AC4235-2021 (2020-01453-00) <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC4235-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2020-01453-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se resuelve el recurso de queja interpuesto por Julio Cesar Rojas Agudelo frente al auto de 13 de febrero de 2020, donde el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, neg\u00f3 conceder el recurso de casaci\u00f3n instaurado contra la sentencia de 23 de enero del mismo a\u00f1o, dictada por esa Corporaci\u00f3n dentro del proceso de petici\u00f3n de herencia de Nelly Piedad y Rosalba Beatriz Rojas Agudelo respecto del recurrente, Alejandro y Blanca Cecilia Rojas Agudelo, herederos de Miguel \u00c1ngel Rojas Agudelo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Antecedentes <\/p>\n
1.1. Petitum: Declarar que las convocantes \u00abtienen derecho a recoger la herencia\u00bb de su hermano Miguel \u00c1ngel Rojas Agudelo. <\/p>\n
Exigieron, por tanto, dejar sin efectos la partici\u00f3n realizada en el juicio de sucesi\u00f3n del causante, y la sentencia del Juez S\u00e9ptimo de Familia de Bogot\u00e1 que imparti\u00f3 su aprobaci\u00f3n el 29 de julio de 1997. <\/p>\n
As\u00ed mismo, suplicaron cancelar la escritura contentiva del mismo, y las inscripciones realizadas en las respectivas Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. Pidieron, a su vez, reelaborar el trabajo partitivo. <\/p>\n
1.2. Causa petendi: Apoyaron su reclamo, afirmando que los convocados ocupan \u00abparte\u00bb de la herencia que les corresponde como sucesoras del causante, pues \u00abno fueron reconocidas ni incluidas\u00bb en la sucesi\u00f3n tramitada por estos hace mas de veinte a\u00f1os. <\/p>\n
1.3. Sentencia de primera instancia: El 30 de julio de 2019, el Juzgado Once de Familia de Bogot\u00e1 neg\u00f3 las s\u00faplicas, al acoger la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de petici\u00f3n de herencia\u00bb. <\/p>\n
1.4. Fallo de segundo grado: El superior, al resolver la apelaci\u00f3n de las convocantes, revoc\u00f3 la determinaci\u00f3n del a quo; y en su lugar, entre otras declaraciones, dispuso rehacer la partici\u00f3n. <\/p>\n
1.5. Recurso de casaci\u00f3n: Lo formul\u00f3 el interpelado Julio Cesar Rojas Agudelo. <\/p>\n
1.6. Decisi\u00f3n sobre la concesi\u00f3n: El Tribunal mediante prove\u00eddo de 13 de febrero de 2020, no accedi\u00f3 a tramitarlo, aduciendo la falta de demostraci\u00f3n del inter\u00e9s del recurrente. <\/p>\n
Lo anterior, porque en el asunto, el agravio inferido en la sentencia se estimaba con las pretensiones, las cuales se relacionaban con los inmuebles que conformaban la sucesi\u00f3n Miguel \u00c1ngel Rojas Agudelo. <\/p>\n
Su estimaci\u00f3n, entonces, conforme al art\u00edculo 338 del C.G.P., deb\u00eda realizarse con los elementos obrantes en el expediente, pues el recurrente \u00abno aport\u00f3 el dictamen pericial que permitiera el justiprecio actual de las propiedades\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como el trabajo partitivo contentivo en la escritura p\u00fablica n\u00ba 1323 de 11 de marzo de 1998, asignaba un valor al patrimonio de $53.768.969.oo, su valor presente, correspond\u00eda a $132.006.127,56 ($53.768.969,88 X 103,801\/42,282), cifra que dividida por el n\u00famero de partes hereditarias a cada uno de los sucesores, equivale a $18.858.018,22. <\/p>\n
Al recurrente le corresponder\u00eda tres cuotas (la suya y dos adquiridas por cesi\u00f3n de derechos de Eliana Marcela y Clara Alicia Rojas Agudelo), es decir, la suma de $56.574.054,66, cifra que no alcanza ni excede la cuant\u00eda de los 1.000 s.m.l.m.v. para 2020, esto es, $877.803.000.oo (C.G.P., art. 338). <\/p>\n
1.7. Reposici\u00f3n y recurso de queja: Lo interpuso el convocado. Asever\u00f3 que el ad-quem no busc\u00f3 adecuadamente la dimensi\u00f3n econ\u00f3mica actual del agravio causado por el fallo, desconociendo lo ordenado por el art\u00edculo 339 \u00eddem. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que en el calculo del inter\u00e9s se incluyeron equivocadamente otras herederas; adem\u00e1s, debieron estimarse las pretensiones \u00abpor la tasa representativa del mercado al d\u00eda de proferimiento de la sentencia, incluido el da\u00f1o emergente y el lucro cesante\u00bb; y porque no era necesario aportar un dictamen, pues el justiprecio era posible tasarse con las pruebas del proceso. <\/p>\n
