AC4001-2021 (2021-02959-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4001-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-02959-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) y Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 (Cundinamarca). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sebasti\u00e1n Colorado formul\u00f3 acci\u00f3n popular contra la sede del Banco Davivienda S.A. situada en la \u00abCALLE 8 22 -108 CC MEGACITY LOC 16-17-18\u00bb del municipio de Zipaquir\u00e1 (Cundinamarca), pretendiendo que se ordene a la accionada \u00abcontrat[ar] de planta un profesional int\u00e9rprete y un profesional gu\u00eda int\u00e9rprete\u00bb, con el fin de prestar ayuda a las personas con limitaciones sensoriales que acudan a aquella entidad. <\/p>\n
2. En el escrito inaugural se se\u00f1al\u00f3 como sitio de ocurrencia de la vulneraci\u00f3n a \u00ablo LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO PATRIO\u00bb, pero m\u00e1s adelante se indic\u00f3 concretamente la localidad de \u00abZIPAQUIR\u00c1\/CUNDINAMARCA\u00bb, adem\u00e1s, se se\u00f1al\u00f3 como \u00abdomicilio\u00bb de Davivienda S.A. la \u00abCalle 7 Nro. 7-16\u00bb, del municipio de La Virginia (Risaralda). <\/p>\n
3. El asunto fue repartido al Juzgado Promiscuo del Circuito de esta \u00faltima localidad, autoridad que en auto de 25 de enero pasado admiti\u00f3 el escrito inaugural, orden\u00f3 notificar al ente financiero accionado, a la Defensor\u00eda del Pueblo y a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, de conformidad a lo establecido en el art\u00edculo 82 de la Ley 472 de 1998 [Archivo Digital: 03]. <\/p>\n
4. El 19 de abril de los cursantes, el estrado memorado decret\u00f3 de oficio la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite constitucional y, en su lugar, rechaz\u00f3 el pliego introductorio, tras considerar que el sitio donde se produce la presunta trasgresi\u00f3n de los derechos colectivos y \u00abse encuentra ubicada la Sede de la entidad bancaria [convocada]\u00bb es Zipaquir\u00e1 (Cundinamarca), as\u00ed que dispuso la remisi\u00f3n del asunto a los jueces civiles del circuito de esta \u00faltima plaza [Archivo Digital: 04]. <\/p>\n
5. Al recibir las diligencias, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la poblaci\u00f3n mencionada tambi\u00e9n rehus\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n, con sustento en que, el \u00abjuzgado remisor no le era posible desprenderse del conocimiento del asunto, luego de haber admitido la acci\u00f3n popular de la referencia, pues en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis, dicho acto comporta la aceptaci\u00f3n de la aptitud legar para conocer de la causa, excluyendo la competencia de cualquier otra sede judicial, sin perjuicio de los reparos que posteriormente y en las oportunidades legalmente establecidas, puedan plantear las partes al respecto\u00bb, con todo, \u00aben la demanda no se atribuy\u00f3 la competencia en esta sede judicial, pues, de hecho, del escrito inicial se desprende que lo hizo en raz\u00f3n del domicilio de la accionada que tampoco corresponde a esta municipalidad\u00bb. [Archivo Digital: 14]. <\/p>\n
6. Planteado de esa manera el conflicto de competencia, se dispuso el env\u00edo del expediente a la Corte, quien lo decidir\u00e1, de acuerdo con la atribuci\u00f3n dispuesta en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, pues involucra a juzgados de distintos distritos judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 88 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica instituy\u00f3 las acciones populares como un mecanismo de \u00abprotecci\u00f3n y aplicaci\u00f3n\u00bb de los derechos e intereses colectivos relacionados con \u00abel patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad p\u00fablicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia econ\u00f3mica y otros de similar naturaleza\u00bb. <\/p>\n
