AC4109-2021 (2021-02810-00)<\/p>\n
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AC4109-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02810-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 y Promiscuo Municipal de Pupiales (Nari\u00f1o), para conocer del proceso monitorio promovida por Marisol Morales R\u00edos contra \u00c1lvaro Mart\u00edn, Pedro Antonio, Santiago Segundo, Aura Mercedes, Rosa Elisa, Julio Emiro, Francisco Audelo, Diego Alonso y Jorge Eli\u00e9cer Burbano Herrera. <\/p>\n
1. Ante el primero de los despachos judiciales en menci\u00f3n la promotora pidi\u00f3 librar mandamiento de pago y se les condene a los convocados pagar la suma de $26.441.994 en raz\u00f3n del contrato de mutuo verbal pactado por las partes el 18 de abril de 2019, m\u00e1s los intereses de mora respectivos. <\/p>\n
En el libelo la convocante invoc\u00f3 que ese juzgado es el competente por \u00abel lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n (Bogot\u00e1)\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Ese estrado la rechaz\u00f3 por falta de competencia territorial, en raz\u00f3n a que la demandante indic\u00f3 en el escrito introductorio que el domicilio de los convocados es el municipio de Pupiales (Nari\u00f1o), por lo que remiti\u00f3 el escrito introductorio a su hom\u00f3logo de tal localidad conforme con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
3. El juzgado receptor del expediente declin\u00f3 su conocimiento y plante\u00f3 la colisi\u00f3n negativa de esta especie, tras considerar que la promotora en la demanda manifest\u00f3 que la vecindad de las partes es Cumbal (Nari\u00f1o) y Cali, adem\u00e1s determin\u00f3 la competencia por el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n en Bogot\u00e1 e indic\u00f3 en el ac\u00e1pite de notificaciones del libelo que el lugar para enterar a \u00c1lvaro Mart\u00edn Burbano Herrera es la localidad de Pupiales (Nari\u00f1o). <\/p>\n
Por ende, hay concurrencia de fueros: el domicilio de los demandados y el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos de los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del precepto 28 de la misma obra; sin embargo, la promotora eligi\u00f3 presentar el escrito genitor en la ciudad de Bogot\u00e1, por corresponder, al lugar donde la deuda ser\u00eda pagada. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el despacho judicial de origen confundi\u00f3 el domicilio de los demandados con la direcci\u00f3n f\u00edsica de uno de ellos para su notificaci\u00f3n en la urbe de Pupiales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Habida cuenta que la presente colisi\u00f3n de atribuciones de la misma especialidad jurisdiccional enfrenta juzgados de diferentes distritos judiciales, incumbe a esta Sala de Casaci\u00f3n desatarla como superior funcional com\u00fan de ambos, de acuerdo con los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la ley 270 de 1996 modificado por el 7\u00ba de la ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Antes de resolver el conflicto de competencias de la radicaci\u00f3n, por tener impacto en la decisi\u00f3n que se tomar\u00e1, es oportuno recordar que el objetivo primordial del proceso monitorio o de inyunci\u00f3n, como tambi\u00e9n se le conoce1, es que el acreedor obtenga el t\u00edtulo ejecutivo del que carece. <\/p>\n
Se trata, precisamente, de uno de los mecanismos para satisfacer el derecho de cr\u00e9dito, con miras a activar la responsabilidad del deudor incumplido, porque solamente al acreedor que tiene en su poder uno o varios documentos que provienen del deudor o hacen plena prueba en su contra y, adem\u00e1s, acreditan una obligaci\u00f3n expresa, clara y exigible, le es posible \u00abexigir coercitivamente la prestaci\u00f3n espec\u00edfica determinada en el t\u00edtulo y, en subsidio, trocado el bien o el servicio en dinero, realizar la expropiaci\u00f3n forzosa de los bienes del deudor por causa de utilidad privada, hasta concurrencia de su equivalente pecuniario de la prestaci\u00f3n y de los perjuicios del incumplimiento, mediante proceso ejecutivo\u00bb2, prerrogativas estas consagradas en el derecho sustancial, espec\u00edficamente en los mandatos 2488 y 2492 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Explicado de otra forma, sin t\u00edtulo no hay ejecuci\u00f3n porque la ley (hoy la regla 422 del C\u00f3digo General del Proceso, antes la 488 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil) exige para promover ese juicio compulsivo, que el acreedor satisfaga, primero, ese espec\u00edfico est\u00e1ndar de prueba. <\/p>\n
