \u201cfactor de competencia\u201d, no un fuero o foro dentro del \u201cfactor territorial\u201d, es de indicarse que dicha norma desconoce la tradici\u00f3n legislativa patria, as\u00ed como la trayectoria jurisprudencial y doctrinaria de esta Naci\u00f3n en la materia. <\/p>\n
Se distancia, en efecto, de lo previsto en los c\u00f3digos procedimentales que han regido el pret\u00e9rito procesal, tomando partido por una postura inarm\u00f3nica, centralista e injusta, indiferente a las necesidades de la ciudadan\u00eda y alejada de los c\u00e1nones constitucionales y de las disposiciones convencionales internacionales, en el prop\u00f3sito de acercar la justicia y su voz, el juez, al hombre de \u201cbarro\u201d, y que no est\u00e1 propiamente en la sede de un conglomerado empresarial o de un ente ficticio. <\/p>\n
El C\u00f3digo Judicial de 1931 (Ley 105), en su art\u00edculo 155 estableci\u00f3 que \u201c[e]n los juicios que se sigan contra el Estado, el Tribunal Superior competente es el del domicilio del demandante, y en los que siga aqu\u00e9l, el de la vecindad del demandado\u201d; y en el 156, a\u00f1adi\u00f3: \u201cEn los juicios que se sigan contra un departamento, es competente el Tribunal Superior del mismo, y si en \u00e9l hay varios, el de la capital. En los que siga un Departamento, lo es el del Tribunal Superior que corresponde al domicilio del demandado\u201d15. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Redactora, integrada por los insignes juristas Constantino Barco, Eduardo Rodr\u00edguez Pi\u00f1eres, Jos\u00e9 D. Monsalve, Santiago Ospina y Alberto Su\u00e1rez Morillo, coment\u00f3 esas disposiciones as\u00ed: <\/p>\n
\u201cLas prescripciones casuistas del C\u00f3digo vigente, hacinadas en \u00e9l sin sujeci\u00f3n a las reglas del m\u00e9todo, y las deficientes e inarm\u00f3nicas de la Ley 103, sobre la distribuci\u00f3n de la competencia entre las distintas autoridades judiciales, las reemplazan los art\u00edculos 149 a 156, que exponen la materia en su orden l\u00f3gico, y, sin dejar de lado ninguna hip\u00f3tesis, sientan reglas generales sobre la base fundamental del derecho moderno de que el domicilio del demandado, tal como se determina en la ley civil, prefiere a las dem\u00e1s circunstancias, salvo casos excepcionales, para fijar la competencia de las autoridades judiciales que han de entender en los asuntos contenciosos. <\/p>\n
As\u00ed, trat\u00e1ndose del Estado, que propiamente no tiene domicilio, avisa el proyecto (art\u00edculo 15) que en los juicios que \u00e9l siga, es competente en primera instancia el Tribunal Superior del domicilio del demandado, y en aquellos en que esa entidad sea demandada, lo es el Tribunal Superior de la vecindad del demandado, a intento de evitar que se recargue sobre modo el Tribunal de Bogot\u00e1 (\u2026)\u201d16. <\/p>\n
De similar forma lo explic\u00f3 el profesor antioque\u00f1o Antonio Jos\u00e9 Pardo, quien refiri\u00e9ndose a tales c\u00e1nones dej\u00f3 dicho: <\/p>\n
\u201cLa Naci\u00f3n tiene jurisdicci\u00f3n en todo el territorio patrio; por consiguiente, al ser demandada, no se sabr\u00eda a cu\u00e1l Tribunal corresponder\u00eda el conocimiento de la acci\u00f3n, si se opta por la regla general del Forum Domicilii Rei; de all\u00ed que el C\u00f3digo Judicial hubiera establecido que se tiene en cuenta el domicilio del demandante para se\u00f1alar inequ\u00edvocamente cu\u00e1l es el Tribunal competente para conocer del juicio contencioso. <\/p>\n
En cambio, cuando la Naci\u00f3n es la demandante, rige la regla general del Forum Domicilii Rei, y corresponde conocer de la acci\u00f3n que el Estado intenta contra un particular al Tribunal de la vecindad del demandado. <\/p>\n
En ambos casos se atiende a la m\u00e1s f\u00e1cil defensa de los intereses del demandante y del particular demandado\u201d (Resaltados para enfatizar)17. <\/p>\n
Esta Corte sentenci\u00f3 que el aludido art\u00edculo 155 del estatuto en menci\u00f3n <\/p>\n
