AC4237-2021 (2021-00865-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4237-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-00865-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Ser\u00eda del caso decidir el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados, Primero Civil del Circuito de Melgar y Treinta Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica, para conocer del juicio de expropiaci\u00f3n promovido por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI- frente a MAR\u00cdA DEL CARMEN RUSSI DE CUBILLOS, PEDRO APOLINAR, ELCIRA, JOSEFINA, MARTHA ROSA, HIP\u00d3LITO BALTAZAR y MAR\u00cdA BELARMINA RUSSI LOZADA, de no ser porque su proposici\u00f3n es prematura. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- solicit\u00f3 la expropiaci\u00f3n por motivos de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, del inmueble denominado \u201cLOS PICACHOS\u201d, ubicado en la vereda \u201cLas Palmas\u201d, municipio con el mismo nombre, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 366-12905 y registrado como propiedad de los demandados. <\/p>\n
En el escrito inicial, el conocimiento se atribuy\u00f3 a la referida agencia judicial, en consideraci\u00f3n a la naturaleza del asunto y \u201cel territorio o jurisdicci\u00f3n donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de expropiaci\u00f3n (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. La dependencia de origen agot\u00f3 todas las etapas procesales dentro del sub lite y lo tramit\u00f3 hasta el final, esto es, admiti\u00f3 el escrito inaugural2, orden\u00f3 la notificaci\u00f3n personal de los convocados3, decret\u00f3 la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda, libr\u00f3 oficio comisorio a su hom\u00f3logo Promiscuo Municipal de Icononzo, Tolima para la diligencia de entrega anticipada del inmueble a expropiar4, corri\u00f3 traslado a los demandados5 y, en virtud de que aquellos se allanaron a las pretensiones de la demanda, fij\u00f3 fecha para dictar sentencia6. Decisi\u00f3n que, despu\u00e9s de varios aplazamientos, se profiri\u00f3 finalmente el 8 de junio de 2017, mediante la cual se decret\u00f3 la expropiaci\u00f3n del inmueble referido, se orden\u00f3 su entrega definitiva y el registro del fallo en la Oficina de registro e instrumentos p\u00fablicos de Icononzo, Tolima7. <\/p>\n
Con todo, por medio de auto de 24 de noviembre de 2020, el juzgador declar\u00f3 su falta de competencia, as\u00ed como la nulidad del fallo y de todo lo actuado con posterioridad a este, al considerar que en atenci\u00f3n de la decisi\u00f3n de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia AC140-2020, dictada por esta Sala, \u201c(\u2026) la falta de competencia por el factor subjetivo debe ser declarada incluso de oficio, conservando validez lo actuado, salvo el fallo dictado, motivo por el cual, la sentencia con fecha del ocho de junio deber\u00e1 anularse, decisi\u00f3n que tambi\u00e9n se fundamenta en el art\u00edculo 138 del C.G.P. (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
En virtud de lo anterior, ambas partes solicitaron a ese despacho realizar \u201ccontrol de legalidad urgente\u201d a la providencia precedente, con el prop\u00f3sito de que se dejara sin valor ni efecto, al referir m\u00faltiples razones tanto de \u00edndole procesal como constitucional, a saber: (i) la entidad por disposici\u00f3n expresa renunci\u00f3 a la aplicaci\u00f3n del fuero subjetivo; (ii) en virtud de la aplicaci\u00f3n del principio perpetuatio jurisdictionis el juez ten\u00eda obligaci\u00f3n de tramitar la controversia hasta el final; (iii) la decisi\u00f3n \u00faltima menoscab\u00f3 enormemente el car\u00e1cter vinculante de las decisiones judiciales; (iv) transgredi\u00f3 los principios de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al debido proceso, a la igualdad procesal e igualdad de las cargas para el demandado, la inmediaci\u00f3n del juez, la seguridad jur\u00eddica, la confianza leg\u00edtima, entre otros; (v) y se emiti\u00f3 en contrav\u00eda del precedente judicial. Todo lo dicho, porque en su sentir era improcedente la declaratoria de la nulidad despu\u00e9s de tres a\u00f1os de proferido el fallo, el cual se encontraba ejecutoriado y en firme, adem\u00e1s de que ya se hab\u00eda producido la entrega material del inmueble expropiado y solo estaba pendiente \u201c(\u2026) la inscripci\u00f3n en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria y la entrega del deposito judicial a la parte demandante\u201d9. <\/p>\n
