AC4221-2021 (2017-00300-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC4221-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-31-03-002-2017-00300-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Hugo Nelson Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez y Guillermo Le\u00f3n Garc\u00eda Calder\u00f3n para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 9 de octubre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso reivindicatorio que le promovieron a Humberto Cuenca y Robinson Casta\u00f1o Higuita. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el juicio de la referencia los actores solicitaron declarar que les \u00abpertenece en dominio pleno y absoluto (\u2026) el bien inmueble identificado con matr\u00edcula No. 350-2644, ubicado en la fracci\u00f3n de los cerritos o parco, jurisdicci\u00f3n de Ibagu\u00e9, distinguido como lote de terreno (\u2026) numero (sic) treinta y tres (33) del plano de la parcelaci\u00f3n San Francisco, calle 119 n\u00famero 47 sur- 41, con \u00e1rea aproximada de dos mil doscientos cincuenta metros cuadrados (2.250 M2)\u00bb y, en consecuencia, condenar a los demandados a \u00abrestituir (\u2026) a favor de los demandantes Guillermo Le\u00f3n Garc\u00eda Calder\u00f3n y Hugo Nelson Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez el inmueble mencionado\u00bb, a pagarles los \u00abfrutos naturales o civiles\u00bb percibidos y los que como due\u00f1os pudieron obtener con mediana inteligencia y cuidado, \u00abdesde el mismo momento de iniciada la posesi\u00f3n (\u2026) hasta el momento de la entrega del inmueble\u00bb por tratarse de \u00abposeedores de mala fe\u00bb, as\u00ed como el \u00abcosto de las reparaciones\u00bb sufridas \u00abpor culpa de los poseedores\u00bb; exonerarlos como accionantes del deber de \u00abindemnizar las expensas necesarias referidos (sic) en el art\u00edculo 965 del C\u00f3digo Civil\u00bb; advertir que la entrega tambi\u00e9n debe comprender \u00ablas cosas que forman parte del predio o que se refuten (sic) como inmuebles, conforme a la conexi\u00f3n con el mismo\u00bb; disponer la cancelaci\u00f3n de los grav\u00e1menes existentes y la inscripci\u00f3n de la respectiva sentencia e imponerle a su contraparte las costas del proceso. <\/p>\n
Como sustento de sus aspiraciones relataron que en compa\u00f1\u00eda de Mar\u00eda Fenibar Olaya Rodr\u00edguez adquirieron el citado lote, mediante contrato de compraventa protocolizado en la escritura p\u00fablica n\u00b0 682, otorgada el 26 de marzo de 2004 ante la Notar\u00eda Segunda de Ibagu\u00e9. Destacaron que el vendedor Efra\u00edn Narv\u00e1ez Vel\u00e1squez, en su momento, lo compr\u00f3 a Gonzalo Coba Rengifo, seg\u00fan consta en la escritura n\u00b0 3225 de 11 de agosto de 1993. <\/p>\n
Narraron que tiempo despu\u00e9s su copropietaria Olaya Rodr\u00edguez le vendi\u00f3 a Hugo Nelson Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez los \u00abderechos de cuota\u00bb que le correspond\u00edan (E.P. 2199 18 ag. 2010 Notar\u00eda Tercera de Ibagu\u00e9), momento desde el cual ninguno de ellos enajen\u00f3 o prometi\u00f3 el fundo; empero, aseguraron que desde \u00abseptiembre de 2014\u00bb est\u00e1n \u00abprivados de la posesi\u00f3n material\u00bb por parte de Humberto Cuenca y Robinson Casta\u00f1o Higuita, quienes se apropiaron en forma \u00abviolenta\u00bb del mismo, cambiaron \u00absus candados\u00bb, les prohibieron el ingreso con \u00abamenazas en caso de que [accedieran] al predio\u00bb e instauraron en su contra proceso de pertenencia en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 (10 ag. 2014), que desestim\u00f3 esas pretensiones en sentencia de 23 de noviembre de 2015, confirmada el 17 de junio de 2016 (fs. 46 a 48 C.1). <\/p>\n
2. El demandado Humberto Cuenca se resisti\u00f3 a las reclamaciones de sus contradictores y propuso como excepciones de m\u00e9rito las que denomin\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n reivindicatoria, prescripci\u00f3n de la (sic) del derecho de dominio\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u00bb y \u00abcomprador de buena fe o poseedor de buena fe\u00bb (fs. 101 a 108 ib.). <\/p>\n
3. Incorporados algunos hechos y complementada la petici\u00f3n de pruebas del l\u00edbelo introductor (fs. 287 a 289 ib.), el a quo admiti\u00f3 su reforma (23 ag. 2018 – f. 291 ib.), que contest\u00f3 el accionado Humberto Cuenca, reiterando su oposici\u00f3n a las pretensiones y reformulando sus medios de defensa que all\u00ed nombr\u00f3 \u00ababsoluta imposibilidad del demandante para reivindicar el predio materia de acci\u00f3n, toda vez que el t\u00e9rmino para reclamarlo a la \u00e9poca le prescribi\u00f3 y\/o prescripci\u00f3n extintiva de dominio\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n adquisitiva de dominio en beneficio del demandado\u00bb, \u00abcomprador de buena fe o poseedor de buena fe\u00bb y \u00abexcepci\u00f3n gen\u00e9rica\u00bb (fs. 292 a 300 ib.). <\/p>\n
4. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda, salvo el reconocimiento de los frutos civiles o naturales y el valor de las reparaciones exigidos por los promotores (11 oct. 2017 – fs. 325 a 328 ib.). <\/p>\n
5. Ambos extremos procesales impugnaron ese fallo. El ad quem lo revoc\u00f3 y desestim\u00f3 las s\u00faplicas del extremo actor. Para ello, trajo a colaci\u00f3n algunos apartes de la doctrina jurisprudencial de esta Corte sobre las acciones previstas en los art\u00edculos 946 y 949 del C\u00f3digo Civil y con ese fundamento, en compendio, advirti\u00f3 que la existencia y vigencia de una \u00abcomunidad de propietarios\u00bb entre Modesto Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez y los accionantes, le imped\u00eda a estos \u00faltimos \u00abreputarse, ad libitum, titulares exclusivos sobre toda la heredad\u00bb e invocar la acci\u00f3n prevista en la primera de las normas se\u00f1aladas, que estaba llamada a fracasar, pues \u00abno acreditaron la potestad dominical exclusiva sobre la totalidad de esa inmueble, tanto m\u00e1s si en la cuenta se tiene que no pidieron reivindicar a favor de la comunidad\u00bb. De igual forma, destac\u00f3 el Tribunal que tampoco cumplieron con la carga de demostrar la posesi\u00f3n atribuida al demandado Robinson Casta\u00f1o Higuita, que en todo caso estaba desvirtuada por la calidad de \u00abposeedor \u00fanico y exclusivo\u00bb que aleg\u00f3 el codemandado Humberto Cuenca (Cfr. m\u00edn. 38:12 a 54:11 aprox. Aud. 9 oct. 2019 – fs. 22 a 25 C.3.). <\/p>\n