En palabras de la Corte Constitucional, el mencionado auxilio busca \u00abproteger los derechos e intereses colectivos de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotaci\u00f3n de los recursos naturales, los productos m\u00e9dicos defectuosos, la imprevisi\u00f3n en la construcci\u00f3n de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteraci\u00f3n en la calidad de los alimentos, la publicidad enga\u00f1osa, los fraudes del sector financiero etc.\u00bb, cuya efectividad, resalt\u00f3 en esa oportunidad dicha colegiatura, exige \u00abuna labor anticipada de protecci\u00f3n y, por ende, una acci\u00f3n pronta de la justicia para evitar su vulneraci\u00f3n u obtener, en dado caso, su restablecimiento. De ah\u00ed que su defensa sea eminentemente preventiva\u00bb -El \u00e9nfasis es de la Sala- (C-377-02, 14 may., Exp. D-3774). <\/p>\n
Con arreglo a tan relevante funci\u00f3n, el legislador consagr\u00f3 un rito preferente y c\u00e9lere (art. 6\u00ba, Ley 472 de 1998), desprovisto de dilaciones de cualquier \u00edndole e investido de valores supralegales como los de \u00abprevalencia del derecho sustancial, publicidad, econom\u00eda, celeridad y eficacia\u00bb, imponi\u00e9ndole al juez la obligaci\u00f3n de impulsarlo \u00aboficiosamente y producir decisi\u00f3n de m\u00e9rito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destituci\u00f3n\u00bb (art. 5\u00ba, \u00eddem). <\/p>\n
Con la finalidad de materializar tales lineamientos, verbi gratia, el art\u00edculo 17 ejusdem, estableci\u00f3 la posibilidad de formular la demanda sin necesidad de apoderado, fijando un breve lapso para su contestaci\u00f3n (10 d\u00edas) y otorgando a la parte convocada la posibilidad de proponer como excepciones previas, exclusivamente, las de \u00abfalta de jurisdicci\u00f3n y cosa juzgada\u00bb (art. 23), de modo que no le es posible rebatir la ausencia de competencia territorial a trav\u00e9s de este instrumento. <\/p>\n
Lo anterior, denota la relevancia de la herramienta constitucional en comento, que impone a los distintos funcionarios judiciales del pa\u00eds, efectuar un cuidadoso examen de los libelos con que se inician las acciones de esa naturaleza, en aras de encausarlas acertadamente, esto es, admitirlas a tr\u00e1mite cuando sea viable o redireccionarlas, inmediatamente, a quien corresponda, en observancia de los principios de prevalencia, celeridad y econom\u00eda procesal aludidos. <\/p>\n
2. En torno a la competencia para conocer este tipo de tramitaciones, el inciso segundo del canon 16 de la citada ley contempl\u00f3 que lo \u00abser\u00e1 (\u2026) el juez del lugar de ocurrencia de los hechos o el del domicilio del demandado a elecci\u00f3n del actor. Cuando por los hechos sean varios los jueces competentes, conocer\u00e1 a prevenci\u00f3n el juez ante el cual se hubiere presentado la demanda\u00bb (subraya la Sala), de donde se extrae que el legislador consagr\u00f3 la concurrencia de dos fueros: el del sitio de la vulneraci\u00f3n y el del domicilio del llamado a juicio. <\/p>\n
La anterior disposici\u00f3n, seg\u00fan lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, pone en evidencia \u00ab(…) que la atribuci\u00f3n de competencia en los procesos de la naturaleza se\u00f1alada, est\u00e1 delimitada por los fueros concurrentes que estableci\u00f3 el legislador, de manera que el actor \u00fanicamente podr\u00e1 optar por uno de los que correspondan a las alternativas fijadas por la norma, y una vez realizada esa selecci\u00f3n, el funcionario judicial no podr\u00e1 apartarse de ella\u00bb (CSJ AC1327-2016, 8 mar., rad. 2016-00504-00, reiterada en CSJ AC665-2020, 27 feb., rad. 2020-00580-00). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del \u00faltimo foro, esto es, el del domicilio del convocado a juicio, por disposici\u00f3n del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del ordenamiento adjetivo, aplicable al caso por remisi\u00f3n del 44 de la norma especial comentada, ser\u00e1 competente, a prevenci\u00f3n, tanto el juez del lugar en el que est\u00e1 domiciliada la entidad demandada, como el de la circunscripci\u00f3n territorial donde se encuentre ubicada la sucursal o agencia vinculada a los hechos, de ser ese el caso. <\/p>\n