\u201c(\u2026) favorece en el fondo al particular que demanda, [y en su parte segunda deja] expresamente establecido que la vecindad del demandado fija el lugar donde debe intentar su acci\u00f3n el Estado; y de todo el contenido de la disposici\u00f3n resulta evidente que ella favorece los intereses de los litigantes contra la Naci\u00f3n o que son demandados por ella, en cuanto les facilita la atenci\u00f3n del juicio en el Tribunal de su vecindad o en el que elijan para demandar\u201d18. <\/p>\n
Lo propio hizo, aunque con mayor precisi\u00f3n, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que en la regla 18 de su canon 23 atribuy\u00f3 la competencia territorial para conocer \u201c[d]e los procesos contenciosos en que sea parte un departamento, una intendencia, una comisar\u00eda, un municipio, un establecimiento p\u00fablico, una empresa industrial o comercial del Estado o de alguna de las anteriores entidades, o una sociedad de econom\u00eda mixta\u201d en cabeza del \u201c(\u2026) juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada\u201d. <\/p>\n
A tono con dichas disposiciones, y respetuosa de la tradici\u00f3n jur\u00eddica patria, la Comisi\u00f3n Redactora19 de lo que m\u00e1s adelante ser\u00eda la Ley 1564 de 2012, estatutaria del C\u00f3digo General del Proceso, dej\u00f3 establecido en el Anteproyecto presentado al Congreso que \u201c[d]e los procesos contenciosos en que sea parte un departamento, un municipio, un establecimiento p\u00fablico, una empresa industrial o comercial del Estado o una sociedad de econom\u00eda mixta, conocer\u00e1 el juez del domicilio o de la cabecera de la parte demandada\u201d (art. 23 n\u00fam. 10). <\/p>\n
Las razones del anotado cambio son un misterio. En las Gacetas del Congreso no reposa ilustraci\u00f3n del porqu\u00e9 la redacci\u00f3n vari\u00f3 de esa manera. La \u00fanica explicaci\u00f3n posible se hallar\u00eda en un error o en un desacierto. El legislador, lo cierto es, borra de un plumazo d\u00e9cadas de desarrollo legislativo, doctrinario y jurisprudencial. <\/p>\n
No queda, pues, alternativa diferente a la de aplicar la excepci\u00f3n de inconstitucionalidad consagrada en el precepto 4\u00ba de la Carta Pol\u00edtica, para darle primac\u00eda, en casos como el presente, al fuero real previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, porque desarrolla mejor el principio constitucional de acceso a la administraci\u00f3n de justicia (art. 229 CP) y garantiza el desenvolvimiento de los postulados del derecho al debido proceso (art. 29 \u00edb.). <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n acabada de hacer, vista en su conjunto, consulta mejor la finalidad de la legislaci\u00f3n procesal y sustantiva y deja a salvo los intereses generales y privados, e indemne la equidad y la justicia, faro y gu\u00eda de la hermen\u00e9utica de las normas en el marco del Estado Social y Constitucional de Derecho. La soluci\u00f3n por la que se ha abogado acerca la justicia al ciudadano, no adopta una posici\u00f3n dominante ni verticalista, y desarrolla mejor el modelo del Estado colombiano, en consonancia con el sistema convencional y los derechos humanos. <\/p>\n
2.4. La exposici\u00f3n de la tesis disidente en esta providencia de Sala Unitaria, y que fuera derrotada por la mayor\u00eda, tiene el prop\u00f3sito de legitimar el rol que cumple esta Corporaci\u00f3n como cuerpo colegiado con funciones jurisdiccionales, y, adem\u00e1s, relievar que compete al juez, en el Estado Constitucional, observar una conducta de transparencia al interior de la judicatura frente a la doctrina construida por las propias Cortes o por los jueces, acorde con el sistema jur\u00eddico vigente. <\/p>\n
Ello es trascendente, de un lado, para los jueces, aceptando las doctrinas jurisprudenciales que se imponen y est\u00e1n vigentes, y, de otro, se\u00f1alando que un juez puede separarse de ellas, siempre y cuando justifique su decisi\u00f3n racionalmente con argumentos superiores y m\u00e1s fuertes a los de la tesis de la mayor\u00eda, anclado en la ley y en la prueba, para salvaguardar la seguridad jur\u00eddica y la confianza leg\u00edtima de la ciudadan\u00eda en la judicatura. <\/p>\n
