AC4232-2021 (2017-00497-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC4232-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-025-2017-00497-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de agosto de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por Summa Propiedades S.A.S., para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso verbal que la recurrente promovi\u00f3 contra Vilachagua S.A.S. en Liquidaci\u00f3n y el Patrimonio Aut\u00f3nomo \u00abFIDUZV\u00bb, representado por Alianza Fiduciaria S.A. <\/p>\n
I.- ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante escrito que posteriormente reform\u00f3, la convocante pidi\u00f3 declarar que sufri\u00f3 lesi\u00f3n enorme en el contrato por medio del cual, el Patrimonio Aut\u00f3nomo \u00abFC SUMMA II\u00bb vendi\u00f3 a Vilachagua S.A.S. seis inmuebles, situados en el departamento de Antioquia, identificados con matr\u00edculas Nos. 020-00805, 020-0006806, 020-0006807, 020-000608, 020-0006809 y 020-0016837 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro y, en consecuencia, condenar a los demandados a completar el justo precio de aquellos con deducci\u00f3n de una d\u00e9cima parte, o rescindir el negocio y ordenar la devoluci\u00f3n de los bienes. <\/p>\n
Subsidiariamente, implor\u00f3 declarar la inexistencia del negocio jur\u00eddico, o en su defecto, que hubo enriquecimiento sin causa y, por ende, que sus contradictoras estaban obligadas a complementar el precio debido por los predios. <\/p>\n
Sostuvo que el valor pactado en el convenio, el cual se celebr\u00f3 mediante escritura p\u00fablica No. 467 de 10 de abril de 2013 en la Notar\u00eda Setenta y Una (71) del C\u00edrculo de esta ciudad, fue inferior a la mitad del justo precio de los inmuebles vendidos, ya que Vilachagua S.A.S. sufrag\u00f3 por ellos veintis\u00e9is mil novecientos setenta seis millones seiscientos mil un pesos ($26.976.600.001), pero su valor real para esa \u00e9poca correspond\u00eda, al menos, a sesenta mil cuatrocientos ochenta y dos millones setecientos sesenta y tres mil doscientos setenta y un pesos ($60.482.763.271). <\/p>\n
Aclar\u00f3 que est\u00e1 legitimada como demandante porque fue la constituyente del Patrimonio Aut\u00f3nomo \u00abFC SUMMA II\u00bb, cuyos derechos y acciones se le transfirieron una vez fue finiquitado; respecto del inter\u00e9s del Patrimonio Aut\u00f3nomo \u00abFIDUZV\u00bb para ser convocado, precis\u00f3 que Vilachagua S.A.S. los \u00abdeposit\u00f3\u00bb en \u00e9l, a trav\u00e9s de la fiducia mercantil de administraci\u00f3n conformada mediante escritura p\u00fablica 3203 de 7 de diciembre de 2015 (fls. 587 a 604, 626 a 648, cuaderno 1). <\/p>\n
2.- Los llamados a juicio se resistieron. <\/p>\n
Vilachagua S.A.S. en Liquidaci\u00f3n propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abausencia de lesi\u00f3n enorme\u00bb, \u00abausencia de desequilibrio contractual\u00bb, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, imposibilidad de acoger las pretensiones principales y subsidiarias en favor de Summa Propiedades S.A.S.\u00bb, \u00abimposibilidad de que prosperen las pretensiones por haberse enajenado los predios objeto de litigio\u00bb, \u00abcaducidad o prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u00bb, \u00abimposibilidad de restituir los predios al no ser la acci\u00f3n rescisoria de naturaleza real\u00bb, \u00abfalta de inter\u00e9s para obrar en cabeza de la demandante\u00bb, \u00abalegaci\u00f3n de los actos propios\u00bb, \u00abausencia de precio irrisorio e imposibilidad de declarar la inexistencia de la compraventa\u00bb, \u00abinexistencia de enriquecimiento sin justa causa\u00bb (fls. 569 a 585 y 649 a 670, ib.) <\/p>\n
Alianza Fiduciaria S.A. propuso la r\u00e9plica de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva del Patrimonio FIDUZV y reiter\u00f3 las planteadas por la codemandada (fls. 587 a 604 y 626 a 648, ib.) <\/p>\n
3.- El a quo tras constatar el inter\u00e9s de Summa Propiedades S.A.S. y del Patrimonio Aut\u00f3nomo \u00abFIDUZV\u00bb para ser demandante y demandado, declar\u00f3 probadas las excepciones de \u00abausencia de lesi\u00f3n enorme, ausencia de precio irrisorio e imposibilidad de declarar la inexistencia de la compraventa\u00bb e \u00abinexistencia de enriquecimiento sin justa causa\u00bb, desestim\u00f3 las pretensiones principales y subsidiarias y aval\u00f3 la tacha del testimonio de Klaus Andr\u00e9s Prieto, practicado a instancia de la actora. <\/p>\n
Para ello precis\u00f3 que la impulsora no demostr\u00f3 los supuestos de sus reclamos y mediante la experticia presentada por Vilachagua, realizada por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1, se \u00abacredit\u00f3 que el valor de los inmuebles para la fecha de la venta, incluido el potencial desarrollo urban\u00edstico ascend\u00eda a la suma de aproximadamente diecis\u00e9is mil millones de pesos ($16.000.000.000)\u00bb. La declaraci\u00f3n del mencionado testigo la descart\u00f3 en virtud de su relaci\u00f3n con la demandante y la falta de credibilidad de sus manifestaciones (audiencia 20 en. 2020, fl. 2768, Cuaderno 1B). <\/p>\n
4.- Apelada la determinaci\u00f3n por la accionante, el Tribunal la confirm\u00f3, al no hallar prueba del desequilibrio en la prestaci\u00f3n contractual, y descartar los reparos frente al dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1, conforme a los siguientes argumentos: <\/p>\n
4.1. No puede valorarse la experticia aportada por la demandante con el libelo introductorio, elaborada por el perito Luis Eduardo Londo\u00f1o Ram\u00edrez, ni la dirigida a refutar el adosado por el extremo convocado, confeccionada por la Firma Colliers International Colombia S.A., ya que \u00abesos medios de convicci\u00f3n no fueron allegados de forma regular y oportuna al proceso\u00bb; la primera, \u00abno cumpl\u00eda con los requisitos [de validez] previstos en el art\u00edculo 226 del CGP\u00bb, sin que la interesada los hubiese completado en el t\u00e9rmino que le confiri\u00f3 el juzgado de primera instancia, en la audiencia de 5 de julio de 2019, y la segunda, \u00abno fue allegada dentro del t\u00e9rmino fijado por el despacho\u00bb de primer grado, por lo cual ambos medios fueron excluidos del acervo probatorio mediante auto de 21 de octubre de 2019. <\/p>\n
