AC4210-2021 (2016-00037-01)<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4210-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-002-2016-00037-01 <\/p>\n
(Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda orientada a sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por MARINA R\u00cdOS, frente a la sentencia proferida el 2 de marzo de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso verbal de pertenencia (con demanda de reconvenci\u00f3n) que en su contra y la de personas indeterminadas adelant\u00f3 AMPARO SALAZAR SAAVEDRA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En la demanda rectora que dio inicio a este asunto, se solicit\u00f3: Declarar que Amparo Salazar Saavedra adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, el predio con matr\u00edcula inmobiliaria 370-23307 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Cali, ubicado en la calle 13 N\u00ba 66 A-16, Urbanizaci\u00f3n \u201cel Gran Limonar\u201d de la misma ciudad; ordenar la inscripci\u00f3n de la sentencia; e imponer la respectiva condena en costas para la convocada. <\/p>\n
2. En sustento de esas s\u00faplicas se expuso, en resumen, que la demandante ha tenido la posesi\u00f3n material del referido inmueble desde agosto de 2002, ejecutando actos de se\u00f1ora y due\u00f1a, tales como arrendar parte del mismo y realizar en este mejoras y reformas. Se indic\u00f3, igualmente por la gestora, que no ha reconocido due\u00f1o durante ese lapso, y que seg\u00fan el certificado de registro de instrumentos p\u00fablicos, la propietaria inscrita es Marina R\u00edos1. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali admiti\u00f3 la demanda mediante auto del 15 de marzo de 20162, que notific\u00f3 a la convocada por aviso3. <\/p>\n
4. La demandada contest\u00f3 en tiempo y por intermedio de apoderado judicial, el pliego introductor, en desarrollo de lo cual se opuso a las pretensiones de la demanda, se pronunci\u00f3 de diversa forma sobre los hechos aceptando unos y negando otros, y plante\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: \u201cposesi\u00f3n que no cumple con los requisitos legales, en especial el requisitos del t\u00e9rmino de 10 a\u00f1os de posesi\u00f3n, para que se declare una prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio sobre el inmueble de la calle 13 n\u00famero 66 A 16 de esta ciudad\u201d; \u201cposesi\u00f3n irregular ejercida de mala fe sobre el inmueble objeto de prescripci\u00f3n\u201d; \u201causencia de pruebas que demuestren verdaderos actos de se\u00f1or y due\u00f1a por parte de la demandante respecto del bien que pretende prescribir\u201d; \u201cfalta de determinaci\u00f3n con claridad y precisi\u00f3n del las supuestas mejoras y reparaciones hechas por la demandante al bien del que se reputa como propietaria\u201d; \u201cfalta de determinaci\u00f3n y conformaci\u00f3n interna del inmueble a prescribir, lo que no permite identificarlo para solicitar su prescripci\u00f3n\u201d4. <\/p>\n
5. En escrito aparte, la enjuiciada, por medio de su apoderado, formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, para que se declare que le pertenece el dominio pleno y absoluto del fundo relacionado en el libelo inicial; que se condene a la demandada a restituirlo con todas las cosas que forman parte del mismo; que se le pague el valor de los frutos naturales y civiles; y que se se\u00f1ale que no est\u00e1 obligada a indemnizar las expensas necesarias referidas en el art\u00edculo 965 del C\u00f3digo Civil, por ser su contraparte poseedora de mala fe5. <\/p>\n
6. En apoyo de la contrademanda, se adujo que el inmueble fue transferido a Marina R\u00edos mediante escritura p\u00fablica 2737 del 9 de agosto de 20026, por parte de quien era su verdadera due\u00f1a, Ad\u00edela Arango de V\u00e1squez, que sobre el este se constituy\u00f3 hipoteca de cuant\u00eda indeterminada, seg\u00fan negocio celebrado con el acreedor Diego Le\u00f3n \u00c1lvarez Arango7, que la actual propietaria se encuentra privada de la posesi\u00f3n material del bien por la demandada, quien entr\u00f3 en posesi\u00f3n de mala fe, mediante acciones violentas8. <\/p>\n
7. El juzgado del conocimiento admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de mutua petici\u00f3n, mediante auto del 23 de enero de 2018, que se notific\u00f3 a la convocada, oponi\u00e9ndose a las s\u00faplicas de aqu\u00e9l9. <\/p>\n
8. Agotado el tr\u00e1mite de rigor, el a-quo le puso fin a la primera instancia con sentencia del 26 de febrero de 2019, en la que resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPrimero. Declarar que pertenece a la demandante Amparo Salazar Saavedra, por haber adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, el bien inmueble ubicado en la calle 13 # 66 A 16 (\u2026). <\/p>\n
\u201cSegundo. condenar inscribir la sentencia en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente al inmueble descrito (\u2026) <\/p>\n
\u201cTercero. Condenar en costas a la demandada Marina R\u00edos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