Ahora, como formo parte de una Corporaci\u00f3n que tiene asignada una tarea de unificaci\u00f3n jurisprudencial, en el asunto que ahora decido, se pidi\u00f3 expresamente por la ciudadan\u00eda, a trav\u00e9s de la solicitud de una de las partes, unificar un punto controvertido y concreto de derecho de los justiciables, relacionado con la competencia territorial en materia de servidumbres, donde, por tratarse de autos de ponente, cada juez de esta Corte ven\u00eda decidiendo aut\u00f3noma e independientemente; se expone la raz\u00f3n para, a pesar de mi expreso disenso con la forma como decidi\u00f3 la mayor\u00eda, el porqu\u00e9 discurro por el sendero de la regla mayoritaria, en una providencia que sigue siendo de ponente y no de todos los integrantes de la Sala. <\/p>\n
La ciudadan\u00eda advertir\u00e1 que se halla ante una Corte deliberante y debatiente de los problemas que se le otorgan para el conocimiento y juzgamiento de los convocados a juicio, ense\u00f1ando que en un colegiado hay grupos activos de decisi\u00f3n judicial y tesis que se entrecruzan, imponen y derrotan. Pero, ante todo, quiere significar que el Juez del Estado de Derecho hace tambi\u00e9n un labor\u00edo racional y democr\u00e1tico y no dictatorial. Recu\u00e9rdese que \u201cdemocracia\u201d es el gobierno de las mayor\u00edas, como ejercicio de la regla mayoritaria, por oposici\u00f3n a la \u201coligarqu\u00eda\u201d y a la \u201canarqu\u00eda\u201d, representativas de formas de gobierno anormales; en el primer caso, de los ricos y poderosos; en el segundo, identificada por la carencia de poder o de jefe; f\u00f3rmulas que abren espacio al absolutismo y al autoritarismo de uno solo o de pocos, o al desgobierno y al caos. <\/p>\n
No se trata de una simple mayor\u00eda irracional al estar determinada aparentemente por lo cuantitativo o num\u00e9rico del voto, sino que se entiende como una decisi\u00f3n racional y discursiva que permite expresar el pensamiento disidente, confrontando mayor\u00eda y minor\u00eda para hallar consenso, de modo que no es simple sumatoria, sino que reviste elementos cualitativos como la controversia fincada en valores, principios y derechos, para hallar la convicci\u00f3n racional de que se act\u00faa en la direcci\u00f3n de la justicia material. <\/p>\n
Empero, en ese contexto, tambi\u00e9n aparecen el derecho y el respeto por la opini\u00f3n de las minor\u00edas, as\u00ed como el derecho constitucional al disenso. Pero, su reivindicaci\u00f3n no es el pedimento o la pr\u00e1ctica de la tiran\u00eda de las minor\u00edas, sino la facultad de controlar, de fiscalizar, de protestar racionalmente, a enjuiciar el curso que ha impreso la mayor\u00eda, para que no haya arbitrariedad o despotismo. <\/p>\n
Y, cuando se trata del ejercicio del poder pol\u00edtico propiamente, y de la direcci\u00f3n del Estado, puede dar lugar al derecho a la resistencia pasiva o activa, cuando los elegidos por la mayor\u00eda se tornan tir\u00e1nicos, intolerantes, irracionales o ileg\u00edtimos, al punto de poner en peligro la vida misma y la de las instituciones democr\u00e1ticas cuando contravienen derechamente los valores, principios y derechos del Estado Constitucional. <\/p>\n
Cuando se trata de jueces colegiados y de la din\u00e1mica interna para decidir y dictar sentencia con efectos de cosa juzgada o de zanjar determinada controversia, compete se\u00f1alar que, en una democracia constitucional, se toman las decisiones sin afectar la independencia y la autonom\u00eda judicial. Pero, en una corporaci\u00f3n judicial en el Estado Social, cuando en su parte org\u00e1nica o en la arquitectura estatal, la Constituci\u00f3n dise\u00f1a cortes o tribunales con jueces plurales, y con designios constitucionales claros, la democracia racional implica decidir con mentes independientes, consideradas y tolerantes que procuran persuadirse rec\u00edprocamente frente a los reclamos de justicia. <\/p>\n
La providencia de un colegiado, entonces, deviene de un espacio donde sus integrantes, tras contemplar la prueba y o\u00edr a las partes, exponen y refutan los argumentos presentados por sus integrantes, los de las mayor\u00edas, los de las minor\u00edas y, finalmente, se vota la resoluci\u00f3n en la forma prevista en la ley, como muestra de la concepci\u00f3n democr\u00e1tica del derecho. <\/p>\n
