AC4031-2021 (2018-00519-01)<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4031-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25290-31-03-001-2018-00519-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que interpuso la convocada frente a la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Alberto Tafurt Yunda contra Dora In\u00e9s Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Pretensiones. <\/p>\n
El actor pidi\u00f3 declarar \u00abla existencia de [una] sociedad de hecho entre Jos\u00e9 Alberto Tafurt Yunda y Dora In\u00e9s Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, conformada desde el 27 de marzo de 2005, hasta el 13 de diciembre de 2014\u00bb. Asimismo, reclam\u00f3 que dicha universalidad fuera disuelta y liquidada, a trav\u00e9s de los cauces legales. <\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
2.1. A partir del 27 de mayo de 2005, los litigantes acordaron asociarse comercialmente, con el prop\u00f3sito de incrementar sus patrimonios y repartirse las utilidades de un negocio relacionado con la construcci\u00f3n, venta y permuta de bienes inmuebles. <\/p>\n
2.2. Con esa finalidad, estipularon que la demandada aportar\u00eda una parte en dinero y el querellante contribuir\u00eda con \u00absu amplio conocimiento y experiencia en construcci\u00f3n, un porcentaje en dinero, terrenos, mano de obra, materiales, maquinaria\u00bb; adem\u00e1s, adelantar\u00eda \u00ablas negociaciones para vender las construcciones de los bienes inmuebles\u00bb. <\/p>\n
2.3 Gracias a ese esfuerzo mancomunado, los socios de hecho adquirieron varios bienes muebles e inmuebles, los cuales fueron registrados, de mutuo acuerdo, \u00fanicamente a nombre de la demandada. <\/p>\n
2.4. El 13 de diciembre de 2014, la se\u00f1ora Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez decidi\u00f3 romper unilateralmente el v\u00ednculo que manten\u00eda con el actor, neg\u00e1ndose a distribuir los activos de la sociedad de hecho en forma equitativa. <\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
3.1. La demandada compareci\u00f3 oportunamente al proceso, oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum y formulando excepciones, orientadas \u2013primordialmente\u2013 a descartar la asociaci\u00f3n comercial. Asimismo, arguy\u00f3 que entre ella y el actor existi\u00f3 una prolongada relaci\u00f3n sentimental, que no pudo dar lugar a una sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, pues el se\u00f1or Tafurt Yunda no ha disuelto ni liquidado su sociedad conyugal anterior. <\/p>\n
3.2. Mediante fallo de 20 de junio de 2019, el juez de primer grado accedi\u00f3 a las s\u00faplicas de la demanda. La querellada interpuso apelaci\u00f3n. <\/p>\n
4. La sentencia impugnada. <\/p>\n
El tribunal modific\u00f3 la sentencia del a quo, \u00fanicamente en lo que tiene que ver con la fecha de finalizaci\u00f3n de la sociedad de hecho. En lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 lo decidido, con apoyo en los siguientes razonamientos: <\/p>\n
(i) Del an\u00e1lisis del acervo probatorio es posible extraer tanto la voluntad de asociaci\u00f3n de las partes (affectio societatis), como la existencia de aportes (en dinero y en especie) de los dos litigantes, destinados a desarrollar un negocio com\u00fan, del que distribuyeron equitativamente p\u00e9rdidas y ganancias. <\/p>\n
(ii) Varios testigos afirmaron que el actor \u00abse encargaba de la construcci\u00f3n y Dora In\u00e9s iba a las obras daba instrucciones y supervisaba, en general que ambos coordinaban las obras\u00bb; tambi\u00e9n relataron que la pareja compr\u00f3 varios predios, particip\u00f3 en la creaci\u00f3n de proyectos de construcci\u00f3n e intervino en las negociaciones de venta de esos activos, de todo lo cual \u00abdeviene impl\u00edcito el consentimiento para la formaci\u00f3n [de la] sociedad de hecho demandada, lo que refleja el animus o affectio societatis, pues muestra que las partes ten\u00edan como prop\u00f3sito la mutua colaboraci\u00f3n en una empresa com\u00fan\u00bb. <\/p>\n
(iii) Si bien la demandada neg\u00f3 la existencia de esa sociedad, lo cierto es que reconoci\u00f3 haber prestado dinero y aportado terrenos para la construcci\u00f3n de proyectos, con la \u00fanica condici\u00f3n de que los lotes quedaran a su nombre y que cuando se vendiera la edificaci\u00f3n se le devolviera el dinero, siendo claro que \u00abla finalidad de dar dinero o lotes en \u201cpr\u00e9stamo\u201d por parte de la demanda al actor fue precisamente el deseo o animo mancomunado entre demandante y demandada de asociarse para la consecuci\u00f3n de fines econ\u00f3micos, pues los que originaba el pr\u00e9stamo de lotes o dinero era desarrollar la labor de construcci\u00f3n de inmuebles para luego ser vendidos y obtener ganancias de ello, lo que revela la \u201caffectio societatis\u201d\u00bb. <\/p>\n
(iv) Adicionalmente, los declarantes dieron cuenta de \u00abla repartici\u00f3n del producto de las ventas de los inmuebles construidos y la reinversi\u00f3n en otros inmuebles (\u2026)\u00bb, as\u00ed como de la uni\u00f3n de aportes comunes en trabajo o en capital, que correspond\u00edan \u00aba dinero y mano de obra por parte del demandante, mientras que la demandada aportaba terrenos, dinero y supervisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
(v) En conclusi\u00f3n, los medios de prueba permiten inferir que \u00abel accionar del demandante y la demandada fue el de asociarse, para aportar los esfuerzos y capitales para posteriormente participar en la distribuci\u00f3n de utilidades o eventualmente de p\u00e9rdidas, como base indiscutible de una sociedad comercial\u00bb, debi\u00e9ndose a\u00f1adir que \u00abla relaci\u00f3n sentimental que tuvieron las partes no desvirt\u00faa la constituci\u00f3n de la sociedad comercial de hecho\u00bb. <\/p>\n
5. La demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La convocada interpuso oportunamente el citado remedio, formulando cinco cargos, dos de ellos al amparo de la causal quinta, dos por la senda de la causal segunda, y el restante invocando el numeral primero del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. R\u00e9gimen del recurso extraordinario. <\/p>\n
El remedio en estudio se interpuso en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, raz\u00f3n por la cual se ha de regir por esa misma normativa. <\/p>\n
2. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante extraordinario demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados por la ley procesal y por la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
(i) La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
(ii) En caso de censurar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (senda indirecta), es necesario incluir la disposici\u00f3n legal que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido infringida1. <\/p>\n
(iii) Si se elige la v\u00eda directa para atacar el fallo de segunda instancia, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
(v) En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb (que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio2), es menester se\u00f1alar las normas probatorias que se consideran quebrantadas y hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
(vi) A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb (esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio3), deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, habr\u00e1 de evidenciarse que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial de tales elementos de juicio, o alteraci\u00f3n de su contenido material, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria o il\u00f3gica de su texto. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de exteriorizar en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
(vii) El cargo por error de hecho debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contrarias a toda evidencia 4. <\/p>\n
Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su texto en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no acreditados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
(viii) Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera), y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden girar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
(ix) Si se fustiga la decisi\u00f3n por ser proferida en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede haberse saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
(x) El censor adem\u00e1s tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto en el sentido decisorio de la sentencia recurrida (trascendencia), para lo cual, demostrada alguna de las modalidades de errores aducidos como sustento de los reproches, debe explicar por qu\u00e9 ese fallo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a sus intereses. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
\u00ab[P]ara que la casaci\u00f3n pueda alcanzar sus fines propios, para que sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusi\u00f3n, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisi\u00f3n total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisi\u00f3n de la que ha sido defectuosamente aducida\u00bb (CSJ AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01). <\/p>\n
3. Estudio de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Cargos primero y segundo. <\/p>\n
3.1.1. Formulaci\u00f3n del cargo primero. <\/p>\n
Al amparo del numeral 5 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la querellada adujo que en este juicio se incurri\u00f3 \u00aben las causales de nulidad (\u2026) consagradas en los Art\u00edculos 36, 107 y 134 inc. 2\u00bb del citado estatuto procesal, dado que la sentencia de segunda instancia \u00abse profiri\u00f3 de forma irregular (\u2026) con violaci\u00f3n del procedimiento previsto para su deliberaci\u00f3n, votaci\u00f3n y decisi\u00f3n del fallo\u00bb, sin que pueda considerarse subsanado tal yerro \u00abporque la sentencia (\u2026) haya sido finalmente firmada por los tres Honorables Magistrados (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sentir de la casacionista, no se cumplieron los requisitos de la fase de convocatoria a sala de decisi\u00f3n establecidos en el art\u00edculo 10 del Acuerdo PCSA17-10715 del 25 de julio de 2017, pues el ponente jam\u00e1s registr\u00f3 el proyecto de sentencia en la Secretar\u00eda, ni comunic\u00f3 \u2013con un d\u00eda de antelaci\u00f3n\u2013 a los dem\u00e1s magistrados \u00abel aviso de citaci\u00f3n a la Sala virtual\u00bb. Igualmente, se vulner\u00f3 el canon 12 ejusdem, comoquiera que \u00abdel aviso (\u2026) se extrae que la reuni\u00f3n respectiva no se iba a llevar a cabo en las instalaciones del tribunal, sino de manera virtual, sin embargo, de la lectura del \u201cacta de sala de decisi\u00f3n No. 10\/20\u201d, no se evidencia el lugar o sede desde donde cada magistrado presuntamente acudi\u00f3 a la reuni\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Para finalizar, anot\u00f3 que el acta de la sesi\u00f3n que adelant\u00f3 el tribunal no re\u00fane las solemnidades \u00abque la ley exige para su existencia y validez, como lo era dejar la constancia expresa de las deliberaciones y votaciones de cada uno de los tres magistrados que integraban la Sala\u00bb, lo cual impide \u00abconfigurarse jur\u00eddicamente la deliberaci\u00f3n y votaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3.1.2. Formulaci\u00f3n del cargo segundo. <\/p>\n
