AC4233-2021 (2016-00331-01)<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC4233-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-03-013-2016-00331-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C.,treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Mar\u00eda Mercedes Chamat de Sardi para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 30 de octubre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso de entrega material del tradente al adquirente que le promovi\u00f3 al Banco Caja Social S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el juicio de la referencia y acorde con lo previsto en el \u00abart\u00edculo 378 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, la convocante solicit\u00f3 ordenar que \u00abse respeten\u00bb sus \u00abderechos [como] comodataria\u00bb de la oficina n\u00b0 407 y los garajes n\u00b0 79 y n\u00b0 80 del \u201cEdificio Emporio\u201d, ubicado en la carrera 2\u00aa Oeste n\u00b0 6-08 de Cali y, en consecuencia, efectuar la \u00abentrega material\u00bb de los citados bienes, incluidas las dependencias, accesiones y mejoras que hicieran parte de estos y que no ostentaran el car\u00e1cter de muebles. Al tiempo, exigi\u00f3 condenar a la accionada a pagar la suma de \u00ab$500\u2019000.000\u00bb por concepto de \u00abcl\u00e1usula penal\u00bb, m\u00e1s los \u00abintereses\u00bb que se llegaran a causar. <\/p>\n
Como sustento de sus aspiraciones relat\u00f3 que el 7 de marzo de 2007 suscribi\u00f3 con la sociedad Sarcha & C\u00eda. S. en C. un contrato de comodato, debidamente autenticado, con \u00abvencimiento el d\u00eda siete (7) del mes de marzo del a\u00f1o dos mil cuarenta y siete (2047)\u00bb, en virtud del cual recibi\u00f3 los mencionados inmuebles. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que, con antelaci\u00f3n al remate que all\u00ed se llev\u00f3 a cabo, le solicit\u00f3 al Juzgado \u00abrespetar el contrato de comodato que aport\u00f3 para que fuera de conocimiento de quienes estaban interesados en adquirir los inmuebles\u00bb, cuyo \u00abuso\u00bb recibi\u00f3 ella \u00abpara fines eminentemente comerciales y darlos en alquiler\u00bb. Practicada la almoneda, los bienes se adjudicaron a la entidad bancaria demandante y se orden\u00f3 su entrega a trav\u00e9s del secuestre designado, sin resultados positivos, raz\u00f3n por la que se comision\u00f3 a la Secretar\u00eda de Gobierno Municipal. <\/p>\n
Narr\u00f3 que la autoridad comisionada inici\u00f3 la respectiva diligencia el \u00ab2 de febrero de 2015\u00bb y como no le permitieron intervenir en su desarrollo, interpuso acci\u00f3n de tutela que result\u00f3 favorable a sus intereses, seg\u00fan sentencia de \u00ab4 de marzo de 2015\u00bb proferida por el Tribunal Superior de Cali que orden\u00f3 a la \u00abInspecci\u00f3n de Polic\u00eda Urbana II Categor\u00eda de Cali que al momento de realizar la entrega comisionada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cali, respete la situaci\u00f3n de tenedora reconocida a la se\u00f1ora Mar\u00eda Mercedes Chamat de Sardi\u00bb (cfr. hecho noveno) y destac\u00f3 que si bien la Corte \u00abdeclar\u00f3 la nulidad de lo actuado, por falta de competencia\u00bb (ATC1773-2015), a la postre, emiti\u00f3 una \u00abnueva sentencia\u00bb (STC4681-2015, 23 ab.), que tutel\u00f3 su derecho al \u00abdebido proceso\u00bb (cfr. hecho d\u00e9cimo). <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que la entrega culmin\u00f3 sin acatar lo previsto en el \u00abinciso 5\u00ba del art\u00edculo 378 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb y la adjudicaci\u00f3n a favor del Banco Caja Social S.A. se registr\u00f3 ante la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad el 7 de noviembre de 2013, \u00abcon posterioridad al documento que acredita [su] tenencia\u00bb, es decir, el \u00abcontrato de comodato (\u2026) que tiene por fecha de iniciaci\u00f3n el d\u00eda siete (07) de marzo de dos mil siete (2007) y como fecha de vencimiento el s\u00e9ptimo (7) d\u00eda del mes de marzo del a\u00f1o dos mil cuarenta y siete (2047)\u00bb (fs. 4 a 13 C.1). <\/p>\n
2. La demandada se resisti\u00f3 a los pedimentos de su contradictora, desconoci\u00f3 el documento que soporta la acci\u00f3n conforme al canon 272 del C\u00f3digo General del Proceso y propuso como excepciones de m\u00e9rito las que denomin\u00f3 \u00abel comodato aportado corresponde a un contrato absolutamente simulado\u00bb, \u00abel bien objeto del presunto contrato de comodato aportado con esta acci\u00f3n se encontraba embargado y secuestrado motivo por el cual no era posible disponer sobre el mismo\u00bb y \u00abla controversia que aqu\u00ed se pretende debatir ya fue resuelta judicialmente por el juez que conoci\u00f3 de la acci\u00f3n ejecutiva\u00bb (fs. 227 a 242 ib.). <\/p>\n
3. As\u00ed mismo, la accionada formul\u00f3 mutua petici\u00f3n en la que pidi\u00f3 declarar el contrato de comodato celebrado el 7 de marzo de 2007 entre Sarcha & C\u00eda. S. en C. y Mar\u00eda Mercedes Chamat de Sardi \u00ababsolutamente simulado\u00bb y \u00abdirigido a afectar los intereses de terceros de buena fe como el Banco Cajo (sic) Social y [que] debe ser retirado de la vida jur\u00eddica\u00bb, con la consecuente condena en costas \u00aben el m\u00e1ximo permitido teniendo en cuenta la mala fe que les asiste para celebrar el negocio jur\u00eddico\u00bb (fs. 1 a 11 C.2). <\/p>\n
Sin embargo, el a quo declar\u00f3 el \u00abdesistimiento t\u00e1cito\u00bb de esta actuaci\u00f3n de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 317 del Estatuto Procesal (5 sep. 2017 – fl. 81 ib.), determinaci\u00f3n confirmada por su Superior (23 en. 2018 – fs. 1 a 4 ib. Parte Final). <\/p>\n
4. El Juzgado Trece Civil del Circuito de Cali neg\u00f3 las pretensiones de la demanda, conden\u00f3 en costas a la demandante y compuls\u00f3 copias del expediente ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y de la Superintendencia de Sociedades para que adelantaran las investigaciones propias de sus respectivas competencias. <\/p>\n
