AC4097-2021 (2021-01267-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4097-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01267-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el cambio de radicaci\u00f3n pretendido por Gloria Yulieth Cardona Tirado, quien afirma representar legalmente a Inversiones Y&R S.A.S., respecto del proceso de formalizaci\u00f3n y restituci\u00f3n de tierras, impulsado por Sonia Judith Fabra de Cogollo, bajo el radicado 23001312100120190004400. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.1. Seg\u00fan la interesada, el asunto referido est\u00e1 siendo tramitado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda, quien no tuvo en cuenta la oposici\u00f3n formulada por Inversiones Y&R S.A.S. en dichas diligencias. <\/p>\n
Sostiene que, si bien tal intervenci\u00f3n fue extempor\u00e1nea, no le fue reconocida personer\u00eda jur\u00eddica a la abogada de la citada compa\u00f1\u00eda y tampoco han sido atendidas las distintas solicitudes formuladas desde hace m\u00e1s de catorce (14) meses, entre ellas, una certificaci\u00f3n de la existencia del litigio. <\/p>\n
Agrega que la all\u00ed demandante ha presentado la solicitud de restituci\u00f3n en pasadas oportunidades, siendo la actual \u201ccalcada\u201d de aqu\u00e9llas; no obstante, acota, el juez del asunto se est\u00e1 \u201c(\u2026) gui[ando] bajo los mismos esquemas perdiendo la objetividad y desdibujando la independencia que caracteriza cada litigio, sin que por el hecho de que existan similitudes, partes y formas el proceso pierda su identidad e independencia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Tras cuestionar in extenso el contenido de la demanda en el juicio rese\u00f1ado, las pruebas allegadas y la tardanza del fallador en decidir las reclamaciones de la sociedad agenciada, arguye la buena fe exenta de culpa de dicha compa\u00f1\u00eda, junto con su posible derecho a la compensaci\u00f3n y asevera que el juez cognoscente desconocer\u00e1 el principio de \u201ccongruencia\u201d en la sentencia, al estar a favor de Sonia Judith Fabra de Cogollo. <\/p>\n
1.2. Pide, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo General del Proceso, se ordene el cambio de radicaci\u00f3n del expediente y la remisi\u00f3n del mismo a Bogot\u00e1, al presentarse, ante el despacho actual, \u201c(\u2026) falta de parcialidad, (\u2026) celeridad, (\u2026) interpretaci\u00f3n o inclinaci\u00f3n manifiesta para favorecer a la solicitante (\u2026) no resoluci\u00f3n de peticiones (\u2026), [ausencia de] escucha y reconoc[imieto de la] apoderada de la sociedad Inversiones Y&R S.A.S. (\u2026) [y de sus] rogativas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2.1. El C\u00f3digo General del Proceso atribuye a esta Sala de la Corte el conocimiento \u201c(\u2026) de las peticiones de cambio de radicaci\u00f3n de un proceso o actuaci\u00f3n de car\u00e1cter civil, comercial, agrario o de familia, que implique su remisi\u00f3n de un distrito judicial a otro (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2.2. En t\u00e9rminos del numeral octavo del art\u00edculo 30 ib\u00eddem, un traslado de esa \u00edndole podr\u00e1 disponerse, solo por excepci\u00f3n, \u201c(\u2026) cuando en el lugar en donde se est\u00e9 adelantando existan circunstancias que puedan afectar el orden p\u00fablico, la imparcialidad o la independencia de la administraci\u00f3n de justicia, las garant\u00edas procesales o la seguridad o integridad de los intervinientes (\u2026)\u201d. <\/p>\n
a) Como se sabe, la divisi\u00f3n de las tareas que competen al Estado, con rasgo de evidente independencia en el cumplimiento del deber que corresponde a cada rama u \u00f3rgano, no es una creaci\u00f3n o invento contempor\u00e1neo; se trata, sin duda, de un esquema inveterado del manejo de la cosa p\u00fablica, y que hoy subsiste, aunque con la atenuaci\u00f3n prevista por el r\u00e9gimen constitucional patrio. <\/p>\n