Tras denunciar que en el presente juicio se estructur\u00f3 el motivo de invalidaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 133-2 del C\u00f3digo General del Proceso, la convocada asever\u00f3 que la sentencia \u00abse profiri\u00f3 con graves vicios de motivaci\u00f3n, toda vez, que el tribunal no resolvi\u00f3 el primer reparo objeto del recurso de apelaci\u00f3n (nulidad en la sentencia de primera instancia); y las excepciones de m\u00e9rito no fueron motivadas o resueltas adecuadamente, sus argumentos centrales no fueron motivados suficientemente, no fueron estudiados abordando el eje central de los mismos, fueron despachados de manera incompleta\u00bb. <\/p>\n
Por ese sendero, indic\u00f3 la recurrente que \u00abestar\u00edamos en presencia de una forma de \u201cpreterici\u00f3n de la instancia\u201d (\u2026) pues es latente que al no motivarse debidamente y en ese sendero resolverse todos los argumentos del recurso de apelaci\u00f3n, y las bases fundamentales en que se soportaron las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la parte demandada, se est\u00e1 transgrediendo el principio constitucional del derecho a obtener un doble instancia\u00bb. <\/p>\n
3.1.3. An\u00e1lisis conjunto de los cargos. <\/p>\n
El precedente de la Sala tiene establecido que <\/p>\n
\u00ab(…) la procedencia de la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, por haberse incurrido en alguno de los vicios invalidantes consagrados en el [art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso], supone las siguientes condiciones: <\/p>\n
b) Que adem\u00e1s de corresponder a realidades procesales comprobables, esas irregularidades est\u00e9n contempladas taxativamente dentro de las causales de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo; y por \u00faltimo, <\/p>\n
c) Que concurriendo los dos presupuestos anteriores y si son saneables, respecto de las nulidades as\u00ed en principio caracterizadas no aparezca que fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la persona legitimada para hacerlas valer\u00bb (CSJ SC, 5 dic. 2008, rad. 1999-02197-01; reiterada en CSJ SC 20 ago. 2013, rad. 2003-00716-01 y CSJ SC10302-2017, 18 jul., entre otras) <\/p>\n
Precisado lo anterior, se advierte que no existe v\u00ednculo alguno entre las causales de nulidad aludidas por la recurrente (esto es, \u00abla ausencia del juez o los magistrados en las audiencias o diligencias\u00bb, y la pretermisi\u00f3n \u00edntegra de la instancia) y los hechos que expuso como sustento de sus acusaciones. De un lado, no se aleg\u00f3, ni mucho menos se prob\u00f3, que la audiencia de fallo adelantada ante el tribunal se hubiera llevado a cabo sin la presencia de todos los magistrados que integraban la respectiva Sala; por el contrario, la querellada se limit\u00f3 a invocar algunos aspectos administrativos del tr\u00e1mite previo a la emisi\u00f3n del fallo, que nada tienen que ver con el supuesto del art\u00edculo 36 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Y de otra parte, la convocada intent\u00f3 cubrir con el ropaje de la causal segunda de nulidad procesal, algunos \u201cdefectos de motivaci\u00f3n\u201d, que, en su opini\u00f3n, afectar\u00edan el fallo dictado en su contra, perdiendo de vista que yerros como los denunciados no est\u00e1n vinculados con el procedimiento, sino con la labor de juzgamiento, por lo que deber\u00edan encuadrarse en uno cualquiera de los motivos de casaci\u00f3n previstos para remediarlos. As\u00ed lo reiter\u00f3, recientemente, la Sala de Casaci\u00f3n Civil: <\/p>\n
\u00ab[L]a motivaci\u00f3n es donde se concentra la labor de juzgamiento efectuada por el respectivo sentenciador y, por lo mismo, la carencia de fundamentos o las graves deficiencias de los mismos, son defectos que conciernen con ese labor\u00edo de los jueces y no con la forma o la construcci\u00f3n de los juicios. Trasladado ese entendimiento de la cuesti\u00f3n al plano del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el que, como se sabe, s\u00f3lo existen dos tipos de yerros, los de juzgamiento y los de actividad, correspondiendo los primeros al desacierto de los fundamentos jur\u00eddicos y\/o f\u00e1cticos que sirven de apoyatura a las decisiones adoptadas, que desembocan en la transgresi\u00f3n de la ley sustancial, y los segundos, a la indebida hechura del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que lo regulan, es obvio, entonces, que tanto la falta de fundamentaci\u00f3n, como la deficiente sustentaci\u00f3n de las sentencias, son desatinos de la primera clase se\u00f1alada, cuyo an\u00e1lisis puede hacerse a la luz, antes, de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, ahora, de las dos iniciales del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Propio es a\u00f1adir que cuando es total la carencia de fundamentos o los esgrimidos carecen de sentido y, por lo mismo, son incomprensibles, es obvio que mal podr\u00eda exigirse al recurrente en casaci\u00f3n cuestionar unos argumentos que no existen o que, por vac\u00edos, ambiguos e inextricables, no pueden determinarse. En esas hip\u00f3tesis, basta al impugnante denunciar la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, ya sea por indebida aplicaci\u00f3n de las normas en que se finc\u00f3 el Tribunal para resolver, ora por falta de aplicaci\u00f3n de las llamadas a gobernar el caso concreto (…). <\/p>\n
En los dem\u00e1s casos, esto es, cuando la sentencia ofrece unas razones que logran comprenderse, pero que no sustentan adecuadamente las decisiones adoptadas, por inapropiadas, incoherentes, insuficientes, contradictorias, entre muchas otras posibilidades, corresponder\u00e1 al recurrente establecer si el ataque debe formularse por la v\u00eda directa, seg\u00fan que la motivaci\u00f3n comporte un yerro estrictamente jur\u00eddico, o por la indirecta, si las razones aducidas comprometen la apreciaci\u00f3n que de la plataforma f\u00e1ctica efectu\u00f3 el administrador de justicia, ya sea que se configure un error de hecho o uno de derecho. Transmutadas las premisas anteriores al caso en examen, se colige la indebida formulaci\u00f3n del cargo propuesto, como quiera que en \u00e9l se denunci\u00f3 la nulidad del fallo impugnado, debido a su carencia de fundamentos, circunstancia esta que, en primer lugar, no era ni es motivo de nulidad en los art\u00edculos 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 133 del C\u00f3digo General del Proceso, respectivamente; y que, en segundo t\u00e9rmino, puede, en consonancia con la precedentemente expuesto, alegarse en casaci\u00f3n por violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial\u00bb (CSJ SC3943-2020, 19 oct.). <\/p>\n
3.1.4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Dado que los hechos en los que se fundamentaron las nulidades alegadas no encajan dentro de ning\u00fan supuesto de invalidaci\u00f3n procesal, el primero y segundo cargo no resultan formalmente admisibles. <\/p>\n
3.2. Cargos tercero y cuarto. <\/p>\n
3.2.1. Formulaci\u00f3n del cargo tercero. <\/p>\n
Al amparo del art\u00edculo 336-2 del C\u00f3digo General del Proceso, se denunci\u00f3 la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, \u00abpor aplicaci\u00f3n indebida de los art\u00edculos 98, 498 y 505 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb; esto como consecuencia de errores de hecho y de derecho en la valoraci\u00f3n probatoria, que condujeron \u00aba inaplicar las siguientes disposiciones: 2224, 2323, 2340 y 2488 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Para desarrollar esta cr\u00edtica, expuso la recurrente: <\/p>\n
(i) El tribunal incurri\u00f3 en \u00aberrores de derecho\u00bb, al apreciar \u00abla confesi\u00f3n de la parte demandante, los testimonios de los declarantes Pedro Enrique D\u00edaz Guti\u00e9rrez e Isabel Tafurt Yunda, el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la empresa unipersonal Construcciones Mara E.U. y la promesa de compraventa de fecha 2 de marzo de 2007\u00bb, inobservando lo previsto en los art\u00edculos 173, 191, 197, 225, 244 y 256 del C\u00f3digo General del Proceso; y 117 y 118 del C\u00f3digo de Comercio. Lo anterior, porque rest\u00f3 eficacia a la confesi\u00f3n del actor, seg\u00fan la cual \u00abla causa para demandar era la relaci\u00f3n sentimental existente entre las partes, y no la existencia de una sociedad comercial de hecho\u00bb. <\/p>\n
(ii) Tambi\u00e9n err\u00f3 el ad quem al valorar el contenido de la promesa de compraventa de fecha 2 de marzo de 2007, pese a que se alleg\u00f3 fuera de las oportunidades probatorias; y se equivoc\u00f3 al otorgar a las declaraciones de Pedro Enrique D\u00edaz Guti\u00e9rrez e Isabel Tafurt Yunda un valor demostrativo que la ley no autoriza, consistente en acreditar que \u00abla empresa Construcciones Mara E.U. hab\u00eda sido constituida por el demandante y demandada\u00bb, obviando la informaci\u00f3n del certificado de existencia y representaci\u00f3n legal respectivo. <\/p>\n
(iii) Por dem\u00e1s, se cometieron desaciertos f\u00e1cticos \u00abal apreciar la demanda, su contestaci\u00f3n, interrogatorio de parte de la demanda, los indicios\u00bb, y varios testimonios y pruebas documentales. En efecto, la colegiatura de segundo grado falt\u00f3 a la \u00abfidelidad objetiva\u00bb que de ellos emanaba, distorsionando, cercenando o suponiendo su contenido, para entender probado que \u00abconstrucciones Mara E.U., hab\u00eda sido creada no exclusivamente por la demandada sino en conjunto con el demandante\u00bb, y que existi\u00f3 reparto de utilidades entre las partes, hip\u00f3tesis que no encuentran apoyo en los referidos elementos de juicio. <\/p>\n
(iv) El tribunal obvi\u00f3 que \u00abel demandante, cuando sacaba prestado dinero, acostumbraba a poner sus bienes a nombre del acreedor para garantizar la deuda\u00bb; que \u00abel predio donde se construy\u00f3 el edificio Jos\u00e9 David estuvo a nombre de Ang\u00e9lica Gonz\u00e1lez Rodr\u00edguez, una de sus hijas\u00bb, y que \u00abexist\u00eda inferencia l\u00f3gica para deducir que la demandada exigiera como garant\u00eda de su pr\u00e9stamo de dinero al demandante, la transferencia de dominio del predio donde se construy\u00f3 el Edifico Jos\u00e9 David\u00bb, indicios que permit\u00edan deducir que la se\u00f1ora Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez solo le facilit\u00f3 en pr\u00e9stamo un monto en met\u00e1lico al actor para la construcci\u00f3n de una edificaci\u00f3n, recibiendo a cambio la propiedad del bien, de manera que \u00abning\u00fan aporte a capital social pod\u00eda deducirse\u00bb. <\/p>\n