9. Apelada la decisi\u00f3n por la demandada inicial- demandante en reconvenci\u00f3n10, el Tribunal desat\u00f3 la alzada mediante providencia del 2 de marzo de 2020, en la que dispuso confirmar lo resuelto en primer grado, al considerar que \u201cse dan los presupuestos de ley para el \u00e9xito de la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n\u201d11. <\/p>\n
10. El apoderado de la demandada inicial, Marina R\u00edos, inconforme con lo resuelto, interpuso en tiempo el recurso de casaci\u00f3n, que fue concedido por el magistrado ponente del Tribunal, a trav\u00e9s de auto del 13 de marzo de 2020. Una vez fue admitido por esta Corte, dio lugar a la formulaci\u00f3n de la demanda de sustentaci\u00f3n, que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala12. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL AD-QUEM <\/p>\n
El juzgador de segunda instancia comenz\u00f3 por dar por sentado el cumplimiento de los presupuestos procesales en este caso, as\u00ed como la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y por pasiva. Enseguida, identific\u00f3 que el problema jur\u00eddico que propone la apelaci\u00f3n, consiste en determinar si la demandante logr\u00f3 demostrar cada uno de los elementos de la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n, prop\u00f3sito para el cual trajo a cuento un extenso marco te\u00f3rico sobre el tema. <\/p>\n
Entrando en materia, los razonamientos que llevaron a ratificar la decisi\u00f3n del a-quo, se sintetizan, as\u00ed: <\/p>\n
1. No se discute la posesi\u00f3n de la demandante, pues, tan as\u00ed es que se pidi\u00f3 por la demandada la reivindicaci\u00f3n del inmueble materia del proceso, lo que implica confesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Tanto demandante como demandada se conoc\u00edan, en virtud del v\u00ednculo sentimental que existi\u00f3 con el se\u00f1or Mauricio R\u00edos, novio de la primera e hijo de la segunda, aspecto importante en el proceso para \u201cdeterminar c\u00f3mo y cu\u00e1ndo entr\u00f3 la se\u00f1ora Amparo Salazar al inmueble objeto de esta demanda y para entender el comportamiento que desplegaban una y otra sobre el predio objeto de esta acci\u00f3n\u201d, pero que esta situaci\u00f3n, \u201cservir\u00e1 de indicio para entender el comportamiento de las partes sobre el bien a usucapir (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4. En su interrogatorio de parte, Marina R\u00edos manifest\u00f3 \u201cque en el predio ubicado en la calle 13 No. 66\u00aa 16, solo vivi\u00f3 6 meses y que luego se pas\u00f3 a vivir al 5 piso del hotel Pasoancho, en donde no pagaba arriendo porque su casa se convirti\u00f3 en una discoteca (\u2026)\u201d. Dijo, igualmente, que compr\u00f3 la casa porque le gust\u00f3 y la pag\u00f3 entregando cincuenta millones ($50.000.000.oo) producto de sus ahorros de toda la vida, y para cancelar el resto, ciento cinco millones ($105.000.000.oo), \u201cel hijo le ayud\u00f3\u201d. Expuso, asimismo, que las reformas al fundo fueron realizadas por su hijo, y que nunca pag\u00f3 impuestos. <\/p>\n
5. Esa declaraci\u00f3n de la demandada \u201cse torna contradictoria e incoherente, poco cre\u00edble en varios aspectos y de paso, demuestra el abandono o al menos un comportamiento que no es propio de quien dice ser el titular del derecho real de dominio\u201d, pues resulta extra\u00f1o que alguien despu\u00e9s de comprar un bien, \u201clo desocupe para ir a vivir a un hotel durante 8 a\u00f1os el cual es propiedad de la novia de su hijo, sin pedir cuentas, sin arrendarlo, sin impedir las modificaciones que seg\u00fan las declaraciones de Marinela Valencia, Jos\u00e9 Rodrigo Viveros y Aldemar Antonio Gonz\u00e1lez, se hicieron en el mismo para el establecimiento de comercio que all\u00ed funciona \u2013Bar Tribeka- y para integrarlo al Hotel Pasoancho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Es discordante, adem\u00e1s, \u201cque se diga que compr\u00f3 el inmueble por su ubicaci\u00f3n y seguidamente sin mediar contrato \u2013ni arriendo ni comodato- lo entregue, no a su hijo Mauricio R\u00edos, sino a la novia de este, sin exigir canon, para que all\u00ed funcione un bar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
6. Con los testimonios de Marinela Valencia Vargas, Jos\u00e9 Rodrigo Viveros y Gilberto Garc\u00eda Mar\u00edn se puede determinar que la adecuaci\u00f3n de la casa para el bar Tribeka y el segundo piso que se conect\u00f3 como sal\u00f3n para el hotel, fueron asumidas por Amparo Salazar. <\/p>\n