5. La aqu\u00ed recurrente impugn\u00f3 ese fallo y el ad quem lo confirm\u00f3. Para ello, luego de citar algunos apartes de los art\u00edculos 417 y 686 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, abord\u00f3 el estudio de la inconformidad esbozada por la impugnante, que, seg\u00fan dijo, se concretaba en \u00abdeterminar si el banco rematante [estaba] obligado en la diligencia de entrega de los bienes subastados por \u00e9l a respetar un contrato de comodato distinto al blandido en la diligencia de secuestro cuya vigencia y protecci\u00f3n fue ordenada judicialmente, pero su t\u00e9rmino de duraci\u00f3n ya expir\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Para brindar respuesta a ese interrogante esa Colegiatura subray\u00f3 algunas actuaciones surtidas en el \u00abproceso ejecutivo hipotecario iniciado por Colmena S.A. contra Sarcha Compa\u00f1\u00eda S en C\u00bb, en concreto, que la oposici\u00f3n al secuestro que en su momento formul\u00f3 Chamat de Sardi (26 ab. 2004) se edific\u00f3 a partir del \u00abcontrato de comodato de fecha 31 de julio de 2000, suscrito por ella como comodataria y la sociedad Sarcha como comodatante sobre los bienes inmuebles en cuesti\u00f3n, (\u2026) pactado con una duraci\u00f3n (\u2026) de quince a\u00f1os contados a partir de su firma\u00bb; que dicha oposici\u00f3n la admiti\u00f3 el juez de segundo grado mediante prove\u00eddo de \u00ab14 de julio de 2006\u00bb; que all\u00ed mismo el fallador advirti\u00f3, en los t\u00e9rminos del \u00abpar\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 686 del CPC\u00bb, que deb\u00edan \u00abrespetarse los derechos de la comodataria\u00bb, a quien previno \u00abpara que en adelante se [entendiera] con el secuestre\u00bb, ordenando la \u00abdevoluci\u00f3n\u00bb del expediente al \u00abcomisionado para que [adelantara] la diligencia en la forma indicada\u00bb y al juez de conocimiento que deb\u00eda \u00abrespetar la situaci\u00f3n de la tenedora de la se\u00f1ora Mar\u00eda Mercedes Chamat de Sardi, en la forma y t\u00e9rminos especificados en el contrato de comodato presentado en la diligencia de secuestro, previni\u00e9ndole para que en el ejercicio de sus derechos se entienda con el secuestre\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 tambi\u00e9n que en el curso de ese litigio los \u00abinmuebles fueron adjudicados al [banco] ejecutante en diligencia de remate practicada el 29 de mayo de 2013, aprobada el 17 de junio siguiente, inscrita en los folios de matr\u00edcula el 07-11-13\u00bb; que ordenada su entrega, la diligencia inici\u00f3 el \u00ab2 de febrero de 2015\u00bb y en su reanudaci\u00f3n, el \u00ab30 de agosto de 2016\u00bb, la comodataria exigi\u00f3 el respeto de sus derechos, en esa oportunidad, \u00abcon fundamento en el contrato de comodato suscrito con Sarcha el 7 de marzo de 2007, el cual [ten\u00eda] un t\u00e9rmino estipulado de 40 a\u00f1os\u00bb, pedimento que neg\u00f3 la funcionaria comisionada, quien orden\u00f3 la entrega de los bienes al rematante. <\/p>\n
A partir de ese recuento f\u00e1ctico, el Tribunal advirti\u00f3 que al \u00abarmonizar\u00bb los c\u00e1nones 686 y 417 del otrora vigente C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se conclu\u00eda que \u00abel desalojo en la diligencia de entrega de un inmueble rematado, cuando ha sido precedida de su secuestro donde se orden\u00f3 respetar los derechos del tenedor, solo puede evitarse cuando se funda en la relaci\u00f3n contractual anterior a la diligencia de secuestro que se dispuso respetar, siempre y cuando contin\u00fae vigente a la fecha de la diligencia de entrega, porque para estos casos la fecha de la tradici\u00f3n del bien a rematar no es el par\u00e1metro para determinar la protecci\u00f3n de la tenencia al momento de la entrega\u00bb (Resaltado propio del texto original). <\/p>\n
As\u00ed, precis\u00f3 que el contrato de comodato que la accionante present\u00f3 en la diligencia de entrega de los bienes rematados no era \u00abanterior a la diligencia de secuestro\u00bb y tampoco aqu\u00e9l que dio lugar a la orden judicial de amparo de su tenencia, es decir, el \u00absuscrito el 31 de julio de 2000\u00bb, sino uno \u00abdistinto\u00bb acordado \u00abpor ella con el mismo comodante (\u2026) pero en marzo de 2007\u00bb, de suerte que no pod\u00eda pretender que \u00able [fuera] respetado este contrato y que le sean restituidos lo bienes entregados al rematante, por cuanto esa relaci\u00f3n no era la protegida y la que lo estaba ya hab\u00eda terminado para la fecha en que se practic\u00f3 la entrega -agosto de 2016- cuando ya hab\u00edan transcurrido los 15 a\u00f1os de su vigencia\u00bb (Resaltado propio del texto original). <\/p>\n
En resumen, sostuvo el sentenciador que \u00abel contrato de comodato esgrimido en la diligencia de secuestro y que a la postre se orden\u00f3 su protecci\u00f3n y respeto fue el celebrado el 31 de julio de 2000 y con un t\u00e9rmino de duraci\u00f3n de 15 a\u00f1os, al paso que (\u2026) en la diligencia de entrega de los bienes rematados se enarbola un contrato de comodato aparentemente suscrito el 7 de marzo de 2007, en todo caso posterior al secuestro, y con una duraci\u00f3n de 40 a\u00f1os, el cual no puede ser objeto de tutela jur\u00eddica\u00bb. <\/p>\n
Y para revalidar ese primer argumento de su decisi\u00f3n, puso de relieve que este \u00faltimo contrato (7 mar. 2007) era \u00abinoponible a los rematantes\u00bb porque la sociedad que all\u00ed figuraba como comodante \u00abno ten\u00eda facultad para celebrarlo\u00bb. Al respecto se\u00f1al\u00f3 que una vez secuestrados los inmuebles, era \u00abel secuestre (\u2026) su depositario (art\u00edculos 2247 y s.s. C.C.) y quien [deb\u00eda] cumplir con la custodia y administraci\u00f3n como mandatario de los mismos (art\u00edculos 683 CPC, 2279, 2158 C.C.)\u00bb, de manera que \u00abSarcha carec\u00eda de facultades para realizar actos de disposici\u00f3n o administraci\u00f3n sobre dichos bienes despu\u00e9s del secuestro, v gr entregarlos en tenencia a cualquier t\u00edtulo, con mayores veras cuando antes de dicha diligencia ya se hab\u00eda despojado de la tenencia entreg\u00e1ndola en comodato a la se\u00f1ora Chamat\u00bb, quien tambi\u00e9n conoc\u00eda que dicha \u00absociedad hab\u00eda perdido el manejo de los bienes y que era el secuestre el que se ocupaba de ellos, pues fue prevenida de que con dicho auxiliar deb\u00eda seguir entendi\u00e9ndose despu\u00e9s del secuestro, no con su comodante\u00bb. <\/p>\n
