AC4078-2021 (2021-02857-00)<\/p>\n
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AC4078-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02857-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Villamar\u00eda y Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Esa dependencia judicial rehus\u00f3 el estudio de esa controversia y con base en el numeral 10 del art\u00edculo 28 y el 29 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como algunos pronunciamientos de esta Corporaci\u00f3n, remiti\u00f3 el expediente a la capital del pa\u00eds para que fuera repartido entre los estrados de esta circunscripci\u00f3n territorial, dada la naturaleza jur\u00eddica de la ejecutante y su domicilio (11 jun. 2021). <\/p>\n
3. A partir de una \u00abinterpretaci\u00f3n anal\u00f3gica del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 28 del CGP\u00bb, el estrado receptor tambi\u00e9n repeli\u00f3 el asunto, pues destac\u00f3 que el \u00ablugar de creaci\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo\u00bb y el sitio donde se \u00abubica el inmueble sobre el que recae la garant\u00eda real\u00bb coinciden con la sede que escogi\u00f3 la ejecutante. Por consiguiente, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente a esta Corporaci\u00f3n para que dirimiera la diferencia (29 jul. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le ata\u00f1e dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el canon 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Para distribuir los procesos entre las distintas autoridades judiciales asentadas en la geograf\u00eda nacional, el ordenamiento acude a los factores territorial, objetivo, subjetivo, funcional y de conexidad. Mediante el primero, indica cu\u00e1l es el juez que en raz\u00f3n de la circunscripci\u00f3n debe conocer del litigio, y para concretarlo establece los \u00abforos o fueros\u00bb, de modo que, por lo general, en los pleitos contenciosos acude al \u00abpersonal\u00bb que radica la competencia en el juez del lugar del domicilio del demandado, o en el de su residencia; adem\u00e1s, consagra otros especiales, como el denominado por la doctrina \u00abforum rei sitae\u00bb o \u00abreal\u00bb, referido al sitio donde ocurrieron los hechos o a la ubicaci\u00f3n de los bienes objeto de la lid. Igualmente, impone el fuero contractual, seg\u00fan el cual es llamado a conocer el asunto el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones emanadas de un negocio jur\u00eddico, entre otros. <\/p>\n
Varios de esos fueros pueden confluir en una misma causa, lo cual genera una pluralidad de jueces llamados a tramitarla, en cuyo caso la ley otorga al actor la facultad de escoger entre ellos, sin que tal voluntad pueda ser desconocida por el elegido, quien, en principio, queda llamado a zanjar la disputa. <\/p>\n
Es lo que acontece con los procesos ejecutivos, en los que el acreedor puede acudir ante el juez del domicilio del deudor, pues as\u00ed lo autoriza el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o ante el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, toda vez que el numeral 3\u00ba de ese mismo precepto prev\u00e9 que en \u00ablos procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb; mandato aplicable cuando se trata de t\u00edtulos valores debido a que estos son una especie de los t\u00edtulos ejecutivos. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando se pretenda la realizaci\u00f3n de conductas o prestaciones derivadas de un negocio jur\u00eddico, ser\u00e1n competentes, a prevenci\u00f3n, el juez del domicilio del demandado o el del lugar de su cumplimiento, pero en todo caso la escogencia y su raz\u00f3n de ser deben quedar claramente determinadas en el texto introductorio o aflorar de cualquier otro elemento de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, hay otros supuestos en que el legislador anula esa discrecionalidad y privativamente determina la potestad, indicando, de forma precisa y categ\u00f3rica, el funcionario que con exclusi\u00f3n de cualquier otro est\u00e1 llamado a encarar el debate. Al respecto, en la providencia AC4079-2019, la Corte reiter\u00f3 lo dicho en AC3744-2018, al se\u00f1alar que: <\/p>\n