7. Los actos de se\u00f1ora y due\u00f1a de la demandada Marina R\u00edos brillan por su ausencia, toda vez que si bien se argument\u00f3 que los trabajos y mejoras al inmueble los contrat\u00f3 Mauricio R\u00edos a nombre de ella -su progenitora-, la verdad es que en el contexto de los hechos no es as\u00ed, por cuanto al analizar las declaraciones de Policarpo Dami\u00e1n Qui\u00f1\u00f3nez, Wilson Mosquera Viveros y Medardo Chac\u00f3n, en estos se da cuenta que la mayor\u00eda de las obras se hicieron para el hotel, y que Mauricio los pagara se explica por la relaci\u00f3n afectiva que sosten\u00eda con Amparo Salazar. Adicionalmente, la se\u00f1ora Marina, luego de salir del hotel, \u201cni siquiera intent\u00f3 acci\u00f3n posesoria alguna ni policiva ni nada, ergo no se comport\u00f3 nunca como due\u00f1a, ni siquiera ante la se\u00f1ora Rosa Marina Ospina, quien es la propietaria de la peluquer\u00eda -Corte Hispano- que funciona en el inmueble objeto de la controversia, por el contrario \u00e9sta a quien reconoce como propietaria es a la se\u00f1ora Amparo Salazar\u201d, acciones que no se pueden considerar como actos de mera tolerancia, \u201cmenos a\u00fan si de quien se dijo representaba los intereses de la demandada era su hijo, quien seg\u00fan manifestaron los testigos es un hombre de negocios, del que se espera no solo la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio sino actos de repudio a la posesi\u00f3n de la se\u00f1ora Amparo Salazar (\u2026)\u201d. <\/p>\n
8. Los testimonios de Marianela Valencia Vargas y Aldemar Antonio Gonz\u00e1lez, as\u00ed como los documentos visibles a folios 62 a 65 de la demanda de reconvenci\u00f3n, permiten constatar que el bar conocido con el nombre de Tribeka funcion\u00f3 en la casa materia del litigio, y que la propietaria de ese establecimiento es Amparo Salazar. Se puede concluir, entonces, que el se\u00f1or\u00edo inici\u00f3 \u201cal menos en el mes de enero de 2005 fecha a partir de la cual explot\u00f3 el establecimiento de comercio (\u2026) y para todos los efectos eso es constitutivo de actos de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026)\u201d, y al 15 de febrero de 2016, fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, la posesi\u00f3n ejercida es de 11 a\u00f1os. <\/p>\n
9. El testimonio de Rosa Marina Ospina da cuenta de los actos de se\u00f1ora y due\u00f1a de la demandante, el de Aldemar Antonio Gonz\u00e1lez de las mejoras construidas y adecuaciones locativas, mientras que Gilberto Garc\u00eda \u201caseguro que tanto en el hotel como en la casa materia del litigio, era la se\u00f1ora Amparo Salazar quien pagaba tanto los materiales de construcci\u00f3n como la mano de obra (\u2026)\u201d. <\/p>\n
10. El no pago de impuesto predial, no desdice del resto de material probatorio que da cuenta de los actos de se\u00f1ora y due\u00f1a, \u201ccomo tampoco lo es el que no pagara servicios p\u00fablicos, puesto que como se acredit\u00f3 los mismos se integraron al hotel Pasoancho (\u2026), el testigo Luis Alfonso Velasco Sambon\u00ed, refiri\u00f3 \u201cque traste\u00f3 un inmobiliario de la casa y del hotel, pero esto no demuestra que la se\u00f1ora Marina R\u00edos sali\u00f3 de dicho bien como poseedora, pues, por el contrario, esta desde el a\u00f1o 2002 dej\u00f3 de vivir en el mismo \u2013as\u00ed lo confes\u00f3- y vivi\u00f3 en el hotel (\u2026)\u201d. <\/p>\n
11. En lo que concierne a la constituci\u00f3n y posterior cancelaci\u00f3n de la hipoteca de quien aparece como due\u00f1a, si bien esa situaci\u00f3n en particular se revela como verdad, no afecta la condici\u00f3n de poseedora de Amparo Salazar, pues, el material probatorio permite tener por ciertos los elementos para consolidar la usucapi\u00f3n y adem\u00e1s, \u201cla mera constituci\u00f3n y extinci\u00f3n de la hipoteca no hace que se pierda la posesi\u00f3n, y por ello no puede tener cabida lo previsto en el art\u00edculo 787 del C\u00f3digo Civil, con el agravante para el extremo pasivo, que el gravamen hipotecario fue anterior al momento que la actora entr\u00f3 en posesi\u00f3n material del bien y la cancelaci\u00f3n de aquel se produjo casi que coet\u00e1neo a dicha situaci\u00f3n f\u00e1ctica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
12. Con las anteriores consideraciones, concluy\u00f3 el Tribunal que los medios probatorios dan cuenta de los actos de se\u00f1ora y due\u00f1a de la demandante inicial y del desinter\u00e9s de la demandada por el predio, pues, nunca se comport\u00f3 como propietaria. Confirm\u00f3 as\u00ed la providencia de primer grado. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
En vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, la recurrente plante\u00f3 un cargo frente a la sentencia de segunda instancia, soportado en la causal segunda del art\u00edculo 336 de dicho estatuto. <\/p>\n
\u00daNICO CARGO <\/p>\n
Acusa la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de errores de hecho manifiestos y trascendentes en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, pues la sentencia cuestionada no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, que la supuesta posesi\u00f3n material de Amparo Salazar Saavedra sobre el inmueble en litigio, \u201cfue ejercida de manera discontinua, al ser ininterrumpida la misma mediante actos de se\u00f1ora y due\u00f1a de la demandante en Reivindicaci\u00f3n Marina R\u00edos, consistentes en trabajos varios realizados al bien durante los a\u00f1os 2008 y 2011, respectivamente, incumpliendo uno de los requisitos del art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil referente a la posesi\u00f3n continua, siendo insuficiente su pretensi\u00f3n para usucapir el bien a su favor\u201d. <\/p>\n