Ante tal elenco de posibilidades, la ley de enjuiciamiento civil le otorga al demandante la potestad de escoger el juez natural que dirimir\u00e1 su disputa, esto es, en la vecindad del llamado a la causa, ora, el lugar en el que se materializa la supuesta vulneraci\u00f3n, selecci\u00f3n que no puede ser desconocida y, mucho menos alterada por el juzgador elegido. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha considerado: <\/p>\n
\u00abEn t\u00e9rminos de tal expresi\u00f3n legislativa, el promotor de la acci\u00f3n judicial tiene libertad para escoger ante cu\u00e1l de los funcionarios con competencia potencial la inicia. Si ante el del lugar donde acontecieron los hechos o ante el del domicilio del opositor; desde luego, la manifestaci\u00f3n de preferencia del accionante al respecto, es vinculante para \u00e9l, pero tambi\u00e9n para el juez ante quien se la concreta\u00bb (CSJ AC3261-2018, 31 jul., rad. 2018-02046-00; criterio reiterado en CSJ AC1986-2021, 26 may., rad. 2021-00689-01). <\/p>\n
3. Sin embargo, cuando un funcionario distinto al de alguna de las circunscripciones territoriales facultadas para tramitar el pleito, omitiendo su deber de estudiar las diligencias sometidas a su consideraci\u00f3n, como lo dispone el art\u00edculo 90 del estatuto adjetivo, admite su competencia, en \u00e9l quedar\u00e1 radicada \u00e9sta, en virtud del principio de \u201cperpetuatio jurisdictionis\u201d, consagrado en el inciso segundo del art\u00edculo 16 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: \u00ab[l]a falta de competencia por factores distintos del subjetivo o funcional es prorrogable cuando no se reclame en tiempo, y el juez seguir\u00e1 conociendo del proceso\u00bb -Se destaca-. <\/p>\n
En efecto, es obligaci\u00f3n del fallador que recibe las diligencias verificar si el demandante realiz\u00f3 la elecci\u00f3n referida en l\u00edneas anteriores y si ella est\u00e1 conforme al r\u00e9gimen de competencia territorial, pues, de lo contrario, lo procedente es el rechazo del asunto y su remisi\u00f3n a quien corresponda o, en caso de evidenciar omisi\u00f3n o falta de claridad en el escrito genitor, inadmitirlo en busca de la respectiva subsanaci\u00f3n. <\/p>\n
De no hacer uso de aquellas facultades, como ocurri\u00f3 en el sub examine donde la juzgadora decidi\u00f3 dar curso al juicio sin reparar en su correcta atribuci\u00f3n, se torna inviable desconocer el memorado axioma, cuya inaplicaci\u00f3n \u00fanicamente es admisible en eventos excepcionales como \u00abcuando se trate de un estado extranjero o un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica\u00bb (art. 27 del C.G.P.); est\u00e9n involucrados ni\u00f1os, ni\u00f1as o adolescentes (art. 97 del C.I.A e inc. 2\u00ba, n\u00fam. 2\u00ba art. 28 ibidem), o entidades territoriales, descentralizadas por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica (n\u00fam. 10 art. 28 C.G.P.). <\/p>\n
As\u00ed lo ha sostenido esta Corte con insistencia, precisando: <\/p>\n
4. Y es que, como lo ha sostenido la doctrina al abordar el estudio de la relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal que se configura en cada litigio entre los intervinientes y el juez, de ella \u00abnacen ciertos derechos de las partes, como los relativos a la competencia del juez que ha de decidir la litis (perpetuatio jurisdictionis), a que el proceso se desarrolle conforme a la ordenaci\u00f3n ritual y que no se alteren las actuaciones fundamentales del mismo. Por este motivo, el juez que conoce del proceso debe continuar conociendo de \u00e9l, aunque se presenten modificaciones en las personas o cosas que figuran en el juicio. Trat\u00e1ndose de competencia territorial, no parece dudoso que la jurisdicci\u00f3n se perpet\u00faa y, por tanto, que una vez constituida la relaci\u00f3n, el juez ante el que se plante\u00f3 la demanda deber\u00e1 continuar conociendo de ella, aunque cambie la situaci\u00f3n de las cosas, o se altere el domicilio del demandado, o se modifique su condici\u00f3n o sufran una alteraci\u00f3n las demarcaciones territoriales (\u2026)\u00bb (Morales Molina, 1983). <\/p>\n