En este punto, cuestion\u00f3 la suscripci\u00f3n de ese \u00faltimo convenio, entre varios motivos, por el conocimiento previo de los contratantes en torno al gravamen que pesaba sobre los bienes, que sab\u00edan que \u00abquien ejerc\u00eda los derechos del comodante era el secuestre\u00bb y que tambi\u00e9n eran conscientes que \u00abel comodato del 2000 estaba vigente para el a\u00f1o 2007 pues no hab\u00edan transcurrido los 15 a\u00f1os de t\u00e9rmino pactado\u00bb, circunstancias que le permitieron inferir que su verdadera intenci\u00f3n, seg\u00fan la confesi\u00f3n de la demandante, era \u00abalargar el tiempo\u00bb para permitirle a \u00abSarcha (\u2026) seguir viviendo por el resto de la vida en esa oficina\u00bb, desconociendo \u00ablos efectos del secuestro\u00bb y las \u00ab\u00f3rdenes judiciales\u00bb que recibi\u00f3 la comodataria, quien, -seg\u00fan anot\u00f3 m\u00e1s adelante-, \u00abestaba suficiente informada que para todo lo relativo a la suerte de los bienes entregados deb\u00eda entenderse con el secuestre y no con el comodante primigenio, incluso para procurar [la] renovaci\u00f3n o pr\u00f3rroga [del contrato]\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, hizo notar que fue la accionante quien solicit\u00f3 al juez de la ejecuci\u00f3n, el 12 de diciembre de 2011, \u00abenterar de la existencia del contrato de comodato celebrado el 31 de julio de 2000 a los interesados en la subasta\u00bb, muestra clara de la vigencia y car\u00e1cter vinculante que ostentaba ese pacto para aquella data, por lo que encontr\u00f3 inexplicable que a\u00f1os m\u00e1s tarde afirmara en este litigio, \u00absin pudor y con toda vehemencia, que desde el a\u00f1o 2007 se hab\u00eda suscrito otro contrato (\u2026) con el confesado prop\u00f3sito de \u201cseguir viviendo por el resto de la vida en esa oficina\u201d\u2026\u00bb, claro indicio que \u00abel susodicho contrato no se celebr\u00f3 en la data consignada en \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
Como argumento adicional, tild\u00f3 de \u00abfalaces y sin ning\u00fan fundamento\u00bb los reparos que formul\u00f3 la all\u00ed apelante, relacionados con el aparente \u00ablevantamiento de las medidas cautelares\u00bb para el momento de celebraci\u00f3n del rebatido contrato de comodato, la presunta \u00abcarencia de secuestre\u00bb, la inadecuada \u00abmaterializaci\u00f3n\u00bb del secuestro y el supuesto \u00abdesconocimiento\u00bb por parte del a quo de \u00ablas acciones de tutela proferidas en relaci\u00f3n a los derechos de la se\u00f1ora Chamat\u00bb. <\/p>\n
Sobre el primero de tales reproches explic\u00f3 que a\u00fan de admitir que efectivamente el 7 de marzo de 2007 celebraron el contrato de comodato objeto de este proceso, no era cierto que para esa \u00e9poca se hubieren levantado las medidas cautelares, pues la \u00abrevisi\u00f3n de las copias aportadas\u00bb daban cuenta que \u00abel auto que declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n en la ejecuci\u00f3n y orden\u00f3 levantar las medidas cautelares es de fecha 26 de febrero de 2007 (folios 128 y 129), que para el 7 de marzo estaba recurrido en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, que la reposici\u00f3n se resolvi\u00f3 el 26 de marzo del 2007 (folios 143 a 148) y que la apelaci\u00f3n aunque concedida en el efecto devolutivo se admiti\u00f3 en el suspensivo en segunda instancia -auto del 2 de junio de 2007-, efecto que implica que la decisi\u00f3n reprochada no se cumple mientras el superior no la confirme o declare desierto el remedio y que la competencia del a quo se suspende hasta tanto no regrese el expediente, y que la decisi\u00f3n apelada fue revocada por el auto de julio 14 de 2006\u00bb. <\/p>\n
En lo concerniente a la segunda protesta, neg\u00f3 la posibilidad de admitir con ese soporte el otorgamiento del contrato, ya que, seg\u00fan acot\u00f3, la alegada carencia de auxiliar \u00abno implica per se que desaparezcan los efectos del secuestro\u00bb, m\u00e1xime cuando en ese asunto \u00e9ste \u00abno fue removido de sus funciones\u00bb y sus omisiones en la gesti\u00f3n de su cargo daban lugar a su \u00abrelevo y hasta responsabilidades penales y disciplinarias\u00bb, previa decisi\u00f3n del juez, pero no a su \u00abremoci\u00f3n de facto\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tercer t\u00f3pico, se\u00f1al\u00f3 que \u00abninguna duda [abrigaba] la vigencia ininterrumpida de tal medida cautelar a partir de su pr\u00e1ctica\u00bb, dado que la decisi\u00f3n adoptada por esa instancia el 14 de julio de 2006, dejaba claro que \u00abel secuestro se practic\u00f3 por el comisionado, pero deb\u00eda atemperarse a lo indicado en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 686 del CPC\u00bb, como lo hizo el juez de conocimiento al dictar la providencia de \u00ab17 de octubre de 2016\u00bb, donde le \u00abinform\u00f3 a la opositora (\u2026) que deb\u00eda entenderse sobre todo lo concerniente a los inmuebles que [ocupaba] en comodato, con el secuestre\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, estim\u00f3 que \u00abninguna\u00bb de las acciones de tutela referidas por la opugnante ordenaba \u00abrespetar la tenencia fundada en el contrato de comodato de fecha 7 de marzo de 2007\u00bb, pues record\u00f3 que si bien la sentencia dictada el \u00ab23 de abril de 2015\u00bb amparaba sus derechos y dispon\u00eda \u00absu notificaci\u00f3n de la diligencia de entrega de los bienes rematados en el proceso ejecutivo hipotecario para