(v) En un falso raciocinio, el juzgador dio por sentado que los testimonios permit\u00edan establecer la existencia \u00abde instrucciones, supervisi\u00f3n, \u00f3rdenes y pagos por parte de la demandada Dora In\u00e9s Rodr\u00edguez en las obras\u00bb, cuando en realidad los terceros declarantes mencionaron circunstancias similares, pero sustentadas \u00aben la relaci\u00f3n amorosa que ten\u00edan las partes\u00bb, o haciendo referencia a \u00abla vivienda familiar y dem\u00e1s bienes de exclusiva propiedad\u00bb de la demandada. <\/p>\n
(vii) Finalmente, el ad quem ignor\u00f3 varias documentales, con las que se pod\u00eda establecer que \u00abla causa petendi del demandante no ten\u00eda g\u00e9nesis en una verdadera sociedad comercial de hecho, sino en una relaci\u00f3n sentimental que tuvo con la demandada\u00bb, traspi\u00e9 que lo llev\u00f3 a concluir, contra toda evidencia, \u00abla \u201crepartici\u00f3n del producto de las ventas de los inmuebles construidos y la revisi\u00f3n en otros inmuebles\u201d y de paso el elemento de \u201cparticipaci\u00f3n en la p\u00e9rdidas y ganancias\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.2.2. Formulaci\u00f3n del cargo cuarto. <\/p>\n
La se\u00f1ora Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez insisti\u00f3, con argumentos id\u00e9nticos a los previamente compendiados, en que en el fallo de segundo grado se incurri\u00f3 en errores de derecho, al apreciar \u00abla confesi\u00f3n de la parte demandante, los testimonios de los declarantes Pedro Enrique D\u00edaz Guti\u00e9rrez e Isabel Tafurt Yunda, el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la empresa unipersonal Construcciones Mara E.U. y la promesa de compraventa de fecha 2 de marzo de 2007\u00bb. <\/p>\n
Para sustentar su cr\u00edtica, a\u00f1adi\u00f3 a lo ya indicado, que varios testimonios no se practicaron en la primera vista de la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento \u2013pues esta se suspendi\u00f3 antes de finalizar la pr\u00e1ctica probatoria\u2013, sino que se recibieron el d\u00eda de su reanudaci\u00f3n, es decir, \u00abfuera de la oportunidad prevista por la ley procesal consagrada en el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3.2.3. An\u00e1lisis conjunto de los cargos. <\/p>\n
(i) En cuanto a los yerros de derecho que se anunciaron, la Sala estima pertinente resaltar que en su exposici\u00f3n no se acredit\u00f3 cu\u00e1l fue la pauta probatoria trasgredida por el tribunal. En efecto, la Corte coincide con la recurrente en que el principio de concentraci\u00f3n exige que las audiencias se desarrollen sin soluci\u00f3n de continuidad, aunque considera que, ante eventos excepcionales, podr\u00eda resultar justificado segmentarlas, bien para ajustarse a los tiempos laborables del juez y los litigantes, o por cualquier otra causa que amerite una ponderaci\u00f3n superior a la de la regla consagrada en el art\u00edculo 107-2 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Pero con independencia de esta hermen\u00e9utica \u2013que se estima razonable, dados los efectos que podr\u00eda tener una ex\u00e9gesis inflexible del precepto previamente citado\u2013, lo cierto es que ninguna norma le resta validez a las probanzas recaudadas en la \u201ccontinuaci\u00f3n\u201d de una audiencia de instrucci\u00f3n y fallo, lo cual es apenas l\u00f3gico, pues las formas del proceso no podr\u00edan privilegiarse inexorablemente por sobre las prerrogativas constitucionales de las partes a solicitar y recaudar pruebas, y acceder a la tutela judicial efectiva de sus derechos sustantivos. <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que la demandada nunca aleg\u00f3 la circunstancia de la que ahora pretende prevalerse ante los jueces de instancia, de manera que cuestionar en su demanda de sustentaci\u00f3n la validez de los elementos recaudados en la \u201ccontinuaci\u00f3n\u201d de la vista p\u00fablica de que trata el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso constituye un alegato novedoso, desleal y sorpresivo, que no puede ser permitido en sede de casaci\u00f3n. <\/p>\n
(ii) En el desarrollo del cargo tercero, la impugnante denunci\u00f3 que el tribunal le hubiera restado eficacia a \u00abla confesi\u00f3n de la parte demandante\u00bb, en la que esta habr\u00eda aceptado que \u00abla causa para demandar era la relaci\u00f3n sentimental existente entre las partes\u00bb. Sin embargo, de esa confesi\u00f3n no existe registro en el expediente, lo cual erradica de tajo cualquier posible error de apreciaci\u00f3n sobre ese particular medio de prueba. <\/p>\n
Expresado de otro modo, la confesi\u00f3n por la que propugna la recurrente corresponde a su interpretaci\u00f3n personal del contenido de la declaraci\u00f3n de parte del se\u00f1or Tafurt Yunda, la cual, per se, carece de idoneidad para cimentar un cargo por la v\u00eda indirecta, dado que la casacionista no se ocup\u00f3 de individualizar y derruir los razonamientos del tribunal en punto a esta espec\u00edfica probanza, como le correspond\u00eda. <\/p>\n
De otra parte, resalta la Corte que en la demanda de casaci\u00f3n no se explic\u00f3 cu\u00e1l era la relevancia de la \u201cconfesi\u00f3n\u201d en cita, lo cual era necesario porque, como lo sostuvo el juzgador ad quem, la existencia de un v\u00ednculo more uxorio no descarta la posibilidad de que los miembros de la pareja conformen, simult\u00e1neamente, una sociedad mercantil de hecho, con \u00e1nimo de lucro. <\/p>\n
(iii) En cuanto a los reproches consistentes en que \u00abse haya otorgado una eficacia probatoria no permitida por la ley a los testimonios de Pedro Enrique D\u00edaz Guti\u00e9rrez e Isabel Tafurt Yunda, no haberle atribuido al certificado de existencia y representaci\u00f3n de Construcciones Mara E.U. el m\u00e9rito previsto por ley y valorar la promesa de 2 de marzo de 2007 no obstante de haberse aducido inoportunamente\u00bb, la Corte advierte su intrascendencia y desenfoque. Ciertamente, las probanzas referenciadas fundamentaron un argumento meramente tangencial del tribunal, consistente en que las partes acordaron en alg\u00fan momento crear una empresa unipersonal (tambi\u00e9n a nombre de la convocada) para desarrollar varias de sus actividades de comercio; en ese sentido, si se prescindiera del raciocinio en comento el fallo atacado permanecer\u00eda inc\u00f3lume, pues seguir\u00eda soport\u00e1ndose en las razones principales que se compendiaron supra. <\/p>\n
(iv) En lo que respecta a los restantes apartes del cargo tercero, debe se\u00f1alarse que en su desarrollo la se\u00f1ora Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez s\u00f3lo ofreci\u00f3 valoraciones alternativas de los documentos y testimonios a los que aludi\u00f3; pero esas explicaciones no muestran, al menos en forma irrefutable, que la \u00fanica lectura de esas probanzas sea la que all\u00ed se propone, como es de rigor para comprobar equivocaciones del linaje de las pregonadas en la sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario. <\/p>\n
Esto se traduce en que la convocante, a pesar de acusar la sentencia de violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por \u00aberrores de hecho\u00bb, no cumpli\u00f3 la carga de \u00abacreditar los yerros que le atribuye al sentenciador, labor\u00edo que reclama la singularizaci\u00f3n de los medios probatorios supuestos o preteridos; su puntual confrontaci\u00f3n con las conclusiones que de ellos extrajo \u2013o debi\u00f3 extraer\u2013 el Tribunal y la exposici\u00f3n de la evidencia de la equivocaci\u00f3n, as\u00ed como de su trascendencia en la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ AC, 14 abr. 2011, rad. 2005-00044-01, reiterado en CSJ AC6243-2016, 26 oct.). <\/p>\n
N\u00f3tese, sobre el particular, que la casacionista se limit\u00f3 a sostener que al tribunal pas\u00f3 por alto algunos documentos, como el registro civil de nacimiento del hijo com\u00fan de las partes, los certificados de tradici\u00f3n de algunos veh\u00edculos y las copias de documentos notariales y registrales. Sin embargo, esos medios de convicci\u00f3n s\u00ed fueron analizados por el ad quem, solo que este consider\u00f3 que no desvirtuaban la sociedad comercial de hecho, entendimiento que la actora no censur\u00f3 en modo alguno. <\/p>\n
Por esa misma v\u00eda, se destaca que se atac\u00f3 la sentencia por haber obviado varios indicios, que \u2013para la impugnante\u2013 permitir\u00edan inferir que la querellada celebr\u00f3 un contrato de mutuo con el actor, y que, en tal virtud \u00abning\u00fan aporte a capital social pod\u00eda deducirse\u00bb; no obstante, no se explic\u00f3 c\u00f3mo esas pruebas indirectas permitir\u00edan extraer el hecho indicado, ni tampoco c\u00f3mo ello contrariar\u00eda, frontalmente, los argumentos expuestos en la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
De lo expuesto, insiste la Corte, puede extraerse que la demanda de sustentaci\u00f3n no cumpli\u00f3 con la carga argumentativa requerida para comprobar un yerro f\u00e1ctico, pues como viene de verse, <\/p>\n
\u00ab(…) es insuficiente limitarse a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u201cEl impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u201d (CCXL, p\u00e1g. 82), agregando que \u201csi impugnar es refutar, contradecir, controvertir, lo cual exige, como m\u00ednimo, explicar qu\u00e9 es aquello que se enfrenta, fundar una acusaci\u00f3n es entonces asunto mucho m\u00e1s elaborado, comoquiera que no se logra con un simple alegar que el juzgador de instancia carece de raz\u00f3n, sino que impone, para el caso de violaci\u00f3n de la ley por la v\u00eda indirecta, concretar los errores que se habr\u00edan cometido al valorar unas espec\u00edficas pruebas, y mostrar de qu\u00e9 manera esas equivocaciones incidieron en la decisi\u00f3n que se repudia\u201d (auto de 29 de agosto de 2000, exp. 1994-0088). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u00bb (CSJ SC, 2 feb. 2001, rad. 5670). <\/p>\n
3.2.4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Los cargos analizados presentan deficiencias formales, pues en algunos apartes se fundamentan en premisas contrarias a la realidad que refleja el expediente; y, en otros, la casacionista se limit\u00f3 a ofrecer una lectura alternativa de los medios de prueba, esta vez favorable a sus intereses, pero sin preocuparse previamente por aniquilar, uno a uno, los pilares basilares de la sentencia confutada. <\/p>\n
3.3. Cargo quinto. <\/p>\n
3.3.1. Su formulaci\u00f3n. <\/p>\n