De ese modo, la actividad que normativamente le compete a la rama judicial ha de cumplirse con estricta sujeci\u00f3n a tales postulados, como inequ\u00edvocamente se desprende no s\u00f3lo del art\u00edculo 113 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual, para la realizaci\u00f3n de sus fines \u00ablos diferentes \u00f3rganos del Estado tienen funciones separadas\u00bb, sino del art\u00edculo 228 ib\u00eddem, en cuanto establece que las decisiones de la administraci\u00f3n de justicia \u00abson independientes\u00bb y \u00absu funcionamiento ser\u00e1 desconcentrado y aut\u00f3nomo\u00bb. De all\u00ed que la jurisprudencia tenga dicho que la administraci\u00f3n de justicia se cumple mediante la forzosa aplicaci\u00f3n de los principios fundamentales de independencia, imparcialidad y autonom\u00eda. <\/p>\n
El primero implica que los jueces han de ejercer sus atribuciones con apego al sistema positivo, que se erige cual la garant\u00eda de que las contiendas ser\u00e1n decididas con exclusiva sujeci\u00f3n al ordenamiento, de tal manera que la definici\u00f3n emane como fruto insoslayable de la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n imparcial, razonada y objetiva de los tratados internacionales, de la Constituci\u00f3n y de la ley, seg\u00fan el caso, y no del capricho, de la arbitrariedad o de influencia alguna. As\u00ed, <\/p>\n
\u201c(\u2026) cada juez (\u2026) tiene la atribuci\u00f3n de resolver el asunto sometido a su jurisdicci\u00f3n con absoluta autonom\u00eda (\u2026), lo cual no quiere decir de manera caprichosa y arbitraria, sino con sujeci\u00f3n a una correcta interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la Constituci\u00f3n y la Ley, apreciando las pruebas de acuerdo con los principios de la sana cr\u00edtica, dando un trato igualitario a las partes e intervinientes; en s\u00edntesis, con objetividad, honestidad y racionalidad. (\u2026) [I]mplica que (\u2026) ning\u00fan otro funcionario estatal puede incidir o determinarlo a resolver el asunto de su competencia con un criterio diferente al que tiene al respecto, y as\u00ed mismo entra\u00f1a para el juez el deber de mantenerse ajeno e inmune a cualquier influencia o factor de presi\u00f3n que provenga de esferas particulares, como, por ejemplo, de los medios de comunicaci\u00f3n masiva, los partidos pol\u00edticos, las coyunturas sociales, los reclamos populares, etc. (independencia externa). <\/p>\n
\u201cA\u00fan dentro de la misma organizaci\u00f3n judicial, pese a su estructura piramidal, el juez mantiene su autonom\u00eda e independencia de criterio, ya que esa conformaci\u00f3n escalonada tiene como finalidad hacer efectivo, por medio del ejercicio de los recursos, el control de las decisiones de los jueces inferiores como garant\u00eda para las partes y la sociedad de evitar posibles errores judiciales, m\u00e1s en manera alguna ello significa que los jueces de instancia superior puedan influir de alg\u00fan modo en la libertad de criterio de los de menor jerarqu\u00eda (independencia interna)\u201d1. <\/p>\n
La imparcialidad hace referencia a la ausencia total por parte del juez de inter\u00e9s en su propia decisi\u00f3n, distinto del de la recta aplicaci\u00f3n de la justicia. A \u00e9ste le est\u00e1 prohibido conocer y resolver asuntos en que sus intereses personales se hallen en conflicto con su obligaci\u00f3n de aplicar rigurosamente el derecho. No se puede ser juez y parte a un mismo tiempo. En esto estriba la raz\u00f3n de ser de las causales de impedimento y de recusaci\u00f3n. Constituye la imparcialidad <\/p>\n