Finalmente, y sin pronunciamiento del agente judicial frente al ruego anterior, se remiti\u00f3 el expediente a las oficinas judiciales de Bogot\u00e1 para reparto10. <\/p>\n
3. Recibidas las diligencias por el Juzgado Treinta Civil del Circuito de la ciudad de destino, este rehus\u00f3 la atribuci\u00f3n, al referir que \u201c(\u2026) aunque el factor subjetivo, consagrado en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto procesal civil, permite que el distrito capital conozca los procesos promovidos por la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI, en el presente asunto dicha entidad renunci\u00f3 a esa prerrogativa al momento de instaurar la demanda en el municipio de Melgar, aunado a que, frente el prove\u00eddo que declar\u00f3 la falta de competencia, el accionante present\u00f3 solicitud de que el proceso se siguiera cursando en el Juzgado Primero Civil Circuito de Melgar, Tolima, actuaciones que en conjunto demuestran la preferencia de la parte, por el fuero real, se\u00f1alado en el canon mencionado en el p\u00e1rrafo que precede, como determinante de la competencia (\u2026)\u201d.11 <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la colisi\u00f3n, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia se trab\u00f3 entre estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
2. Siendo la competencia un aspecto reglado por el legislador procesal, se hace necesario recordar que el demandante es el sujeto procesal facultado al momento de presentar el escrito genitor, para escoger entre los funcionarios ante los que la ley le permite acudir, esto es, el operador judicial que quiere que sit\u00fae y decida un litigio en ciernes; voluntad que si es ejercida en consonancia con tales alternativas no puede ser alterada por el elegido, sin perjuicio del debate que en la forma y oportunidad debidas plantee su contradictor. <\/p>\n
De otra parte, el estatuto procesal vigente establece con claridad dentro de las etapas del litigio, oportunidades procesales en las que los dem\u00e1s sujetos concernidos en el juicio pueden advertir alg\u00fan defecto en la competencia asignada; correspondi\u00e9ndole, en primer t\u00e9rmino, al juzgador a quien por reparto le sea asignado el conocimiento del asunto, con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas en el estudio de admisi\u00f3n de la demanda, el deber de revisar desde el inicio el cumplimiento de los requisitos legales que ha de contener libelo y en caso tal, rechazar el mismo cuando observe que carece de aptitud legal para tramitar el mismo y, caso en el cual deber\u00e1 ordenar la remisi\u00f3n de las diligencias con sus anexos a quien considere competente en virtud del art\u00edculo 90 ib\u00eddem. <\/p>\n
Ahora bien, en segunda medida, el adjetivo procesal faculta al demandado para formular en el t\u00e9rmino del traslado de la demanda, la excepci\u00f3n previa de \u201cfalta de competencia\u201d si la advierte, mecanismo dilatorio que de prosperar impone al operador judicial la consecuencia descrita en los p\u00e1rrafos precedentes, conservando validez lo actuado, de conformidad con el canon 101 ib\u00eddem. <\/p>\n
Con todo, el juzgador en el desarrollo de la audiencia inicial, antes proferir sentencia, conforme a lo reglado por el precepto 372 ib\u00eddem, puede hacer uso del control de legalidad para asegurar la decisi\u00f3n de fondo y sanear los vicios que puedan acarrear nulidades u otras irregularidades del proceso, los cuales como bien lo se\u00f1ala la norma, \u201cno se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes\u201d; debido a que, con la emisi\u00f3n del fallo se agota la instancia correspondiente. <\/p>\n