Con sustento en la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, la recurrente denunci\u00f3 la trasgresi\u00f3n directa de los art\u00edculos 98, 498 y 505 del C\u00f3digo de Comercio y 79 de la Ley 222 de 1995, como consecuencia de \u00abla falta de aplicaci\u00f3n\u00bb del primero y \u00faltimo de esos preceptos, y la \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb de los restantes. <\/p>\n
As\u00ed desarroll\u00f3 esta censura: <\/p>\n
(i) El Juzgador de segunda instancia no aplic\u00f3 el art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio, conforme al cual \u00abla sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jur\u00eddica distinta de los socios individualmente considerados\u00bb, siendo \u00abeste componente el marco normativo para decidir el caso\u00bb. Ello llev\u00f3 a dicha corporaci\u00f3n a \u00abdeclarar una sociedad comercial de hecho con caracter\u00edsticas de \u201cuniversalidad\u201d\u00bb, sin indicar expresamente \u00abla premisa mayor del silogismo\u00bb. <\/p>\n
(ii) En aplicaci\u00f3n de la norma en cita, \u00abel sentenciador deb\u00eda determinar la separaci\u00f3n del patrimonio de la sociedad comercial de hecho que declar\u00f3, del de sus asociados individualmente considerados (\u2026) establecido los elementos esenciales base de la posible liquidaci\u00f3n en que habr\u00e1 de terminarse la sociedad\u00bb, pero como no lo hizo, \u00abdej\u00f3 el campo abierto para liquidar una \u201csociedad universal\u201d, con el agravante de que todo lo de la demandada Dora In\u00e9s Rodr\u00edguez entra a liquidarse, m\u00e1s no lo del demandante Jos\u00e9 Alberto Tafurt Yunda, porque habilidosamente lo puso a nombre de sus familiares\u00bb. <\/p>\n
(iii) El ad quem aplic\u00f3 indebidamente los art\u00edculos 498 y 505 del C\u00f3digo de Comercio, pues \u00ablos hizo actuar frente a una empresa legalmente constituida como Construcciones Mara E.U.\u00bb, al establecer que esta fue creada por las partes para desarrollar el objeto social de la sociedad de hecho, a pesar de que esta modalidad de asociaci\u00f3n \u00abno puede subsistir bajo ninguna de las formas regulares de sociedad previstas en la ley\u00bb. <\/p>\n
3.3.2. Examen del cargo. <\/p>\n
Pronto se advierten las incorrecciones t\u00e9cnicas en que incurri\u00f3 la recurrente al estructurar su quinto cuestionamiento; obs\u00e9rvese, de un lado, que el grueso de su novedosa argumentaci\u00f3n no se contrapone a los razonamientos del tribunal; y de otro, que la menci\u00f3n tangencial respecto a la creaci\u00f3n de la sociedad Construcciones Mara E.U., tiene relaci\u00f3n con un tema f\u00e1ctico, y no jur\u00eddico, de la sentencia cuestionada, que no puede discutirse por la v\u00eda directa \u2013y que, como ya se anot\u00f3, no constituy\u00f3 un fundamento esencial de lo decidido en las instancias ordinarias\u2013. <\/p>\n
(i) Sobre lo primero, se destaca que los razonamientos atinentes a la inaplicaci\u00f3n del art\u00edculo 98 del C\u00f3digo de Comercio carecen por completo de enfoque, esto es, de simetr\u00eda frente a la argumentaci\u00f3n ofrecida por el tribunal, corporaci\u00f3n que se limit\u00f3 a se\u00f1alar que de las pruebas existentes se pod\u00eda concluir la existencia de las exigencias requeridas por el legislador para declarar la sociedad comercial de hecho, sin mencionar la variante interpretativa que solo vino a plantear la convocada en la demanda de sustentaci\u00f3n. En ese sentido, es pertinente reiterar que, en trat\u00e1ndose del recurso de casaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(…) el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes. (CSJ AC, 29 oct. 2013, rad. 2008-00576-01). <\/p>\n
(ii) Frente a lo segundo, se relieva que la v\u00eda directa exige que el inconforme no se separe de las conclusiones f\u00e1cticas sobre las que se edific\u00f3 la sentencia impugnada, debi\u00e9ndose limitar a comprobar el desacierto en la labor de subsunci\u00f3n del fallador, bien porque no aplic\u00f3 las normas que regulaban esa realidad (aplicaci\u00f3n indebida); dej\u00f3 de aplicar las que lo hac\u00edan (falta de aplicaci\u00f3n); u opt\u00f3 por las adecuadas, pero err\u00f3 en su discernimiento (interpretaci\u00f3n err\u00f3nea). <\/p>\n
Pero lejos de observar esa sistem\u00e1tica, en las l\u00edneas postreras de la sustentaci\u00f3n del embate que estudia la Sala, la recurrente trat\u00f3 de controvertir una de las deducciones factuales del ad quem, a saber, que la compa\u00f1\u00eda Construcciones Mara E.U. \u00abfue creada para desarrollar la labor econ\u00f3mica de las partes, como era la construcci\u00f3n de inmuebles para la venta, pese a figurar s\u00f3lo a nombre de la demandada\u00bb. <\/p>\n
De este modo, se presenta en este segmento de la denuncia una inadmisible mixtura, debi\u00e9ndose poner de presente que en la sentencia recurrida no se indic\u00f3 que la sociedad de hecho naciera a partir de la empresa unipersonal, sino que la realizaci\u00f3n de ciertas operaciones por parte de esta (antes de ser liquidada) acreditaban el \u00e1nimo societario de las partes, inferencia que tambi\u00e9n se pretermiti\u00f3 al construir el reproche, torn\u00e1ndolo incompleto. <\/p>\n
3.3.3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Este motivo de impugnaci\u00f3n, adem\u00e1s de intrascendente, carece de simetr\u00eda frente al fallo que defini\u00f3 las instancias ordinarias; por ello, ha de ser inadmitido. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n general. <\/p>\n
Comoquiera que los ataques planteados en la demanda de casaci\u00f3n carecen de fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica, es imperativa su inadmisi\u00f3n, conforme lo dispone el art\u00edculo 346-1 del estatuto procesal civil vigente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por la convocada frente a la sentencia de 6 de agosto de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso verbal que promovi\u00f3 Jos\u00e9 Alberto Tafurt Yunda contra Dora In\u00e9s Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25290-31-03-001-2018-00519-01 <\/p>\n
Con el respecto de siempre por las decisiones adoptadas en la Sala manifiesto que en esta ocasi\u00f3n las comparto en su mayor\u00eda, salvo el fundamento con el cual fue inadmitido el segundo cargo, en tanto la deficiencia grave de motivaci\u00f3n que le sirve de apoyo debi\u00f3 invocarse por la causal 3\u00aa de casaci\u00f3n, no por la 5\u00aa a que aludi\u00f3 la recurrente, tampoco por las 1\u00aa y 2\u00aa indicadas en la decisi\u00f3n mayoritaria. <\/p>\n
1. La motivaci\u00f3n como elemento de las sentencias. <\/p>\n
1.1. Las sentencias, conforme al art\u00edculo 278 del C\u00f3digo General del Proceso, son manifestaciones judiciales \u00abque deciden sobre las pretensiones de la demanda, las excepciones de m\u00e9rito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien\u00bb, las cuales, seg\u00fan el canon 55 de la ley 270 de 1996, deben referirse a \u00abtodos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales\u00bb. <\/p>\n
Estructuralmente, adem\u00e1s del encabezado y la firma del funcionario judicial, se compone de (I) una motivaci\u00f3n breve y precisa (art\u00edculo 279 del CGP), acotada \u00abal examen cr\u00edtico de las pruebas con explicaci\u00f3n razonada de las conclusiones sobre ellas, y a los razonamientos constitucionales, legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponi\u00e9ndolos con brevedad y precisi\u00f3n, con indicaci\u00f3n de las disposiciones aplicadas\u00bb, y (II) una \u00abparte resolutiva\u2026 [que] deber\u00e1 contener decisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios\u2026 y dem\u00e1s asuntos que corresponda decidir\u00bb (art\u00edculo 280 del CGP). <\/p>\n
El fallo, en suma, se compone de (I) una fundamentaci\u00f3n, (II) una decisi\u00f3n y (III) el acto de asentimiento del funcionario judicial. Por motivaci\u00f3n se entiende la sumatoria de razones jur\u00eddicas y f\u00e1cticas que el juez esgrime para soportar su resoluci\u00f3n; total, \u00abya no es suficiente el argumento de autoridad, que en alg\u00fan momento residi\u00f3 en la personalidad del juez y despu\u00e9s se traslado a la ley; ahora son m\u00e1s importantes las razones que justifican la decisi\u00f3n adoptada\u2026 que exponga las razones que le han llevado a dicho fallo, pero que justifique, tambi\u00e9n, por qu\u00e9 ha tomado esa decisi\u00f3n entre distintas alternativas\u00bb5. El decisum es la soluci\u00f3n que, frente al problema jur\u00eddico particular, adopta el sentenciador; dicho de otra forma, es \u00abla resoluci\u00f3n concreta del caso\u00bb que \u00abaparece de manera expl\u00edcita identificado luego de la expresi\u00f3n \u2018Resuelve\u2019\u00bb (Corte Constitucional, T-292\/06). Por \u00faltimo, la aquiescencia del juez se expresa en el acto de exteriorizar su decisi\u00f3n, ora por fuerza de la suscripci\u00f3n del documento que la contiene, o por su proferimiento de viva voz. <\/p>\n
Los dilucidados ingredientes deben concurrir en el veredicto, so pena de que carezca de uno de sus componentes esenciales y, por ende, est\u00e9 llamado a perder sus efectos jur\u00eddicos. Tendr\u00eda \u00abuna especie de vida artificial hasta el d\u00eda de su efectiva invalidaci\u00f3n; pero la gravedad de su defecto impide que sobre \u00e9l se eleve un acto v\u00e1lido\u00bb6. <\/p>\n
De all\u00ed que la doctrina especializada asevere, en punto a la ausencia de fundamentaci\u00f3n, que la sentencia \u00abdebe revocarse\u2026 pues le falta un elemento inherente a su existencia\u00bb (negrita fuera de texto)7. Lo mismo sucede frente a la falta de ac\u00e1pite resolutivo, por omitir el ingrediente central de la actividad judicial. Por \u00faltimo, como la expresi\u00f3n de voluntad del funcionario judicial le otorga existencia a la providencia, la carencia de firma o de manifestaci\u00f3n p\u00fablica en audiencia deba conducir a la \u00abnulidad o inexistencia del acto\u00bb8. <\/p>\n
1.2. El valor superlativo que actualmente se concede a la motivaci\u00f3n tiene explicaci\u00f3n en las exigencias propias del estado democr\u00e1tico de derecho, el cual excluye la admisibilidad de actos de simple poder, por cuanto todos ellos deben satisfacer condiciones de legitimidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tiene dicho que: <\/p>\n
Varios principios y derechos en los reg\u00edmenes democr\u00e1ticos imponen la obligatoriedad de motivar la sentencia judicial: el de publicidad porque asegura la contradicci\u00f3n del fallo y muestra la transparencia con que act\u00faan los jueces, pues si hay silencio en las causas de la decisi\u00f3n no habr\u00e1 motivos para impugnar; el de racionalidad como medio para disuadir el autoritarismo y la arbitrariedad; el de legalidad porque el fallo debe estar afincado en las normas aplicables al caso y en las pruebas v\u00e1lidamente recaudadas; los de seguridad jur\u00eddica y confianza leg\u00edtima y debido proceso, entre otros, para materializar el principio de igualdad y aquilatar el Estado constitucional (negrilla fuera de texto, SC10223, 1\u00b0 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2005-01034-01). <\/p>\n