4.2. El testimonio de Klaus Andr\u00e9s Prieto Lozada, quien sostuvo que los inmuebles se enajenaron por un valor bastante inferior al real, no tiene m\u00e9rito probatorio, pues, si bien no puede descalificarse por su relaci\u00f3n con la demandante, carece de eficacia para demostrar la existencia de un desequilibrio econ\u00f3mico en la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Esto, porque sobre el acuerdo adicional que, seg\u00fan \u00e9l, celebraron las partes \u00abpara que se compensara a la demandante por un mayor valor del predio cuando se realizara un desarrollo inmobiliario\u00bb, refiri\u00f3 un conocimiento de o\u00eddas, y seg\u00fan Jaime Pesaich -part\u00edcipe de la negociaci\u00f3n que origin\u00f3 el contrato- aquellas solo tuvieron \u00abalgunas conversaciones\u00bb al respecto. Adem\u00e1s, la diferencia entre el precio real y lo pagado se contradec\u00eda con el testimonio de Fernando Alonso Paredes, quien fuera representante legal de San Valentino S.A.S., ya que relat\u00f3 que esa compa\u00f1\u00eda realiz\u00f3 una propuesta para la adquisici\u00f3n de los inmuebles por menor monto que la parte demandada, que \u00abs\u00ed tuvo en cuenta que una parte de los predios se pod\u00eda dedicar a un desarrollo inmobiliario\u00bb. Y, a su turno, la versi\u00f3n seg\u00fan la cual, Santiago Guti\u00e9rrez, \u00ababogado de los demandados durante las tratativas del contrato de compraventa\u00bb, se opuso a que la misma se celebrara por existir una lesi\u00f3n enorme, fue desvirtuada por el propio Santiago al rendir su declaraci\u00f3n sobre los hechos. <\/p>\n
4.3. Los documentos aportados por Klaus Prieto al rendir declaraci\u00f3n carecen de m\u00e9rito demostrativo, pues unos eran los aval\u00faos de la demandante y los otros correspond\u00edan a unos correos electr\u00f3nicos, que no permit\u00edan inferir la existencia de un pacto destinado a convenir una remuneraci\u00f3n adicional a la fijada en el contrato. <\/p>\n
4.4. Los indicios, que seg\u00fan la demandante, revelan el desequilibrio de la operaci\u00f3n econ\u00f3mica, relativos al potencial inmobiliario de los predios, su inmovilizaci\u00f3n a trav\u00e9s de la constituci\u00f3n un patrimonio aut\u00f3nomo y el objeto social de Vilachagua, son insuficientes para establecer ese hecho, ya que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la prueba m\u00e1s id\u00f3nea para demostrar la lesi\u00f3n enorme es el dictamen pericial, y hay evidencia que los contradice, como la declaraci\u00f3n de Fernando Paredes, quien refiri\u00f3 que la oferta realizada por San Valentino S.A.S., \u00abs\u00ed ten\u00eda en cuenta el potencial inmobiliario de los predios\u00bb, al igual que la experticia de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1, debido a que consider\u00f3 esa variable \u00aby, en todo caso, arrib\u00f3 a un precio de los inmuebles superior al pactado por las partes en el contrato de compraventa\u00bb. Tampoco hay prueba de que \u00abel potencial inmobiliario del predio determinara que su valor fuera \u2018menos de la mitad\u2019 del valor comercial de los bienes inmuebles\u00bb, y \u00abqued\u00f3 demostrado en el proceso que, desde el comienzo, la principal intenci\u00f3n de los compradores era destinar dichos bienes a la explotaci\u00f3n con cultivos de flores, como lo reconoci\u00f3 en su testimonio Jaime Peisach\u00bb. <\/p>\n
5.- La demandante formul\u00f3 recurso casaci\u00f3n, que el Tribunal le concedi\u00f3 y la Corte admiti\u00f3 (fls. 199 a 201, ib\u00eddem y Consecutivo 04, Admite recurso). <\/p>\n
6.- En la debida oportunidad, la recurrente sustent\u00f3 la impugnaci\u00f3n extraordinaria por medio de cuatro cargos (Consecutivo 07, Demanda de Casaci\u00f3n). <\/p>\n
a.-) A trav\u00e9s del primero expuso que el tr\u00e1mite est\u00e1 afectado de la irregularidad prevista en el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto se omiti\u00f3 la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley era obligatoria, al no valorarse el dictamen que aport\u00f3 con el fin de establecer el justo precio del negocio ni el allegado con el fin de debatir el del extremo demandado. <\/p>\n
Si bien la falta de apreciaci\u00f3n de esas experticias no encaja con el tenor literal de la causal de nulidad invocada, la Corte, en virtud de su \u00abderecho a probar\u00bb, debe tener la situaci\u00f3n denunciada como tal, pues, dadas las circunstancias en las que dicho desenlace se produjo, esa omisi\u00f3n la priv\u00f3 de la posibilidad de demostrar, a trav\u00e9s de la \u00abprueba id\u00f3nea\u00bb, la lesi\u00f3n enorme que padeci\u00f3. En tanto, el Tribunal desestim\u00f3 esos medios porque el fallador de primera instancia los expuls\u00f3 del debate probatorio por auto de 21 de octubre de 2019, al estimar improrrogables los plazos conferidos para que se presentara la pericia con la totalidad de los requisitos del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso y se aportara la anunciada para contradecir la de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1. <\/p>\n
La hermen\u00e9utica dirigida a ampliar el elenco de la nulidad alegada no es novedosa, debido a que en \u00absentencia del 28 de junio de 2005 (Ref: expediente 7901)\u00bb, en un caso donde la prueba atropoheredo-biol\u00f3gica establecida para el proceso de filiaci\u00f3n no se practic\u00f3 por renuencia del demandado, la Sala entendi\u00f3 que la causal contemplada en el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que \u00abestablec\u00eda espec\u00edficamente la nulidad para cuando se omit\u00edan los t\u00e9rminos para practicar pruebas\u00bb, tambi\u00e9n deb\u00eda predicarse para el evento en que \u00abuna de las partes impide su pr\u00e1ctica\u00bb, antecedente que suscit\u00f3 elevar como causal de invalidez, la omisi\u00f3n de la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria. <\/p>\n
b.-) El segundo embate se formul\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por error de derecho. El veredicto dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil porque no tuvo en cuenta las experticias presentadas con el prop\u00f3sito de obtener la rescisi\u00f3n de la compraventa celebrada con Vilachagua S.A.S., las cuales desestim\u00f3 a causa de la equivocaci\u00f3n en que incurri\u00f3 al interpretar el canon 226 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Para demostrar la acusaci\u00f3n puntualiz\u00f3 que el ad quem entendi\u00f3, equivocadamente, que la falta de los requisitos previstos en el canon 226 lo autorizaba para no valorar los dict\u00e1menes, cuando lo cierto es que la ausencia de ellos no se lo imped\u00eda, ya que, como lo dijo la Sala en STC2066-2021, el an\u00e1lisis de dichos presupuestos est\u00e1 reservado para la sentencia, donde deb\u00eda \u00ab\u2018motivarse de qu\u00e9 manera esas omisiones disminuyeron la verosimilitud desde el informe\u2019\u00bb. <\/p>\n
Ese desenlace aval\u00f3 la irregularidad en que incurri\u00f3 el fallador de primer grado, quien, en auto de 21 de octubre de 2019, no tuvo en cuenta las pericias aportadas por Summa, \u00abal considerar que el t\u00e9rmino para aportar la documental complementaria del primer dictamen y allegar el segundo de ellos resultaba improrrogable\u00bb, a pesar de que a la luz del art\u00edculo 117 ib\u00eddem, era viable que se le otorgara un plazo adicional. <\/p>\n