Con el prop\u00f3sito de desarrollar el ataque, la impugnante expuso: <\/p>\n
1. Se valoraron err\u00f3neamente los testimonios de Dami\u00e1n Qui\u00f1onez, Wilson Mosquera Riveros y Medardo Chac\u00f3n, \u201cquienes demostraron c\u00f3mo realizaron una serie de trabajos en el inmueble del litigio, entre los a\u00f1os 2008 y 2011, habiendo sido contratados por el se\u00f1or Mauricio R\u00edos, mismos que se hicieron sin la intervenci\u00f3n de la se\u00f1ora Amparo Salazar Saavedra\u201d; por lo tanto, la alegada posesi\u00f3n no fue continua, \u201cal ser interrumpida precisamente por los citados trabajos en el inmueble\u201d, gener\u00e1ndose una interrupci\u00f3n de la posesi\u00f3n. Tambi\u00e9n se sopes\u00f3 equivocadamente el interrogatorio de parte de Amparo Salazar Saavedra, al dar por cierto, sin serlo, que fue ella quien mand\u00f3 hacer las obras y las pag\u00f3. <\/p>\n
2. El fallo pas\u00f3 por alto que entre 2011 -tiempo de los trabajos realizados en el bien- y el 15 de febrero de 2016 -fecha de presentaci\u00f3n de la demanda de pertenencia-, \u201ctranscurrieron cinco (5) a\u00f1os, t\u00e9rmino que no corresponde ni equivale a los diez (10) a\u00f1os que ininterrumpidamente se requieren para obtener la propiedad de un inmueble por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio\u201d. <\/p>\n
3. La posici\u00f3n asumida en la sentencia censurada, respecto del interrogatorio de parte absuelto por Amparo Salazar Saavedra, es err\u00f3nea al concluir que ella, \u201cal aceptar mediante confesi\u00f3n que conoci\u00f3 la existencia de las obras en los a\u00f1os 2008 y 2011, respectivamente\u201d, estaba probando que \u201cfue ella quien las mand\u00f3 hacer y las pag\u00f3\u201d, pues, los testimonios de Policarpo Dami\u00e1n Qui\u00f1ones Tenorio, Wilson Mosquera Viveros y Medardo Chac\u00f3n, muestran lo contrario, ya que expresaron que realizaron varias obras en la casa objeto del proceso y que quien los contrat\u00f3 \u201cfue el se\u00f1or Mauricio R\u00edos, quien adem\u00e1s le[s] pag\u00f3\u201d, y que en el inmueble donde realizaron los trabajos resid\u00eda la se\u00f1ora Marina R\u00edos. Entonces, qued\u00f3 demostrado que \u201cMarina R\u00edos, propietaria del bien, s\u00ed ejerci\u00f3 actos de se\u00f1ora y due\u00f1a sobre el inmueble (\u2026) pues no de otra raz\u00f3n se explica la circunstancia de los citados trabajos en su propiedad, as\u00ed se hubieren hecho en el segundo piso\u201d. <\/p>\n
4. La sentencia no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, que entre Marina R\u00edos y Amparo Salazar Saavedra rigi\u00f3 un acuerdo verbal \u201cconsistente en que como su casa de habitaci\u00f3n estaba ubicada en una zona netamente comercial, los compa\u00f1eros sentimentales la utilizar\u00edan como establecimiento de comercio, concretamente como discoteca, la cual ser\u00eda administrada por la demandante en pertenencia, sin pago alguno de c\u00e1nones de arrendamiento, y con el compromiso de pagar esta los respectivos impuestos prediales que se fueran generando cada a\u00f1o (\u2026) circunstancia que no pod\u00eda catalogarse por el Juez de la causa como de -irrazonable- porque, contrario a su apreciaci\u00f3n personal, ello si es posible como en efecto lo fue en la realidad\u201d. <\/p>\n
5. El fallo censurado dio por demostrado, no est\u00e1ndolo, que era extra\u00f1o que despu\u00e9s de un tiempo de comprado el inmueble del litigio por Marina R\u00edos, lo desocupara para vivir en un hotel propiedad de la compa\u00f1era sentimental de su hijo, \u201csin pedir cuentas sobre su administraci\u00f3n (\u2026) ni arrendarlo ni impedir las adecuaciones necesarias para el funcionamiento del establecimiento de comercio que all\u00ed se acord\u00f3 instalar\u201d, desconociendo nuevamente que dichos acuerdos informales tuvieron un trasfondo de familiaridad y, adem\u00e1s, como si fuera il\u00edcito que \u201cno le hubiera cobrado arrendamiento a su -nuera- y madre de su nieto por la ocupaci\u00f3n comercial del inmueble\u201d, y cuando adem\u00e1s, Amparo Salazar Saavedra \u201cconfes\u00f3 no haberle cobrado arrendamiento a Marina R\u00edos cuando vivi\u00f3 varios a\u00f1os en el inmueble contiguo al del proceso\u201d. <\/p>\n
As\u00ed entonces, por ninguna parte consta que \u00e9sta haya recibido el bien en disputa mediante documento previo en el que se hubiesen consignado \u201cobligaciones referentes a tal entrega\u201d, lo que viene a demostrar, que \u201cal no existir tal \u2013ritualidad-, ello no puede significar suposiciones diferentes a que ese era el actuar de las partes, tampoco quiere decir que ante tal ausencia requisitoria, ello haya significado desidia en el comportamiento como propietaria del bien por parte de Marina R\u00edos\u201d. <\/p>\n