6. Los demandantes formularon casaci\u00f3n, que concedi\u00f3 el Tribunal (4 ag. 2020 – fs. 104 a 106, ib.). <\/p>\n
7. Admitido el recurso extraordinario (15 mar. 2021 – f. 4 C. Corte) y realizado el traslado a los recurrentes, lo sustentaron apoyados en cuatro cargos (fs. 6 a 27, ib.). <\/p>\n
<\/p>\n
a. Cargo primero: Acorde con la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, los memorialistas le enrostraron al Tribunal la \u00abviolaci\u00f3n directa de la ley sustancial en la modalidad de falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 2, 7, 11, 13, 14, 42, numerales 3 y 5, 61, 90, 100, 101, 134 inciso final, 136 y 138 del C\u00f3digo General del Proceso que conllev\u00f3 la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1, 2, 29, 230 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y art\u00edculos 946 y siguientes del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que el ad quem no abord\u00f3 con exhaustividad el an\u00e1lisis de todos los \u00abelementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb y se limit\u00f3 a la \u00abintegraci\u00f3n del litisconsorcio necesario por activa\u00bb, pese a que \u00ablas normas procesales y protectoras de garant\u00edas fundamentales como el debido proceso y la tutela judicial efectiva le indicaban la forma en la que deb\u00eda actuar\u00bb. Al respecto repararon en el \u00abdeber\u00bb previsto en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso que, en su criterio, le impon\u00eda al juzgador \u00abtomar las medidas de saneamiento respectivas\u00bb si advert\u00eda alguna irregularidad como la que motiv\u00f3 la negativa de sus pretensiones, en concreto, \u00abdeclarar la nulidad de la sentencia de primera instancia y ordenar rehacer la actuaci\u00f3n correspondiente para corregir el curso del proceso\u00bb, mediante la \u00abvinculaci\u00f3n del sujeto procesal faltante\u00bb, esto en armon\u00eda con el \u00faltimo inciso del canon 134, el aparte final del 136 y el 138, todos del citado estatuto procesal. <\/p>\n
De igual forma, acotaron que el juez plural \u00abextralimit\u00f3 [su] competencia funcional\u00bb, en contrav\u00eda de lo previsto en los art\u00edculos 320 y 328 de la misma codificaci\u00f3n, toda vez que la \u00abfalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio\u00bb y la \u00abno acreditaci\u00f3n de la calidad de poseedor de uno de los demandados\u00bb no fueron objeto de inconformidad por los apelantes, de suerte que los numerales \u00ab2, 3 y 5 de la parte resolutiva\u00bb de la sentencia impugnada deb\u00edan \u00abmantener su intangibilidad\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Cargo Segundo: Con fundamento en la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, acusaron el fallo del Tribunal por \u00abviolaci\u00f3n indirecta por aplicaci\u00f3n indebida de los [art\u00edculos] 2, 7, 11, 13, 14, 42 numerales 3 y 5, 61, 90, 134 inciso final, 320, 327 inciso final y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como los art\u00edculos 946 y siguientes del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
Alegaron que el fallo quebrant\u00f3 la ley sustancial llamada a regir ese asunto \u00abpor error manifiesto en la interpretaci\u00f3n de la demanda\u00bb, comoquiera que el sentenciador estaba obligado a \u00abinterpretar los hechos narrados en el l\u00edbelo para hacer la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la controversia\u00bb acorde con la acci\u00f3n de dominio pertinente, esto es, la prevista en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil o en el 949 del mismo Estatuto. <\/p>\n
Asimismo, dijeron que esa infracci\u00f3n obedeci\u00f3 a \u00aberrores de hecho\u00bb generados por la equivocada estimaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de \u00abpruebas\u00bb como la \u00abdemanda\u00bb, el \u00abcertificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble\u00bb en disputa, las escrituras p\u00fablicas n\u00b0 682 de marzo 26 de 2004 y n\u00b0 21999 de agosto 18 de 2010 respectivamente otorgadas en las Notar\u00edas Segunda y Tercera de Ibagu\u00e9, as\u00ed como las sentencias de primer y segundo grado emitidas en el proceso de \u00abpertenencia\u00bb que \u00abHumberto Cuenca y Robinson Casta\u00f1o Higuita contra Guillermo Le\u00f3n Calder\u00f3n, Hugo Nelson Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez, Modesto Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez y otros con radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-31-03-001-2014-00277-01\u00bb, que llevaron a la Colegiatura a \u00abdar por probado sin estarlo\u00bb que ellos \u00abpidieron la reivindicaci\u00f3n para s\u00ed y no para la comunidad\u00bb y que \u00aben la demanda se tuvo definido un fundamento jur\u00eddico\u00bb. <\/p>\n
En suma, afirmaron que de haber desentra\u00f1ado el verdadero sentido de su demanda y los anexos que \u00abdaban fe de la existencia de un tercer comunero\u00bb, asign\u00e1ndole el \u00abfundamento jur\u00eddico correcto\u00bb, se habr\u00eda superado la discusi\u00f3n sobre el primer elemento de la acci\u00f3n dominical, permiti\u00e9ndoles la \u00abmaterializaci\u00f3n del derecho sobre las excesivas formalidades exigidas (\u2026) con base en sentencias desactualizadas al estado de derecho en esa materia\u00bb. <\/p>\n