De haberse considerado el dictamen elaborado por Londo\u00f1o Ram\u00edrez, de acuerdo con las reglas que lo rigen, as\u00ed como las razones que impidieron su complementaci\u00f3n oportuna, \u00abhubiera podido quedar demostrado que el justo precio de la compraventa\u00bb era el establecido en dicho informe y, por tanto, la afectaci\u00f3n patrimonial. <\/p>\n
c.-) En el tercer ataque sostuvo que el veredicto infringi\u00f3 indirectamente los art\u00edculos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil, \u00abcomo consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u00bb, que \u00abenlazadas pod\u00edan demostrar la conciencia de un valor inferior de los bienes para la \u00e9poca del contrato\u00bb. <\/p>\n
El testimonio de Klaus Prieto no fue debidamente valorado, de \u00e9l debi\u00f3 concluirse que entre las partes hubo conversaciones destinadas a reconocerle un mayor valor a los predios, en virtud de futuros desarrollos inmobiliarios y, por ende, para ellas \u00abexist\u00eda claridad acerca de que el precio formalmente establecido en la compraventa era muy inferior al valor de los bienes para la \u00e9poca del contrato\u00bb, y no es cierto que su versi\u00f3n entrara en contradicci\u00f3n con otras pruebas. Esto, porque Jaime Peisach tambi\u00e9n sostuvo que hubo conversaciones tendientes a acordar el pago de un mayor valor; la declaraci\u00f3n de Fernando Alonso Paredes en torno a la existencia de una oferta menor por la que fueron vendidos los predios \u00abno tiene otra explicaci\u00f3n que la urgencia econ\u00f3mica por las comprobadas dificultades financieras de la vendedora\u00bb y, finalmente, la divergencia entre el dicho del testigo con el del Santiago Guti\u00e9rrez no implica que su versi\u00f3n sea inconsistente, ya que la diferencia \u00abpuede entenderse razonablemente como una posici\u00f3n profesional que cada uno tuvo a la hora de declarar\u00bb. <\/p>\n
El Tribunal no apreci\u00f3 las conductas de la demandada y, en especial, del grupo comercial del que hac\u00eda parte, como \u00abceder el contrato a una sociedad creada y disuelta poco tiempo despu\u00e9s de haber cedido a un patrimonio aut\u00f3nomo los bienes adquiridos\u00bb, que junto a las conversaciones dirigidas a pactar un mayor precio, indicaban que Vilachagua S.A.S. ten\u00eda conciencia de que el precio era lesivo para la vendedora. <\/p>\n
En cuanto al dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1, si bien la demandante se qued\u00f3 \u00absin prueba alguna demostrativa de la lesi\u00f3n que padeci\u00f3\u00bb, no por eso el aval\u00fao de su contraparte pod\u00eda ser soporte decisivo de la sentencia. <\/p>\n
d.-) El \u00faltimo cargo lo estructur\u00f3 por la misma senda que el anterior, pero aduce que se genera a consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, por falta de apreciaci\u00f3n de las pruebas en conjunto \u00abenlazando lo que cada una ayudaba a decir para concluir, de manera categ\u00f3rica, que la pasiva era conocedora de la lesi\u00f3n enorme padecida por la actora\u00bb. En sustento, reprodujo los fundamentos de la censura precedente. <\/p>\n
II.- CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta a que los recurrentes observen con estrictez ciertos requisitos, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 de aquel compendio, el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado precepto impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatorio del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1an con lo anterior, puesto que conforme a los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n; y aun cuando los ataques colmen tales las formalidades t\u00e9cnicas, puede ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos, o si la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que, una vez cumplido ese paso preliminar, no sea posible que al fallar tenga en cuenta motivos de inconformidad distintos de los aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si se acude al numeral quinto del art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, referido a \u00ab[h]aberse dictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb, tal sendero queda circunscrito a las reglas de taxatividad, falta de convalidaci\u00f3n e inter\u00e9s, dado que s\u00f3lo lograr\u00edan socavar la determinaci\u00f3n las inconsistencias determinadas e insuperables que por su trascendencia ameritan ser regularizadas, siempre y cuando las reporte el directo afectado. <\/p>\n
Como se\u00f1al\u00f3 la Corte en CSJ AC4497-2018, <\/p>\n
(\u2026) la alegaci\u00f3n de una causal de nulidad es insuficiente para viabilizar su estudio de fondo, si al sustentar su ocurrencia no se tienen en cuenta los principios de especificidad, protecci\u00f3n, trascendencia y convalidaci\u00f3n que la rigen, pues la ausencia de cualquiera de \u00e9stos conducir\u00e1 a descartar la retroacci\u00f3n del tr\u00e1mite cumplido y a la repulsa del escrito de sustentaci\u00f3n, en guarda de caros postulados, como el de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
En otras palabras, el inconforme tiene la carga de demostrar que los hechos alegados se subsumen dentro de alguna de las causales de invalidaci\u00f3n consagradas en la legislaci\u00f3n, que la misma no fue saneada, que est\u00e1 legitimado para invocarla y que la vulneraci\u00f3n es trascendente. <\/p>\n
3.- Ya en la segunda causal, por la v\u00eda indirecta, adem\u00e1s de invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es necesario precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente incurrida por el sentenciador. <\/p>\n
4.- Ninguno de los cuestionamientos de la opugnadora satisface las exigencias t\u00e9cnicas necesarias para darle paso, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n
a.-) La primera censura no se ci\u00f1e al postulado de taxatividad que rige las nulidades, pues a pesar de que la impugnante la soporta en el supuesto de que se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria, las razones que la respaldan son ajenas a dicha hip\u00f3tesis. <\/p>\n
N\u00f3tese que las r\u00e9plicas de la quejosa en este punto, est\u00e1n dirigidas a refutar las apreciaciones del Tribunal respecto de los dict\u00e1menes que ados\u00f3 como prueba, porque alega que \u00abla prueba pericial aportada (\u2026) no fue considerada de forma alguna (\u2026)\u00bb, as\u00ed como que \u00abel juez y el Tribunal fueron absolutamente renuentes, por su decidida y obcecada rigurosidad, en desestimar toda valoraci\u00f3n de los documentos t\u00e9cnicos aportados por la parte (\u2026)\u00bb (se enfatiza), lo que nada tiene que ver con la hip\u00f3tesis legal mencionada, que busca, en concreto, remediar la situaci\u00f3n del recurrente provocada por haberse decidido un litigio sin practicarse una prueba que, de acuerdo con la ley, era necesaria para decidir la controversia. <\/p>\n