permitirle intervenir en ella\u00bb, apunt\u00f3 que en ese fallo la controversia se centraba \u00abalrededor del prove\u00eddo de 26 de julio de 2006 que orden\u00f3 respetar la posici\u00f3n de la citada se\u00f1ora en los t\u00e9rminos del contrato de comodato presentado en la diligencia de secuestro, esto es el contrato de 31 de julio de 2000, no del contrato de comodato del a\u00f1o 2007\u00bb, postura respaldada por el juez constitucional de segundo grado el \u00ab17 de junio de 2015\u00bb que explicitaba la necesidad de respetar \u00abla calidad de tenedora de Mar\u00eda Mercedes Chamat de Sardi, en la forma y t\u00e9rminos especificados en el contrato de comodato exhibido en el secuestro de bienes practicado el 26 de abril de 2004\u00bb, como tambi\u00e9n lo hab\u00eda precisado en su momento el Tribunal de Cali, \u00aben la sentencia de tutela de fecha marzo 4 de 2015 \u2013 rad 2015-00127\u00bb que \u00abdispuso respetar la situaci\u00f3n de tenedora de la se\u00f1ora Chamat \u201cen la forma y t\u00e9rminos especificados en el contrato de comodato presentado en la diligencia de secuestro\u00bb (Resaltado propio del original – fs. 70 a 81 C. 17). <\/p>\n
6. La demandante formul\u00f3 casaci\u00f3n, que le concedi\u00f3 el tribunal (5 dic. 2019 – fs. 103 a 107, ib.). <\/p>\n
7. Admitido el recurso extraordinario y realizado el traslado a la recurrente, lo sustent\u00f3 apoyado en cuatro cargos (fs. 11 a 31). <\/p>\n
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a. Cargo primero: \u00abViolaci\u00f3n directa de la ley sustancial\u00bb, acorde con la causal primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Sin precisar el cuerpo normativo al que pertenecen, la memorialista le enrostr\u00f3 al ad quem la \u00abindebida\u00bb aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos \u00ab762, 763, 775, 2020, 2201, 2202, 2203, 2205, 2206\u00bb, que \u00abse funda en desatinos suscitados en la interpretaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la providencia opugnada defini\u00f3 la controversia sin percatarse que su \u00abdemanda en la primera pretensi\u00f3n (\u2026) pretende el respeto a los derechos de comodataria\u00bb, que \u00abemanan del contrato (\u2026) calendado el d\u00eda 7 de marzo de 2.000\u00bb y tambi\u00e9n del \u00abcontrato de comodato del a\u00f1o 2.000, pues son los derechos emanados de las decisiones judiciales que recayeron sobre ese contrato los que se est\u00e1n reclamando en este proceso\u00bb, como se pod\u00eda concluir de los \u00abhechos del l\u00edbelo demandatorio, enumerados como 4, 9 y 10\u00bb, alusivos, en su orden, a \u00abla decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Cali, Sala Civil proferida el d\u00eda 14 de julio de 2006\u00bb, a aquella adoptada \u00abel d\u00eda 4 de marzo de 2015\u00bb por esa misma Colegiatura y a \u00abla decisi\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil proferida el d\u00eda 23 de abril de 2015\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, en su criterio, le impon\u00eda al Tribunal la obligaci\u00f3n de \u00abaplicar la ley como corresponde a lo alegado en la demanda y probado en el proceso\u00bb, so pena de desconocer el derecho que le asiste en este proceso y que justifica su ataque, a trav\u00e9s de la \u00abv\u00eda indirecta\u00bb, \u00abpor existir una tergiversaci\u00f3n en la materialidad objetiva de este instrumento de convicci\u00f3n\u00bb. En tal sentido, acot\u00f3 que la \u00abinterpretaci\u00f3n de la demanda [deb\u00eda] hacerse con un sentido \u00fatil y eficaz, que [garantizara] el acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y atenerse \u00abal contenido de la pretensi\u00f3n declarativa, para denotar que [sus] s\u00faplicas eran procedentes con independencia del contrato\u00bb. <\/p>\n
En suma, concluy\u00f3 que en este caso se configur\u00f3 un \u00abyerro evidente\u00bb, toda vez que \u00abel entendimiento que dispens\u00f3 el juzgador a la pretensi\u00f3n primera, no resulta arm\u00f3nico con los hechos de la demanda\u00bb, en particular, los se\u00f1alados en los numerales \u00ab4-9-10 que no fueron interpretados, pero que buscan la protecci\u00f3n de los derechos reconocidos en las decisiones judiciales a que se hace menci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
b. Cargo Segundo: \u00abViolaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial\u00bb, acorde con la causal segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El fallo quebrant\u00f3, por v\u00eda indirecta, los \u00abart\u00edculos 26 y 32 del C\u00f3digo Civil\u00bb, producto de su \u00abindebida aplicaci\u00f3n\u00bb o \u00aberror en derecho, respecto de la apreciaci\u00f3n de las decisiones y\/o sentencia que se presentaron en la demanda en los hechos 4, 9 y 10\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el \u00aberror de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas se basa en concederle a una prueba el alcance que no tiene\u00bb y que acorde con el principio de la \u00absana cr\u00edtica\u00bb en derecho probatorio, el juzgador ad quem incurri\u00f3 en un \u00aberror de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas representadas en las decisiones judiciales, sin atender que la demanda [reca\u00eda] sobre el derecho de comodataria en la forma reconocida en varios precedentes referidos en el texto de la demanda, sobre el contrato de comodato celebrado en el a\u00f1o 2000\u00bb. <\/p>\n
De esta forma, cuestion\u00f3 al Tribunal por dejar de lado \u00absu obligaci\u00f3n de indagar si de los hechos (4, 9 y 10) se [derivaba] que [hab\u00eda] un derecho comprometido diferente del que se se\u00f1al\u00f3 expresamente\u00bb e insisti\u00f3 que lo que persegu\u00eda en este litigio era obtener \u00abla protecci\u00f3n del derecho del tenedor contenidos (sic) en las decisiones judiciales (\u2026) conforme a los hechos de la demanda\u00bb, cuyo \u00abreconocimiento\u00bb como \u00abcomodataria\u00bb en el \u00abejecutivo instaurado por el Banco Colmena en contra de la sociedad Sarcha C\u00eda S en C y su consiguiente protecci\u00f3n [constitu\u00eda] una cuesti\u00f3n trascendental de la presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