6. La sentencia controvertida no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, que Marina R\u00edos ejecut\u00f3 actos de se\u00f1ora y due\u00f1a en el inmueble objeto del pleito, \u201cal expresar que esta no demostr\u00f3, y que ni siquiera aleg\u00f3 el reconocimiento de dominio ajeno\u201d; pues los testigos aportados por la demandada en pertenencia, Luis Arturo Velasco Sambon\u00ed, Policarco Dami\u00e1n Qui\u00f1onez Tenorio, Wilson Mosquera Viveros y Medardo Chac\u00f3n, \u201cs\u00ed dieron cuenta explicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que acontecieron los hechos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7. Se contradice la providencia fustigada cuando afirma que Marina R\u00edos \u201cno prob\u00f3, ni siquiera aleg\u00f3 dominio ajeno\u201d, mientras que posteriormente expresa que su hijo, Mauricio R\u00edos, realiz\u00f3 trabajos y mejoras en el bien del pleito, \u201clo cual es totalmente contradictorio pues una cosa no puede ser y no ser al tiempo (\u2026) no se entiende c\u00f3mo la se\u00f1ora Amparo Salazar Saavedra permiti\u00f3 que un tercero que no era ella, ni actu\u00f3 por su cuenta, realizara trabajos importantes en su supuesta vivienda\u201d, mientras que s\u00ed tuvo en cuenta la relaci\u00f3n de afectividad entre la demandante y Mauricio R\u00edos, \u201cpara concluir qu\u00e9 este \u00faltimo supuestamente pag\u00f3 por tales trabajos hechos por cuenta de Marina R\u00edos en el inmueble, mientras que niega esa misma relaci\u00f3n afectiva como origen del acuerdo verbal por el cual se realiz\u00f3 la entrega del bien por parte de su propietaria, Marina R\u00edos, a Amparo Salazar Saavedra para que, junto con su hijo Mauricio R\u00edos, lo explotaran econ\u00f3micamente como establecimiento de comercio\u201d. <\/p>\n
8. El Tribunal no dio por demostrado, est\u00e1ndolo, que la demandante en pertenencia, ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n material de mala fe, al interpretar equivocadamente el testimonio del testigo Luis Arturo Velasco Sambon\u00ed, que daba cuenta de la forma como le sacaron los enseres a Marina R\u00edos del inmueble de su propiedad, lo cual sin lugar a duda \u201cera prueba de la mala fe\u201d, en su interrogatorio, \u00e9sta explic\u00f3 que tuvo que salir por motivos de seguridad \u201cya que eran constantes los insultos y malos tratos que le hicieron la vida imposible en su propia casa\u201d, <\/p>\n
9. Se dio por demostrando, no est\u00e1ndolo, que la demandante al no pagar ni los impuestos prediales ni los servicios p\u00fablicos del inmueble reclamado, estaba probando actos de se\u00f1ora y due\u00f1a sobre el bien. <\/p>\n
10. Se dio por demostrando, no est\u00e1ndolo, que la demandante prob\u00f3 la posesi\u00f3n material del inmueble con los testimonios de las personas que pidi\u00f3 se escuchara en el proceso, a pesar de que existieron circunstancias no valoradas oportunamente, as\u00ed: <\/p>\n
10.1. A Marinela Valencia Vargas \u201cle consta por ser testigo de o\u00eddas\u201d, que se realizaron mejoras en el predio en el a\u00f1o 2007, \u201cpero no precisa en que consistieron las mismas, y tampoco le consta pago de servicios p\u00fablicos domiciliarios ni del impuesto predial del inmueble por parte la demandante y no le consta la posesi\u00f3n material del inmueble a partir del a\u00f1o 2009\u201d. <\/p>\n
10.2. Aldemar Antonio Gonz\u00e1lez se contradijo, pues dice que por el a\u00f1o 2012 o 2013 realiz\u00f3 trabajos en el inmueble objeto del proceso y que conoci\u00f3 a la se\u00f1ora Amparo Salazar desde el a\u00f1o 2004, \u201co sea que el tiempo del supuesto \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o de ella se debe contabilizar desde el a\u00f1o 2012 en adelante, no cumple el termino de ley\u201d. <\/p>\n
10.3. Gilberto Garc\u00eda Mar\u00edn expuso que desde el a\u00f1o 2010 conoce a la demandante, con lo cual, \u201cno sirve este testimonio para demostrar tiempo de posesi\u00f3n requerido\u201d. <\/p>\n
10.4. Blanca In\u00e9s Reina Jaramillo es \u201ctestigo dudosa [porque] no expres\u00f3 con claridad y precisi\u00f3n lo que se le pregunt\u00f3, no le consta si Marina R\u00edos pod\u00eda o no ingresar al inmueble\u201d. <\/p>\n
10.5. Jos\u00e9 Rodrigo Riveros dijo que conoci\u00f3 a la se\u00f1ora Amparo Salazar hace 10 a\u00f1os, desde el a\u00f1o 2009, \u201co sea 7 a\u00f1os antes de presentar la demanda en el 2016, no sirve este testimonio para demostrar tiempo requerido de posesion\u00f3, le consta que el inmueble no tiene servicios p\u00fablicos\u201d. <\/p>\n
11.Rosa Marina Ospina Mar\u00edn expuso que conoci\u00f3 a la se\u00f1ora Amparo Salazar desde febrero de 2012, \u201cno sirve el testimonio para demostrar el tiempo requerido de posesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
12. En conclusi\u00f3n, \u201csi no se hubieran hecho apreciaciones y conclusiones err\u00f3neas en el fallo, alejadas totalmente de la realidad probatoria (\u2026), se habr\u00eda determinado que la demandante no prob\u00f3 la posesi\u00f3n material del inmueble, y as\u00ed \u201cse profiri\u00f3 un fallo injusto, equivocado y contrario a la realidad procesal\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el marco del nuevo estatuto procesal civil, aplicable en un todo a este asunto, el de casaci\u00f3n sigue siendo, en l\u00edneas generales, un recurso extraordinario de naturaleza dispositiva y formal, toda vez que, en esencia, para su debida sustentaci\u00f3n el interesado debe enfilar su inconformidad dentro de las causales expresamente previstas por el legislador, que no son otras que las cinco relacionadas en su art\u00edculo 336, y mediante la introducci\u00f3n de una demanda que satisfaga las exigencias del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