En el desarrollo de este mismo cargo y como \u00absegunda acusaci\u00f3n\u00bb, censuraron la inobservancia de los art\u00edculos 7\u00ba, 14, 134 inciso final, 136 y 137 del C\u00f3digo General del Proceso y adujeron la presencia de un \u00aberror de hecho manifiesto\u00bb en el raciocinio del Tribunal al considerar \u00abinsaneable\u00bb la \u00abnulidad\u00bb derivada de la \u00abfalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario por activa\u00bb respecto del comunero Modesto Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez, aunque se encontraba saneada \u00abpor no haber sido alegada ni por las partes, ni por el juez\u00bb y porque \u00aba pesar del vicio el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad y no se viol\u00f3 el derecho de defensa de la parte no vinculada al proceso\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, a modo de \u00abtercera acusaci\u00f3n\u00bb, agregaron que fue \u00abindebida\u00bb y \u00abequivocada\u00bb la valoraci\u00f3n probatoria respecto a la calidad de \u00abposeedores\u00bb de sus demandados como \u00absegundo elemento axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb, toda vez que la documental adosada al l\u00edbelo, especialmente, las copias de la demanda de pertenencia que estas personas les iniciaron y de las sentencias que zanjaron ese litigio evidenciaban que tanto Humberto Cuenca como Robinson Casta\u00f1o Higuita ten\u00edan la condici\u00f3n de poseedores del lote, pues as\u00ed se presentaron ante la \u00abautoridad judicial\u00bb que tramit\u00f3 aqu\u00e9l juicio. <\/p>\n
Aunado a ello, resaltaron que \u00abel Tribunal no ten\u00eda competencia funcional para pronunciarse sobre este punto\u00bb, pues desbordaba el alcance de la \u00abpretensi\u00f3n impugnaticia\u00bb y en cualquier caso con la proclama como \u00ab\u00fanico poseedor\u00bb que hizo su contradictor bastaba para dar por sentado el segundo de los requisitos fundantes de la acci\u00f3n de dominio invocada. <\/p>\n
<\/p>\n
c. Cargo tercero: Amparados en la causal tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso atacaron la decisi\u00f3n opugnada por \u00abno estar en consonancia con los reparos presentados al interponer el recurso de apelaci\u00f3n (\u2026) y haberse extralimitado en la pretensi\u00f3n impugnada (sic) y su competencia funcional, inobservando lo dispuesto en los art\u00edculos 281, 320, 327 inciso final y 328 (sic), afectando gravemente los derechos contenidos en los art\u00edculos 1, 2, 5, 29, 230 y 228 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
Por esa l\u00ednea, le endilgaron al Colegiado la desatenci\u00f3n de las reglas que restring\u00edan sus facultades de examen y decisi\u00f3n de manera \u00abexclusiva\u00bb a los motivos precisos de inconformidad de los recurrentes y aunque en ese caso \u00ablas dos partes, demandante y demandado, apelaron la sentencia de primera instancia, los reparos fueron concretos\u00bb, ellos por la denegaci\u00f3n a las restituciones mutuas y su contraparte \u00ab\u00fanicamente por la negativa a la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio alegada como excepci\u00f3n de fondo dentro de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb. <\/p>\n
En esas condiciones, opinaron que la \u00abfalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio por activa\u00bb era un tema ajeno al debate propuesto por las partes y tampoco se pod\u00eda considerar como un \u00abasunto \u00edntimamente ligado a la apelaci\u00f3n\u00bb, pues, en su sentir, \u00abla parte activa se encontraba debidamente integrada\u00bb y ning\u00fan cuestionamiento sobre el particular plante\u00f3 el accionado ni el juez de primer grado en las oportunidades procesales pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
d. Cargo cuarto: Basados en la causal quinta del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, tildaron la sentencia recurrida de \u00abestar viciada de nulidad por no haberse integrado el litisconsorcio necesario\u00bb, inobservar los \u00abart\u00edculos 42 numeral 5, 133 numeral 8, 134 inciso final, 136 par\u00e1grafo \u00fanico y 138 (sic)\u00bb y afectar los \u00abderechos contenidos en los art\u00edculos 1, 2, 5, 29, 230 y 228 de la Constituci\u00f3n Nacional\u00bb. <\/p>\n
Manifestaron que el ad quem no aplic\u00f3 los remedios procesales de imperativa observancia para enmendar la inadecuada \u00abintegraci\u00f3n del litisconsorcio necesario\u00bb que extra\u00f1\u00f3 en su fallo, porque al tratarse de una causal de nulidad con \u00abvocaci\u00f3n de saneamiento\u00bb, la \u00abdoctrina probable\u00bb de la Corte en esa materia, plasmada en providencias de \u00aboctubre 6 de 1999\u00bb, \u00abmarzo 23 de 2000\u00bb, \u00abmarzo 29 de 2001\u00bb, \u00ababril 22 de 2002\u00bb, \u00abdiciembre 5 de 2011\u00bb, \u00abjulio 4 de 2012\u00bb, \u00abSC1182-2016\u00bb y \u00abSC788-2018\u00bb, descartaba la posibilidad de una \u00absentencia absolutoria\u00bb y obligaba al funcionario judicial a \u00abdecretar la nulidad desde la sentencia de primera instancia y hacer la vinculaci\u00f3n pendiente\u00bb, en aplicaci\u00f3n de lo previsto por el inciso final del art\u00edculo 134 y el 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria de \u00e9ste medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, puesto que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 del mismo estatuto el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n, sin que pueda perderse de vista que aun en aquellos eventos en los que el ataque supere las formalidades t\u00e9cnicas previstas la Sala puede ejercer la potestad de la selecci\u00f3n negativa, cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados sin proponer una tesis que justifique un cambio de criterio; cuando son inexistentes los errores endilgados, se han saneado los advertidos o son intrascendentes; y, finalmente, cuando la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2. Con esas precisiones, temprano se avizoran algunas deficiencias que imposibilitan el estudio del primer ataque, anunciado en esta oportunidad por v\u00eda directa por la aparente \u00abinaplicaci\u00f3n\u00bb de diversas normas de la codificaci\u00f3n procesal que, en palabras de los recurrentes, condujo a la \u00abinfracci\u00f3n directa\u00bb de otras de raigambre constitucional (arts. 1, 2, 5, 29, 228 y 230 C.N.) y material, en concreto, los \u00abart\u00edculos 946 y siguientes del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, lo primero que resulta pertinente recordar es que si la acusaci\u00f3n descansa sobre las causales previstas en los numerales primero y segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, referidos en su orden a la violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial y a su afrenta indirecta, el censor corre con la carga de enunciar por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar en la determinaci\u00f3n cuestionada y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese que dicho talante, esto es, el de \u00abley sustancial\u00bb, solo es predicable de aquellas normas que \u00abcontienen una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u00bb, no as\u00ed de los c\u00e1nones que \u00abse limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u00bb (CSJ AC4591-2018. Reiterado en AC2133-2020, AC3599-2018, entre otras). <\/p>\n