c. Cargo tercero: \u00abLa sentencia en (sic) consonancia con los hechos y con las pretensiones de la demanda\u00bb, acorde con la causal tercera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Parti\u00f3 la recurrente por afirmar que la sentencia \u00abno est\u00e1 en consonancia con los hechos y con las pretensiones de la demanda\u00bb y es \u00abviolatoria respecto del C\u00f3digo General del Proceso, art\u00edculos 11, 12, 13, 14, 42 y 90 por existir indebida aplicaci\u00f3n de dicha norma, infracci\u00f3n proveniente de error en derecho, respecto de la apreciaci\u00f3n de los hechos y pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Por esa l\u00ednea, le endilg\u00f3 a los juzgadores de primera y segunda instancia errores en la \u00abinterpretaci\u00f3n de la demanda\u00bb que propiciaron la omisi\u00f3n de \u00abprotecci\u00f3n de los derechos de tenencia protegidos por las decisiones judiciales contenidas en los hechos 4\u00ba, 9\u00ba y 10\u00ba de la demanda conforme a [su] solicitud declarativa\u00bb. <\/p>\n
Advirti\u00f3 en la decisi\u00f3n acusada un \u00abdenodado inter\u00e9s\u00bb por descartar la vocaci\u00f3n de \u00abjusto t\u00edtulo\u00bb del \u00abcomodato signado en fecha marzo 7, 2007\u00bb que llev\u00f3 al sentenciador a observar la demanda e interpretar que los derechos reclamados se reduc\u00edan a ese contrato, sin estudiar la viabilidad de \u00abproteger su status de comodatario (sic) reconocido en las [rese\u00f1adas] decisiones judiciales\u00bb y lo previsto en el inciso quinto del canon 378 del C\u00f3digo General del Proceso, que confiere \u00abprotecci\u00f3n al tenedor del inmueble en calidad de arrendatario\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3 que la \u00abinterpretaci\u00f3n de la demanda verbal deviene errada puesto que se omite proyectar la decisi\u00f3n que previamente hab\u00eda tomado el Tribunal Superior de Cali en el a\u00f1o 2.006 acerca de los derechos que le corresponden (\u2026) en su condici\u00f3n de comodataria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
d. Cargo cuarto: \u00abLa sentencia compromete ostensiblemente los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el fallo recurrido vulner\u00f3 los \u00abart\u00edculos 2\u00ba (fin esencial del Estado de promover la efectividad de los derechos), 13 (derecho a la igualdad), 29 (imparcialidad judicial) y 229 (derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia) de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb, dado que la Magistratura que lo emiti\u00f3 incumpli\u00f3 su deber de \u00abadministrar justicia y procurar la vigencia de los derechos consagrados en la Constituci\u00f3n\u00bb y \u00abaplicar la ley como corresponda a lo alegado en la demanda y probado en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Como sustento de este cargo recalc\u00f3 la ausencia de imparcialidad del funcionario judicial que emiti\u00f3 la sentencia atacada, as\u00ed como el incumplimiento del deber de \u00abinterpretar la demanda\u00bb, dar el alcance debido a sus \u00abpretensiones\u00bb y a las \u00abtres decisiones judiciales\u00bb que ampararon sus derechos como \u00abtenedora\u00bb de los inmuebles en litigio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La naturaleza extraordinaria de \u00e9ste medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se hizo constar en CSJ AC2947-2017, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, puesto que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 del mismo estatuto el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar los ataques las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al ordenamiento jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar, no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2. Ahora bien, si se acude a los numerales primero y segundo del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, referidos en su orden a la violaci\u00f3n directa de una norma jur\u00eddica sustancial y a su afrenta indirecta, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 ib\u00eddem. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a), numeral 2\u00ba, de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que se debe expresar en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n, ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertar en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Ya en la causal segunda por la v\u00eda indirecta, adem\u00e1s de invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es necesario precisar si el vicio deriva de un error de derecho por inobservar una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente donde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente en que incurri\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
3. Con esas precisiones, cabe destacar que el primer ataque, anunciado en esta oportunidad por v\u00eda directa, presenta algunas deficiencias que imposibilitan su estudio y quiz\u00e1s la principal consista en que la demanda no indica, en forma expresa, el cuerpo normativo al cual corresponden los preceptos \u00ab762, 763, 775, 2020, 2201, 2202, 2203, 2205, 2206\u00bb cuya violaci\u00f3n se invoca, en contrav\u00eda de la exigencia de claridad y precisi\u00f3n impuesta en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
De cara a esa omisi\u00f3n, como ya lo ha advertido la Corte, \u00abresulta imposible establecer si las normas presentadas como transgredidas son, en realidad, sustanciales\u00bb (CSJ AC816-2020), m\u00e1xime cuando la recurrente no se preocup\u00f3 por clarificar aquella circunstancia en el ac\u00e1pite de \u00abdemostraci\u00f3n de cargo\u00bb, que destin\u00f3, con exclusividad, a recriminar la \u00abindebida interpretaci\u00f3n de la demanda\u00bb por parte de la Colegiatura acusada, lo que constituye, -dicho sea de paso-, otra de las falencias determinantes para el fracaso de esta censura. <\/p>\n