Como la motivaci\u00f3n es el mecanismo fundamental para legitimar la actuaci\u00f3n de los funcionarios judiciales, en tanto descarta que sus determinaciones sean fruto del capricho, subjetividad u otras razones espurias, deviene inexcusable que todas las providencias cuenten con ella; en consecuencia, motivar dej\u00f3 de ser una prerrogativa, para convertirse en un verdadero deber en cabeza de todos los jueces. <\/p>\n
La Sala, siguiendo las ense\u00f1anzas de Michele Taruffo, ha doctrinado: <\/p>\n
[L]a motivaci\u00f3n es una condici\u00f3n de \u2018jurisdiccionalidad\u2019 de los mandatos del juez \u2018en el sentido de que los mismos constituyen la expresi\u00f3n de la jurisdicci\u00f3n cuando se encuentran motivados\u00bb y se vincula coherentemente con la naturaleza de esa funci\u00f3n del Estado democr\u00e1tico \u00aben la medida en la que presupone la posibilidad de controlar, de una manera amplia y externa, las modalidades de ejercicio del poder que se le confiere al juez\u2019 (SC5408, 11 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2014-00691-000). <\/p>\n
Con otras palabras, s\u00f3lo ante la revelaci\u00f3n de las razones que sirvieron para fallar es posible que las providencias judiciales se sometan al escrutinio p\u00fablico, permitiendo su contrastaci\u00f3n con el derecho vigente, los precedentes vinculantes y dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente, condici\u00f3n necesaria para que adquieran legitimaci\u00f3n entre los asociados. <\/p>\n
No en vano la Sala ha dicho que la motivaci\u00f3n \u00abes inherente al debido proceso, lo cual explica la ineficacia de un fallo en que no se ha cumplido la perentoria obligaci\u00f3n de poner al descubierto las razones de la decisi\u00f3n, para permitir el examen p\u00fablico de ellas y el ejercicio de los controles que el ordenamiento tiene establecidos\u00bb (SC5408, 11 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2014-00691-00). <\/p>\n
Por la misma l\u00ednea, la Corte Constitucional asegur\u00f3: <\/p>\n
La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09)\u2026 (T-214\/2012). <\/p>\n
Este escenario, distante de los sistemas de juzgamiento basados en actos de autoridad y no de justificaci\u00f3n de las decisiones judiciales, explica que la motivaci\u00f3n haya alcanzado la condici\u00f3n de requisito esencial de la sentencia, raz\u00f3n por la que su inexistencia deba reprocharse con toda severidad. <\/p>\n
2. Defectos de motivaci\u00f3n y su invocaci\u00f3n como causal de nulidad. <\/p>\n
En nuestro sistema procesal la nulidad de los actos es la sanci\u00f3n m\u00e1s gravosa y, por tanto, debe recaer sobre aquellos veredictos que est\u00e1n ayunos de uno de sus elementos estructurales, como es la motivaci\u00f3n. <\/p>\n
El car\u00e1cter esencial de la motivaci\u00f3n de las sentencias se verifica en las funciones que cumple, pues no s\u00f3lo permite a las partes conocer las razones que llevaron al fallador a resolver como lo hizo, tambi\u00e9n abre paso a que la decisi\u00f3n pueda ser controlada mediante los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes. <\/p>\n
As\u00ed lo reconoci\u00f3 esta Sala, trat\u00e1ndose de negocios jur\u00eddicos privados, en palabras que son aplicables mutatis mutandi a las providencias judiciales: \u00abel sistema procesal colombiano no ofrece para declarar judicialmente la inexistencia un camino peculiar y distinto del establecido para la nulidad, por lo que resulta en verdad inoficioso, al menos desde el punto de vista puramente pr\u00e1ctico, insistir en la disimilitud de tales dos fen\u00f3menos\u00bb (SC4428, 12 dic. 2018, rad. n.\u00b0 2004-00076-01). <\/p>\n
Bien se ha dicho que \u00ab[e]n la actualidad podr\u00eda se\u00f1alarse que la motivaci\u00f3n de las sentencias se ha erigido en una verdadera garant\u00eda inherente al debido proceso que despliega efectos incluso fuera del proceso, constituy\u00e9ndose de esta manera en su contenido m\u00e1s importante y superando la tradicional posici\u00f3n que la identificaba como un mero requisito formal de las sentencias, entendi\u00e9ndoselo como un concepto comprensivo tanto de la fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica como de la fundamentaci\u00f3n jur\u00eddica de aquellas\u00bb, de all\u00ed que \u00ab[t]anto doctrina como jurisprudencia coinciden en se\u00f1alar que una motivaci\u00f3n inexistente provoca la nulidad de la sentencia\u00bb10. <\/p>\n
Remem\u00f3rese, en este punto, lo dicho por la Corte Constitucional: <\/p>\n
Es evidente que una exigencia de racionalidad m\u00ednima de toda actuaci\u00f3n judicial es que exprese los argumentos que hacen inferir la decisi\u00f3n correspondiente. Cuando este ineludible presupuesto no puede verificarse, la sentencia contradice aspectos que hacen parte del n\u00facleo esencial del derecho fundamental al debido proceso\u00bb, de suerte que \u00abla falta de argumentaci\u00f3n decisoria, convierta la providencia en un mero acto de voluntad del juez\u00bb (negrilla fuera de texto, CC, SU-635\/15). <\/p>\n
2.2. A partir del anterior entendimiento, la Corte Suprema de Justicia abri\u00f3 la posibilidad de alegar, como fundamento de los recursos extraordinarios de casaci\u00f3n y revisi\u00f3n, la nulidad de los veredictos que carezcan absolutamente de argumentaci\u00f3n o presenten deficiencias graves de fundamentaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2.1. En efecto, en materia de casaci\u00f3n, la puerta se abri\u00f3 con el prove\u00eddo de 29 de abril de 1988, con soporte en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil11, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Es cierto que la nulidad procesal puede originarse en la sentencia, conforme se desprende del art\u00edculo 154 del C. de p. C. Y es, asimismo, cierto que una de las causas de la aludida invalidez viene a estar constituida por la falta de motivaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
Mas de otro lado, tampoco es posible perder de vista que, seg\u00fan lo han ense\u00f1ado concorde y un\u00e1nimemente doctrina y jurisprudencia, para que sea posible hablar de falta de motivaci\u00f3n de la sentencia como vicio del proceso, se requiere que sea total o radical. Por mejor decirlo, es posible que en un caso dado a los razonamientos del juzgador les quepa el calificativo de escasos o incompletos, sin que por tal raz\u00f3n sea dable concluir que la sentencia carece de fundamentaci\u00f3n\u2026 (negrita fuera de texto, S128 de 1988). <\/p>\n
Rem\u00e1rquese, en este momento inicial, que la invalidez se acot\u00f3 a los casos de carencia total de fundamentaci\u00f3n, con lo cual se propendi\u00f3 por evitar que por esta senda se incluyeran cuestionamientos sobre la forma en que se aplic\u00f3 el derecho vigente a la controversia. <\/p>\n
Postura reiterada prontamente con los veredictos S502 de 12 de diciembre de 1988, S374 de 8 de noviembre de 1989, S217 de 23 de septiembre de 1991, SC de 1\u00b0 de septiembre de 1995 (exp. n.\u00b0 4219), SC de 24 de agosto de 1998 (exp. n.\u00b0 4821) y SC de 23 de enero de 2006 (exp. n.\u00b0 5969). <\/p>\n
En el a\u00f1o 2014 se ampli\u00f3 el campo de aplicaci\u00f3n del mencionado motivo de nulidad, de acuerdo con los precedentes emitidos en revisi\u00f3n, en el sentido de incluir, junto a la ausencia de motivaci\u00f3n, sus defectos garrafales; se dijo de forma literal: <\/p>\n
En el escenario del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, por el camino de la causal quinta, se ha reconocido que es posible invocar como motivo de nulidad la ausencia de motivaci\u00f3n en la sentencia\u2026 <\/p>\n
[A]dvierte la Corte que, a la luz del ordenamiento vigente, el requisito de motivar las sentencias, para no incurrir en la nulidad de que aqu\u00ed se trata, la satisfacen los jueces no con raciocinios aparentes o puramente formales, sino con aquellos que jur\u00eddica y probatoriamente ofrezcan una contestaci\u00f3n al objeto del litigio, compuesto por lo perseguido en la demanda y lo solicitado en los escritos de r\u00e9plica, excepciones, reconvenci\u00f3n, llamamiento en garant\u00eda, etc.; exigencia que, menester es registrarlo, armoniza con las previsiones del art\u00edculo 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a cuyo tenor: \u201cLa motivaci\u00f3n deber\u00e1 limitarse al examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponi\u00e9ndolos con brevedad y precisi\u00f3n, y citando los textos legales que se apliquen\u201d (negrita fuera de texto, SC5631, 8 may. 2014, rad. n.\u00b0 2012-00036-01). <\/p>\n
Por el contrario, \u00abcuando la sentencia est\u00e1 motivada, as\u00ed sea en medida m\u00ednima, lac\u00f3nica, parca o confusa, el vicio in procedendo no se configura, porque lo sancionable no es nada de ello, sino, it\u00e9rase, el hecho de que el sentenciador se haya sustra\u00eddo rotundamente de dar las razones que expliquen o que permitan conocer, a ciencia cierta, el porqu\u00e9 de la decisi\u00f3n\u00bb (SC10223, 1\u00b0 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2005-01034-01). <\/p>\n
Tesis repetida en los prove\u00eddos SC10223 de 1\u00b0 de agosto (rad. n.\u00b0 2005-01034-01) y SC14018 de 18 de noviembre de 2014 (rad. n.\u00b0 2000-00784-01). <\/p>\n
Sin embargo, esta apertura produjo una reacci\u00f3n contraria, pues las aclaraciones y los salvamentos de voto terminaron por alcanzar la mayoritaria decisoria, lo que condujo a que la Sala, con fallo SC343 de 19 de octubre de 2020, negara los defectos de motivaci\u00f3n como causal de invalidez de la sentencia, am\u00e9n del principio de especificidad de las nulidades; literalmente se dijo: <\/p>\n
Es verdad que la Corte durante un amplio per\u00edodo de tiempo, en trat\u00e1ndose del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, admiti\u00f3 que la total carencia de fundamentaci\u00f3n de un fallo judicial, mas no la motivaci\u00f3n precaria o desafortunada, daba lugar a la nulidad del mismo\u2026 <\/p>\n
Pero hoy, en materia de nulidad opera, y as\u00ed lo ha aceptado la doctrina, el principio de especificidad\u2026 <\/p>\n
Aunadas las premisas que se dejan sentadas, forzoso es concluir, entonces, que tanto la falta de fundamentaci\u00f3n, como la deficiente sustentaci\u00f3n de las sentencias, son yerros que por versar, como viene de decirse, sobre el juzgamiento de la cuesti\u00f3n litigada, s\u00f3lo pod\u00edan y pueden proponerse en casaci\u00f3n a la luz, antes, de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, hoy en d\u00eda, de los motivos inicial y segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso\u2026 <\/p>\n