1.8. Determinaci\u00f3n frente al remedio horizontal: Se neg\u00f3 el 10 de marzo de 2020, afirmando que la cuant\u00eda para recurrir se fij\u00f3 con los elementos de juicio obrantes en el expediente, y a trav\u00e9s de la formula para realizar la correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
De tal modo, no puede endilgarse omisi\u00f3n por no tenerse en cuenta otras variables, pues su determinaci\u00f3n, seg\u00fan lo ped\u00eda el recurrente, requer\u00eda necesariamente de un dictamen, carga, que seg\u00fan lo prev\u00e9 textualmente el canon 339, in fine, le correspond\u00eda aportar exclusivamente a \u00e9l. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, el ad-quem mantuvo su decisi\u00f3n, y por tanto, orden\u00f3 la expedici\u00f3n de copias para desatar la impugnaci\u00f3n objeto de esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Consideraciones <\/p>\n
2.1. De conformidad con el art\u00edculo 352 del C.G.P., el recurso de queja procede contra el auto que deniega conceder el de casaci\u00f3n, por consiguiente, la competencia de esta Corte se limita a examinar si ese pronunciamiento, ratificado al desatar la respectiva reposici\u00f3n, estuvo o no ajustado a la ley. <\/p>\n
2.2. Para el remedio extraordinario, la regla 338 ej\u00fasdem se\u00f1ala su procedencia en litigios donde las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, siempre y cuando \u00ab(\u2026) el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv) (\u2026)\u00ab, los cuales, traducidos a pesos en 2020, equivaldr\u00edan a $877.803.000.oo3. <\/p>\n
Si la sentencia es totalmente desestimatoria de las pretensiones, su estimaci\u00f3n para impugnar en casaci\u00f3n estar\u00e1 definido por lo pedido en la demanda; pero, si el fallo s\u00f3lo acoge parcialmente lo reclamado por el actor, el quantum se determinar\u00e1 por la desventaja que le deriva la decisi\u00f3n4. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el art\u00edculo 338 del C.G.P. except\u00faa del justiprecio las \u00ab(\u2026) sentencias dictadas dentro de las acciones de grupo, y las que versen sobre el estado civil (\u2026)\u201d; en consonancia con el par\u00e1grafo del precepto 334 \u00eddem, en el cual, tambi\u00e9n se excluyen de esa tasaci\u00f3n las de \u201c(\u2026) impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho (\u2026)\u00ab. <\/p>\n
2.3. El canon 339 ej\u00fasdem prev\u00e9 que en el evento de no aparecer determinada la afectaci\u00f3n econ\u00f3mica para recurrir en casaci\u00f3n, el mismo deber\u00e1 fijarse \u201c(\u2026) con los elementos de juicio que obren en el expediente (\u2026)\u201d, permiti\u00e9ndose al impugnante, cuando \u00e9ste lo estime pertinente, aportar una peritaci\u00f3n a efectos de precisar el justiprecio. <\/p>\n
Lo antelado conlleva a inferir que el juzgador fija el mencionado inter\u00e9s a trav\u00e9s de dos \u00fanicas circunstancias: La primera, con los medios probatorios presentes en el proceso, de manera que no puede decretar de oficio o a solicitud de parte dict\u00e1menes periciales, pues esta carga, seg\u00fan lo prev\u00e9 la norma citada, incumbe exclusivamente al recurrente. La segunda, con la experticia aportada por este, cuando lo considere necesario. En ambas situaciones, le concierne al magistrado sustanciador resolver de plano la concesi\u00f3n del recurso5. <\/p>\n
2.4 De acuerdo a lo discurrido, en el subj\u00fadice, resulta acertada la decisi\u00f3n del ad-quem de negar el recurso de casaci\u00f3n, pues se fund\u00f3 en el supuesto de reconocer el valor econ\u00f3mico de la pretensiones, vinculadas con el aval\u00fao de los bienes inmuebles que conformaban el haber sucesoral contentivo de la partici\u00f3n, cuya anulaci\u00f3n declar\u00f3 el ad-quem. <\/p>\n