De ah\u00ed que, si el agente judicial concernido no advierte su incompetencia y profiere auto admisorio de la demanda o libra mandamiento ejecutivo, seg\u00fan la naturaleza del proceso, ello supone que ha aceptado la designaci\u00f3n y a su turno si los interesados guardan silencio frente a ello en las oportunidades procesales, en consecuencia, se convalida las actuaciones que pudieran acarrear posibles vicios saneables; m\u00e1s a\u00fan, si se llegare a dictar sentencia, se entiende la aceptaci\u00f3n plena de la competencia asignada al juzgador. <\/p>\n
3. Por otro lado, dentro de la concepci\u00f3n normativa que sobre las nulidades incorpora el C\u00f3digo General del Proceso, art\u00edculos 132 y s.s., es innegable la presencia de varios principios que informan cu\u00e1ndo una irregularidad procesal da lugar a la invalidez del acto objeto de escrutinio, siendo estos, los de especificidad, trascendencia, protecci\u00f3n y convalidaci\u00f3n, a la par que su alegaci\u00f3n y resoluci\u00f3n debe darse en las instancias correspondientes. <\/p>\n
De acuerdo con principio de especificidad de las nulidades procesales, se apunta a que solo en virtud de una provisi\u00f3n concreta del legislador se puede saber cu\u00e1les son los vicios de actividad que producen nulidad, por lo cual la Corte, de tiempo atr\u00e1s, ha dicho que <\/p>\n
\u201c…Las causales de nulidad, pues, son limitativas y no es admisible extenderlas a informalidades e irregularidades diversas. Es posible que en el juicio se presenten situaciones que originen desviaciones m\u00e1s o menos importantes de normas que regulen las formas procesales, pero ello no implica que constituyan motivo de nulidad, la cual, se repite, \u00fanicamente puede emanar de las causales entronizadas por el legislador (Cas. Civ. de 26 de agosto de 1959; G.J.T, XCI, 449). Por tal raz\u00f3n, el art\u00edculo 140 del actual C\u00f3digo de Procedimiento Civil, como tambi\u00e9n lo hac\u00eda el art\u00edculo 152 del mismo- estatuto procedimental civil, establece que el proceso es nulo, total o parcialmente, solamente en los casos que all\u00ed se enumeran\u2026\u201d12. <\/p>\n
Es por lo que, la Sala ha se\u00f1alado de vieja data que \u201csiempre que se hable de nulidad es preciso suponer una parte agraviada con el vicio. No hay nulidad, como ocurre con los recursos, sin inter\u00e9s, traducido principalmente en el perjuicio irrogado a quien lo invoca. Si, por tanto, la desviaci\u00f3n procesal existe pero no es perniciosa para ninguna de las partes, no se justifica decretar la nulidad\u201d13. <\/p>\n
Aunado a lo anterior y en virtud del principio de oportunidad y de preclusi\u00f3n que rige la actividad procesal, y de conformidad con en el canon 134, es perentorio que las nulidades deben alegarse por los interesados \u201cen cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia\u201d y de forma excepcional \u201ccon posterioridad a \u00e9sta si ocurrieren en ella\u201d. <\/p>\n
4. Se advierte que el caso concreto, se trata de una demanda de expropiaci\u00f3n incoada el 3 de febrero de 2015 por la Agencia Nacional de Infraestructura, que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, quien no solo avoc\u00f3 conocimiento del asunto, sino que agot\u00f3 todas las etapas del proceso, d\u00e1ndolo por terminado mediante sentencia de 8 de junio de 2017. <\/p>\n
Sin embargo, por medio de prove\u00eddo de 24 de noviembre de 2020, es decir, despu\u00e9s de m\u00e1s de tres a\u00f1os de haberse dictado el fallo que puso fin al juicio; motu proprio, el juzgador decidi\u00f3 desligarse del asunto y declarar la nulidad del fallo, as\u00ed como del tr\u00e1mite surtido con posteridad al mismo, con sustento en la providencia de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia AC140 de 24 de enero 2020, dictada por esta Sala. <\/p>\n