En ese sentido, en SC1832-2021 se record\u00f3 que la nulidad prevista en la causal quinta del art\u00edculo 133 ib\u00eddem ocurre <\/p>\n
(\u2026) cuando las pruebas \u201chan sido impuestas por la ley para ciertos casos, como por ejemplo \u2018la prueba con marcadores gen\u00e9ticos de ADN en los procesos para establecer paternidad o maternidad (art. 1\u00b0 Ley 721 de 2001), con las pruebas necesarias para la condena en concreto respecto de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante (art. 307 C\u00f3digo de Procedimiento Civil) y con la inspecci\u00f3n judicial en los procesos de declaraci\u00f3n de pertenencia (art. 407, num. 10, ib\u00eddem)\u2026\u2019 (CSJ SC, 11 Dic. 2012, rad. 2007-00046-01) [\u2026] concepto jurisprudencial [que] fue acogido por el legislador al disciplinar el instituto de las nulidades procesales, pues en el art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso recogi\u00f3 como causal de anulaci\u00f3n la de omitir \u2018la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u2019 (numeral 5)\u201d. <\/p>\n
De suerte que cuando ese vicio se alega por este camino, a su promotor le incumbe se\u00f1alar cu\u00e1l es la regla que prescribe la pr\u00e1ctica ineludible del medio de convicci\u00f3n, so pena de que el embate no sea admitido. Sobre el particular, la Sala en AC3785-2016, reiterado en AC5222-2017, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) se omiti\u00f3 explicar a la Corte las razones por las cuales las pruebas en comento resultaban obligatorias, indicando las normas que as\u00ed lo ordenaban, inclusive en la hip\u00f3tesis de ser cierto, como se alega por la censura, que la no pr\u00e1ctica de tales medios era imputable a la jurisdicci\u00f3n. Como se sabe, la senda de la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00fanicamente permite denunciar vicios procesales relacionados con pruebas oficiosas, cuando el medio respectivo responde a una exigencia legal expresa para proveer fallo de fondo. As\u00ed empez\u00f3 a perfilarlo la Sala en los fallos de 22 de mayo de 1998 (CCLII-1510, Volumen II, Primer Semestre), y 136 de 28 de junio de 2005, expediente 7901, a la postre g\u00e9nesis del art\u00edculo 133, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el cual el proceso es nulo, en todo o en parte, \u201c(\u2026) cuando se omite la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u201d, precepto que en un todo, se arroga la doctrina de esta Corte en el punto. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el embiste no satisface el principio de taxatividad que gobierna el r\u00e9gimen de las nulidades y, por ende, es inadmisible. <\/p>\n
Resulta inviable, hacer pasar la falta de valoraci\u00f3n de las experticias como \u00abomisi\u00f3n de la pr\u00e1ctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria\u00bb. Adem\u00e1s de la raz\u00f3n obvia, relacionada con el pluricitado principio, hay otros motivos, con un peso semejante, que impiden admitir esa posibilidad. <\/p>\n
Lo primero es, que lo que ocurri\u00f3 en el litigio es que el Tribunal decidi\u00f3 al margen de los dict\u00e1menes porque consider\u00f3 que no hab\u00edan sido regular y oportunamente allegados al proceso, y no porque no se hubiesen recaudado, que es lo que sanciona la ley a trav\u00e9s de la causal comentada, la decisi\u00f3n de una contienda sin la presencia de determinado medio de convicci\u00f3n que era indispensable para su resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Lo segundo, en asuntos como este, donde se demand\u00f3 la rescisi\u00f3n de una compraventa por lesi\u00f3n enorme, no existe una regla que imponga a las partes la aportaci\u00f3n de un medio espec\u00edfico o al juzgador su pr\u00e1ctica, como ser\u00eda un dictamen pericial contentivo de los bienes materia del contrato. Es decir, por un lado, las partes tienen libertad probatoria para convencer al juzgador del justo precio del convenio, y por otro, la construcci\u00f3n de la decisi\u00f3n no est\u00e1 supeditada a que se incorpore al litigio determinado elemento de juicio, cualquiera que se practique cumpliendo las reglas sobre aducci\u00f3n y contradicci\u00f3n es \u00fatil a ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Y si bien la Corte, desde anta\u00f1o, ha resaltado que en pleitos de esa naturaleza el dictamen pericial es la \u00abprueba id\u00f3nea\u00bb para demostrar el justo precio del contrato (S060, 27 feb. 1987, SC 9 ag. 1995, rad. 3457, SC7720-2014, entre otras), eso no significa que sea obligatoria, o que no exista libertad para acreditar ese hecho, mucho menos que la ausencia o existencia en el litigio determine su suerte, solo que por su objeto dicha probanza es m\u00e1s \u00fatil para ilustrar el conocimiento que requiere el juez respecto del valor de los bienes transferidos y por eso se prefiere. En ese sentido en SC8456-2016 se reiter\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) aunque \u00abpara acreditar el justo precio en la lesi\u00f3n enorme existe libertad probatoria\u2026 ocupa lugar preponderante el dictamen pericial que sirve para determinar, de manera objetiva y con prescindencia de cualesquiera otras consideraciones, cu\u00e1l era el valor del inmueble a la fecha en que se celebr\u00f3 la promesa\u00bb, trabajo que \u00abdentro del principio de la persuasi\u00f3n racional, el sentenciador no est\u00e1 obligado a aceptarla inexorablemente; por el contrario, est\u00e1 facultado para analizarla en concordancia con su seriedad, claridad y fundamentaci\u00f3n para poder acogerla o desestimarla para el citado efecto exponiendo las razones que le sirven para apreciarla o no\u00bb (CSJ SC, 6 Jun. 2006, Rad. 1998-17323-01; el subrayado es propio). <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Y si en gracia de discusi\u00f3n pudiera afirmarse que la idoneidad que predica la Corte del dictamen para acreditar el precio real del convenio equivale a exigir la presencia de ese medio de convicci\u00f3n en el proceso, el panorama no ser\u00eda distinto, pues en ese escenario el defecto tampoco se estructurar\u00eda, por cuanto el Tribunal dirimi\u00f3 la litis con la experticia de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1 y con fundamento en ella descart\u00f3 la ultramitad. <\/p>\n
Asimismo, no se puede invocar la falta de apreciaci\u00f3n de las pericias por v\u00eda de la causal quinta de casaci\u00f3n, pues una anomal\u00eda en ese sentido solo podr\u00eda cuestionarse por el segundo motivo de esta senda extraordinaria. <\/p>\n
Todo lo cual infringe la autonom\u00eda que rige los embates en casaci\u00f3n, por cuanto, como lo dijo la Corte en CSJ AC8732-2017, \u00e9stos son <\/p>\n
(\u2026) dis\u00edmiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones alegadas para cuestionar la sentencia deban proponerse al abrigo exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una sentencia en casaci\u00f3n no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qu\u00e9 tipo de yerro se cometi\u00f3, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto. <\/p>\n