El razonamiento que se presenta en esta providencia quiere hacer p\u00fablico que en medio de las diferentes posturas y discusiones para sacar a flote una decisi\u00f3n, la opini\u00f3n disidente, que aclara o salva voto, en la labor del juzgamiento, alecciona al desfavorecido con la decisi\u00f3n judicial que su argumento fue debatido, considerando lo expuesto por \u00e9ste, su contenido apoyado o criticado por los jueces del Estado, fortaleciendo, de paso, tambi\u00e9n los debates p\u00fablicos y acad\u00e9micos, al ofertar interpretaciones alternativas del derecho, en pos de la justicia. <\/p>\n
No puede ignorarse que entre los est\u00e1ndares de una aut\u00e9ntica democracia, se halla el de aceptar la tesis mayoritaria, pero, tambi\u00e9n, tolerar y respetar la minoritaria; pero la expresi\u00f3n de esta voz, para el Juez del Estado de Derecho, no puede llevar a la imposici\u00f3n por la fuerza de la tesis minoritaria que linde con la tiran\u00eda, ni tampoco la autorizaci\u00f3n a la mayor\u00eda para doblegar intolerantemente a la minor\u00eda a fin de aniquilarla, sino que se trata, de una tarea de ejercicio democr\u00e1tico y dial\u00e9ctico del derecho de respetarse rec\u00edprocamente en el di\u00e1logo deliberativo. <\/p>\n
En un Estado Constitucional, la tesis de un juez disidente respeta la opini\u00f3n mayoritaria, entre otras razones, porque: 1. La democracia es el obedecimiento a la regla mayoritaria, por cuanto el juez del Estado constitucional y Social de Derecho, pol\u00edticamente, acepta las reglas de la democracia, por la propia naturaleza del tipo de Estado vigente y con el cual comulga, pero simult\u00e1neamente delibera racionalmente; 2. Porque en el Estado contempor\u00e1neo no existe libertad sin l\u00edmites, puesto que mis derechos llegan hasta donde llegan los de los dem\u00e1s, como una frontera \u00e9tica y epistemol\u00f3gica, y una libertad sin l\u00edmites es anarqu\u00eda, de modo que cuando la minor\u00eda se convierte en voluntad mayoritaria tambi\u00e9n debe reconocer la opini\u00f3n minoritaria, por los m\u00ednimos que nos autoimponemos para las relaciones intersubjetivas, en la democracia participativa. 3. Porque el juez o el \u00e1rbitro, al aceptar el cargo, siempre juran cumplir la Constituci\u00f3n y la Ley, no la abjuran ni traicionan porque, de otro modo, no pueden ser revestidos de la facultad de administrar justicia; 4. Al tratarse de un Estado de Derecho, mediado por la vigencia imperativa de las normas aprobadas legalmente en la forma prevista en la Constituci\u00f3n, por virtud de los principios de supremac\u00eda constitucional y de legalidad, las disposiciones se imponen y correlativamente se aceptan sus prescripciones. Entre ellas, en nuestro derecho se encuentra la prevista en la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia, que dispone c\u00f3mo las providencias se aprobar\u00e1n al tratarse de jueces colegiados con el voto de la mayor\u00eda absoluta de sus integrantes (art. 54 de la Ley 270 de 1996). <\/p>\n
En lo razonado, y ante la ca\u00f3tica doctrina sobre la regla de mayor\u00edas, que realmente es una metarregla democr\u00e1tica, resulta importante recordar a Bobbio: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las reglas del juego, a diferencia de todas las dem\u00e1s, deben aceptarse por unanimidad por la simple raz\u00f3n de que su rechazo, aun de parte de un solo participante, imposibilita jugar. Esto significa que aceptar intervenir en una decisi\u00f3n o en una elecci\u00f3n que se realiza con base en la regla de la mayor\u00eda implica la aceptaci\u00f3n de esta misma como forma de llegar a la decisi\u00f3n o a la elecci\u00f3n. En otras palabras: aquel que acepta decidir o elegir seg\u00fan la regla mayoritaria, no acepta una decisi\u00f3n espec\u00edfica sobre un determinado problema (que podr\u00eda rechazar, inclusive), ni tampoco la representaci\u00f3n de cierta persona, de la cual puede ser enemiga, sino bajo un procedimiento determinado para la decisi\u00f3n o la elecci\u00f3n\u201d21. <\/p>\n