Desde ning\u00fan punto de vista es admisible pensar que la fundamentaci\u00f3n de las sentencias es cuesti\u00f3n de mera forma y que, por ello, su alegaci\u00f3n en casaci\u00f3n proced\u00eda y procede por una de las restantes causales de las precitadas normas, alusivas todas a los defectos de construcci\u00f3n del proceso (vicios de actividad)\u2026 <\/p>\n
Ahora bien, tanto cuando es total la carencia de fundamentos, as\u00ed como cuando los esgrimidos carecen de sentido y, por lo mismo, son incomprensibles, es obvio que mal podr\u00eda exigirse al recurrente en casaci\u00f3n cuestionar unos argumentos que no existen, o que por vac\u00edos, ambiguos e inextricables, no pueden determinarse. <\/p>\n
En esos supuestos, basta al impugnante denunciar la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, ya sea por indebida aplicaci\u00f3n de las normas en que se finc\u00f3 el Tribunal para resolver, ora por falta de aplicaci\u00f3n de las llamadas a gobernar el caso concreto. <\/p>\n
Es que en los supuestos de que ahora se trata, la ausencia total de motivaci\u00f3n o la ininteligibilidad de la fundamentaci\u00f3n dada, lo que ocurre es que las decisiones adoptadas son fruto de la sinraz\u00f3n, estado de cosas que trasluce que el sentenciador de instancia resolvi\u00f3 a su arbitrio la controversia y, por ende, aplic\u00f3 o hizo actuar la ley sustancial de manera igualmente antojadiza y caprichosa. <\/p>\n
En los dem\u00e1s casos, esto es, cuando la sentencia ofrece unas razones que logran comprenderse, pero que no sustentan adecuadamente las decisiones adoptadas, por inapropiadas, incoherentes, insuficientes, contradictorias, entre muchas otras posibilidades, corresponder\u00e1 al recurrente establecer si el ataque debe formularse por la v\u00eda directa, seg\u00fan que la motivaci\u00f3n comporte un yerro estrictamente jur\u00eddico, ora indirecta, en los casos que comprometa la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, sea que se configure un error de hecho o uno de derecho (negrilla fuera de texto, rad. n.\u00b0 2006-00150-01). <\/p>\n
Cambio jurisprudencial que recibi\u00f3 apoyo, aunque con algunas disidencias, en los fallos SC4656 de 30 de noviembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2009-00186-01) y SC4857 de 7 de diciembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2006-00042-01). <\/p>\n
Trasluce que, no sin dubitaciones, la Corte recientemente abandon\u00f3 la consolidada jurisprudencia que comenz\u00f3 en 1988, con el fin de rehusar que la ausencia de motivaci\u00f3n o sus deficiencias notorias puedan dar lugar a la nulidad del fallo confutado. <\/p>\n
2.2.2. Frente al recurso de revisi\u00f3n, el primer veredicto publicado que da cuenta de la posibilidad de invalidar una sentencia definitiva por defectos superlativos de motivaci\u00f3n fue el de 29 de agosto de 2008, con soporte en la causal octava del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil12, a saber: <\/p>\n
[R]esulta indiscutible que la motivaci\u00f3n de las sentencias es inherente al debido proceso, lo cual a su vez explica la ineficacia de un fallo en que no se ha cumplido la perentoria obligaci\u00f3n de poner al descubierto las razones de la decisi\u00f3n, para permitir el examen p\u00fablico de ellas y el ejercicio de los controles que el ordenamiento tiene establecidos\u2026 <\/p>\n
Si esta exigencia no es atendida cabalmente, se resiente el derecho fundamental al debido proceso, pues, como es sabido y aceptado, la afirmaci\u00f3n de existencia de los hechos, con pretensiones de verdad, debe ajustarse a las pruebas legal y oportunamente producidas en el juicio\u2026 <\/p>\n
En sede del recurso de casaci\u00f3n, al amparo de la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se ha previsto como motivo de nulidad las carencias inadmisibles en la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales\u2026 <\/p>\n
S\u00edguese de todo ello, que no basta con la existencia objetiva de argumentos como apoyo de la sentencia, sino que el fallo debe estar soportado en consideraciones que superen el simple acto de voluntad del juez, pues el ideal de un sistema jur\u00eddico evolucionado hace de la sentencia el instrumento de la voluntad concreta de todo el ordenamiento jur\u00eddico, que en el fallo encuentra el momento de realizaci\u00f3n estelar, y no la expresi\u00f3n de aquel sentido de la sentencia que dar\u00eda cuenta apenas de la elecci\u00f3n personal del juez y de sus preferencias, hecha bajo el manto de unos motivos cuya presencia objetiva no impide el vac\u00edo argumentativo en atenci\u00f3n a lo intolerable de dicha forma de justificar (rad. n.\u00b0 2004-00729-01). <\/p>\n
Esta postura se reiter\u00f3 en las sentencias SC12377 de 12 de septiembre de 2014 (rad. n.\u00b0 2010-02249-00) y SC12948 de 15 de septiembre de 2016 (rad. n.\u00b0 2012-01064-00); aunque prontamente se moriger\u00f3, con el fin de excluir como motivo de revisi\u00f3n \u00abla indebida motivaci\u00f3n o las deficiencias que pudiera encontrarse en este aspecto en la sentencia recurrida extraordinariamente\u00bb (SC16843, 23 nov. 2016, rad. n.\u00b0 2012-00981-00). <\/p>\n
No obstante, al a\u00f1o siguiente la Sala recogi\u00f3 sus precedentes y excluy\u00f3, como soporte de la invalidez de la sentencia, las tem\u00e1ticas relativas a las falencias de motivaci\u00f3n: <\/p>\n
[L]a Sala, en decisiones mayoritarias aunque no un\u00e1nimes, viene haciendo cr\u00edtica de ella para no acoger como causal de nulidad originada en la sentencia la que tiene \u201cdeficiencias graves de motivaci\u00f3n\u201d que ser\u00edan objeto de otros recursos\u2026 <\/p>\n
[E]s el momento para dejar esclarecido que para el caso de la nulidad invocada no resulta procedente alegar como fuente la indebida motivaci\u00f3n o las deficiencias que pudiera encontrarse en este aspecto en la sentencia recurrida extraordinariamente, pues esta acusaci\u00f3n no solo es inexistente como causal de nulidad, sino que est\u00e1 prevista para otros recursos y no como causal de nulidad, por lo que resulta ajena al recurso de revisi\u00f3n (SC20187, 1\u00b0 doc. 2017, rad. n.\u00b0 2014-02139-00). <\/p>\n
Esta \u00faltima tesis fue desmentida por los veredictos SC3751 de 7 de septiembre de 2018 (rad. n.\u00b0 2016-03585-00) y SC5408 de 11 de diciembre de 2018 (rad. n.\u00b0 2014-00691-00); aunque despu\u00e9s se insisti\u00f3 en su valor jur\u00eddico en los prove\u00eddos SC674 de 3 de marzo de 2020 (radicaci\u00f3n n.\u00b0 2015-00713-00) y SC3892 de 19 de octubre de 2020 (rad. n.\u00b0 2017-03567-00), a la postre cuestionados por el fallo SC3368 de 21 de septiembre de 2020 (rad. n.\u00b0 2012-01051-00 y 2013-02188-00). <\/p>\n
La variabilidad jurisprudencial en esta materia llev\u00f3 a que, en los veredictos SC4339 de 5 de diciembre de 2019 (rad. n.\u00b0 2015-00081-00) y SC3362 de 14 de septiembre de 2020 (radicaci\u00f3n n.\u00b0 2019-00717-00), se reconociera la existencia de dos (2) tesis jur\u00eddicas, ninguna de las cuales puede privilegiarse. <\/p>\n
3. La doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia por deficiencias de motivaci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. La Corte Suprema de Justicia es \u00abel m\u00e1ximo tribunal de la jurisdicci\u00f3n ordinaria\u00bb (art\u00edculo 234 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica) y tiene la funci\u00f3n de \u00abactuar como tribunal de casaci\u00f3n\u00bb (art\u00edculo 235 idem); en ejercicio de este \u00faltimo rol ha cumplido el encargo de unificar la jurisprudencia nacional (arts. 365 del CPC y 333 del CGP) respecto de los c\u00e1nones legales relativos a las materias que est\u00e1n bajo su conocimiento. <\/p>\n
En cumplimiento de este deber, la Corte \u00abha prohijado y desarrollado una ardua y consistente tarea\u2026 de unificar la jurisprudencia -funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica-, con fundamento en la doctrina probable, prevista expresa y l\u00edmpidamente en un precepto con m\u00e1s de un siglo de vigencia, que inclusive en \u00e9poca no muy reciente, resisti\u00f3 los embates de inconstitucionalidad\u00bb (negrilla fuera de texto, SC10304, 5 ag. 2014, rad. n.\u00b0 2006-00936-01). <\/p>\n
Se entiende por doctrina probable la conjunci\u00f3n de \u00ab[t]res decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casaci\u00f3n sobre un mismo punto de derecho\u00bb, caso en el cual los dem\u00e1s jueces est\u00e1n obligados a aplicarla \u00aben casos an\u00e1logos, lo cual no obsta para que la Corte var\u00ede la doctrina en caso de que juzgue err\u00f3neas las decisiones anteriores\u00bb (art\u00edculo 4\u00b0 de la ley 169 de 1896). <\/p>\n
Labor de reconocido valor constitucional, como se asegur\u00f3 en la declaratoria de exequibilidad de la norma trascrita: <\/p>\n
La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene (1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al \u00f3rgano encargado de establecerla y de su funci\u00f3n como \u00f3rgano encargado de unificar la jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligaci\u00f3n de los jueces de materializar la igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3) del principio de la buena fe, entendida como confianza leg\u00edtima en la conducta de las autoridades del Estado; (4) del car\u00e1cter decantado de la interpretaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico que dicha autoridad ha construido, confront\u00e1ndola continuamente con la realidad social que pretende regular. <\/p>\n
Este \u00faltimo fundamento de autoridad de las decisiones de la Corte Suprema, muestra porqu\u00e9 la norma dispone que la doctrina probable est\u00e1 constituida por un n\u00famero plural de decisiones judiciales (tres decisiones uniformes sobre un mismo punto de derecho). Precisamente para permitir que la Corte Suprema, al confrontar reiteradamente la doctrina judicial con un conjunto m\u00e1s o menos amplio de situaciones sociales concretas, pueda formular adecuadamente el alcance de los principios que fundamentan su decisi\u00f3n. Aun as\u00ed, dada la complejidad de la realidad social, tres decisiones en un mismo sentido pueden no ser suficientes para dar certeza a los jueces respecto del alcance de los principios formulados, y de ah\u00ed que la doctrina dictada por la Corte como juez de casaci\u00f3n, sobre un mismo punto de derecho, se repute probable. Sin embargo, el car\u00e1cter probable de la doctrina no debe interpretarse como una facultad omn\u00edmoda para desconocer las interpretaciones del ordenamiento jur\u00eddico hechas por la Corte Suprema (negrilla fuera de texto, C836\/01). <\/p>\n