No obstante, en abierta contradicci\u00f3n con ese mandato los recurrentes optaron por la panor\u00e1mica menci\u00f3n de variadas disposiciones, algunas relacionadas con postulados abstractos como el acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva, los principios de legalidad, debido proceso e interpretaci\u00f3n y observancia de las normas procesales (arts. 2, 7, 11, 13, 14 CGP) y de otras meramente descriptivas atinentes a los deberes y poderes del juez (art. 42 ib.), al ritual en presencia de un litisconsorcio necesario (art. 61 ib.), la admisi\u00f3n, inadmisi\u00f3n o rechazo del l\u00edbelo (art. 90 ib.), las formalidades, oportunidad y tr\u00e1mite de las excepciones previas (art. 101 ib.) y las nulidades procesales (arts. 134 y 138 ib.), el saneamiento de esos vicios (art. 136 ib.), la finalidad del recurso de apelaci\u00f3n y la competencia del superior para definirlo (arts. 320 y 328 ib.), en suma, preceptos que adolecen del cariz material o sustancial que inapropiadamente le atribuyen los opugnantes. <\/p>\n
Y otro tanto cabe se\u00f1alar respecto de los \u00abprincipios fundamentales\u00bb (arts. 1\u00ba, 2\u00ba y 5\u00ba C.N.), las \u00abdisposiciones generales\u00bb que rigen la Rama Judicial (arts. 228 y 230 ib.) e incluso de la prerrogativa consagrada en el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica, que seg\u00fan ha explicado la Sala, \u00abno son id\u00f3neos para apalancar, por s\u00ed solos, el motivo inicial de casaci\u00f3n, toda vez que por su naturaleza o estructura abierta, deben ser desarrollados por la ley, siendo esta la que regula situaciones jur\u00eddicas concretas y, por ende, es la que, en l\u00ednea de principio, resulta susceptible de ser reprochada en este escenario\u00bb (CSJ AC5435-2017. Reiterado en AC760-2020. Cfr. AC3883-2019, entre otros). <\/p>\n
Ahora bien, de todos los preceptos mencionados expresamente en la demanda de casaci\u00f3n, el \u00fanico con aptitud para edificar la censura por la v\u00eda directa aqu\u00ed analizada ser\u00eda el canon 946 del C\u00f3digo Civil, cuyo car\u00e1cter \u00absustancial\u00bb de tiempo atr\u00e1s ha reconocido esta Corporaci\u00f3n (Cfr. CSJ SC342-1988, 6 sep.; SC028-1994, 7 mar.; SC018-1995, 14 feb.; SC048-1995, 2 may.; SC017-1996, 8 mar.; AC311-1997, 2 dic.; AC1985-2018). <\/p>\n
Sin embargo, los inconformes no se preocuparon por demostrar la aparente vulneraci\u00f3n que le endilgaron al juez plural por \u00abfalta de aplicaci\u00f3n\u00bb del referido precepto; en su lugar, de manera confusa y contradictoria, le recriminaron por \u00abno abord[ar] de forma exhaustiva la totalidad de los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb y por \u00abdesatend[er] distintas reglas de procedimiento\u00bb, entre otras, la que le exig\u00eda la adopci\u00f3n oficiosa de \u00abmedidas de saneamiento\u00bb para \u00abintegrar el litisconsorcio necesario por la parte activa\u00bb o aquella que le imped\u00eda \u00abextralimitar\u00bb su \u00abcompetencia funcional\u00bb para decidir la apelaci\u00f3n sometida a su escrutinio, todo ello con fundamento en los c\u00e1nones 42, numeral 5\u00ba, 134, inciso final, 136, 138, 320 y 328 del estatuto ritual civil, de connotaci\u00f3n por dem\u00e1s instrumental, seg\u00fan se anot\u00f3 l\u00edneas atr\u00e1s. <\/p>\n
En esas condiciones, queda al descubierto la inadecuada fundamentaci\u00f3n de este embate, que invocado por la senda de la infracci\u00f3n directa de la ley se centr\u00f3 en discusiones sobre el entendimiento que, en criterio de los accionantes, deb\u00eda darse a normas procesales cuya aplicaci\u00f3n, -dicho sea de paso-, nunca exigieron en el decurso, todo ello combinado con la menci\u00f3n de hipot\u00e9ticas irregularidades atribuidas al sentenciador por desatender los l\u00edmites de la competencia en sede de apelaci\u00f3n, aspectos que resultan por completo ajenos al \u00e1mbito de la aludida causal. <\/p>\n
Al respecto, en armon\u00eda con la regla de precisi\u00f3n y claridad prevista en el canon 344 del C\u00f3digo General del Proceso, la Sala ha sido constante al advertir que, <\/p>\n
(\u2026) si la acusaci\u00f3n debe ser perceptible a la inteligencia, es claro que, entre otras cosas, no puede entremezclarse o hacerse mixtura de las causales, porque en lugar de diafanidad, todo se prestar\u00eda a confusi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular la Corte tiene explicado que no resulta t\u00e9cnico \u2018denunciar un error de juzgamiento y desarrollarlo como de procedimiento, o acusar errores de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas como fundamento de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, sino que es necesario identificar, en primer lugar, el tipo de error en que se pudo incurrir, y luego aducirse la causal o la v\u00eda que para el efecto se encuentra legalmente prevista\u2019(Auto 147 de 2 de agosto de 2004, expediente 04780). (CSJ AC 29 mar. 2012, exp. 2007-00935. Reiterado en AC760-2020) <\/p>\n