No se desconoce que la raz\u00f3n de ser de la actual redacci\u00f3n de la causal quinta del numeral 133 del C\u00f3digo General del Proceso obedece a una construcci\u00f3n jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n con estribo en el numeral 6\u00b0 del canon 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil <\/p>\n
Sin embargo, de ah\u00ed no se sigue que la Corte con desconocimiento del principio de taxatividad del r\u00e9gimen de las nulidades hubiese creado otra causal, sino que la hall\u00f3 estructurada al tratarse de conflictos en los que se omiti\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica, a pesar de que por mandato legal era necesaria para su resoluci\u00f3n. As\u00ed, en la providencia mencionada por la actora se expuso: <\/p>\n
Para el caso particular de los juicios relativos a la filiaci\u00f3n, ha precisado la Corte que \u201ccuando el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 75 de 1968 dispone que en los procesos de investigaci\u00f3n de paternidad o maternidad \u2018el juez a solicitud de parte o, cuando fuere el caso, por su propia iniciativa, decretar\u00e1\u2019 los ex\u00e1menes y remisi\u00f3n de los resultados de la llamada prueba antropoheredo-biol\u00f3gica, no s\u00f3lo se establece para el Juez el deber de decretarla, a\u00fan de oficio, por el inter\u00e9s p\u00fablico que representa la necesidad de establecer y garantizar el derecho de toda persona a saber quien es su padre o madre, sino que tambi\u00e9n se le otorga la atribuci\u00f3n de que su decisi\u00f3n se cumpla con la mayor celeridad en pro de la verificaci\u00f3n de \u2018los hechos alegados por las partes\u2019, pero eso s\u00ed evitando las \u2018nulidades\u2019 (art. 37, nums 1 y 4 C.P.C.). (\u2026). Y m\u00e1s adelante la misma Corporaci\u00f3n agreg\u00f3: \u201cde all\u00ed que, si a\u00fan con las previsiones mencionadas, se omite el periodo necesario para la pr\u00e1ctica de esa prueba decretada de oficio, como acontece en aquel evento en que no puede cumplirse su realizaci\u00f3n, porque nunca se fij\u00f3 fecha, hora, lugar y dem\u00e1s circunstancias para su pr\u00e1ctica, o porque, habi\u00e9ndolo hecho el juez o el encargado de practicarla, tampoco se la dio a conocer a las partes e intervinientes en ella, se incurre entonces en el vicio de nulidad del proceso contemplado en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, (\u2026)\u201d (cas. civ. de 22 de mayo de 1998; exp. 5053). <\/p>\n
Esta doctrina, que la Sala reitera y enfatiza ex novo, debe complementarse para aquellos eventos en los que una de las partes hace gala de mecanismos que instrumenta para frustrar toda posibilidad de obtenci\u00f3n del medio probatorio, a los que se a\u00fana, como complemento, una actividad pasiva del Juez que, de cara a ese comportamiento, se limita a insistir o requerir la pr\u00e1ctica de la prueba, pero sin adoptar, correlativamente, las medidas necesarias con el fin de lograr su recaudo efectivo, como corresponde (SC 28 jun. 2005, rad. 7901). <\/p>\n
En consecuencia, resulta inviable la aceptaci\u00f3n del cargo. <\/p>\n
b.-) El segundo ataque, mediante el cual se rebate, a causa de un error de derecho, la apreciaci\u00f3n de los dict\u00e1menes confeccionados por Luis Eduardo Londo\u00f1o Ram\u00edrez -aportado con la demanda- y la Firma Colliers International Colombia S.A. -adosado para controvertir el de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1-, incurre en varias falencias que impiden su buen suceso. <\/p>\n
El embiste es incompleto, toda vez que se alega la infracci\u00f3n del art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso a prop\u00f3sito de que el juzgador no valor\u00f3 las dos experticias aportadas por la demandante. Sin embargo, solo explica c\u00f3mo se infringi\u00f3 esa pauta probatoria frente al dictamen allegado con la demanda, al precisar que el Tribunal entendi\u00f3 que dicho canon le imped\u00eda valorarlo, sin suministrar los argumentos por los cuales la misma falla se predica de la tendiente a controvertir la presentada por su opositor. <\/p>\n
Claridad que era relevante porque el ad quem desech\u00f3 la experticia anexa al libelo por la falta de cumplimiento de los requisitos del art\u00edculo 226 ib\u00eddem, mientras que la segunda la desestim\u00f3 por no aportarse durante el plazo que el juzgador de primera instancia le confiri\u00f3 en la audiencia de 5 de julio de 2019. <\/p>\n
Como puede verse, aunque la recurrente denunci\u00f3 la indebida apreciaci\u00f3n de las citadas pruebas t\u00e9cnicas por error de derecho en la interpretaci\u00f3n de la referida disposici\u00f3n, no sustent\u00f3 c\u00f3mo fue que la misma se desconoci\u00f3 frente a ambas probanzas. <\/p>\n
La censura, a su vez, vista exclusivamente desde el informe t\u00e9cnico inicial, desatiende el compromiso de se\u00f1alar la trascendencia del yerro en el sentido de la sentencia, como lo exige el literal a) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
En efecto, al explicar la relevancia de la irregularidad se limita a afirmar que \u00abde haber considerado la prueba pericial aportada (\u2026) hubiera podido quedar demostrado que el justo precio de la compraventa era el establecido en dicha pericia del experto Londo\u00f1o comprob\u00e1ndose as\u00ed la lesi\u00f3n enorme padecida por la parte actora (\u2026)\u00bb, pero no explic\u00f3 c\u00f3mo de haberse valorado esa prueba, el sentido del fallo habr\u00eda sido distinto, indicando, por ejemplo, cu\u00e1les eran las conclusiones de la experticia y sus fundamentos, los requisitos del referido art\u00edculo 226 que s\u00ed se cumplieron y aquellos cuya ausencia no afectaba el m\u00e9rito demostrativo de ese medio de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Es que i) si el juez plural le rest\u00f3 eficacia a dicho dictamen por no cumplir las exigencias legales, ii) la recurrente no discuti\u00f3 en las instancias, ni lo hace ahora, que la experticia tuviera esas falencias, iii) de acuerdo con sus planteamientos en este sendero, tales carencias \u00abno son motivos suficientes para impedir su recaudo, pues ese an\u00e1lisis est\u00e1 reservado para la sentencia, donde deber\u00e1 motivarse de qu\u00e9 manera esas omisiones disminuyeron la verosimilitud desde el informe\u00bb, y iv) dicho medio de convicci\u00f3n daba cuenta de la lesi\u00f3n enorme que Summa padeci\u00f3, deb\u00eda como m\u00ednimo, identificar su contenido y mostrar a la Corte c\u00f3mo, contrario a lo dicho por el Tribunal, esa prueba s\u00ed era id\u00f3nea para acreditar el mayor valor de los inmuebles y su incidencia definitiva en el fallo, de haber sido apreciada por el sentenciador. <\/p>\n