Por consiguiente, aceptar la democracia jurisdiccional tiene, como efecto, respetar indiscutidamente la regla mayoritaria como regla de juego, esto es, como fundamento decisional, de tal modo que la premisa del inter\u00e9s general se impone sobre el inter\u00e9s propio o particular. <\/p>\n
Esto significa que la democracia judicial no amilana la disidencia, sino que la tolera, y le permite expresar las razones en la tarea de nomofilaxis y de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. As\u00ed mismo, expresa que la disidencia se pliega, pero racionalmente, a la decisi\u00f3n de las mayor\u00edas, porque acepta la regla mayoritaria de la democracia, pero \u00e9stas, al mismo tiempo, respetan sagradamente el disenso. <\/p>\n
Del mismo modo, no comporta que la disidencia o el \u201cvoto de opini\u00f3n\u201d deba guardar silencio, porque implicar\u00eda entronizar la dictadura y la insensatez. Lo pertinente es o\u00edr, evaluar y permitir, expresar la motivaci\u00f3n del salvamento o aclaraci\u00f3n, dado que es requisito de toda sentencia, como del salvamento, su justificaci\u00f3n; por cuanto una de las virtudes esenciales del juez del Estado de Derecho, es la observancia de la racionalidad para que el justiciable conozca y entienda c\u00f3mo se decidi\u00f3 su suerte judicial, y para que haya un control endo y extraprocesal de la sentencia, por medio de los recursos judiciales, de la ciudadan\u00eda y de la opini\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n
En el caso, por cuanto el disidente es juez del Estado de Derecho democr\u00e1tico, obedece la regla mayoritaria, pero, simult\u00e1neamente, expone cu\u00e1l es el estado del arte, cu\u00e1l la pol\u00e9mica, cu\u00e1l la racionalidad y cu\u00e1l es la tarea de las cortes y de sus jueces en la democracia constitucional, que no es otra que decidir para materializar el Estado de Derecho. <\/p>\n
2.5. En consecuencia, como en la introductoria de esta providencia se explicit\u00f3 que la mayor\u00eda de la Sala no se atrevi\u00f3 a realizar una hermen\u00e9utica del derecho desde la realidad, ni desde el problema cotidiano de los titulares de derechos de los predios objeto del gravamen, y de consiguiente abog\u00f3 entonces por la aplicaci\u00f3n textualista del numeral 10 del art\u00edculo 28 C.G. del P., a pesar de la autonom\u00eda e independencia judicial de todos los jueces; al integrar, el suscrito, la Corte Suprema, una de cuyas funciones principales es unificar la jurisprudencia, en respeto al principio democr\u00e1tico y a la opini\u00f3n mayoritaria, debo decidir el conflicto planteado siguiendo el criterio de la Sala, mientras permanezca robustecida, al interior de \u00e9sta, la ex\u00e9gesis jurisprudencial de la mayor\u00eda. <\/p>\n
2.6. Se asignar\u00e1 entonces el litigio, como se anunci\u00f3 al inicio de la parte considerativa de esta providencia, al juez del lugar donde se ubica el domicilio de la entidad demandante. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del litigio de la referencia es el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Medell\u00edn, al cual se ordena remitir las diligencias para lo de su cargo. <\/p>\n
Comun\u00edquese de la presente decisi\u00f3n a las autoridades jurisdiccionales involucradas, haci\u00e9ndoles llegar copia de esta providencia. Of\u00edciese. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Cfr. DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Editorial Temis. Bogot\u00e1. 1962. P\u00e1gs. 90 y ss.; en similar sentido: V\u00c9SCOVI, Enrique. Teor\u00eda General del Proceso. Ed. Temis. Bogot\u00e1. 1984. P\u00e1gs. 155 y ss. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. Editorial ABC. Bogot\u00e1. 1978. P\u00e1g. 33; en id\u00e9ntico sentido: DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. . Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Editorial Temis. Bogot\u00e1. 1962. P\u00e1gs. 90 y ss. <\/p>\n