En efecto, al amparo de los lineamientos fijados por el legislador procesal (cfr. art. 344, n\u00fam. 2\u00ba, lit. a, CGP), la doctrina de esta Corte ha sido consistente en se\u00f1alar que, en el campo de la v\u00eda directa de casaci\u00f3n, el debate, <\/p>\n
(\u2026) debe confinarse a aspectos eminentemente jur\u00eddicos, relativos a la norma sustancial que gobierna (o debi\u00f3 regir) el caso y su correcta hermen\u00e9utica, sin adentrarse en la revisi\u00f3n de los hechos, los cuales resultan incuestionables por esta v\u00eda; en otras palabras, el ataque debe hacerse con \u2018abstracci\u00f3n de los elementos f\u00e1cticos y probatorios debatidos en el proceso y con sujeci\u00f3n a lo que el Tribunal en este campo concluy\u00f3, centr\u00e1ndose el censor en demostrar en el plano estrictamente jur\u00eddico la aplicaci\u00f3n indebida, la falta de aplicaci\u00f3n o la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de normas sustanciales (CSJ, AC2886, 9 may. 2017, rad. n.\u00b0 2003-00103-01)\u2019, so pena de incurrir en hibridismo, que como ya se se\u00f1al\u00f3 se encuentra proscrito para el remedio extraordinario (Subrayas fuera del original – CSJ AC3947-2019. Reiterado en AC3017-2020). <\/p>\n
Sin embargo, en contraposici\u00f3n a esas directrices, la libelista omiti\u00f3 por completo la ineludible labor argumentativa que de ella se esperaba, encaminada a visibilizar el equ\u00edvoco interpretativo de las normas sustanciales arrogado al juez colegiado y, en su lugar, opt\u00f3 por replicar el entendimiento que esa sede le dio a los hechos y pretensiones all\u00ed incoados e insistir por ese camino en la aparente \u00abtergiversaci\u00f3n en la materialidad objetiva de ese instrumento de convicci\u00f3n\u00bb, en referencia al escrito inaugural de su acci\u00f3n (cfr. fs. 22 vto. a 26 vto. C. Corte). En este punto, vale recordar que, <\/p>\n
(\u2026) la formalidad de la claridad y precisi\u00f3n impone al censor sustentar cada acusaci\u00f3n, no de cualquier manera \u201cy, menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino explicando y demostrando las espec\u00edficas trasgresiones de la ley -sustancial o procesal- en que incurri\u00f3 el sentenciador al proferir el fallo controvertido, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, actitudes todas que har\u00e1n inadmisible la acusaci\u00f3n que en tales condiciones se formule, puesto que \u201c\u2026\u2018el recurrente, como acusador que es de la sentencia, est\u00e1 obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los l\u00edmites que demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusaci\u00f3n planteada, por imped\u00edrselo el car\u00e1cter eminentemente dispositivo de la casaci\u00f3n (G.J. t. CXLVIII, p\u00e1g. 221)\u2019\u201d (CSJ, auto del 28 de septiembre de 2004). (Subrayas ajenas al texto – CSJ AC3769-2014. Reiterada en AC943-2020 y AC2396-2020). <\/p>\n
4. Centrada ahora la atenci\u00f3n en el segundo cargo propuesto, similares desatinos se avizoran en su construcci\u00f3n, pues aunque se acusa la sentencia por violar de forma \u00abindirecta\u00bb la ley sustancial, en concreto, los \u00abart\u00edculos 26 y 32 del C\u00f3digo Civil\u00bb, n\u00f3tese que se trata de preceptos que \u00abno tienen car\u00e1cter sustancial (\u2026), pues son eminentemente inter\u001fpretati\u001fvos\u00bb, como de tiempo atr\u00e1s lo anot\u00f3 esta Corporaci\u00f3n (CSJ SC097-1995. Exp. 4543. Cfr. AC114-1992, 4 jun.; AC276-1998, 30 nov.; entre otras). <\/p>\n
Sobre el particular, mem\u00f3rese que dicho talante, esto es, el de \u00abley sustancial\u00bb, solo es predicable de aquellas normas que \u00abcontienen una prescripci\u00f3n enderezada a declarar, crear, modificar o extinguir relaciones jur\u00eddicas concretas\u00bb, no as\u00ed de los c\u00e1nones que \u00abse limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos, o a precisar los elementos estructurales de los mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria\u00bb (CSJ AC4591-2018. Reiterado en AC2133-2020, AC3599-2018, entre otras). <\/p>\n
De igual manera, es notoria la ambivalencia de este motivo de censura, si se observa que a lo largo de su exposici\u00f3n la demandante indistintamente cuestiona la determinaci\u00f3n del juzgador por diversos errores \u00aben derecho\u00bb, propiciados, en apariencia, por el desconocimiento de \u00abnormas probatorias\u00bb no individualizadas, por omitir \u00abla apreciaci\u00f3n de las decisiones y\/o sentencias que se presentaron en la demanda en los hechos 4, 9 y 10\u00bb e incluso por la ausencia de \u00abimparcialidad del magistrado ponente\u00bb, como nov\u00edsimo argumento tra\u00eddo en casaci\u00f3n (cfr. fs. 26 vto. a 28 C. Corte). <\/p>\n
Si la impugnante consideraba que exist\u00eda una afrenta indirecta a la ley sustancial por \u00aberror de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria\u00bb, no era al amparo de la inadecuada \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb de algunas de las \u00abpruebas\u00bb (decisiones judiciales) mencionadas en los hechos de su demanda que pod\u00eda sacar avante ese reclamo, menos a\u00fan, a partir de la inoportuna recusaci\u00f3n de uno de los funcionarios que defini\u00f3 la disputa, sino a trav\u00e9s de la di\u00e1fana y exacta demostraci\u00f3n de la transgresi\u00f3n de una disposici\u00f3n jur\u00eddica con esa espec\u00edfica connotaci\u00f3n y de la irregularidad trascendente por parte del sentenciador en la labor de aducci\u00f3n o apreciaci\u00f3n probatoria, lo que claramente no ocurri\u00f3 en este caso. <\/p>\n
En este punto conviene reiterar que trat\u00e1ndose de este recurso extraordinario, la carga de nitidez, cabalidad y exactitud del l\u00edbelo es de irrestricto cumplimiento (cfr. art. 344 CGP), debido a la disimilitud de las causales de casaci\u00f3n, cada una de ellas destinada a disputar t\u00f3picos particulares de la sentencia criticada, que torna incompatible su fusi\u00f3n, seg\u00fan se advirti\u00f3 en la providencia AC982-2019, reiterada en AC3017-2020, donde se precis\u00f3 que, <\/p>\n