Y aunque los desaciertos mencionados son suficientemente indicativos de la impertinencia del ataque, al reparar en su sustentaci\u00f3n, tambi\u00e9n se aprecia su desenfoque, producto de la inapropiada tergiversaci\u00f3n de los pilares argumentativos del fallo en cuesti\u00f3n, ninguno de los cuales alude a la \u00abfalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario por activa\u00bb como factor determinante para el fracaso de la pretensi\u00f3n reivindicatoria de los promotores, que en realidad obedeci\u00f3 a la inadecuada demostraci\u00f3n de la \u00abtitularidad exclusiva sobre el bien objeto de reivindicaci\u00f3n\u00bb que desde el mismo portal del proceso ellos categ\u00f3ricamente se atribuyeron (cfr. Aud. 9 oct. 2019 – fs. 46 a 48, 287 a 289 C. 1 y 22 a 25 C.3.). <\/p>\n
En efecto, contrario a lo expuesto por los casacionistas, el juez colegiado al abordar el estudio de ese inicial presupuesto sin ambages destac\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) de las probanzas vertidas al proceso se desprende claramente que los actores no acreditaron la titularidad exclusiva sobre el bien objeto de reivindicaci\u00f3n ya que tanto la escritura p\u00fablica de compraventa n\u00b0 682, otorgada ante la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Ibagu\u00e9, el 26 de marzo de 2004, folio 10 a 22, cuaderno 1, como la escritura n\u00b0 2199 de agosto 18 de 2010, conferida ante la Notar\u00eda Tercera de esa misma capital, folios 23 a 26, cuaderno 1, y el certificado de tradici\u00f3n n\u00b0 350-2644, folios 5 a 9, cuaderno 1, revelan la existencia de unos derechos comunes de propiedad frente al citado inmueble a nombre del se\u00f1or Guillermo Le\u00f3n Garc\u00eda Calder\u00f3n, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 14.199.631 expedida en Ibagu\u00e9, Modesto Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00b0 93.377.806 expedida en Ibagu\u00e9 y el se\u00f1or Hugo Nelson Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez, identificado con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 93.385.542 expedida en Ibagu\u00e9, respectivamente. <\/p>\n
En efecto, seg\u00fan se observa de la escritura 682 atr\u00e1s anotada, Guillermo Le\u00f3n Garc\u00eda Calder\u00f3n, Modesto Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez y Mar\u00eda Fenibar Olaya Rodr\u00edguez inicialmente adquirieron ese inmueble en com\u00fan y proindiviso por compra efectuada en el a\u00f1o 2004 a Efra\u00edn Narv\u00e1ez Vel\u00e1squez, con posterioridad, en el a\u00f1o 2010, Mar\u00eda Fenibar Olaya Rodr\u00edguez vende la cuota parte que le corresponde sobre dicho bien a favor de Hugo Nelson Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez conforme escritura n\u00b0 2599 antes referenciada. Estos actos se encuentran debidamente registrados seg\u00fan se aprecia en las anotaciones n\u00b0 016 y n\u00b0 018 del certificado de tradici\u00f3n del inmueble aportado al expediente. <\/p>\n
As\u00ed pues, resulta evidente que adem\u00e1s de los demandantes los se\u00f1ores Guillermo Le\u00f3n Garc\u00eda Calder\u00f3n y Hugo Nelson Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez tambi\u00e9n es copropietario del predio a reivindicar el se\u00f1or Modesto Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez. En consecuencia, vigente como est\u00e1 la comunidad de propietarios no pod\u00edan los accionantes, en su condici\u00f3n de comuneros, reputarse, ad libitum, titulares exclusivos sobre toda la heredad, precisamente porque \u201cquien es due\u00f1o de una parte del predio que se pretende reivindicar debe ejercer la acci\u00f3n solo respecto de lo que le corresponde y no frente a la totalidad, caso contrario estar\u00eda reclamando derechos que no tienen y atribuy\u00e9ndose facultades que solo al titular del dominio pleno competen\u201d, Corte Suprema de Justicia, Casaci\u00f3n Civil, sentencia del 14 de agosto de 2007, expediente 15829. <\/p>\n
En ese orden de ideas, la pretensi\u00f3n de la demanda encaminada a que se declare que el bien materia de este asunto pertenece en dominio pleno y absoluto a los se\u00f1ores Guillermo Le\u00f3n Garc\u00eda Calder\u00f3n y Hugo Nelson Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez no puede salir airosa, habida consideraci\u00f3n que tales personas no acreditaron la potestad dominical exclusiva sobre la totalidad de esa inmueble, tanto m\u00e1s si en la cuenta se tiene que no pidieron reivindicar a favor de la comunidad. (Cfr. m\u00edn. 38:12 a 54:11 aprox. Aud. 9 oct. 2019 – fs. 22 a 25 C.3.). <\/p>\n
En esas condiciones, cabe concluir que la cr\u00edtica referente a lo que se denomin\u00f3 \u00abfalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio\u00bb, por extra\u00f1a a la labor argumentativa que desarroll\u00f3 el Tribunal, resulta insuficiente para derruir el fallo, cuyo aniquilamiento exige, seg\u00fan se memor\u00f3 en AC250-2015, que los reproches formulados por esta v\u00eda extraordinaria deban plantearse, <\/p>\n
(\u2026) \u2018con estricto ce\u00f1imiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque l\u00f3gica y jur\u00eddicamente debe existir cohesi\u00f3n entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casaci\u00f3n y la sentencia del ad quem (\u2026). El recurso de casaci\u00f3n -ha dicho la Corte- \u2018ha de ser en \u00faltimas y ante la sentencia impugnada, una cr\u00edtica sim\u00e9trica de consistencia tal que, por m\u00e9rito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuici\u00f3n oficiosa de la Corte, forzoso sea en t\u00e9rminos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya\u2026\u2019 (Cas. civ. de 10 de septiembre de 1991). (\u2026). La simetr\u00eda de la acusaci\u00f3n referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino tambi\u00e9n como coherencia l\u00f3gica y jur\u00eddica, seg\u00fan se dej\u00f3 visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el \u00e9xito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extra\u00f1os al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, seg\u00fan el caso\u201d (CSJ, SC del 10 de diciembre de 1999, Rad. No. 5294). <\/p>\n