(\u2026) el concepto \u00abprivativo\u00bb que constituye el com\u00fan denominador de las precitadas disposiciones implica que a los juzgadores con autoridad en el territorio donde se cumple alguna de las condiciones se\u00f1aladas en ellas, es decir, del sitio donde se localizan los inmuebles sobre los que se quiere constituir ese gravamen o del que es vecino el organismo estatal, concierne conocer, tramitar y resolver de manera exclusiva los litigios cuyas pretensiones tienen esa finalidad o han sido formuladas a favor o en contra de una entidad de esa \u00edndole (\u2026). <\/p>\n
As\u00ed sucede, entre otros casos, cuando se pretende hacer valer una garant\u00eda real, como la hipoteca, dado que el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 adjetivo fija una \u00abcompetencia privativa\u00bb con base en la cual asigna en forma exclusiva, \u00fanica y excluyente al juzgador del lugar donde est\u00e9 el bien involucrado en la litis el deber de conocer el pleito, al pregonar que \u00ab[e]n los procesos en que se ejerciten derechos reales\u00bb, ser\u00e1 competente, \u00abde modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb, siendo ese un claro ejemplo de fuero real exclusivo. <\/p>\n
No obstante, el numeral 10\u00ba \u00eddem previene que \u00ab[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad\u00bb, de donde emerge otro fuero privativo de car\u00e1cter general que se funda en la calidad del sujeto para asignar competencia al juez de su domicilio. <\/p>\n
Como en muchas ocasiones la demandante es una entidad que responde al memorado criterio subjetivo y es vecina de un sitio distinto de aquel donde se encuentra el inmueble objeto de la garant\u00eda real que se hace valer, en la pr\u00e1ctica surge un enfrentamiento entre los par\u00e1metros atributivos en comento. <\/p>\n
Ese dilema, desde mi perspectiva, debe solucionarse con preferencia por la ubicaci\u00f3n del bien dado en garant\u00eda al acreedor y no a partir del domicilio de la entidad p\u00fablica involucrada. Esto, porque estimo que la pauta condensada en el art\u00edculo 29 de la misma codificaci\u00f3n, seg\u00fan la cual \u00abes prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, impera en los casos que involucran el factor subjetivo, mas no los fueros del factor territorial, como aqu\u00ed acontece. Por consiguiente, no existe disposici\u00f3n expresa que sirva para dilucidar la antinomia y ello obliga acudir a los principios constitucionales como par\u00e1metro de definici\u00f3n para hallar la soluci\u00f3n m\u00e1s ajustada a la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, no se puede desconocer que la Sala abord\u00f3 la situaci\u00f3n descrita y la resolvi\u00f3 con el voto de la mayor\u00eda en el prove\u00eddo AC140-2020, cuya finalidad consisti\u00f3 en servir de \u00abgu\u00eda fiable tanto para la Corte como para los jueces y las partes de los procesos, en aras de respetar y garantizar la igualdad de trato de los justiciables ante la ley\u00bb, es decir, busc\u00f3 superar la divergencia que se presentaba entre sus diferentes estrados al dirimir las colisiones originadas en asuntos en que interven\u00edan entidades p\u00fablicas. <\/p>\n
En efecto, en esa ocasi\u00f3n se concluy\u00f3 que el enfrentamiento entre los numerales 7\u00b0 y 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso debe dilucidarse atendiendo la prelaci\u00f3n que el art\u00edculo 29 del mismo ordenamiento reconoce por la \u00abcalidad de las partes\u00bb y aunque el suscrito salv\u00f3 voto con cimiento en las razones all\u00e1 expuestas y compendiadas arriba, en esta oportunidad se torna indispensable aplicar el criterio prevaleciente de la Sala como fiel reflejo del ejercicio democr\u00e1tico, m\u00e1s a\u00fan, para salvaguardar la igualdad y la seguridad jur\u00eddica de los usuarios del sistema de justicia. <\/p>\n
En definitiva, con todo y los reparos que he esgrimido frente a la tesis mayoritaria, las circunstancias tornan vinculante lo expuesto en AC140-2020, consistente en que \u00abla colisi\u00f3n presentada entre los dos fueros privativos de competencia consagrados en los numerales 7\u00b0 (real) y 10\u00b0 (subjetivo) del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, debe solucionarse a partir de la regla establecida en el canon 29 ib\u00eddem, raz\u00f3n por la que prima el \u00faltimo de los citados\u00bb. <\/p>\n