[l]os diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n\u00b0 2007-00145-01). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en lo que toca al cargo que se analiza, debe decirse que el ataque de la disidente no confronta de manera completa la totalidad de los pilares sobre los que se erigi\u00f3 la sentencia cuestionada, pues su empe\u00f1o se limit\u00f3 a fustigar al fallador por afirmar que \u00abno era cierto\u00bb que la decisi\u00f3n del a quo \u00abdesconociera las acciones de tutela proferidas en relaci\u00f3n a los derechos de la se\u00f1ora Chamat\u00bb o que ese funcionario hubiere desestimado el contenido de dichas \u00abprovidencias judiciales\u00bb que, en el criterio particular de la accionante, ordenaban \u00abrespetar [su] tenencia fundada en el contrato de comodato de fecha 7 de marzo de 2007\u00bb. <\/p>\n
Empero, la detallada lectura de la decisi\u00f3n proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali el 30 de octubre de 2019 muestra que tal aserto constituye apenas uno de los argumentos secundarios de esa determinaci\u00f3n, comoquiera que los planteamientos torales que motivaron el fracaso de sus pretensiones en esa instancia encontraron estribo por lo menos en tres circunstancias perfectamente explicadas, esto es, en la imposibilidad de conceder \u00abtutela jur\u00eddica\u00bb al mencionado contrato de comodato (7 mar. 2007) para exigir la entrega de los bienes rematados por la acreedora, por tratarse de un convenio celebrado con posterioridad a la diligencia de secuestro de los mismos (26 ab. 2004); su \u00abinoponibilidad\u00bb frente a terceros, dado que no fue suscrito por el secuestre de los inmuebles, sino por la sociedad ejecutada, cuyo representante legal carec\u00eda de facultades para realizar \u00abactos de disposici\u00f3n o administraci\u00f3n sobre dichos bienes despu\u00e9s del secuestro\u00bb; y la velada intenci\u00f3n de los signantes de ese contrato por extender inapropiadamente la vigencia de la primigenia relaci\u00f3n de comodato (31 jul. 2000), que se encontraba extinta para la fecha de la aludida entrega (30 ag. 2016), pese a la protecci\u00f3n judicial que inicialmente recibi\u00f3. <\/p>\n
En ese contexto resulta palmaria la desatenci\u00f3n de la carga de sustentaci\u00f3n que la demanda de casaci\u00f3n exige, pues el esfuerzo argumentativo en este caso no abarc\u00f3 los principales razonamientos del juez colegiado que, en rigor, bastar\u00edan para sostener su veredicto, a\u00fan si se atendiera la cr\u00edtica de la recurrente. Tal omisi\u00f3n suma para la improsperidad de esta causal, si se tiene en cuenta que, <\/p>\n
(\u2026) cuando el cargo se construye con base en el quebranto de la ley sustancial, se torna indispensable para el recurrente, por una parte, enfocar acertadamente las acusaciones que formule, (\u2026) y, por la otra, que su actividad impugnaticia tiene que estar dirigida a derruir la totalidad de esos argumentos esenciales de la sentencia, pues si el labor\u00edo del acusador no los comprende a cabalidad, al margen de que el juzgador de instancia hubiere podido incurrir en las falencias denunciadas, su sentencia no podr\u00eda quebrarse en virtud del recurso extraordinario. (CSJ. AC 19 dic. 2012, rad. 2001-00038-01, reiterado en AC4310-2014 y en AC. de 15 abr. 2016, rad. 2009-00263-01). (Subrayas fuera del texto – CSJ AC2537-2017). <\/p>\n
5. Superado as\u00ed el examen de los dos primeros cargos, en el tercero de ellos la promotora tild\u00f3 de incongruente el designio del Tribunal frente a los hechos \u00ab4\u00ba, 9\u00ba y 10\u00ba\u00bb de su l\u00edbelo y la \u00abpretensi\u00f3n declarativa\u00bb que all\u00ed inst\u00f3, cuya \u00aberrada\u00bb interpretaci\u00f3n, seg\u00fan dijo, llev\u00f3 a esa instancia a obviar la posibilidad de \u00abestudiar si [era] viable proteger su status de comodatari[a], reconocido en varias decisiones judiciales que obran rese\u00f1adas en [esos] hechos\u00bb, lo cual, en su sentir, torn\u00f3 la sentencia \u00abviolatoria respecto del C\u00f3digo General del Proceso, art\u00edculos 11, 12, 13, 14, 42 y 90 por existir indebida aplicaci\u00f3n de dicha (sic) norma (sic), infracci\u00f3n proveniente de error en derecho respecto de la apreciaci\u00f3n de los hechos y pretensiones de la demanda\u00bb (cfr. fs. 28 a 29 C. Corte). <\/p>\n
Como f\u00e1cilmente se observa, tal sustentaci\u00f3n, adem\u00e1s de entrometerse en forma err\u00e1tica e indebida en causales diversas a la que ahora se considera, ninguna relaci\u00f3n guarda con el mandato de consonancia que regula el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, si se tiene en cuenta que \u00abnunca la disonancia podr\u00e1 hacerse consistir en que el tribunal sentenciador haya considerado la cuesti\u00f3n sub-judice de manera diferente a como la aprecia alguna de las partes litigantes, o que se haya abstenido de decidir con los puntos de vista expuestos por alguna de estas (G.J. T., XLIX, p\u00e1g. 307)\u00bb (Subrayas fuera del texto \u2013 CSJ AC3533-2020). <\/p>\n