Empero, como el impugnante pudo, y no lo hizo, presentar la experticia respectiva, el calculo del inter\u00e9s se efectu\u00f3 con la prueba pertinente que figuraba en el proceso, como el trabajo de partici\u00f3n, el cual, apenas se limitaba a demostrar el aval\u00fao de los predios, prescindiendo de otras variables econ\u00f3micas. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el precio total de los bienes ra\u00edces se fij\u00f3 a valor presente en $132.006.127,56, cifra que sin necesidad de distribuirla en las cuotas partes de los herederos, pues la invalidez de la partici\u00f3n tuvo innegables consecuencias pecuniarias para todos los asignatarios, por cuanto su efecto pr\u00e1ctico no fue otro que regresar los bienes adjudicados a masa herencial, resulta dicha cantidad irrisoria a 1.000 s.m.l.m.v. (art. 338, C.G.P.), los cuales, convertidos a pesos en 2020, ata\u00f1en a $877.803.000.oo. <\/p>\n
2.5. De ah\u00ed que no resultan admisibles los reproches del actor relacionados con la supuesta negligencia del Tribunal para concretar la verdadera dimensi\u00f3n econ\u00f3mica del inter\u00e9s, pues en principio, si el actor consideraba que la estimaci\u00f3n realizada con apoyo a los soportes del proceso era exigua, deb\u00eda aportar un dictamen, pues esa carga le compete solo a \u00e9l, sobre todo, cuando los elementos de juicio obrantes en el expediente resultaban poco \u00edntegros o insuficientes. <\/p>\n
En efecto, trat\u00e1ndose de el aval\u00fao de inmuebles, su valor actualizado, junto a sus frutos civiles, su determinaci\u00f3n atiende a variables desconocidas por el sentenciador, pues corresponden a la l\u00f3gica del mercado de la finca ra\u00edz, las cuales inciden en el precio, vari\u00e1ndolo o conserv\u00e1ndolo en cierto tiempo; e igualmente, otros rubros, relacionados con los perjuicios causados por la sentencia, deb\u00edan fijarse, por tanto, con la experticia adecuada. Dicha tarea, para fijar el inter\u00e9s, incumbe establecerla a los expertos6. <\/p>\n
En consecuencia, ante la omisi\u00f3n de acreditar el justiprecio mediante una peritaci\u00f3n, necesaria para tasar los inmuebles objeto de reivindicaci\u00f3n, su c\u00e1lculo, entonces, procedi\u00f3 hacerse con el la cifra se\u00f1alada en el trabajo partitivo, la cual, seg\u00fan se dijo ab initio, no alcanzaba ni superaba los 1.000 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n
En \u00faltimas, el recurso de casaci\u00f3n no es procedente, ante todo, porque el impugnante deb\u00eda aportar, teniendo en cuenta que no concurr\u00eda la cuant\u00eda suficiente, el dictamen o la prueba correspondiente para evidenciar con idoneidad el inter\u00e9s, en el marco del precepto 339 ib\u00eddem. <\/p>\n
2.6. De acuerdo a lo discurrido, no prospera la queja. <\/p>\n
2.7. No hay lugar a condenar en costas al recurrente, teniendo en cuenta que la contraparte no replic\u00f3 el recurso en esta sede, y porque no se erogaron gastos. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, resuelve, <\/p>\n
Declarar bien denegado el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de enero de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala de Familia, dentro del proceso declarativo ya referenciado. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase lo actuado a la Corporaci\u00f3n de origen. Of\u00edciese. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 \u00cdndice final para diciembre de 2019 (IPC-DANE). <\/p>\n
2\u0002 \u00cdndice inicial para 1997 (IPC-DANE). <\/p>\n
3\u0002 Cifra calculada con fundamento en el Decreto 2360 de 26 de diciembre de 2019, el cual fij\u00f3 el salario m\u00ednimo mensual de 2020 en $877.803,oo. <\/p>\n
4\u0002 CSJ AC, 5 sep. 2013, reiterado en AC6011-2015. <\/p>\n
5\u0002 CSJ AC2513-2019. <\/p>\n
6\u0002 A prop\u00f3sito, se\u00f1al\u00f3 la Corte que la actualizaci\u00f3n del precio de los \u00ab(\u2026) bienes ra\u00edces, difiere de cuando se trata de sumas l\u00edquidas de dinero, para las cuales es admisible su indexaci\u00f3n, no as\u00ed respecto de aqu\u00e9llos, que por variadas circunstancias pueden alterar su valor, aument\u00e1ndolo o disminuy\u00e9ndolo, lo cual implica determinar de forma t\u00e9cnica o por expertos la verdadera cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (CSJ AC5019-2015). <\/p>\n
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