Por lo que, las partes con preocupaci\u00f3n e inconformidad manifiesta le solicitaron realizar control de legalidad a dicho auto con el prop\u00f3sito de corregir una posible irregularidad dentro del proceso; ruego frente al cual el agente judicial no profiri\u00f3 pronunciamiento alguno; por lo que, finalmente se remiti\u00f3 el asunto a los juzgadores de la capital de la Rep\u00fablica, quienes rechazaron la atribuci\u00f3n. <\/p>\n
Visto el panorama, se hace necesario indicar en primer lugar que, ni las partes ni el juez en ninguna de las etapas del juicio de expropiaci\u00f3n advirtieron la falta de competencia ni alegaron una posible nulidad ni ejercitaron el control de legalidad dentro del mismo; por lo que, una vez finalizado el proceso y habi\u00e9ndose resuelto de fondo las pretensiones de la demanda mediante sentencia, que no fue impugnada y, que alcanz\u00f3 firmeza y ejecutoria; no le era dado al fallador desprenderse del conocimiento del asunto, y mucho menos \u201cdeclarar la nulidad\u201d del fallo, tres a\u00f1os despu\u00e9s de proferido y m\u00e1s a\u00fan cuando solo se encuentra pendiente como tr\u00e1mite dentro del proceso la inscripci\u00f3n de la decisi\u00f3n en el folio de matricula inmobiliaria del bien expropiado y el pago del dep\u00f3sito judicial a los demandados. <\/p>\n
En segundo lugar, si bien el juzgador inicial, invoc\u00f3 como sustento para su decisi\u00f3n la falta de competencia por el factor subjetivo contemplado en el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, no le era dado tomar esa determinaci\u00f3n, independientemente de que esta Sala en el a\u00f1o 2020 hubiese unificado la jurisprudencia acerca de la competencia cuando se est\u00e1 ejercitando un derecho real por parte de una persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
Toda vez que, si bien en la actualidad las colisiones de competencia que se trabajan entre los numerales s\u00e9ptimo, por el factor real, y el numeral d\u00e9cimo, esto es, en los procesos contenciosos en los que es parte una entidad estatal, se resuelven en atenci\u00f3n a lo dispuesto por la Sala en prove\u00eddo AC140-2020, su aplicaci\u00f3n corresponde para colisiones que presenten en procesos que se encuentran en tr\u00e1mite esto es, que no cuenten con decisi\u00f3n de fondo que ponga fin al juicio. <\/p>\n
Sumado a lo anterior, como se adujo, la Corte para el a\u00f1o 2017 no hab\u00eda proferido el auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia, por lo que en casos como el decidido por el juzgador de Melgar, la competencia se determinaba bien por el lugar de ubicaci\u00f3n del predio a expropiar o bien por el domicilio del la entidad estatal, admiti\u00e9ndose para la \u00e9poca v\u00e1lidamente cualquiera de las dos designaciones para atribuir la misma, por lo que no se encuentra como causal para declarar la nulidad de lo actuado en la designaci\u00f3n de la competencia que en el a\u00f1o 2015 realiz\u00f3 la actora en dicha municipalidad y que a su turno fue aceptada hasta la culminaci\u00f3n del proceso con sentencia dictada por dicho operador judicial. <\/p>\n
Ahora bien, si se en gracia de discusi\u00f3n se acogiera la determinaci\u00f3n que tom\u00f3 de ese despacho de anular el fallo, no solo se revivir\u00edan cientos, por no decir miles de procesos ya terminados en los que una de las partes fuera una entidad p\u00fablica, lo que generar\u00eda un colapso en el sistema de administraci\u00f3n de justicia, sino que se atentar\u00eda contra la m\u00e1xima de aplicaci\u00f3n la ley procesal en el tiempo, y por interpretaci\u00f3n extensiva a la jurisprudencia de unificaci\u00f3n, que establece que en ning\u00fan puede ser retroactiva a situaciones jur\u00eddicas resueltas antes de su entrada en vigencia, sino que por el contrario su implementaci\u00f3n siempre debe ser inmediata y hac\u00eda el futuro, adem\u00e1s de que se atentar\u00eda contra los principios de preclusi\u00f3n, cosa juzgada, debido proceso y seguridad jur\u00eddica. <\/p>\n