M\u00e1ximas como la igualdad, seguridad jur\u00eddica y buena fe13, imponen reconocer fuerza vinculante a la doctrina probable y, dadas las condiciones legales, al precedente. \u00abEsto por cuanto los administrados no pueden estar al vaiv\u00e9n de los cambios de postura de los juzgadores, pues hace inciertos sus derechos y los convoca a un estado permanente de incertidumbre, lo cual puede conducir a que casos similares se resuelvan de forma dis\u00edmil, situaci\u00f3n indeseable en un estado social de derecho, m\u00e1s trat\u00e1ndose del \u00f3rgano de cierre, pues sus posiciones irradian verticalmente a los dem\u00e1s administradores de justicia\u00bb (SC2930, 14 jul. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00542-01). <\/p>\n
3.2. El peso normativo reconocido a las decisiones judiciales, en el contexto de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, encuentra soporte en el art\u00edculo 230, seg\u00fan el cual la jurisprudencia es una fuente del derecho de la actividad judicial. <\/p>\n
La Corte Constitucional tiene dicho que: <\/p>\n
A diferencia de la forma en que se abordaba en el r\u00e9gimen jur\u00eddico de la Constituci\u00f3n de 1886, la doctrina probable en la Constituci\u00f3n de 1991 tiene el valor de fuente normativa de obligatorio cumplimiento, tal como claramente lo estableci\u00f3 la Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia\u2026 <\/p>\n
Para la Corte, el derecho a la igualdad ante la Ley e igualdad de trato por parte de las autoridades obliga especialmente a los jueces y supone que: \u2018Una decisi\u00f3n judicial que desconozca caprichosamente la jurisprudencia y trate de manera distinta casos previamente analizados por la jurisprudencia, so pretexto de la autonom\u00eda judicial, en realidad est\u00e1 desconoci\u00e9ndolos y omitiendo el cumplimiento de un deber constitucional\u2019… <\/p>\n
Como bien lo ha sostenido la Corte, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura -sala disciplinaria- y la Corte Constitucional, como \u00f3rganos de cierre de sus jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligaci\u00f3n de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto autoridades que son; (ii) de la potestad otorgada constitucionalmente a las altas corporaciones, como \u00f3rganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y el cometido de unificaci\u00f3n jurisprudencial en el \u00e1mbito correspondiente de actuaci\u00f3n; (iii) del principio de la buena fe, entendida como confianza leg\u00edtima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) de la necesidad de seguridad jur\u00eddica del ciudadano respecto de la protecci\u00f3n de sus derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resoluci\u00f3n de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como de la confianza leg\u00edtima en la autoridad judicial (CC, C-621\/15). <\/p>\n
Tal reconocimiento es natural en la modernidad, en tanto \u00ab[e]l fundamento del uso de los precedentes lo constituye el principio de universalidad, la exigencia que subyace a toda concepci\u00f3n de la justicia, en cuanto concepci\u00f3n formal, de tratar de igual manera a lo igual\u00bb14. <\/p>\n
De all\u00ed que se afirme que \u00ab[e]l uso del precedente se justifica, desde el punto de vista de la teor\u00eda del discurso, porque el campo de lo discursivamente posible no podr\u00eda llenarse con decisiones cambiantes e incompatibles entre s\u00ed; el uso del precedente significa aplicar una norma y, en este sentido, es una extensi\u00f3n del principio de universalidad\u00bb15. <\/p>\n
3.3. Decantada la obligatoriedad de la doctrina probable y los argumentos que le sirven de apoyadura, deviene irrefutable el deber que tienen todos los operadores judiciales de respetarla, sin perjuicio de los casos leg\u00edtimos en que resulte posible alejarse de ella; huelga decirlo, salvo que existan circunstancias f\u00e1cticas relevantes en el caso concreto o un cambio significativo de las condiciones sociales, los jueces deben respetar la doctrina probable, sin que una disputa de criterios pueda justificar su inobservancia; regla similar se aplica en materia de precedente. <\/p>\n
Y es que las discrepancias interpretativas, por razonables que aparezcan no justifican un apartamiento de la jurisprudencia decantada del \u00f3rgano de cierre, so pena de que reine la inseguridad jur\u00eddica y la desigualdad, por cuanto los asociados se ver\u00edan sometidos a respuestas diferentes frente a casos an\u00e1logos; por tanto, una vez la m\u00e1xima cabeza de la jurisdicci\u00f3n fija la hermen\u00e9utica de los c\u00e1nones legales, los dem\u00e1s integrantes de la jurisdicci\u00f3n deben sujeci\u00f3n, de suerte que los interesados puedan pronosticar la respuesta que los jueces brindar\u00e1n a sus controversias, lo que traduce seguridad y confianza. <\/p>\n
La Corte Constitucional no ha sido extra\u00f1a a este entendimiento: \u00abno solo reconoce la constitucionalidad de la doctrina probable de la Corte Suprema, sino que fortalece su rigurosidad, exigiendo que el apartamiento de la misma por parte de los jueces de instancia, no sea caprichoso, sino que requiere una justificaci\u00f3n de acuerdo con la seguridad jur\u00eddica, en concordancia con los principios de la buena fe y la igualdad frente a la ley\u00bb (C-621\/2015), de all\u00ed que \u00abpara justificar un cambio jurisprudencial no basta que el tribunal considere que la interpretaci\u00f3n actual es un poco mejor que la anterior, puesto que el precedente, por el solo hecho de serlo, goza ya de un plus, pues ha orientado el sistema jur\u00eddico de determinada manera. Por ello, para que un cambio jurisprudencial no sea arbitrario es necesario que el tribunal aporte razones que sean de un peso y una fuerza tales que, en el caso concreto, primen no s\u00f3lo sobre los criterios que sirvieron de base a la decisi\u00f3n en el pasado sino, adem\u00e1s, sobre las consideraciones de seguridad jur\u00eddica e igualdad que fundamentan el principio esencial del respeto del precedente en un Estado de derecho\u00bb (C-400\/98). <\/p>\n
Por la anterior raz\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Civil ha acudido insistentemente a la doctrina probable para resolver los problemas jur\u00eddicos sometidos a su decisi\u00f3n; as\u00ed, recientemente, este instituto sirvi\u00f3 para definir el alcance de preceptos legales como el 520 (SC2500, 23 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2013-00168-01) y 1080 del C\u00f3digo de Comercio (SC1947, 26 mayo. 2021, rad. n.\u00b0 2009-00171-01), 2\u00b0 de la ley 54 de 1990 (SC2502, 23 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2014-01811-01; SC006, 25 en. 2021, rad. n.\u00b0 2011-00475-01; SC003, 18 en. 2021, rad. n.\u00b0 2010-00682-01), 946 (SC2351, 23, ag. 2019, rad. n.\u00b0 2012-00139-01), 1766 (SC5191, 18 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2008-00001-01), 2060 (SC563, 1\u00b0 mar. 2021, rad. n.\u00b0 2012-00639-01) y 2531 del C\u00f3digo Civil (SC2415, 17 jun. 2021, rad. n.\u00b0 2014-00097-01), 29-2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (SC4257, 9 nov. 2020, rad. n.\u00b0 2010-00514-01), y 355-7 del C\u00f3digo General del Proceso (SC550, 26 feb. 2010, rad. n.\u00b0 2016-00894-00), entre muchos otros casos. <\/p>\n
3.4. Por fuerza de las razones antes expuestas deviene imperativo que, una vez establecida una doctrina probable por la Corporaci\u00f3n, deba ser considerada para el an\u00e1lisis de casos sucesivos, sin perjuicio de la facultad de disentir de forma razonada y motivada, como veh\u00edculo dinamizador del ordenamiento jur\u00eddico que, adem\u00e1s, se ajusta a las realidades sociales constantemente cambiantes. <\/p>\n
Esto es lo que sucede precisamente en materia de nulidad por falta o insuficiente motivaci\u00f3n, en tanto la Corte defini\u00f3 una nueva doctrina probable para la materia casacional, a la cual debo plegarme, en aras de respetar los valores \u00ednsitos en la doctrina del precedente, con independencia de que mis convicciones jur\u00eddicas sean diferentes. <\/p>\n
3.4.1. En el fallo 19 de octubre de 2020 se fij\u00f3 como norte que los motivos de nulidad que pueden alegarse al abrigo de la causal quinta de casaci\u00f3n no incluyen aspectos tocantes a la motivaci\u00f3n, tesis reiterada el 30 de noviembre y el 7 de diciembre del mismo a\u00f1o; por tanto, se consolid\u00f3 una nueva doctrina probable sobre la materia. <\/p>\n
Deviene que, a partir de este \u00faltimo veredicto, los defectos del talante denunciado deben enarbolarse con apoyo en las causales primera y segunda de casaci\u00f3n, siempre que se refieran a cuestiones de derecho sustancial. <\/p>\n
Precisamente, en la precursora de las sentencias invocadas se manifest\u00f3: <\/p>\n
En esos supuestos [la ausencia total de motivaci\u00f3n o la ininteligibilidad de la fundamentaci\u00f3n dada], basta al impugnante denunciar la infracci\u00f3n directa de la ley sustancial, ya sea por indebida aplicaci\u00f3n de las normas en que se finc\u00f3 el Tribunal para resolver, ora por falta de aplicaci\u00f3n de las llamadas a gobernar el caso concreto. <\/p>\n
Es que en los supuestos de que ahora se trata\u2026 lo que ocurre es que las decisiones adoptadas son fruto de la sinraz\u00f3n, estado de cosas que trasluce que el sentenciador de instancia resolvi\u00f3 a su arbitrio la controversia y, por ende, aplic\u00f3 o hizo actuar la ley sustancial de manera igualmente antojadiza y caprichosa. <\/p>\n
En los dem\u00e1s casos, esto es, cuando la sentencia ofrece unas razones que logran comprenderse, pero que no sustentan adecuadamente las decisiones adoptadas, por inapropiadas, incoherentes, insuficientes, contradictorias, entre muchas otras posibilidades, corresponder\u00e1 al recurrente establecer si el ataque debe formularse por la v\u00eda directa, seg\u00fan que la motivaci\u00f3n comporte un yerro estrictamente jur\u00eddico, ora indirecta, en los casos que comprometa la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica, sea que se configure un error de hecho o uno de derecho (SC3943, 19 oct. 2020, rad. n.\u00b0 2006-00150-01). <\/p>\n
Noci\u00f3n reiterada prontamente: \u00abEs obvio, entonces, que tanto la falta de fundamentaci\u00f3n, como la deficiente sustentaci\u00f3n de las sentencias, constituyen yerros de juzgamiento, cuyo an\u00e1lisis en casaci\u00f3n se presenta y as\u00ed resulta adecuado hacerlo, a la luz de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb (SC4656, 30 nov. 2020, rad. n.\u00b0 2009-00186-01). <\/p>\n
Y remarcada en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
Trasladado ese entendimiento de la cuesti\u00f3n al plano del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en el que, como se sabe, s\u00f3lo existen dos tipos de yerros, los de juzgamiento y los de actividad, correspondiendo los primeros al desacierto de los fundamentos jur\u00eddicos y\/o f\u00e1cticos que sirven de apoyatura a las decisiones adoptadas, que desembocan en la transgresi\u00f3n de la ley sustancial, y los segundos, a la indebida hechura del proceso, por infracci\u00f3n de las normas que lo regulan, es obvio, entonces, que tanto la falta de fundamentaci\u00f3n, como la deficiente sustentaci\u00f3n de las sentencias, son desatinos de la primera clase se\u00f1alada, cuyo an\u00e1lisis puede hacerse a la luz, antes, de la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, ahora, de las dos iniciales del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso (SC4857, 7 dic. 2020, rad. n.\u00b0 2006-00042-01). <\/p>\n
