AC4243-2021 (2017-00155-01)<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
AC4243-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-006-2017-00155-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de septiembre de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C.,treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de las demandas presentadas por Cordeles y Extruidos de Colombia – Cordex S.A.S., y la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atl\u00e1ntico \u2013 Coolitoral, para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de 1\u00ba de diciembre de 2020, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso de responsabilidad civil que la primera promovi\u00f3 respecto de la segunda y de Inversiones Iguacur & C\u00eda. Ltda., Humberto Javier Caballero Rojas, Mar\u00eda Elena Rosales Berm\u00fadez, Guillermo Garz\u00f3n Pe\u00f1a, Mar\u00eda Eugenia Martelo Ordosgoitia, Roque Rafael Godoy Moreno, Hermes Alfonso Rueda, Horacio Plata Acevedo, Orfaida Mar\u00eda de Le\u00f3n De la Hoz, Kalkins Herrera Lever, Emith Ignacio Pardo Sandoval, William James Pab\u00f3n y Luis Enrique G\u00f3mez Caicedo. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En la demanda reformada, la actora pidi\u00f3 declarar que los convocados son responsables del incendio ocurrido el 17 de marzo de 2016 en el Centro Industrial La Trinidad de Barranquilla y condenarlos a pagarle $2.121\u2019873.812 por da\u00f1o emergente y $12.313\u2019151.058 por lucro cesante (fls. 13 a 33, c.1). <\/p>\n
Expuso que es una empresa que fabrica, compra y vende cordeles de fibra sint\u00e9tica y art\u00edculos de uso masivo que utilizan cuerdas, cordones, cables y extruidos, por lo que el 23 de abril de 2007 celebr\u00f3 con Inversiones Iguacur & C\u00eda. Ltda., contrato de arrendamiento de las bodegas n\u00ba 11 y 12 con un \u00e1rea de 1.534 m2, del Centro Industrial La Trinidad de la Calle 110 n\u00ba 12 F-29 de Barranquilla. <\/p>\n
El 17 de marzo de 2016, sobre las 10:24 p.m., ocurri\u00f3 un incendio en el parqueadero del Centro Industrial donde estaban los buses afiliados a Coolitoral y de propiedad de los dem\u00e1s demandados, ya que uno present\u00f3 falla el\u00e9ctrica y gener\u00f3 fuego que se extendi\u00f3 hasta las bodegas 11 y 12, seg\u00fan informe de la Oficina de Atenci\u00f3n y Prevenci\u00f3n de Emergencias y Desastres de Barranquilla, lo que produjo m\u00faltiples da\u00f1os en \u00ablas m\u00e1quinas, trenzadoras, enconadoras, entrolladoras, embobinadoras, retorcedoras, tuner de termoencongible y selladora, extrasadores, mezcladoras, molinos, compresores, m\u00e1quinas de soldaduras, transformador, bombas manuales, ventiladores, pulidoras, taladros, aires acondicionados, banco de condensadores, muebles, enceres, port\u00f3n, paredes, piso, cielorraso, entre otros\u00bb, a causa de las llamas, humo y agua empleada para controlar la ignici\u00f3n, incidente que da\u00f1\u00f3 su maquinaria, materias primas, muebles y enseres, dinero, productos terminados, documentos e informaci\u00f3n, tanto que debi\u00f3 detener la producci\u00f3n y sufri\u00f3 p\u00e9rdidas, lo que demuestra el nexo causal y obliga a sus adversarios a resarcirlas. <\/p>\n