2. Pues bien, entrando en materia se observa que algunos de esos requisitos formales, b\u00e1sicos para abrirle paso a un posterior an\u00e1lisis de fondo de la demanda, son los que precisamente se desatendieron en el \u00fanico cargo propuesto, y cuya ausencia impone la inadmisi\u00f3n del libelo presentado para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, como lo ordena el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 346 del estatuto adjetivo mencionado. En efecto: <\/p>\n
2.1. Al analizar con detenimiento el embate, se encuentra que la recurrente, pese a invocar la violaci\u00f3n de una norma sustancial, omiti\u00f3 citar expresamente el precepto que con ese car\u00e1cter estima como infringido por parte del Tribunal. En ese sentido, suficientemente claro resulta ser el par\u00e1grafo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, al exigir que \u201cCuando se invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial, ser\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquier disposici\u00f3n de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u201d. <\/p>\n
De manera que como la parte demandante no satisfizo tan b\u00e1sico requisito, ya que no relacion\u00f3 siquiera un precepto sustancial violado, la consecuencia no puede ser otra que la inadmisi\u00f3n del ataque, de acuerdo con lo reglado en el numeral primero del art\u00edculo 346 ib\u00eddem. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026 en el marco de dicho motivo casacional\u2026 es deber del impugnante precisar las normas sustanciales violadas, cualquiera que sea la v\u00eda que haya escogido para perfilar su acusaci\u00f3n; la directa o la indirecta, sin que, trat\u00e1ndose de esta \u00faltima, pueda excusarse su se\u00f1alamiento a pretexto de la demostraci\u00f3n de los errores de apreciaci\u00f3n probatoria que se le endilgan al fallo, o de la determinaci\u00f3n de las normas probatorias supuestamente quebrantadas \u2013 cuando se predique la comisi\u00f3n de un yerro de derecho \u2013, pues si a esto \u00faltimo se limitare el recurrente, omitiendo la mencionada exigencia, quedar\u00eda trunca la acusaci\u00f3n, en la medida en que no podr\u00eda la Corte, al analizar el cargo, establecer oficiosamente cu\u00e1les disposiciones materiales habr\u00edan sido quebrantadas a consecuencia de los yerros que se hubieren acreditado (Resaltado a prop\u00f3sito. CSJ AC de 7 dic. 2001, Rad. 1999-0482, Reiterado en AC5593-2018 de 19 de dic. de 2018, Rad. 2015-00067-01). <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, se insiste, que cuando se esgrime el desconocimiento de normas sustanciales, bien directa o indirectamente, es indispensable concretar cu\u00e1les fueron las que siendo o debiendo ser soporte fundamental del prove\u00eddo fueron vulneradas, sin que pueda entrar la Corte oficiosamente a suplir o llenar el vac\u00edo, ya que como se dijo, al recurso de casaci\u00f3n lo informa, a\u00fan al d\u00eda de hoy, el principio dispositivo. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, si en gracia de discusi\u00f3n se asume que la norma sustancial que la casacionista estima como vulnerada es el art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil, por haberse mencionado en alg\u00fan pasaje del cargo, tampoco se ver\u00eda que con su citaci\u00f3n se satisface el requisito en menci\u00f3n, por cuanto dicho canon, de acuerdo con su contenido y con lo que sobre el mismo ha dicho la Sala, no se trata de una \u201cnorma sustancial\u201d, siendo las de este tipo, como se sabe, las que \u201cdeclaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas\u201d13. <\/p>\n
En ese sentido, se tiene que el precepto 2532 se limita a indicar que \u201c[e]l lapso de tiempo necesario para adquirir por esta especie de prescripci\u00f3n, es de diez (10) a\u00f1os contra toda persona y no se suspende a favor de las enumerados en el art\u00edculo 2530\u201d, raz\u00f3n por la cual la Corte, frente a tal normado, ha se\u00f1alado en varias oportunidades que carece de linaje material o sustancial, como, por ejemplo, en el auto AC 943-2020, donde se indic\u00f3 que <\/p>\n
\u201c[L]a acusaci\u00f3n no es puntual en se\u00f1alar las normas sustanciales que indirectamente fueron violadas por la sentencia opugnada en casaci\u00f3n, sino que de manera general en el escrito que la contiene mencion\u00f3 los art\u00edculos 2512, 2518 y 2532 del C\u00f3digo Civil, este \u00faltimo modificado por la Ley 791 de 2002, art\u00edculo 6\u00ba, habida cuenta que, como ha tenido oportunidad de exponerlo la Corte, esas disposiciones no son normas de car\u00e1cter sustanciales (providencias de fechas 18 de junio, 13 de agosto y 15 de agosto de 1996, expedientes 4013, 6116 y 6026; 28 de junio de 2012, expediente 2004-00222-01, entre otras). A mayor abundamiento, el art\u00edculo 2512 se limita a definir la prescripci\u00f3n en general y distingue la prescripci\u00f3n adquisitiva o usucapi\u00f3n de la prescripci\u00f3n extintiva, m\u00e1s no se ocupa de consagrar derechos subjetivos; igual predicamento cabe a los c\u00e1nones 2518 y 2532, modificado por la Ley 791, art.6\u00ba, que en su orden establecen los requisitos de la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria y el t\u00e9rmino legal para adquirir el dominio por medio de esa especie de usucapi\u00f3n, la \u00faltima nombrada redujo a diez (10) a\u00f1os el lapso veintenario que reg\u00eda desde la expedici\u00f3n de la Ley 50 de 1936, art.1\u00ba.\u201d <\/p>\n