3. Centrada ahora la atenci\u00f3n en el segundo cargo propuesto, similares errores de t\u00e9cnica se avizoran en su construcci\u00f3n, pues si bien el ataque en esta ocasi\u00f3n ata\u00f1e a la presunta violaci\u00f3n \u00abindirecta\u00bb por \u00abaplicaci\u00f3n indebida\u00bb de los art\u00edculos \u00ab2, 7, 11, 13, 14, 42 numerales 3 y 5, 61, 90, 134 inciso final, 320, 327 inciso final y 328 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como los art\u00edculos 946 y siguientes del C\u00f3digo Civil\u00bb, n\u00f3tese que salvo ese \u00faltimo precepto ninguno de los restantes es de naturaleza \u00absustancial\u00bb y tampoco de car\u00e1cter \u00abprobatorio\u00bb, cabe acotarlo (Cfr. art. 344, num. 2\u00ba, lit. a), CGP). <\/p>\n
Asimismo, es notoria la ambivalencia de este motivo de censura, que los recurrentes basaron en tres \u00abacusaciones\u00bb distintas, en su orden tituladas, \u00abcorrecta integraci\u00f3n del litisconsorcio por activa: Por interpretaci\u00f3n indebida de la demanda\u00bb, \u00abcorrecta integraci\u00f3n del litisconsorcio por activa: Por saneamiento de la nulidad\u00bb y \u00abvaloraci\u00f3n probatoria indebida frente a la calidad de poseedor \u00fanicamente del se\u00f1or Humberto Cuenca\u00bb, en cuyo desarrollo los demandantes indistintamente cuestionan la determinaci\u00f3n del juzgador por diversos errores \u00abde hecho\u00bb, propiciados, en apariencia, por la \u00abno estimaci\u00f3n y la equivocada apreciaci\u00f3n de pruebas\u00bb (demanda, certificados de libertad y tradici\u00f3n, escrituras p\u00fablicas y providencias judiciales adoptadas en un proceso de pertenencia), para acometer a rengl\u00f3n seguido un debate sobre las conclusiones a las que arrib\u00f3 el Tribunal frente a la carga demostrativa que de ellos se esperaba, con fundamento en \u00absentencias muy anteriores a 1999\u00bb, reproch\u00e1ndole adem\u00e1s por el \u00aberror manifiesto al considerar insaneable una causal [de nulidad] que se hab\u00eda saneado por no haber sido alegada y porque el acto procesal cumpli\u00f3 su finalidad\u00bb, esto al amparo de una exegesis alternativa y parcial de los art\u00edculos 61, 100, 133, 134, 136 y 137 del C\u00f3digo General del Proceso, para finalizar con su personal interpretaci\u00f3n sobre las documentales que, en su particular criterio, acreditaban el cumplimiento del \u00absegundo elemento axiol\u00f3gico de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb respecto de los dos demandados (cfr. fs. 12 vto. a 18 vto. C. Corte). <\/p>\n
En este punto conviene reiterar que trat\u00e1ndose de este recurso extraordinario, la carga de nitidez, cabalidad y exactitud del l\u00edbelo es de irrestricto cumplimiento (cfr. art. 344 CGP), debido a la disimilitud de las causales de casaci\u00f3n, cada una de ellas destinada a disputar t\u00f3picos particulares de la sentencia criticada, que torna incompatible su fusi\u00f3n, seg\u00fan se advirti\u00f3 en la providencia AC982-2019, reiterada en AC3017-2020, donde se precis\u00f3 que, <\/p>\n
[l]os diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n\u00b0 2007-00145-01). <\/p>\n
Y sobre el referido hibridismo, tambi\u00e9n en AC219-2017 se memor\u00f3, <\/p>\n
Evidentemente, la dis\u00edmil naturaleza de estos dos tipos de errores no s\u00f3lo confiere elementos suficientes para distinguirlos, sino que exige guardarse de confundirlos; de suerte que quien resuelva impugnar una sentencia en casaci\u00f3n, no puede en ese prop\u00f3sito invocar promiscuamente las diversas causales que para el efecto tiene previstas el legislador, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro cometi\u00f3 el sentenciador, y luego, aducir la causal que para ese espec\u00edfico defecto tiene dispuesta la ley. (\u2026) <\/p>\n
Ahora, es sabido que hibridismo de tal calado conspira contra la claridad y precisi\u00f3n que de cada acusaci\u00f3n exige el predicho numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 374 del c\u00f3digo de procedimiento civil, pues en ninguno de los dos casos podr\u00eda la Corte emprender su an\u00e1lisis sin tener de antemano muy bien definido cu\u00e1l es el verdadero motivo de inconformidad (\u2026)\u201d (CSJ Auto Nov. 9 de 2012, radicaci\u00f3n n. 985-02051-01.). <\/p>\n
Se suma a lo anterior, en lo que toca al cargo que se analiza, que a tono con el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, le correspond\u00eda a los disidentes el deber de precisar en qu\u00e9 consist\u00edan los errores de hecho manifiestos y trascendentes derivados de una indebida apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n considerados por el juzgador al resolver la acci\u00f3n de dominio, singularizando las pruebas en las que reca\u00eda esa cr\u00edtica, mediante la confrontaci\u00f3n espec\u00edfica entre lo que cada uno de esas medios suasorios dice y lo que el fallador no advirti\u00f3, tergivers\u00f3 o distorsion\u00f3 al apreciarlos, tarea que no fue cumplida por los opugnantes, seg\u00fan se aprecia en l\u00edbelo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En esa medida, la alegaci\u00f3n que presentan apenas sugiere una visi\u00f3n propia sobre la forma como debi\u00f3 resolverse el caso y su discordancia frente a la evaluaci\u00f3n cr\u00edtica del fallador, dejando al descubierto una descontextualizaci\u00f3n de los argumentos y alcances de la providencia, su contrariedad con temas de interpretaci\u00f3n jur\u00eddica y de valoraci\u00f3n probatoria, que resultan extra\u00f1os en esta senda extraordinaria, porque la misma no puede ser entendida como instancia adicional para reabrir debates de esa \u00edndole. <\/p>\n
Al respecto, seg\u00fan se precis\u00f3 en CSJ AC 11 sep. 2013, rad. 2006-00131-01, <\/p>\n
(\u2026) el recurrente tampoco se ocup\u00f3 de comprobar los errores de hecho presuntamente cometidos por el Tribunal, habida cuenta que no realiz\u00f3 ninguna comparaci\u00f3n entre el contenido objetivo de los elementos de juicio, lo que de ellos deb\u00eda colegirse y lo que, en definitiva, de los mismos infiri\u00f3 o debi\u00f3 inferir ese juzgador, carga que, como insistentemente lo ha predicado la Sala, no se cumple cuando el impugnador se \u201climita[\u2026] a esbozar o delinear el supuesto yerro en que habr\u00eda incurrido el juzgador, siendo necesario que se acredite cabalmente, esto es, que se le presente a la Corte no como una mera opini\u00f3n divergente de la del sentenciador, por atinada o versada que resulte, sino como corolario de una evidencia que, por s\u00ed sola, retumbe en el proceso. \u2018El impugnante -ha puntualizado la Sala-, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse\u2019 (CCXL, p\u00e1g. 82), (\u2026). En suma, la exigencia de la demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones o negaciones panor\u00e1micas -o generales- sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada\u201d (Cas. Civ., sentencia de 2 de febrero de 2001, expediente No. 5670). <\/p>\n