2.- Coolitoral, Hermes Alonso Rueda Rueda, William Jaimes Pab\u00f3n, Humberto Javier Caballero, Guillermo Garz\u00f3n Pe\u00f1a, Roque Rafael Godoy, Mar\u00eda Eugen\u00eda Ordosgoit\u00eda, Horacio Plata Acevedo, Luis Enrique G\u00f3mez Caicedo, Ermith Ignacio Pardo Sandoval, Kalkins Herrera Lever, Mar\u00eda Elena Rosales y Orlaida Mar\u00eda De Le\u00f3n De La Hoz, alegaron \u00abfalta de legitimaci\u00f3n por pasiva, respecto de la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atl\u00e1ntico, Coolitoral, en su defecto inexistencia de la responsabilidad solidaria\u00bb, \u00ab[e]xclusi\u00f3n legal de la responsabilidad por inexistencia de actividad peligrosa\u00bb, as\u00ed como \u00ab[a]usencia de causalidad adecuada que conlleve a imputar responsabilidad\u00bb, \u00ab[o]misi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de la v\u00edctima de tomar medidas razonables para evitar la extensi\u00f3n del da\u00f1o\u00bb, \u00ab[a]usencia de responsabilidad por transferencia de obligaciones por la tenencia de la cosa\u00bb, \u00ab[f]uerza mayor\u00bb y \u00ab[c]ausa no determinada\u00bb. <\/p>\n
3.- El Juzgado 6\u00ba Civil del Circuito de Barranquilla, en sentencia de 12 de junio de 2019, acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abexclusi\u00f3n legal de la responsabilidad por inexistencia de actividad peligrosa\u00bb, desestim\u00f3 las dem\u00e1s, declar\u00f3 que Coolitoral e Inversiones Iguacur son responsables y las conden\u00f3 a pagarle a Cordex $12.313\u2019151.058 por lucro cesante, en forma solidaria, dentro de los 15 d\u00edas siguientes a la firmeza del fallo, con deducci\u00f3n de las utilidades generadas por la afectada entre 2016 y 2018 siempre que est\u00e9n reportadas en sus declaraciones de renta y neg\u00f3 las otras s\u00faplicas (fls. 2401 a 2418). Las condenadas apelaron. <\/p>\n
4.- Al desatar la alzada, el superior reform\u00f3 el fallo, pues neg\u00f3 tambi\u00e9n el lucro cesante, pero confirm\u00f3 que Inversiones Iguacur, administradora del Centro Industrial La Trinidad y arrendadora de las bodegas, y Coolitoral, guardiana de los buses incinerados, son responsables porque el fuego inici\u00f3 en uno de ellos y el lugar donde se hallaban no era habilitado como parqueadero, por lo que aqu\u00e9lla obr\u00f3 con culpa al convenir su aparqueo all\u00ed y \u00e9sta por elegir ese sitio. <\/p>\n
Iguacur no aleg\u00f3 que la acci\u00f3n deb\u00eda ser contractual por el contrato de arrendamiento con Cordex; al interpretar el libelo se ve que fue acusada de omitir la obligaci\u00f3n de seguridad como administradora del Centro Industrial; frente a los otros convocados es extracontractual por inadvertir el deber de no hacer da\u00f1o, lo que desvirt\u00faa la incongruencia. <\/p>\n
El dictamen de Phanor Reyes carece de valor porque el video en que se apoy\u00f3 descarta que un tercero haya causado el incendio y el experto no inspeccion\u00f3 el sitio, ni descart\u00f3 que uno de los buses haya generado el fuego, pues se enfoc\u00f3 en hacer ver que fue un acto provocado y as\u00ed lo reiter\u00f3 en su declaraci\u00f3n, lo que carece de respaldo; adem\u00e1s, dijo cobrar seg\u00fan el proceso, lo cual desdice de su objetividad. <\/p>\n
El perito Cristian Rene Cherau Morales s\u00ed acudi\u00f3 al sitio d\u00edas despu\u00e9s del suceso, y, con base en el estudio t\u00e9cnico sobre propagaci\u00f3n, alcance e intensidad del fuego y grado de carbonizaci\u00f3n de las partes, coligi\u00f3 que el incendio inici\u00f3 en el bus de placa UZC-587 y \u00abla posible causa fue la combusti\u00f3n de los combustibles debido a la conducci\u00f3n de calor proveniente de un objeto incandecente no identificado, pudiendo haber sido un tendido el\u00e9ctrico racalentado o un arco voltaico por conexiones flojas y\/o sueltas, conocido como corto circuito y descart\u00f3 la intervenci\u00f3n de terceras personas\u00bb, lo que respald\u00f3 con la versi\u00f3n de Luis Garc\u00eda, jefe de seguridad del Centro Industrial y de Jonnhatan Campo Sallas, guarda de seguridad de Cordex S.A., que dijeron que el fuego inici\u00f3 en las busetas, igual que lo dijo Pr\u00f3spero Pe\u00f1a, ajustador de Alianz S.A., el cuerpo de Bomberos y Roque Godoy Moreno. <\/p>\n