2.3. De otro lado, se encuentra que incluso prescindiendo de la mencionada exigencia, el cargo tampoco cumple con el deber concreto de acreditar los errores de hecho cometidos en la sentencia censurada, como lo demanda el inciso tercero del literal a) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso: \u201cSi se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u201d. <\/p>\n
En efecto, el desatino f\u00e1ctico en la apreciaci\u00f3n de las pruebas se da cuando el sentenciador las examina sin respetar su fidelidad material, esto es, cuando supone su existencia, u omite su presencia en el proceso, o adiciona o cercena su contenido. <\/p>\n
Por lo tanto, la tarea de quien impugna un fallo por la causal segunda, cuando la censura se refiere a la objetividad de las probanzas, consiste en se\u00f1alar, con la mayor claridad y precisi\u00f3n, cu\u00e1l fue el desatino cometido, en qu\u00e9 prueba o pruebas recay\u00f3, y en qu\u00e9 pasajes espec\u00edficos de la providencia se evidencia, para de esa forma culminar, con el cotejo respectivo entre lo que incorpora el medio y lo que consider\u00f3 el fallador, de donde debe surgir manifiesto lo contraevidente, que por lo dem\u00e1s, ha de ser trascendente en el sentido de la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n
En ese orden, se entiende que no cualquier cuestionamiento a las pruebas es admisible en sede de casaci\u00f3n, sino aqu\u00e9l que se acompasa con los precitados lineamientos, por lo que la mencionada exigencia formal para este cargo, no se atiende si el embate se dedica a presentar un punto de vista particular sobre las pruebas, contrario al acogido por el Tribunal, m\u00e1s a\u00fan, si esa posici\u00f3n fue debatida en las instancias, y contestadas por el juzgador, con una interpretaci\u00f3n que encaja en el marco de lo razonable, o lo que es propio de la discreta autonom\u00eda de la que est\u00e1n investidos los administradores de justicia para ponderar el material probatorio. <\/p>\n
Lo dicho viene a este caso, porque no obstante la extensa formulaci\u00f3n del \u00fanico cargo propuesto, este no cumpli\u00f3 con la correspondiente demostraci\u00f3n de los errores de hecho denunciados, si se repara en que m\u00e1s que la censura por una eventual suposici\u00f3n u omisi\u00f3n de las pruebas, lo que se observa es el planteamiento de un enfoque o interpretaci\u00f3n de las que en verdad valor\u00f3 el juzgador de segunda instancia, y que le sirvieron para sustentar la tesis de que la demandante ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n, continua e ininterrumpida, por m\u00e1s de diez a\u00f1os sobre el inmueble objeto de usucapi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, al referirse a algunos testimonios, la recurrente, como si se tratara de un alegato de instancia, expuso: <\/p>\n
\u201cEl fallo del ad-quem interpreta err\u00f3neamente la prueba practicada de los testimonios de la parte que represento, se\u00f1ores Dami\u00e1n Qui\u00f1\u00f3nez, Wilson Mosquera Viveros y Medardo Chac\u00f3n, generando equivocadamente una conclusi\u00f3n diferente a lo probado con ellas, al determinar que la se\u00f1ora Amparo Salazar Saavedra ejerci\u00f3 una posesi\u00f3n ininterrumpida desde el mes de enero de 2005 hasta el 15 de febrero de 2016 (\u2026) omitiendo gravemente lo que estuvo presente de forma clara en cada uno de esos medios probatorios testimoniales, es decir, lo que est\u00e1n demostrando los mismos: que la alegada posesi\u00f3n material se interrumpi\u00f3 en las fechas antes nombradas, circunstancia que aparece de bulto en el plenario, y que por tanto, lo que indicaba no era precisamente que esos trabajos hechos por cuenta de Marina R\u00edos a trav\u00e9s de su hijo Mauricio R\u00edos y que la interrumpieron, fueron hechos por la demandante en pertenencia\u201d. <\/p>\n
Siguiendo esa misma t\u00f3nica, en cuanto al interrogatorio de parte absuelto por la demandada, expres\u00f3 la impugnante que <\/p>\n
\u201c[A]unque fue valorado, ello se hizo err\u00f3neamente al ignorar la confesi\u00f3n all\u00ed presente de \u00e9sta en cuanto a que acept\u00f3 que el se\u00f1or Mauricio R\u00edos, hijo de Marina R\u00edos, para el a\u00f1o 2008 y 2011, respectivamente, fue quien realiz\u00f3 unas obras en el inmueble pretendido; circunstancia que dio como resultado el que el juez de la causa concluyera en un resultado diferente al que deb\u00eda haber llegado de acuerdo con la prueba obrante en el proceso\u201d. <\/p>\n