En complemento, en CSJ AC 18 dic. 2009, rad. 1999-00045-01, citado en AC2195-2016, se precis\u00f3 que en casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar \u00abun nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb. <\/p>\n
4. Superado as\u00ed el examen de los dos primeros cargos, en el tercero de ellos los promotores tildaron de incongruente el designio del Tribunal porque el mismo no se ajust\u00f3 de manera estricta y exclusiva a los concretos reparos que soportaban la alzada que \u00ablas dos partes\u00bb formularon frente a la sentencia de primer grado, el extremo demandante \u00abpor el no reconocimiento de las restituciones mutuas de los demandados como poseedores de mala fe\u00bb y el accionado a su vez \u00ab\u00fanicamente [por] la negativa a la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio alegada como excepci\u00f3n de fondo dentro de la acci\u00f3n reivindicatoria\u00bb, pedimentos impugnaticios que, en sentir de los casacionistas, no cobijaban la \u00abfalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario por activa\u00bb que, seg\u00fan afirman, llev\u00f3 al ad quem a revocar el fallo apelado y negar la totalidad de las pretensiones de la demanda (cfr. fs. 18 vto. a 21 vto. C. Corte). <\/p>\n
Como f\u00e1cilmente se observa, tal sustentaci\u00f3n parte del supuesto que la decisi\u00f3n de segundo grado y el consecuente fracaso de los pedimentos de los gestores del litigio obedeci\u00f3 a la inadecuada integraci\u00f3n del contradictorio o, si se quiere, a la \u00abfalta de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario por activa\u00bb; sin embargo, del contenido de la providencia emitida el 9 de octubre de 2019 lo que se extrae es que dicho tema nunca fue materia de ese pronunciamiento y, menos a\u00fan, determin\u00f3 el desenlace adverso que refutan los actores, propiciado b\u00e1sicamente por la ausencia de pruebas sobre la \u00abtitularidad exclusiva sobre el bien objeto de reivindicaci\u00f3n\u00bb que ellos mismos invocaron, como enantes se acot\u00f3 al estudiar el primero de los cargos aqu\u00ed formulados. (cfr. Aud. 9 oct. 2019 – fs. 46 a 48, 287 a 289 C. 1 y 22 a 25 C.3.). <\/p>\n
En este punto es propicio se\u00f1alar que con esa visi\u00f3n desfigurada y descontextualizada que esbozaron los inconformes incumplieron la carga de exponer cr\u00edticas acordes con la verdadera esencia del pronunciamiento lo que impide abordar el m\u00e9rito del cargo y descarta el ataque por esta senda extraordinaria, ya que como se record\u00f3 en CSJ AC7729-2017 <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864). <\/p>\n
Fuera de lo anterior, vale la pena destacar que cualquier cuestionamiento por incongruencia de una sentencia supone para el interesado la necesaria demostraci\u00f3n de la distorsi\u00f3n alegada, a partir del ejercicio objetivo y completo de comparaci\u00f3n o contraste entre las s\u00faplicas del actor y su fundamento f\u00e1ctico, las excepciones invocadas por su contradictor y de aquellas circunstancias que ameriten el forzoso reconocimiento judicial, en s\u00edntesis, de todos y cada uno de los elementos que fijan los linderos de la controversia trazada por las partes, frente al contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, sin que en ese labor\u00edo pueda desviarse para formular reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas (Cfr. CSJ AC4573-2019, SC11331-2015, AC4125-2015, entre otros). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, tampoco lucen acertados los embates de los recurrentes, quienes bajo el alegato de una presunta \u00abdisonancia\u00bb del fallo buscan desconocer, sin sustento id\u00f3neo, la potestad amplia del juez colegiado para resolver la apelaci\u00f3n conjunta que formularon ambas partes contra la sentencia del a quo (11 oct. 2018) y el deber que le correspond\u00eda a esa sede judicial de verificar previamente si se cumpl\u00edan los presupuestos que la ley fijaba para la prosperidad de la acci\u00f3n incoada (Cfr. art. 328 CGP), muy a pesar del resultado desfavorable que trajo esa labor para los intereses de los memorialistas, cuya inconformidad en ese sentido escapa del \u00e1mbito de esta espec\u00edfica causal, pues como lo ha clarificado la Corte, en estos casos, <\/p>\n
[n]o puede el recurrente soportarse en errores de juicio en que hubiere podido incurrir el sentenciador, los cuales s\u00f3lo podr\u00edan tener acogida bajo la causal primera, de suerte que \u2018si la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, la falencia deja de ser in procedendo para tornarse en in iudicando, la cual tiene que fundarse necesariamente en la causal primera de casaci\u00f3n, ya que de existir el yerro, \u00e9ste ser\u00eda de juicio y no de procedimiento\u00bb. (Resaltado ajeno al texto – CSJ SC6795-2017. Reiterada en AC1741-2019). <\/p>\n
5. Finalmente, en lo que ata\u00f1e al cuarto cargo que se escuda en la quinta causal del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, mem\u00f3rese que acorde con la doctrina pac\u00edfica de esta Sala, tal sendero queda circunscrito a las reglas de taxatividad, falta de convalidaci\u00f3n e inter\u00e9s, puesto que solo lograr\u00edan socavar la determinaci\u00f3n las inconsistencias determinadas e insuperables que por su trascendencia ameritan ser regularizadas, siempre y cuando las reporte el directo afectado. <\/p>\n
Como se\u00f1al\u00f3 la Corte en AC 18 dic. 2009, rad. 2002-00007, aplicable al caso dada la similitud en la regulaci\u00f3n de la causal dispuesta en el actual estatuto adjetivo, <\/p>\n