Cabe a\u00f1adir que en esa oportunidad tambi\u00e9n se dej\u00f3 claro que el hecho de que el organismo de derecho p\u00fablico radique el libelo con estribo en la regla s\u00e9ptima aludida no implica renuncia al fuero prevalente del numeral d\u00e9cimo porque, entre otros motivos, queda descartada la perpetuatio jurisdictionis, pues seg\u00fan se indic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) esa forma de disciplinar la competencia para los factores funcional y subjetivo, trae consigo otra cuesti\u00f3n sumamente importante, cu\u00e1l es la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad p\u00fablica radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, como quiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio, de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aunque esa soluci\u00f3n se dio en un certamen de imposici\u00f3n de servidumbre, la regla de juicio que all\u00ed se emple\u00f3, esto es, la competencia prevalente del \u00abfactor subjetivo\u00bb en atenci\u00f3n a la calidad de los extremos (art. 29, inc. primero, CGP), resulta aplicable a cualquier otro pleito en que sea parte una entidad de aquellas a que se refiere el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem. <\/p>\n
3. Con ese panorama, se observa que el Juzgado de Bogot\u00e1 err\u00f3 al rehusar el conocimiento del caso, comoquiera que no tuvo en cuenta la doctrina que la Sala consolid\u00f3 en el auto AC140-2020, la que puesta en el contexto de este asunto respalda la posici\u00f3n del estrado de Villamar\u00eda, toda vez que la promotora es una entidad p\u00fablica; de ah\u00ed que resulte aplicable el fuero personal del numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, que en los t\u00e9rminos de dicho precedente contempla un evento constitutivo del factor subjetivo, el cual tiene prelaci\u00f3n (art. 29), torna improrrogable la competencia e impide que los contendores procesales y el juez puedan disponer por tratarse de un tema de orden p\u00fablico. <\/p>\n
As\u00ed son las cosas, en raz\u00f3n a que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de car\u00e1cter financiero, de orden nacional, con domicilio principal en Bogot\u00e1, con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (Cfr. art. 1\u00b0 Ley 432 de 1998). <\/p>\n
Lo anterior sumado a que la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico est\u00e1 integrada en el sector descentralizado por servicios, entre otras, por \u00ab[l]as empresas industriales y comerciales del Estado\u00bb (cfr. art. 38 Ley 489 de 1998); luego, es evidente que la gestora es una de las personas jur\u00eddicas a que alude el numeral 10\u00ba del canon 28 referido, el que resulta entonces aplicable. <\/p>\n
Adicionalmente, al ser el domicilio principal de la accionante la ciudad de Bogot\u00e1, como lo establece el inciso segundo del art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 432 de 1998 y lo ratifican los anexos de la demanda, es esa urbe y no otra el lugar donde debe ser adelantado este ritual, comoquiera que no se evidencia que se trate de un asunto vinculado a una sucursal o agencia de esa entidad, pues aunque el Fondo Nacional del Ahorro afirm\u00f3 en su libelo que el cumplimiento de las obligaciones deb\u00eda materializarse en el municipio de Villamar\u00eda (Caldas), tal aserto difiere del clausulado del t\u00edtulo valor objeto de recaudo e incluso se contrapone al contenido de la escritura p\u00fablica n\u00b0 6524 otorgada el 4 de agosto de 2015 ante la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Manizales, en cuya disposici\u00f3n sexta de la secci\u00f3n segunda, en lo relevante se\u00f1ala \u00abcomo lugar para el cumplimiento de las obligaciones emanadas de [ese] contrato (\u2026) la ciudad de Bogot\u00e1, D.C.\u00bb. <\/p>\n
4. Por tanto, se ordenar\u00e1 remitir la actuaci\u00f3n a la dependencia que gener\u00f3 el conflicto para que la asuma y se comunicar\u00e1 lo definido a la otra sede inmersa en esta controversia. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, el suscrito Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Cuarenta y Uno Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la ejecuci\u00f3n instaurada por el Fondo Nacional del Ahorro contra Yuly Alejandra Duque Giraldo. <\/p>\n
Segundo: Remitir el expediente al citado despacho para que proceda de conformidad y comunicar lo decidido a la otra dependencia inmersa en la colisi\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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