La regla precedente carece de aplicaci\u00f3n trat\u00e1ndose de problemas de motivaci\u00f3n -ausencia, desconexi\u00f3n o marcada insuficiencia- asociados a aspectos procesales, pues en estos casos resulta del todo inadmisible que deba acudirse a las causales primera o segunda de casaci\u00f3n, como una lectura literal de los veredictos transcritos pudiera dar a entender. <\/p>\n
Por tanto, para esta hip\u00f3tesis, la parte recurrente tendr\u00e1 que acudir a la causal de incongruencia, bajo el entendido de que no existi\u00f3 realmente una decisi\u00f3n sobre los temas procesales de los cuales se duele, por faltar uno de los componentes esenciales para que haya una determinaci\u00f3n judicial sobre los mismos, como es la motivaci\u00f3n. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, aunque el sentenciador de segundo grado adopte una decisi\u00f3n sobre una materia adjetiva, en raz\u00f3n de su invocaci\u00f3n en la alzada, en completo olvido de su justificaci\u00f3n, deber\u00e1 considerar que realmente no existi\u00f3 tal determinaci\u00f3n, por fuerza de la ausencia de uno de sus elementos esenciales, de all\u00ed que la cr\u00edtica en casaci\u00f3n deba encausarse por la senda del motivo tercero. <\/p>\n
3.4.2. Las conclusiones precedentes no pueden hacerse extensivas al recurso de revisi\u00f3n, pues la l\u00ednea jurisprudencia fijada por la Sala no ha sido modificada, aunque se haya propendido por hacerlo. <\/p>\n
Para dilucidar, conviene recordar la mencionada l\u00ednea: <\/p>\n
<\/p>\n
Los defectos graves en la motivaci\u00f3n de una sentencia judicial, \u00bfconstituyen motivo de nulidad susceptible de alegaci\u00f3n en revisi\u00f3n? <\/p>\n
Todas las deficiencias graves de motivaci\u00f3n <\/p>\n
S\u00f3lo la ausencia absoluta de motivaci\u00f3n <\/p>\n
Existen dos (2) posiciones, ninguna de las cuales prevalece <\/p>\n
No <\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
29 de agosto de 2008 <\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
12 de septiembre de 2014 <\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
15 de septiembre de 2016 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
7 de septiembre de 2018 <\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
11 de diciembre de 2018 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
21 de septiembre de 2020 (revisi\u00f3n) <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
5 de diciembre de 2019 <\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
14 de septiembre de 2020 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
1\u00b0 de diciembre de 2017 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
3 de marzo de 2020 <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
\u2666 <\/p>\n
19 de octubre de 2020 <\/p>\n
Descuella que, con los veredictos de 2008 (rad. n.\u00b0 2004-00729-01), 2014 (SC12377, rad. n.\u00b0 2010-02249-00) y 2016 (SC12948, rad. n.\u00b0 2012-01064-00), se fij\u00f3 una subregla que no ha logrado ser alterada, a pesar de la pretensi\u00f3n de hacerlo. <\/p>\n
De all\u00ed que en revisi\u00f3n se mantenga la tesis seg\u00fan la cual \u00abla falta de motivaci\u00f3n\u2026 es susceptible de an\u00e1lisis por este extraordinario medio de contradicci\u00f3n como se llam\u00f3 la atenci\u00f3n en CSJ SC5408-2018 al traer a colaci\u00f3n la tesis \u2018por virtud de la cual la Corte reconoci\u00f3 que la nulidad originada en la sentencia pod\u00eda obedecer a defectos graves de argumentaci\u00f3n, siendo ese un evento subsumible en la causal octava de revisi\u00f3n\u2019\u00bb (SC3368, 21 sep. 2020, rad. n.\u00b0 2012-01051-00 y 2013-02188-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Para recapitular, el compromiso que he profesado a la jurisprudencia, expresada en la doctrina probable, me impone emplear este medio para en materia de casaci\u00f3n, respecto a la procedencia de alegar como causal de nulidad la ausencia de motivaci\u00f3n u otros defectos remarcables de la misma, para unirme a la tesis vigente. <\/p>\n
Si bien he expuesto las razones por las que estimo que la nueva postura no es la que mejor consulta los elementos del acto jurisdiccional y los efectos de su desatenci\u00f3n, lo cierto es que una vez se profirieron tres (3) pronunciamientos en el mismo sentido se consolid\u00f3 una doctrina probable a la que procede subordinarse, hasta tanto sea modificada por la Corporaci\u00f3n o se presente alguno de los motivos leg\u00edtimos para separarse de la doctrina jurisprudencial. <\/p>\n
En algunos de mis disensos he sostenido que la \u00abobligatoriedad del precedente jurisprudencial no se sustenta \u00fanicamente en la posici\u00f3n jer\u00e1rquica ostentada por la autoridad judicial que lo establece, sino en valores constitucionales como la seguridad jur\u00eddica, la igualdad y la confianza leg\u00edtima de los usuarios\u00bb de la jurisdicci\u00f3n, donde es insuficiente que una nueva interpretaci\u00f3n sea mejor o m\u00e1s elaborada para que se imponga sobre la contenida en la jurisprudencia (salvamento de voto a la STC12660, 18 sep. 2019, rad. n.\u00ba 2019-01830). Lo anterior me lleva a dar cuenta de mi perspectiva sobre el asunto y, de ahora en adelante, aplicar el precedente consolidado de la Sala. <\/p>\n
Frente al recurso de revisi\u00f3n, como no ha operado una sustituci\u00f3n de la tesis fijada desde 2008, deber\u00e1 observarse con todo celo, en el sentido de admitir que constituye motivo de nulidad de la sentencia la ausencia de motivaci\u00f3n o los defectos may\u00fasculos en la misma. <\/p>\n
5. Caso concreto. En el cargo segundo del libelo casacional la recurrente adujo, entre otros reparos y seg\u00fan la providencia acogida mayoritariamente, que el juzgador ad-quem \u00abno resolvi\u00f3 el primer reparo objeto del recurso de apelaci\u00f3n (nulidad en la sentencia de primera instancia)\u00bb. <\/p>\n
Esto traduce, claramente, cuestionamiento a la sentencia de \u00faltima instancia por omitir pronunciarse acerca de un vicio procesal. <\/p>\n
Por ende, resulta totalmente desacertado aseverar que esa censura debi\u00f3 enarbolarse en sede de casaci\u00f3n a trav\u00e9s de las causales destinadas a evidenciar la vulneraci\u00f3n de la ley sustancial. <\/p>\n
Por supuesto que, contrariamente a lo all\u00ed considerado, no siempre resulta viable fustigar una sentencia carente de motivaci\u00f3n o con graves deficiencias en sus razonamientos invocando los motivos 1\u00b0 y 2\u00b0 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, de lo cual es muestra innegable el caso de autos, porque la demandada, como recurrente extraordinaria, se duele de que el tribunal no analiz\u00f3 el reparo que formul\u00f3 contra el fallo de primera instancia con el que puso de presente, seg\u00fan su dicho, vicios de procedimiento que daban lugar a retrotraer la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Afirmar que tal queja vulnera la ley sustancial y, por ende, debe izarse en sede de casaci\u00f3n a trav\u00e9s de las causales 1\u00aa y 2\u00aa del canon citado, seg\u00fan sea el caso, no es de recibo en raz\u00f3n a que traduce afirmar, en desmedro de la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, que todo vicio de nulidad alegado en la segunda instancia del juicio y no analizado por el juzgador ad-quem debe ser criticado en esta sede extraordinaria como un yerro de juzgamiento y no de procedimiento. Todo un contrasentido. <\/p>\n
En los anteriores t\u00e9rminos dejo sentada mi aclaraci\u00f3n de voto. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Conforme al par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 344, \u00ab[c]uando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Cfr. CSJ AC8716-2017, 18 dic., entre otros. <\/p>\n
3\u0002 Cfr. CSJ SC8702-2017, 20 jun., entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Cfr. CSJ SC, 9 ago. 2010, rad. 2004-00524-01, entre otras. <\/p>\n
5\u0002 Omar V\u00e1squez S\u00e1nchez, De lo que la teor\u00eda de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica puede hacer por la pr\u00e1ctica de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica. En Revista Telem\u00e1tica de Filosof\u00eda del Derecho, n.\u00b0 12, 2009, p. 106. <\/p>\n
6\u0002 Jos\u00e9 Ovalle Favela, Teor\u00eda General del Proceso, Oxford, M\u00e9xico, 2015, p. 325. <\/p>\n
7\u0002 Hernando Morales Molina, Curso de Derecho Procesal Civil, Editorial Bogot\u00e1, 1991, p. 515. <\/p>\n
8\u0002 Hernando Devis Echand\u00eda, Nociones Generales de Derecho Procesal Civil, p. 461. <\/p>\n
9\u0002 Piero Calamandrei, La Casaci\u00f3n Civil, Tomo I, Vol. 1, Editorial Bibliogr\u00e1fica Argentina, 1945, p. 40. <\/p>\n
10\u0002 Gast\u00f3n Fernando Valenzuela Pirotto, Enfoque actual de la motivaci\u00f3n de las sentencias. Su an\u00e1lisis como componente del debido proceso. En Rev. Derecho n.\u00b0 21, Montevideo jun. 2020 Epub 01-Jun-2020. <\/p>\n
11\u0002 Art\u00edculo 368. Causales. Son causales de casaci\u00f3n: (\u2026) 5.- Haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 152, siempre que no se hubiere saneado. <\/p>\n
12\u0002 Art\u00edculo 380. Causales. Son causales de revisi\u00f3n: (\u2026) 8. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso. <\/p>\n
13\u0002 Cfr. Robert Alexy, Teor\u00eda de la Argumentaci\u00f3n Jur\u00eddica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 264. <\/p>\n
14\u0002 Robert Alexy, Teor\u00eda de la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, p. 262. <\/p>\n
15\u0002 Rober Alexy, La argumentaci\u00f3n jur\u00eddica como discurso racional. En Manuel Atienza, Las razones del derecho. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 19991, p. 199. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC4031-2021 (2018-00519-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC4031-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25290-31-03-001-2018-00519-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., trece (13) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n que […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56890","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56890","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56890"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56890\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56890"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56890"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56890"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}