El proceso monitorio no hac\u00eda parte de los reglamentados por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que, en vigencia de ese estatuto, el acreedor hu\u00e9rfano de t\u00edtulo ejecutivo solo ten\u00eda dos opciones para obtenerlo: la primera consist\u00eda en promover proceso declarativo para que, al final, la sentencia fuera el documento base de la ejecuci\u00f3n posterior, siempre que en ella se condenara al cumplimiento de una prestaci\u00f3n; la segunda radicaba en suscitar que el obligado reconociera la existencia y contenido de la prestaci\u00f3n omitida, mediante la convocatoria a audiencia de conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho (art\u00edculo 27 de la ley 640 de 2001), o la citaci\u00f3n a interrogatorio de parte anticipado (mandato 294 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), hoy denominado por la legislaci\u00f3n vigente, extraprocesal (precepto 184 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Aunque el juicio monitorio data del siglo XIII3, solo fue incorporado en Colombia con la expedici\u00f3n de la ley 1564 de 2012, y se consagr\u00f3 como un mecanismo que, en adici\u00f3n a los mentados en el p\u00e1rrafo anterior, permite al titular del derecho de cr\u00e9dito proveerse de un t\u00edtulo ejecutivo, y, as\u00ed, satisfacer su derecho sustancial de activar la responsabilidad del deudor renuente. <\/p>\n
En nuestro pa\u00eds se introdujo el tr\u00e1mite inyuntivo puro (en oposici\u00f3n al documental), modalidad en la que basta la afirmaci\u00f3n del promotor sobre la existencia, contenido, e incumplimiento de la prestaci\u00f3n, para que pueda iniciar el tr\u00e1mite4. Tambi\u00e9n se opt\u00f3 por la tipolog\u00eda limitada que (a diferencia de la ilimitada) solamente se admite para las obligaciones dinerarias, contractuales, exigibles y que no est\u00e9n sometidas al cumplimiento de una prestaci\u00f3n a cargo del accionante (reglas 419 y 420, numeral 5, ejusdem)5. <\/p>\n
La demanda debe cumplir los requisitos previstos en el precepto 420 de la obra citada, destacando que para su elaboraci\u00f3n puede emplearse los formatos que, con autorizaci\u00f3n legal, ha preparado el Consejo Superior de la Judicatura y se encuentran disponibles en su p\u00e1gina web6. <\/p>\n
Como la caracter\u00edstica esencial del proceso monitorio radica en invertir el contradictorio, si el libelo cumple las exigencias previstas en la disposici\u00f3n nombrada, el funcionario judicial proferir\u00e1 auto que no es susceptible de impugnaci\u00f3n, mediante el cual ordenar\u00e1 al deudor ejecutar la prestaci\u00f3n insatisfecha o explicar \u00ablas razones por las que considera no deber en todo o en parte\u00bb, y si no lo hace el juez deber\u00e1 \u00abdicta[r] sentencia\u00bb que no \u00abadmite recursos y constituye cosa juzgada, en la cual se le condenar\u00e1 al pago del monto reclamado, de los intereses causados y de los que se causen hasta la cancelaci\u00f3n de la deuda\u00bb (ver regla 421 ejusdem). <\/p>\n
3. Ahora bien, en lo que al conflicto de competencia de que se trata alude, el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso consagra como regla general de competencia el domicilio del demandado, con la precisi\u00f3n de que si \u00e9ste tiene varios domicilios, o son varios los enjuiciados, puede accionarse ante el juez de cualquiera de ellos, a elecci\u00f3n del accionante, adem\u00e1s de otras pautas para casos en que el convocado no tiene domicilio o residencia en el pa\u00eds. <\/p>\n
Al respecto la Sala ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026 como al demandante es a quien la ley lo faculta para escoger, dentro de los distintos fueros del factor territorial, la autoridad judicial que debe pronunciarse sobre un asunto determinado, suficientemente se tiene dicho que una vez elegido por aqu\u00e9l su juez natural, la competencia se torna en privativa, sin que el funcionario judicial pueda a su iniciativa eliminarla o variarla, a menos que el demandado fundadamente la objete mediante los mecanismos legales que sean procedentes. (AC2738, 5 may. 2016, rad. 2016-00873-00). <\/p>\n
A su vez, el numeral 3\u00b0 dispone que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
Por tanto, para las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u00abalcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u00bb (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00). <\/p>\n
En la legislaci\u00f3n colombiana el proceso monitorio debe tener origen en un negocio jur\u00eddico, por lo que ser\u00e1n competentes para conocerlo, a elecci\u00f3n de la demandante, los Jueces Civiles Municipales del domicilio del convocado o \u00abdel lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones\u00bb, en aplicaci\u00f3n de los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del canon 28 de la codificaci\u00f3n adjetiva. <\/p>\n