4\u0002 V\u00e9ase DEVIS ECHANDIA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial Temis. Bogot\u00e1. 2009. P\u00e1gs. 130 y ss.; y PARDO, Antonio. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Universidad de Antioquia. Medell\u00edn. 1967. Paginas 114 y ss. <\/p>\n
5\u0002 CARNELUTTI, Francisco. Sistema de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Composici\u00f3n del Proceso. Trad. de la Uni\u00f3n Tipogr\u00e1fica Editorial Hispano Americana. P\u00e1gs. 286 y ss; GUASP, Jaime. Derecho Procesal Civil. Tomo I. Instituto de Estudios Pol\u00edticos. Madrid. 1968. P\u00e1gs. 130 y ss.; ROCCO, Ugo. Trattato di Diritto Processuale Civile. Tomo II. P\u00e1g. 70. <\/p>\n
6\u0002 CSJ Auto de noviembre 11 de 1993, GJ CCXXV, p\u00e1gina 431; Auto No. 225 de agosto 8 de 1997, exp. 6751; A007-1998, exp. 6991; A087-1998, exp. 7106-1998; A004- 1999, exp. 7452; A009-1999, exp. 7453; Auto No. 158 de julio 19 de 1999, exp. 7707, GJ CCLXI, p\u00e1gina 48; A211-2007, exp. 2007-01003; Auto de diciembre 10 de 2009, exp. 2009- 01285; Auto de julio 5 de 2012, exp. 2012-00974; AC1997-2014, exp. 2013-02699; CSJ Sentencia 1230-2018 del 25 de abril de 2018. <\/p>\n
7\u0002 Porque tambi\u00e9n puede ser legal y voluntario, general y exclusivo, concurrente o electivo, hereditario, etc. <\/p>\n
8\u0002 As\u00ed: DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Editorial Temis. Bogot\u00e1. 1962. P\u00e1g. 239. <\/p>\n
9\u0002 ROCCO, Ugo. Trattato di Diritto Processuale Civile. Tomo II. P\u00e1g. 70; DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo II. Editorial Temis. Bogot\u00e1. 1962. P\u00e1gs. 193-194. <\/p>\n
10\u0002 MATTIROLO, Luis. Tratado de Derecho Judicial Civil. Tomo I. Trad. de Eduardo Ovejero y Maury. Editorial Reus. Madrid. 1930. P\u00e1g. 568. <\/p>\n
11\u0002 Informe de Ponencia para Primer Debate del Proyecto de Ley N\u00famero 196 de 2011, C\u00e1mara, por el cual se expide el C\u00f3digo General del Proceso y se dictan otras disposiciones. <\/p>\n
12\u0002 Art. 28 n\u00fam. 7 C.G.P. <\/p>\n
13\u0002 Consultable en: http:\/\/dle.rae.es\/?id=UDMuqRq <\/p>\n
14\u0002 CSJ Auto AC1772, del 7 de mayo de 2018, exp. 2018-00957-00. Reiterando lo manifestado en sendos prove\u00eddos de 5 de julio de 2012, rad. 2012-00974-00 y del 16 de septiembre de 2004, rad. 00772-00. <\/p>\n
15\u0002 Conforme aparece en: ARCHILA, Jos\u00e9 Antonio. C\u00f3digo Judicial (Ley 105 de 1931). Editado, Concordado, Comentado y Anotado. Editorial Cromos. Bogot\u00e1. 1938. P\u00e1g. 40. <\/p>\n
16\u0002 Texto visible en: ARCHILA, Jos\u00e9 Antonio. Ob. cit. P\u00e1g. 40. <\/p>\n
17\u0002 PARDO, Antonio Jos\u00e9. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Ediciones de la Imp. De la U. de A. Medell\u00edn. 1950. P\u00e1g. 162. <\/p>\n
18\u0002 G.J. LVIII, P\u00e1g. 756. <\/p>\n
19\u0002 En sesiones celebradas el 20 de julio de 2005. <\/p>\n
20\u0002 Cfr. Gaceta del Congreso 745, de 4 de octubre de 2011. <\/p>\n
21\u0002\u0002 BOBBIO, Norberto. La regla de mayor\u00eda: L\u00edmites y apor\u00edas. En: Fenomenolog\u00eda y Sociedad, a\u00f1o IV, enero de 1981, n\u00fams. 13-14, Comunit\u00e0 di Ricerca. Instituto di Studi e Ricerche Socio-culturali, Mil\u00e1n. P\u00e1gs. 3-21. <\/p>\n
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AC3982-2021 (2021-01821-00) LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado AC3982-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01821-00 Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Se decide el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados Diecisiete y Primero Promiscuo Municipal de Medell\u00edn y Chin\u00fa (C\u00f3rdoba), respectivamente para conocer […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56872","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56872","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56872"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56872\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56872"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56872"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56872"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}