\u201c(\u2026) uno de los principios sobre los cuales se fundamenta la funci\u00f3n judicial, seg\u00fan referencia que es pertinente realizar en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 209 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el art\u00edculo 228 ib\u00eddem que define la administraci\u00f3n de justicia como una funci\u00f3n p\u00fablica. (\u2026) [E]ncuentra consagraci\u00f3n positiva (\u2026) adem\u00e1s, en el plano internacional en el que los art\u00edculos 8.1 de la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica de 1969) y el art\u00edculo 14-1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos, prescriben que toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s un deber de todos los empleados y funcionarios judiciales, quienes deben desempe\u00f1ar su cargo \u2018con honorabilidad, solicitud, celeridad, eficiencia, moralidad, lealtad e imparcialidad\u2019, seg\u00fan lo ordena el num. 2\u00b0 del art\u00edculo 153 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia. (\u2026) [C]omo garant\u00eda judicial del derecho a la igualdad ante la ley (art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Nacional), implica que los funcionarios judiciales no deben tener ning\u00fan tipo de inter\u00e9s en el resultado de un asunto sometido a su consideraci\u00f3n, y que la decisi\u00f3n que deba adoptarse no se vea influenciada por la opini\u00f3n que el juzgador tenga respecto de alguna de las partes\u201d 2. <\/p>\n
La autonom\u00eda es un principio inescindible y complementario a fin de que los ciudadanos tengan acceso a la justicia en condiciones de transparencia. <\/p>\n
b) Las garant\u00edas procesales constituyen el conjunto de derechos que las normas positivas le conceden a las partes con miras a poner a buen resguardo el principio de igualdad material de todos los sujetos procesales, como expresi\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. Sobre ello, se advierte: <\/p>\n
\u201cNadie discute que el debido proceso es un derecho, que le confiere a toda persona un conjunto de prerrogativas y salvaguardias que dinamizan y protegen su intervenci\u00f3n en cualquier actuaci\u00f3n judicial (\u2026) que adelante el Estado, las cuales, al propio tiempo que posibilitan una participaci\u00f3n activa del individuo en el juicio respectivo, delimitan el ejercicio de la funci\u00f3n p\u00fablica y, en cuanto sean respetados, legitiman el uso del poder. En trat\u00e1ndose de procesos judiciales, el derecho en cuesti\u00f3n, de suyo fundamental, se erige en una arquet\u00edpica garant\u00eda que impide el desbordamiento de la funci\u00f3n jurisdiccional, la cual, por ello mismo, se encuentra reglada, de suerte que los jueces tienen el compromiso constitucional y legal de ajustar su proceder a un conjunto de normas que determinan la forma como debe adelantarse la actuaci\u00f3n y que hacen efectivos los derechos que integran el debido proceso, como el de ser juzgado con estricta sujeci\u00f3n a las formas propias de cada juicio y por el juez natural del caso; los de defensa y contradicci\u00f3n; el de impugnar las providencias del juez; el de publicidad de la actuaci\u00f3n; el de presentar pruebas y el de controvertir las que se aduzcan en su contra; el de asistencia legal efectiva, entre otros tantos que, por su contenido tuitivo, hacen que la persona no pueda ser considerada objeto del proceso judicial, sino sujeto activo del mismo\u201d3. <\/p>\n
2.3. La ahora solicitante, sin acreditar su inter\u00e9s para elevar la petici\u00f3n materia de este pronunciamiento, pues no alleg\u00f3 el respectivo certificado de existencia y representaci\u00f3n legal que la habilite para actuar en nombre de la opositora Inversiones Y&R S.A.S., sostiene que, en su criterio, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda no ofrece las garant\u00edas de imparcialidad y sujeci\u00f3n al debido proceso dentro del asunto de restituci\u00f3n de tierras impulsado por Sonia Judith Fabra de Cogollo, pues, asegura, no le ha reconocido personer\u00eda jur\u00eddica a la abogada de dicha compa\u00f1\u00eda y se ha mantenido silente frente a las distintas intervenciones de \u00e9sta. <\/p>\n