En este punto, es necesario destacar que cualquier cuestionamiento por incongruencia de una sentencia supone para el interesado la necesaria demostraci\u00f3n de la distorsi\u00f3n alegada, a partir del ejercicio objetivo y completo de comparaci\u00f3n o contraste entre las s\u00faplicas del actor y su fundamento f\u00e1ctico, las excepciones invocadas por su contradictor y de aquellas circunstancias que ameriten el forzoso reconocimiento judicial, en s\u00edntesis, de todos y cada uno de los elementos que fijan los linderos de la controversia trazada por las partes, frente al contenido concreto de la decisi\u00f3n del juzgador, sin que en ese labor\u00edo pueda desviarse para formular reproches por errores de juicio en la lectura que se le dio al libelo y la respuesta al mismo, ni mucho menos discrepancias con la forma en que se sopesaron las probanzas (Cfr. CSJ AC4573-2019, SC11331-2015, AC4125-2015, entre otros). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, no lucen acertados los embates de la recurrente, que pese a estar enunciados por el sendero de la \u00abincoherencia manifiesta\u00bb de la sentencia, en realidad constituyen una disimulada queja, a manera de alegato de instancia, en torno a las conclusiones probatorias del juzgador y el resultado final de la litis, sin llevar a cabo la imprescindible gesti\u00f3n de cotejo que hiciera manifiesta la irregularidad propia de la causal tercera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero a\u00fan de examinar este reparo con laxitud, la simple lectura de la rebatida sentencia (30 oct. 2019) muestra que el Tribunal de Cali no eludi\u00f3 el estudio de las determinaciones que adopt\u00f3 el \u00ab14 de julio de 2006\u00bb y el \u00ab4 de marzo de 2015\u00bb, como juez ordinario y de tutela, ni aquella que profiri\u00f3 esta Corte el \u00ab23 de abril de 2015\u00bb (STC4681-2015), respecto de las cuales hizo expresa menci\u00f3n al solventar la alzada all\u00ed planteada, as\u00ed como al contrato de comodato celebrado el 31 de julio de 2000 (cfr. Sentencia 30 oct. 2019, \u00a7 5, \u00a7 6.1, \u00a7 6.2, \u00a7 7.3 y \u00a7 7.4 – fs. 73 a 80 C. 17 ). Situaci\u00f3n distinta es que el desenlace final de la controversia no fuera el esperado por la accionante, inconformidad que sin lugar a dudas escapa del \u00e1mbito de esta espec\u00edfica causal, ya que como lo ha clarificado la Corte, en estos casos, <\/p>\n
[n]o puede el recurrente soportarse en errores de juicio en que hubiere podido incurrir el sentenciador, los cuales s\u00f3lo podr\u00edan tener acogida bajo la causal primera, de suerte que \u2018si la disonancia proviene del entendimiento de la demanda o de alguna prueba, la falencia deja de ser in procedendo para tornarse en in iudicando, la cual tiene que fundarse necesariamente en la causal primera de casaci\u00f3n, ya que de existir el yerro, \u00e9ste ser\u00eda de juicio y no de procedimiento\u00bb. (Resaltado ajeno al texto – CSJ SC6795-2017. Reiterada en Ac1741-2019). <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, en lo que ata\u00f1e al cuarto cargo que se esboz\u00f3 a partir de la afectaci\u00f3n \u00abostensible\u00bb de los \u00abderechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb de la quejosa y la presunta \u00abvulneraci\u00f3n\u00bb de los art\u00edculos 2\u00ba, 13, 29 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, baste con se\u00f1alar que ese ataque incumple una formalidad b\u00e1sica de la demanda de casaci\u00f3n que descarta su admisi\u00f3n, cual es, la de invocar alguna de las causales que dan paso al recurso. <\/p>\n
Cabe anotar que dicha falencia no puede remediarse con fundamento en el inciso final del canon 336 del C\u00f3digo General del Proceso, pues aunque es incontestable que dicho precepto habilita la posibilidad de la \u00abcasaci\u00f3n de oficio\u00bb, n\u00f3tese que se trata de una atribuci\u00f3n conferida por la ley a la Corte, que no constituye un motivo de disenso aut\u00f3nomo, susceptible de plantearse o exigirse por los recurrentes. <\/p>\n
Y as\u00ed lo precis\u00f3 esta Corporaci\u00f3n, en un caso de similares contornos, donde recalc\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso consagra cinco (5) motivos de casaci\u00f3n, que limitan el ejercicio de la impugnaci\u00f3n, dentro de las cuales no se encuentra que la sentencia constituya una afrenta contra derechos y garant\u00edas superiores, de all\u00ed que no sea factible la admisi\u00f3n del embate formulado bajo esa \u00e9gida. <\/p>\n
Ahora, si bien al tenor del \u00faltimo inciso del citado art\u00edculo 336, la Corte puede casar la sentencia \u00aba\u00fan de oficio cuando sea ostensible que la misma comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb, ello en modo alguno supone una ampliaci\u00f3n de las causales del recurso de la que puedan valerse los inconformes para sustentar sus cargos, pues ata\u00f1e a una atribuci\u00f3n reservada a la Corte en los precisos aspectos all\u00ed se\u00f1alados. (Subrayas fuera del texto – CSJ AC4440-2018). <\/p>\n
En estas condiciones, es notoria la impertinencia de esta acometida, cuyo contenido, por dem\u00e1s, tampoco revela circunstancias que le abran paso en los t\u00e9rminos de la citada disposici\u00f3n, toda vez que, contrario al criterio de la memorialista, en su caso no se advierte que la confutada sentencia atente contra sus prerrogativas constitucionales, que constituya una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, al no ce\u00f1irse los ataques propuestos a los requerimientos formales de esta extraordinaria senda de impugnaci\u00f3n, resulta inviable su aceptaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por Mar\u00eda Mercedes Chamat de Sardi, para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 30 de octubre de 2019, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en el proceso referenciado. <\/p>\n
Segundo: Devolver por la Secretar\u00eda el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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AC4233-2021 (2016-00331-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC4233-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-31-03-013-2016-00331-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintid\u00f3s de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C.,treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide respecto de la admisibilidad de la demanda presentada por Mar\u00eda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56969","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56969","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56969"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56969\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56969"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56969"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56969"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}