4. Desde esa \u00f3ptica, carece de raz\u00f3n el Juzgado Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 para rehusar la competencia en el asunto que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, por cuanto de los hechos sustentatorios de la demanda y de los elementos de juicio allegados se evidencia que el lugar de cumplimiento de varias de las obligaciones derivadas del contrato ajustado entre las partes fue la ciudad de Bogot\u00e1, m\u00e1xima cuando los inmuebles de propiedad de los convocados est\u00e1n ubicados en dicha localidad, circunstancia que sin lugar a duda, otorga competencia al funcionario en menci\u00f3n, por ser el lugar de cumplimiento del mutuo a t\u00e9rminos del comentado numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sobre el particular es pertinente reiterar los pronunciamientos de esta Corte, en cuanto a que: <\/p>\n
Cuando se trate de un proceso monitorio, puede aplicarse la regla contenida en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 de la norma adjetiva civil, esto es el criterio opcional para que el actor escoja si presenta su demanda ante el juez del domicilio del demandado o ante el del lugar del cumplimiento de la obligaci\u00f3n. (CSJ AC2348, 13 jun. 2018, rad. 2018-01375-00 reiterado AC828, 10 mar. 2020, rad. 2020-00698-00). <\/p>\n
Y como la promotora eligi\u00f3 accionar ante el juez de Bogot\u00e1, es elecci\u00f3n que conforme el precedente de esta Corte ut supra debi\u00f3 respetar el funcionario que primero conoci\u00f3 el asunto. <\/p>\n
Por ende, es inadmisible el argumento del servidor judicial de Bogot\u00e1, al pretender apartarse del conocimiento del asunto, porque si bien es cierto el domicilio de los demandados es el fuero general de atribuci\u00f3n de competencia territorial, en este caso tambi\u00e9n concurre el lugar de cumplimiento de la deuda o fuero negocial, como ya se anot\u00f3, y la facultad de escogencia recae en la promotora cuando hay concurrencia de fueros dentro del factor territorial de competencia, lo cual vincula al juez elegido para tramitar la demanda correspondiente. <\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anotado, se remitir\u00e1 el expediente al Juzgado Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, por ser el competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
Lo anterior sin desmedro de la facultad que le asiste a la parte demandada para controvertir la competencia, en oportunidad y por el mecanismo legal correspondiente. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, declara que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1, al que se le enviar\u00e1 de inmediato el expediente. <\/p>\n
Comun\u00edquese esta decisi\u00f3n al otro estrado judicial involucrado en el conflicto, para lo cual se remitir\u00e1 una copia de esta providencia. <\/p>\n
Notif\u00edquese. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 CALAMANDREI, Piero (SENTIS MELENDO, Santiago, trad.), El procedimiento monitorio, Editorial Bibliogr\u00e1fica Argentina, Buenos Aires, 1946, p. 26. <\/p>\n
2\u0002 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones, T. I, tercera edici\u00f3n, Universidad Externado de Colombia, Bogot\u00e1, 2007 p. 79 <\/p>\n
3\u0002 CORREA DELCASSO, Juan Pablo, El proceso monitorio, J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1998, p. 13. <\/p>\n
4\u0002 A contrario sensu, en los monitorios documentales s\u00ed es necesario que el acreedor presente un documento (que no es t\u00edtulo ejecutivo) para promover el proceso. Sobre esta diferencia cfr. CALAMANDREI, Piero (SENTIS MELENDO, Santiago, trad.), ob. Cit. p. 27 y 28. Para constatar estas caracter\u00edsticas del inyuntivo colombiano pueden verse los art\u00edculos 419 a 421 de la ley 1564 de 2012. <\/p>\n
5\u0002 En otras latitudes existen monitorios ilimitados, donde no existen topes respecto de las obligaciones que puede cobrarse. <\/p>\n
6\u0002 El de demanda en: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/7137091\/7146431\/Formato4.pdf\/f7394148-4d15-494c-8d3b-35c90a1e3984 <\/A> y el de contestaci\u00f3n en: https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/7137091\/7146431\/Formato4.pdf\/f7394148-4d15-494c-8d3b-35c90a1e3984 <\/A><\/p>\n <\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" AC4109-2021 (2021-02810-00) AC4109-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02810-00 Bogot\u00e1 D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Dieciocho de Peque\u00f1as Causas y Competencia M\u00faltiple de Bogot\u00e1 y Promiscuo Municipal de Pupiales (Nari\u00f1o), para conocer del proceso monitorio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56925","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56925","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56925"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56925\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56925"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56925"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56925"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}