2.4. As\u00ed las cosas, es evidente el fracaso de lo peticionado, toda vez que Gloria Yulieth Cardona Tirado, aqu\u00ed solicitante, carece de legitimaci\u00f3n para representar a Inversiones Y&R S.A.S., por cuanto en el plenario ninguna prueba obra de su calidad de directora de tal compa\u00f1\u00eda, si\u00e9ndole ajeno, en consecuencia, el supuesto menoscabo de las prerrogativas de \u00e9sta, ante la supuesta ausencia de imparcialidad e independencia endilgada al funcionario a cargo del juicio rese\u00f1ado. <\/p>\n
2.5. Y, a\u00fan pas\u00e1ndose por alto lo antes advertido, el pedimento carece de vocaci\u00f3n de prosperidad porque el cartulario no suministra el menor indicio que pudiera llevar a concluir la ausencia de independencia, autonom\u00eda e imparcialidad en el citado juzgador, a la hora de zanjar el asunto de restituci\u00f3n de tierras a su cargo. <\/p>\n
Se destaca, la supuesta tardanza en definir los pedimentos de Inversiones Y&R S.A.S. u omitir el reconocimiento de la personer\u00eda jur\u00eddica de su abogada, ninguna prueba suministra en torno a las acusaciones erigidas respecto del juez del asunto. <\/p>\n
2.6. Ante esa orfandad probatoria, no hay forma de establecer, ni siquiera por v\u00eda de probabilidad, que el fallador cuestionado actuar\u00e1, en el caso, por fuera de los cauces de la imparcialidad y de la independencia con las cuales han de administrar justicia y que, por ello o por cualquiera otra raz\u00f3n, neutralizara las garant\u00edas procesales de la referida sociedad, de tal modo que se genere la vulneraci\u00f3n de su derecho a la imparcialidad, en desmedro de las garant\u00edas al debido proceso y a la leg\u00edtima defensa. <\/p>\n
El legislador, como no pod\u00eda ser de otro modo, impuso a los interesados la carga de probar los supuestos de hecho, deber ineludible al preverse una definici\u00f3n de plano frente al pedimento \u201c(\u2026) de cambio de radicaci\u00f3n[, al cual] se adjuntar\u00e1n las pruebas que se pretenda hacer valer (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
En consecuencia, no se evidencia raz\u00f3n objetiva que autorice sustraer de sus atribuciones al juzgador implicado, al no haberse aportado prueba de la legitimaci\u00f3n de la reclamante, as\u00ed como de los motivos legales para pensar en el cambio deprecado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Negar el cambio de radicaci\u00f3n pretendido. <\/p>\n
Segundo: Advertir que contra esta resoluci\u00f3n no proceden recursos. <\/p>\n
Tercero: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restituci\u00f3n de Tierras de Monter\u00eda. Of\u00edciese. <\/p>\n
Cuarto: Archivar la actuaci\u00f3n, una vez en firme esta providencia y cumplido lo anterior. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CJS SP. Sentencia de 4 de febrero de 2009, Radicaci\u00f3n #29415. <\/p>\n
2\u0002 CSJ SC. Auto AC de 17 de junio de 2013, Radicaci\u00f3n #2013-00311-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. SC. Sentencia #012 de 10 de febrero de 2006, Radicaci\u00f3n #1997-02717-01. <\/p>\n
4\u0002 Art\u00edculo 30, numeral octavo, inciso segundo, del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC4097-2021 (2021-01267-00) AC4097-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-01267-00 Bogot\u00e1 D. C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Se decide el cambio de radicaci\u00f3n pretendido por Gloria Yulieth Cardona Tirado, quien afirma representar legalmente a Inversiones Y&R S.A.S., respecto del proceso de formalizaci\u00f3n y restituci\u00f3n de tierras, impulsado […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56913","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56913","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56913"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56913\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56913"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56913"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56913"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}