La incompletitud del cargo tambi\u00e9n se evidencia del hecho de que el recurrente no controvirti\u00f3 las deducciones del fallador frente al dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1, a lo que estaba obligado si en cuenta se tiene que aquel no solo neg\u00f3 las pretensiones al descartar su experticia, sino porque en virtud de la aportada por su contraparte tuvo por demostrado que la venta se efectu\u00f3 bajo un justo precio. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que el Tribunal dedic\u00f3 un aparte importante al estudio del informe t\u00e9cnico de la convocada, y all\u00ed explic\u00f3, detalladamente, por qu\u00e9 a diferencia de lo arg\u00fcido por la actora, ten\u00eda todo el m\u00e9rito para acreditar que no hubo lesi\u00f3n enorme. Entre otros aspectos, ense\u00f1\u00f3: <\/p>\n
[l]a experticia elaborada por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1 tuvo en cuenta la variable de explotaci\u00f3n de los predios con un proyecto inmobiliario y, en todo caso, se arrib\u00f3 a un precio de los inmuebles superior al pactado por las partes en el contrato de compraventa. En efecto, al explicar el uso que se hizo del m\u00e9todo residual, el perito expuso que, conforme a la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 del IGAC, el m\u00e9todo residual supone un ejercicio hipot\u00e9tico respecto de los desarrollos que pueden realizarse en el precio, que para el caso particular correspond\u00eda a su aprovechamiento urban\u00edstico. <\/p>\n
As\u00ed como que: <\/p>\n
(\u2026) revisado el documento y valorada la contradicci\u00f3n del dictamen, se observa que este cumple con lo previsto en los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 del Decreto 422 del 2000, en cuanto a los criterios a los que debe sujetarse y el contenido m\u00ednimo. As\u00ed mismo, los resultados, la metodolog\u00eda, las circunstancias, las teor\u00edas, las t\u00e9cnicas usadas y dem\u00e1s elementos relevantes para arribar a determinadas conclusiones se muestran como adecuados, sin que en la contradicci\u00f3n se haya puesto en evidencia alguna incongruencia, falencia o desacierto en cuanto a la metodolog\u00eda seguida en el dictamen y las conclusiones a las que arrib\u00f3 el perito. <\/p>\n
Aunque Summa tiene raz\u00f3n cuando advera que el incumplimiento de los requisitos contemplados en el art\u00edculo 226 del C\u00f3digo General del Proceso no imped\u00eda que el ad quem valorara la experticia elaborada por el arquitecto Londo\u00f1o Ram\u00edrez, pues, como se expuso en STC2066-2020, aquellas exigencias est\u00e1n destinadas a establecer la credibilidad del dictamen y, por tanto, su examen ha de efectuarse en la sentencia, ello no es suficiente para avanzar en el estudio de fondo del cargo, porque si bien desde esa perspectiva podr\u00eda estar demostrado el error alegado, lo mismo no puede predicarse de su incidencia en el desenlace. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese que en este cargo no se destin\u00f3 esfuerzo alguno a hacer ver que su experticia ten\u00eda entidad suficiente para arrasar las inferencias realizadas con fundamento en la de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1, por cuanto guard\u00f3 silencio frente al t\u00f3pico. Tampoco intent\u00f3 mostrar que, de haberse apreciado la misma en armon\u00eda con la de su antagonista se habr\u00eda concluido que el valor de los predios correspond\u00eda al sugerido por el arquitecto Londo\u00f1o Ram\u00edrez. <\/p>\n
Y si en gracia de discusi\u00f3n pudiera integrarse esta acusaci\u00f3n con el resto de los embates a fin de establecer la magnitud de la citada falla en relaci\u00f3n con el justo precio que infiri\u00f3 el Tribunal a partir del dictamen de la parte demandada, la suerte no ser\u00eda distinta, comoquiera que en ellos tampoco se preocup\u00f3 la casacionista por infirmar las apreciaciones de la sentencia sobre el punto. As\u00ed, en el cargo tercero, reproducido en el cuarto, discurri\u00f3 simplemente que: <\/p>\n
El tribunal pondera y acoge el aval\u00fao corporativo presentado por la pasiva tendiente, como es completamente obvio, a demostrar la posici\u00f3n suya en cuanto a que el precio fue el justo para la \u00e9poca del contrato. Todas las cr\u00edticas que entonces se elevaron contra dicho aval\u00fao no hacen sino demostrar la indefensi\u00f3n en que estuvo la parte actora que se qued\u00f3 sin prueba alguna demostrativa de la lesi\u00f3n que padeci\u00f3, pero en manera alguna puede significar ello que tal aval\u00fao sirva de soporte o apoyatura decisiva a la decisi\u00f3n ilegal del tribunal, que no tuvo otra verdad para ver que la afirmada por la pasiva. <\/p>\n
El panorama no cambia si se admitiera la posibilidad de examinar el dictamen de Colliers, que no se tuvo en cuenta por extempor\u00e1neo, ya que, desde esta \u00f3ptica, el ataque tampoco desahogar\u00eda el deber de se\u00f1alar la trascendencia del error en el sentido de la sentencia, comoquiera que la opugnante tampoco se ocup\u00f3 de ello. <\/p>\n
De manera que Summa Propiedades olvid\u00f3 la carga que ten\u00eda de evidenciar c\u00f3mo la falencia denunciada respecto de la apreciaci\u00f3n de los dict\u00e1menes confeccionados por Luis Eduardo Londo\u00f1o Ram\u00edrez y Colliers International Colombia S.A. habr\u00eda conducido a que el Tribunal aplicara los art\u00edculos 1946 y 1947 del C\u00f3digo Civil, tarea que no puede suplir la Corte, dado el car\u00e1cter restrictivo y dispositivo de este escenario, as\u00ed como por la presunci\u00f3n de acierto y legalidad que acompa\u00f1an la sentencia objeto de examen. <\/p>\n
c.-) El reclamo enfilado, por error de facto, hacia las apreciaciones del Tribunal respecto del testimonio de Klaus Andr\u00e9s Prieto Lozada, de los hechos indicativos que, seg\u00fan Summa Propiedades, daban cuenta del \u00abconocimiento que ten\u00eda la parte pasiva acerca del valor \u00ednfimo por el que hab\u00eda adquirido los inmuebles\u00bb, as\u00ed como frente al dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1, luce desenfocado, al desatender las razones que tuvo el ad quem para despachar desfavorablemente sus reclamos. Adem\u00e1s, la acusaci\u00f3n es incompleta, en tanto no ataca todos los pilares argumentativos del fallo. <\/p>\n
La r\u00e9plica, por una parte, se limita a exponer la visi\u00f3n de Summa Propiedades S.A.S. frente a las probanzas mencionadas, en el sentido de proponer una alternativa distinta para interpretarlos, sin cotejar la divergencia entre su contenido y las inferencias del enjuiciador sobre dichos elementos. <\/p>\n
Esto, porque a juicio de la recurrente a partir de esos medios de persuasi\u00f3n el iudex colegiado debi\u00f3 deducir la \u00abconciencia de un valor inferior de los bienes para la \u00e9poca del contrato, al que fue pactado como su precio\u00bb, cuando lo que aquel infiri\u00f3 fue que la demandante no prob\u00f3 la lesi\u00f3n enorme y exist\u00eda evidencia de que el valor sufragado por los predios incorporaba su potencial desarrollo inmobiliario. <\/p>\n