Aunado a todo lo anterior, se debe recordar que el canon 285 del C\u00f3digo General del Proceso es enf\u00e1tico en se\u00f1alar que \u201cla sentencia no es revocable ni reformable por el juez que la pronunci\u00f3\u201d, pues tanto solo permite al juez aclarar el fallo, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte, cuando una sentencia o auto contenga \u201cconceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que est\u00e9n contenidas en la parte resolutiva…\u201d o influyan en ella. <\/p>\n
Ahora bien, en un caso con contornos similares la Sala se\u00f1al\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) la decisi\u00f3n adoptada por el Juzgado Civil Municipal de Mosquera va en contrav\u00eda de las reglas que gobiernan la competencia, toda vez que motu proprio declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en el proceso ejecutivo singular que all\u00ed adelantaba, a pesar de encontrarse en firme el fallo que dirimi\u00f3 el asunto, obviando con ello lo dispuesto en el art\u00edculo 145 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que lo faculta para proceder en tal sentido, de oficio, solo cuando se trate de nulidades insaneables y siempre que en el proceso no se hubiere dictado sentencia. (\u2026) Desde esa \u00f3ptica, es natural que si el juzgador profiere auto admisorio de la demanda, (\u2026) ello supone que ha aceptado su competencia (\u2026) Con m\u00e1s raz\u00f3n, si el fallador opta por asumir la direcci\u00f3n del litigio hasta el punto de resolverlo con sentencia, como ocurri\u00f3 en el asunto que se analiza, de lo que resulta evidente que ese acto presupone la ratificaci\u00f3n de su competencia, lo que torna injur\u00eddico renegar posteriormente de ella, por ir en contrav\u00eda del imperativo consagrado en el art\u00edculo 309 ejusdem, que veda al juez la posibilidad de revocar o reformar la sentencia que \u00e9l mismo ha dictado. (\u2026)14 <\/p>\n
5. Por todo lo anteriormente expuesto, se tiene que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar se precipit\u00f3 no solo al declarar la nulidad de un proceso con sentencia en firme, sino al desprenderse de la competencia del caso sin responder las reiteradas peticiones para hacer el control de legalidad de dicho pronunciamiento anulatorio. <\/p>\n
En ese orden, le ser\u00e1n devueltas las diligencias a ese juzgador, para que examine, a la luz de los postulados b\u00e1sicos que informar el r\u00e9gimen de las nulidades procesales (memorados antes), las solicitudes de control de legalidad expuestas por ambas partes, y adopte los correctivos necesarios, que le lleven a culminar en la actuaci\u00f3n el \u00fanico tr\u00e1mite, posterior a sentencia, que se encuentra pendiente dentro del proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar prematuro el planteamiento del presente conflicto de competencia. <\/p>\n
Segundo: Devolver el expediente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Melgar, para que proceda de conformidad con las motivaciones que preceden, y comunicar lo decidido al otro estrado involucrado. <\/p>\n
Tercero: Librar, por Secretar\u00eda, los oficios correspondientes. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Folio 161 a 167 del c. 02demanda y anexos. exp. digital. <\/p>\n
2\u0002 Folio 171 ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 Folio 193 ib\u00eddem. <\/p>\n
4\u0002 Folio 213 ib\u00eddem. <\/p>\n
5\u0002 Folio 286 a 288 ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folio 293 ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folio 315 y 316 ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Folio 524 a 526 ib\u00eddem. <\/p>\n
9\u0002 Folios 529 a 588 c. ibidem. <\/p>\n
10\u0002 Folios 583 a 586 c. ibidem. <\/p>\n
11\u0002 Folios 1 a 3, anexo 03 propone conflicto negativo.pdf., exp. digital. <\/p>\n
12\u0002 CSJ SC del 22 de julio de 1993 <\/p>\n
13\u0002 CSJ SC de 14 de febrero de 1995, G.J. t. CCXXIV, p\u00e1g. 179. <\/p>\n
14\u0002 CSJ, auto de 17 de septiembre de 2012, expediente 2011-02403-00. <\/p>\n
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