Pas\u00f3 por alto, entonces, la recurrente, que su tarea casacional no consist\u00eda en ofrecer otra versi\u00f3n de las pruebas, interpretando un comp\u00e1s favorable a sus intereses, sino que iba m\u00e1s por el lado, como lo ha se\u00f1alado la Corte, de \u201cdemostrar que el juicio del juzgador raya en la arbitrariedad, por situarse ostensiblemente afuera del sentido com\u00fan\u201d14. <\/p>\n
Y esa arbitrariedad no se advierte, cuando se repara que, en realidad, el Tribunal s\u00ed sopes\u00f3 las pruebas, dentro del marco de lo plausible, pues, sin desconocer que se hicieron unas obras y que frente a ellas tuvo alguna participaci\u00f3n el hijo de la demandada y el compa\u00f1ero de la demandante, se dijo en la sentencia: <\/p>\n
\u201cEn punto a los actos de se\u00f1ora y due\u00f1a de la se\u00f1ora de la demandada Marina R\u00edos, los mismos brillan por su ausencia, pues si bien sostuvo \u00e9sta, y lo argument\u00f3 el recurrente, que el se\u00f1or Mauricio R\u00edos contrat\u00f3 la realizaci\u00f3n de mejoras o trabajos a nombre de su se\u00f1ora madre, y que ello constitu\u00eda una clara muestra de dominio, la verdad en el contexto de los hechos y de la evidencia, ello no es as\u00ed. Al analizar los testimonios de Policarpo Dami\u00e1n Qui\u00f1\u00f3nez, Wilson Mosquera Viveros y Medardo Chac\u00f3n -testigos de la parte demandada- ellos dan cuenta que la mayor\u00eda de los trabajos se hicieron en el segundo piso en el sal\u00f3n del inmueble a usucapir, empero como ha sido declarado por todos los testigos, el segundo piso estaba comunicado al hotel Pasoancho, es decir, los trabajos que se hicieron fueron para el hotel; tan evidente es ello, que los prenombrados testigos coincidieron en decir que la gente del hotel los dejaba entrar. Ahora bien, que el se\u00f1or Mauricio R\u00edos pag\u00f3 por tales trabajos, ello se explica por la relaci\u00f3n afectiva que ten\u00eda con la se\u00f1ora Amparo Salazar\u201d. <\/p>\n
3. En definitiva, el \u00fanico cargo no se aviene a las exigencias formales y t\u00e9cnicas, que permitir\u00edan abril paso a la siguiente fase del recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Para finalizar, cumple se\u00f1alar que desde otra perspectiva resulta impertinente desconocer las deficiencias formales y t\u00e9cnicas advertidas para darle impulso a la demanda estudiada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, y el precepto 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, analizado el proceso, no se observa pues, vulneraci\u00f3n de derechos constitucionales, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
5. Colof\u00f3n de todo lo que antecede, es que se inadmitir\u00e1 la demanda auscultada y, como consecuencia de ello, se declarar\u00e1 desierta la opugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, INADMITE la demanda presentada por la demandada MARINA R\u00cdOS, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n que interpuso frente a la sentencia proferida el 2 de marzo de 2020 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso del que ac\u00e1 se ha dado cuenta. <\/p>\n
Contra la presente decisi\u00f3n no procede recurso alguno al tenor del art\u00edculo 346 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese, c\u00famplase y, en oportunidad, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2\u0002 Folio 117 Ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 153 Ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folios 19 a 27. C. (003) cuaderno reconvenci\u00f3n digitalizada. ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 35 del c. 3. <\/p>\n
6\u0002 De la Notar\u00eda 10 del Circulo de Cali. <\/p>\n
7\u0002 Cancelada voluntariamente mediante escritura p\u00fablica 0843 de 21 de febrero de 2005. <\/p>\n
8\u0002 Folios 19 a 27 ib\u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 Folios 31 a 39 c. (003) cuaderno reconvenci\u00f3n digitalizada. Exp. digital. <\/p>\n
10\u0002 Folio 488 ib. <\/p>\n
11\u0002 Folios 16 a 35 c. (005) cuaderno apelaci\u00f3n sentencia digitalizada. Exp. digital. <\/p>\n
12\u0002 Folios 1 a 3 del c.(007) auto concede casaci\u00f3n. Ib\u00eddem. <\/p>\n
13\u0002 CSJ AC de 5 de mayo de 2000, Rad. 9114. <\/p>\n
14\u0002 CSJ AC943-2020. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC4210-2021 (2016-00037-01) \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente AC4210-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-31-03-002-2016-00037-01 (Discutido y aprobado en sesi\u00f3n virtual del diecinueve de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- Se decide sobre la admisi\u00f3n de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56962","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56962","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56962"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56962\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56962"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56962"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56962"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}