Sobre el particular el sentenciador advirti\u00f3 que el testimonio de Klaus Prieto no ten\u00eda m\u00e9rito probatorio alguno \u00aben punto a la existencia de un desequilibrio econ\u00f3mico de la negociaci\u00f3n\u00bb, ya que, entre otros aspectos, la \u00abcompraventa realmente se realiz\u00f3 por un valor de mercado y considerando el potencial inmobiliario\u00bb; t\u00f3pico frente al que dilucid\u00f3: <\/p>\n
Este punto resulta relevante, pues si bien en relaci\u00f3n con la negociaci\u00f3n realizada con las demandadas se aleg\u00f3 que el menor valor en la venta del predio se debi\u00f3 la existencia de un acuerdo \u2018privado\u2019 para su desarrollo inmobiliario, ninguna prueba o manifestaci\u00f3n similar se hizo respecto de la negociaci\u00f3n adelantada con San Valentino S.A.S. As\u00ed pues, si una oferta de menor valor, como lo fue realizada por San Valentino S.A.S., no consideraba ning\u00fan tipo de acuerdo adicional sobre el predio, ello pone en evidencia de que la compraventa realmente se realiz\u00f3 por un valor de mercado y considerando el potencial inmobiliario (p\u00e1g. 21 de la sentencia). <\/p>\n
Acot\u00f3 que el alegado \u00abindicio de la ubicaci\u00f3n estrat\u00e9gica, ubicaci\u00f3n y aptitud para el desarrollo de importantes proyectos inmobiliarios del predio\u201d, el objeto social de la demandada, ni la \u00abinmovilizaci\u00f3n de los predios\u00bb a trav\u00e9s de su transferencia a un patrimonio aut\u00f3nomo eran insuficientes para tener por demostrada la afectaci\u00f3n de la balanza contractual porque adem\u00e1s de que la prueba id\u00f3nea era la pericial, <\/p>\n
[e]n relaci\u00f3n con estos indicios a los que apunta la recurrente no se puede pasar por alto que existen multiplicidad de pruebas que los contradicen. Se encuentra la mencionada declaraci\u00f3n del se\u00f1or Fernando Alonso Paredes, quien manifest\u00f3 que la oferta realizada por San Valentino S.A.S., que era inferior a la de los compradores, s\u00ed ten\u00eda en cuenta el potencial inmobiliario de los predios. <\/p>\n
De otra parte, experticia elaborada por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1 tuvo en cuenta la variable de explotaci\u00f3n de los predios con un proyecto inmobiliario y, en todo caso, se arrib\u00f3 a un precio de los inmuebles superior al pactado por las partes en el contrato de compraventa. En efecto, al explicar el uso que se hizo del m\u00e9todo residual, el perito expuso que, conforme a la Resoluci\u00f3n 620 de 2008 del IGAC, el m\u00e9todo residual supone un ejercicio hipot\u00e9tico respecto de los desarrollos que pueden realizarse en el precio, que para el caso particular correspond\u00eda a su aprovechamiento urban\u00edstico. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Seguidamente dej\u00f3 sin vigor los embistes de la recurrente dirigidos a socavar los fundamentos del dictamen elaborado por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1, para finalmente concluir que no se prob\u00f3 la lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
Empero, la opugnadora, distante de esas apreciaciones, dirigi\u00f3 su atenci\u00f3n al tema de la prueba de la \u00abconciencia de un valor inferior de los bienes para la \u00e9poca del contrato, al que fue pactado como su precio\u00bb, que ni quita ni pone al resultado fustigado, lo que, incluso reconoce al se\u00f1alar que \u00ab[e]s cierto que no se trata tal disquisici\u00f3n de una demostraci\u00f3n de la lesi\u00f3n enorme , pues ya est\u00e1 dicho en los otros cargos que la parte actora qued\u00f3 sin prueba alguna para poder acreditar el supuesto de hecho que la motiv\u00f3 a demandar\u00bb. <\/p>\n
Sobre el desfase analizado en CSJ AC6897-2017, reiterado CSJ AC1803-2020, se indic\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo, principios estos que, de vieja data, han llevado a la Corte a sostener que \u2018\u2026los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n no son otros sino aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas. Por eso, cuando los cargos hechos en un recurso no se relacionan con esos fundamentos son inoperantes. El recurso (\u2026) se encamina a demostrar que la sentencia acusada quebranta la ley, dados los fundamentos de hecho y de derecho en que ella se apoya y esto es as\u00ed porque en casaci\u00f3n se contraponen dos factores: el fallo acusado y la ley, pero sin que el sentenciador pueda salirse de los motivos o causales que alega el recurrente, y sin que \u00e9ste, a su turno, pueda alegar con \u00e9xito razones, o aducir argumentos en que no se apoya el fallo recurrido\u2019 (Subrayado original. AC, 29 oct. 2013, rad. n\u00b0 2008-00576-01). <\/p>\n
De otro lado, la precursora no controvirti\u00f3 la inferencia del Tribunal en torno a que la \u00abcompraventa realmente se realiz\u00f3 por un valor de mercado y considerando el potencial inmobiliario\u00bb, y que dedujo de contrastar el testimonio de Fernando Alonso Paredes, del representante legal de Summa Propiedades y del dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1. <\/p>\n
En efecto, no desconoci\u00f3 el testimonio de Fernando Alonso Paredes, como tampoco la existencia de una oferta de menor valor a la de la parte convocada, comprensiva del \u00abpotencial desarrollo inmobiliario\u00bb que, seg\u00fan el Tribunal, admiti\u00f3 el representante de la compa\u00f1\u00eda, ni las conclusiones que soportaban el precio tasado por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1. Nada m\u00e1s puntualiz\u00f3, al respecto, que el enjuiciador se equivoca <\/p>\n
(\u2026) cuando con miras a demostrar su afirmaci\u00f3n acerca de que [el dicho de] Prieto es contradictorio cuando lo enfrenta a la declaraci\u00f3n del representante legal de la sociedad primigeniamente oferente (San Valentino S.A.S.), dado que el hecho de haber dicho este que se hab\u00eda arribado a un precio menor al que fue vendido el lote de predios a las demandadas, no tiene otra explicaci\u00f3n que la urgencia econ\u00f3mica por las comprobadas dificultades financieras de la vendedora, lo que alleg\u00f3 [sic] finalmente a su disoluci\u00f3n (\u2026). <\/p>\n
Pero no da contexto a esa circunstancia, ni esboza su incidencia en el supuesto f\u00e1ctico que el Tribunal tuvo por demostrado, esto es, que la \u00abcompraventa realmente se realiz\u00f3 por un valor de mercado y considerando el potencial inmobiliario\u00bb. Su protesta, m\u00e1s bien, est\u00e1 enfilada a proponer otra perspectiva con la cual, en su criterio, el ad quem debi\u00f3 apreciar la existencia de la otra oferta de menor valor, pero en modo alguno se encarga de evidenciar el error manifiesto y trascendente que en ese punto cometi\u00f3 el Tribunal, y bien es sabido, como lo sostuvo la Corte en AC2446-2018, <\/p>\n