Es por ello, que la actual legislaci\u00f3n procedimental admite la prorrogabilidad de la competencia por factores distintos al subjetivo o funcional, imponiendo al juez seguir conociendo del proceso, a menos que el legitimado para hacerlo, reclame en tiempo tal aspecto (art. 16 citado). La situaci\u00f3n se repite en el caso de la vinculaci\u00f3n sobreviniente de personas con fuero especial, d\u00f3nde solo es viable cambiar al fallador cuando el nuevo interviniente es un estado extranjero o un agente diplom\u00e1tico acreditado ante el Gobierno de la Rep\u00fablica (art. 27 del C.G.P.). <\/p>\n
5. De conformidad con lo anterior, no era dable al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Risaralda) desprenderse del pleito asumido en prove\u00eddo de 25 de enero de 2021, por cuanto ello, adem\u00e1s de quebrantar los mandatos constitucionales de celeridad y econom\u00eda procesal, imperantes en el tr\u00e1mite que debe imprimirse a las acciones populares, desconoce que su competencia se encontraba legalmente prorrogada y no exist\u00eda fundamento jur\u00eddico para alterarla, conforme al reiterado criterio de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, al no configurar su actuaci\u00f3n ninguno de los motivos de anulaci\u00f3n taxativamente consagrados en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso o en otra norma especial, la juzgadora no pod\u00eda acudir a ese mecanismo residual, para remediar su falta de examen adecuado del escrito introductor que debi\u00f3 agotar ab initio, porque, si bien le puede asistir raz\u00f3n al concluir que ni la violaci\u00f3n del derecho colectivo invocado, ni el domicilio principal de la demandada se hallan en esa localidad, al haber admitido la acci\u00f3n popular, se arrog\u00f3 la competencia para conocer el pleito, fijaci\u00f3n que no es constitutiva de nulidad, como que no concurre el supuesto f\u00e1ctico de actuaci\u00f3n del juez en el proceso \u00abdespu\u00e9s de declarar la falta de jurisdicci\u00f3n o de competencia\u00bb (n\u00fam.1 art. 133 CGP) \u2013 resaltado fuera de texto-. <\/p>\n
6. En consecuencia, en aplicaci\u00f3n del postulado de la perpetuatio jurisdictionis, y la particular manifestaci\u00f3n del accionante referida a que \u00abBanco Davivienda [tiene] Domicilio Calle 7 Nro 7 16 la Virginia Rda\u00bb corresponde a la falladora inicial continuar con el adelantamiento del decurso y as\u00ed se declarar\u00e1. <\/p>\n
7. De otro lado, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 (Cundinamarca) envi\u00f3 escrito mediante el cual Sebasti\u00e1n Colorado manifiesta que desiste de la acci\u00f3n popular incoada, no obstante, es menester advertir que en virtud de lo establecido en el art\u00edculo 139 ejusdem, el pronunciamiento en esta sede se circunscribe a dirimir el conflicto suscitado entre las autoridades judiciales en torno al conocimiento de dicho asunto, por lo que, a trav\u00e9s de la secretar\u00eda se ordenar\u00e1 remitir el aludido memorial al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, para lo de su cargo. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda es el competente para continuar con el conocimiento de la acci\u00f3n popular referenciada. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente a ese despacho judicial para que asuma el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 y al actor popular. <\/p>\n
CUARTO: Por secretar\u00eda rem\u00edtase el memorial que antecede al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Risaralda, para lo de su cargo. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
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