(\u2026) respecto de las reglas relativas al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (nulidad), es menester destacar que la solicitud de invalidaci\u00f3n debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley (\u2026) Adicionalmente, es menester que se evidencie inter\u00e9s en el recurrente para obtener la invalidaci\u00f3n que solicita, pues, es bien sabido, otro de los principios b\u00e1sicos que gobiernan la tem\u00e1tica de las nulidades procesales es el de protecci\u00f3n, relacionado con el inter\u00e9s que debe existir en quien reclame la anulaci\u00f3n, emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona (\u2026) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado. <\/p>\n
Asimismo, la Sala record\u00f3 en CSJ SC 3 sep. 2010, rad. 2006-00429, reiterada AC2220-2019, <\/p>\n
\u00ab[U]no de los motivos que el legislador tiene establecido para acudir en casaci\u00f3n en b\u00fasqueda del aniquilamiento de la sentencia combatida, conforme a la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, estriba en que al asunto le aqueje cuando menos una anomal\u00eda tal que con arreglo a la misma normatividad procesal determine alguna de las causales de anulaci\u00f3n taxativamente establecidas, siempre y cuando se cumplan las condiciones all\u00ed previstas (\u2026) Al respecto ha de resaltarse que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil destina todo el cap\u00edtulo II del t\u00edtulo XI de su libro segundo a regular la materia de las nulidades procesales, el que est\u00e1 compuesto por normas que determinan las causas generadoras de invalidez en todos los procesos y en algunos especiales, as\u00ed como las que establecen las oportunidades para alegarlas, la forma de declararse y sus consecuencias, lo mismo que las eventualidades a trav\u00e9s de las cuales deviene su saneamiento. Es con apoyo en ese concreto contenido normativo como la doctrina jurisprudencial tiene decantado que son la taxatividad, la convalidaci\u00f3n y la protecci\u00f3n o trascendencia, entre otros, los principios rectores que gobiernan tal materia. Conforme a la jurisprudencia de la Corporaci\u00f3n el primero consiste en la consagraci\u00f3n positiva del criterio taxativo, seg\u00fan el cual no hay irregularidad capaz de estructurar nulidad adjetiva sin ley espec\u00edfica que la establezca; el segundo consiste \u2018en que la nulidad, salvo contadas excepciones, desaparece del proceso por virtud del consentimiento expreso o impl\u00edcito del litigante perjudicado con el vicio\u2019; y el tercero se funda \u2018en la necesidad de establecer la nulidad con el fin de proteger a la parte cuyo derecho le fue cercenado por causa de la irregularidad\u2019 (G. J., t. CXLVIII, pag.316)\u00bb. <\/p>\n
A la luz de esos par\u00e1metros, surge incontestable la falencia formal del cargo propuesto, pues aunque se acusa la debatida sentencia de estar incursa en la nulidad procesal prevista en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por \u00abno haberse integrado el litisconsorcio necesario que el a quem (sic) hecho de menos\u00bb, en otras palabras, por no ordenar la comparecencia al proceso de Modesto Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez, en su calidad de copropietario del inmueble objeto de la acci\u00f3n reivindicatoria, lo cierto es que los recurrentes Guillermo Le\u00f3n Garc\u00eda Calder\u00f3n y Hugo Nelson Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez no s\u00f3lo descuidaron la categ\u00f3rica acreditaci\u00f3n de su inter\u00e9s en la invalidez que exoran (Cfr. art. 135, inc. tercero, ib.), sino tambi\u00e9n la demostraci\u00f3n que esa omisi\u00f3n que con tanto \u00e9nfasis le enrostran al juzgador efectivamente se subsume en la citada causal de nulidad. <\/p>\n
En efecto, establece el legislador procesal que el vicio en comento se configura, en lo pertinente, \u00abcuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes (\u2026) o no se cita en debida forma (\u2026) a cualquier persona (\u2026) que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado\u00bb (Cfr. art. 133, n\u00fam. 8, ib.), circunstancias que al margen de la legitimaci\u00f3n que les pueda asistir a los memorialistas para alegarla en nombre del Modesto Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez, en rigor, no se materializan en un juicio que como el reivindicatorio no supone la existencia de un \u00ablitisconsorcio necesario\u00bb entre los comuneros. <\/p>\n
En tal sentido, seg\u00fan lo precis\u00f3 la Corte en reciente oportunidad, no debe perderse de vista que \u00abla acci\u00f3n de domino supone el mecanismo que el legislador otorga para que el propietario recupere la posesi\u00f3n que ha perdido de manos de un tercero, y que legitima, cuando la propiedad est\u00e1 en varias personas, a cualquiera de ellas para reclamar la restituci\u00f3n de la cosa singular, siempre y cuando la respectiva reclamaci\u00f3n redunde en pro de todos los que, unidos por el derecho de dominio, conforman una comunidad\u00bb (CSJ SC2354-2021), de suerte que no se ve c\u00f3mo pueda admitirse en este caso concreto la existencia de una forzosa relaci\u00f3n litisconsorcial que, desatendida, conlleve la nulidad de toda la actuaci\u00f3n procesal que aqu\u00ed se persigue. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Hugo Nelson Mill\u00e1n Guti\u00e9rrez y Guillermo Le\u00f3n Garc\u00eda Calder\u00f3n, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 9 de octubre de 2019, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devolver por la Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC4221-2021 (2017-00300-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC4221-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 73001-31-03-002-2017-00300-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56966","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56966","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56966"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56966\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56966"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56966"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56966"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}