(\u2026) en casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar \u00abun nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb <\/p>\n
Olvid\u00f3, tambi\u00e9n, la recurrente, indicar por qu\u00e9, como lo sostiene, la experticia elaborada por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1 no pod\u00eda ser \u00absoporte o apoyatura decisiva a la decisi\u00f3n del tribunal\u00bb, lo que, se repite, era toral, debido a que con base en esta pericia se descart\u00f3 la lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
En fin, la protesta corresponde a un alegato de instancia y no a la sustentaci\u00f3n de un recurso extraordinario y, por tanto, se mantiene enhiesta la directriz repudiada, precedida como llega a esta sede de las presunciones de acierto y legalidad. <\/p>\n
d.-) El \u00faltimo cargo, en el que se denuncia el desconocimiento del art\u00edculo 176 del C\u00f3digo General del Proceso, por falta de apreciaci\u00f3n conjunta de las pruebas, no cumple las exigencias requeridas. <\/p>\n
En primera medida, es desenfocado, ya que al igual que la censura anterior est\u00e1 enfilada a persuadir sobre el conocimiento que, aduce, tuvo la parte demandada de la diferencia entre el valor real del predio y el que se pag\u00f3, pues se\u00f1ala que la irregularidad se cometi\u00f3 \u00abpor no haber cumplido con el deber de apreciar las pruebas en conjunto enlazando lo que cada una ayudaba a decir para concluir, de manera categ\u00f3rica, que la pasiva era conocedora de la lesi\u00f3n enorme padecida por la actora\u00bb, cuando ese hecho no es el cimiento de la sentencia. <\/p>\n
De otro lado, no cumple con los presupuestos propios de la causal. <\/p>\n
La Sala, en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo que tambi\u00e9n es predicable ahora, ha se\u00f1alado: <\/p>\n
[l]a valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas (\u2026) exige la apreciaci\u00f3n de los elementos de certeza en conjunto, \u2018el desconocimiento de tal mandato por parte del fallador da lugar a un error de derecho\u2019, porque en tal supuesto \u2018se desconocer\u00eda una prescripci\u00f3n de la ley instituida para evaluar las pruebas\u2019, por lo que, con el prop\u00f3sito de que ese dislate aflore, debe el impugnador \u2018demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplida por el sentenciador se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto pedido en el art\u00edculo 187, o sea, poniendo de manifiesto c\u00f3mo la apreciaci\u00f3n de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente f\u00e1ctico, la referida tarea valorativa se ci\u00f1\u00f3 a la norma citada, no ser\u00e1 admisible la pr\u00e9dica del error cuando bajo el pretexto de su demostraci\u00f3n, lo que persigue es la sustituci\u00f3n del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en \u00e9ste la cuesti\u00f3n queda ya bajo el influjo del error de hecho que, como se sabe, tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho\u2019 (G. J, t. CCVIII, pags.151 y 152)\u201d (Cas. Civ., sentencia del 16 de diciembre de 2004, expediente No. 7459; se subraya) (se enfatiza, CSJ AC2446-2018). <\/p>\n
Sin embargo, el ataque de Summa no se aviene a tales lineamientos. Aunque lo funda en la regla 176 del estatuto adjetivo y se queja de una falta de apreciaci\u00f3n conjunta de las evidencias probatorias, realmente discute su valoraci\u00f3n objetiva. Empieza por el testimonio de Klaus Prieto, destacando que debi\u00f3 inferirse de su declaraci\u00f3n que hubo conversaciones entre las partes para que se le sufragara un mayor valor por los predios. Luego proporciona su criterio de c\u00f3mo debi\u00f3 confrontarse esa versi\u00f3n con otros testimonios. Despu\u00e9s dice c\u00f3mo debieron valorarse las conductas asumidas por Vilachagua S.A.S. durante la fase preparatoria del contrato y con posterioridad a la enajenaci\u00f3n de los inmuebles. Seguidamente, debate que el Tribunal avalara el dictamen de la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1. Para finalmente apuntar, que \u00abtales pruebas enlazadas pod\u00edan demostrar la conciencia de un valor inferior de los bienes para la \u00e9poca del contrato, que fue pactado como su precio\u00bb. En fin, discute, desde lo f\u00e1ctico, la hermen\u00e9utica que el enjuiciador le concedi\u00f3 a cada una de esas pruebas y, en su lugar, propone una alternativa para apreciarlos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, n\u00f3tese, que no obstante que la directriz objetada se sustenta en un an\u00e1lisis detallado del testimonio de Klaus Prieto, los documentos que este aport\u00f3 en su declaraci\u00f3n, las declaraciones de Fernando Alonso Paredes, Santiago Guti\u00e9rrez y del representante legal de Summa, los hechos invocados como indicios por la recurrente y el dictamen elaborado por la Lonja de Propiedad Ra\u00edz de Bogot\u00e1, el ataque se centra en postular una lectura distinta de ellos, sin restarle peso al examen minucioso que el Tribunal hizo de cada uno. <\/p>\n
Es decir, no se aleg\u00f3 c\u00f3mo la apreciaci\u00f3n de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, lo que frustra el impulso de este reclamo. <\/p>\n
6.- En s\u00edntesis, al no ce\u00f1irse los ataques propuestos a los requerimientos formales de esta extraordinaria senda de impugnaci\u00f3n, resulta inviable su aceptaci\u00f3n, sin que se aprecien razones que justifiquen darle v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996, pues, no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Summa Propiedades S.A.S., para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 18 de diciembre de 2020, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en el proceso referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devolver por la Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Ausencia Justificada <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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AC4232-2021 (2017-00497-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC4232-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-31-03-025-2017-00497-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de cinco de agosto de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). La Corte decide sobre la admisibilidad de la demanda presentada por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56968","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56968","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56968"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56968\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56968"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56968"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56968"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}