El bus de placa UZC-587 era afiliado a Coolitoral, quien deb\u00eda mantenerlo en actividad dentro de sus rutas, y el due\u00f1o ten\u00eda que dejarlo a su disposici\u00f3n y manejarlo, seg\u00fan lo prev\u00e9 el art. 7 del Decreto 1598 de 1963, sin dejar de lado las Leyes 336 de 1996 y 105 de 1993, as\u00ed como los Decretos 1059 de 2015, 1393 de 1970 que fijan los deberes de las empresas de transporte, quienes administran los veh\u00edculos afiliados, tanto que los propietarios, que pasan a ser subordinados, le pagan por ese servicio, que incluye el parqueo y la reparaci\u00f3n de los buses, seg\u00fan lo declar\u00f3 el representante legal de Inserlit S.A.S., m\u00e1xime cuando el gerente de Coolitoral adujo que los conductores deb\u00edan aparcar en los sitios de la empresa, so pena de rendir descargos; y Beatriz Pinz\u00f3n narr\u00f3 que Alejo Nels\u00f3n Robayo acord\u00f3 el parqueo de los buses all\u00ed; luego, Coolitoral tom\u00f3 esa decisi\u00f3n y responde como guardiana, seg\u00fan SC12994-2016. <\/p>\n
Coolitoral intervino en el contrato de parqueo porque Luis G\u00f3mez, due\u00f1o de uno de los buses, sostuvo que estacionaban en La Trinidad con el aval de aqu\u00e9lla empresa y Guillermo Garz\u00f3n Pe\u00f1a, titular de otro bus, precis\u00f3 que Inserlit, de propiedad de los asociados de Coolitoral, era quien pagaba a Iguacur por el parqueo, lo que fue admitido por el representante legal de Inserlit. <\/p>\n
Beatr\u00edz Pinz\u00f3n, representante legal de Combustibles y Conversiones La Trinidad, dijo que se reuni\u00f3 con Olinto Plata, representante legal de Inserlit, Alejo Nels\u00f3n Robayo Quintero, directivo de Coolitoral y Luis G\u00f3mez, vocero de los due\u00f1os de los buses y acordaron el parqueo ante la mudanza de la nevada a la V\u00eda 40, tanto que cuando Inserlit asent\u00f3 oficina en el Centro Industrial negoci\u00f3 con Iguacur el parqueo de los buses ah\u00ed, lo que contradice el dicho de Alejo Nelson, quien neg\u00f3 tal hecho y aunque dijo que los conductores estaban sujetos a descargos sino estacionaban en los sitios autorizados, no llam\u00f3 a ninguno a rendirlos a pesar que desde hac\u00eda un tiempo parqueaban en La Trinidad; ello, sumado a la evasiva de varios choferes a responder sobre ese tema, prueba que Coolitoral aval\u00f3 esa situaci\u00f3n y, como guardiana de los buses, contrat\u00f3 el parqueo con Inversiones Iguacur. <\/p>\n
La actividad de guardi\u00e1n de cosas inanimadas entra\u00f1a presunci\u00f3n de culpa siempre que sean utilizadas en actividades peligrosas; empero, en Colombia la conducci\u00f3n de automotores no comprende su parqueo, CSJ SC 30 jun. 2005, rad. 1998-00650-01, excepto cuando el veh\u00edculo se detenga en v\u00eda p\u00fablica, contrario a lo que sucede en la Uni\u00f3n Europea, sentencia del Tribunal de Justicia, 20 jun. 2019 que interpret\u00f3 el art\u00edculo 3\u00ba de la Directiva 2009\/103 seg\u00fan el cual el parqueo tambi\u00e9n configura peligrosidad, lo que impone establecer si esa labor constituye en nuestro pa\u00eds una actividad peligrosa, ya que los buses cargan altas cantidades de combustible, tienen un complejo sistema el\u00e9ctrico, un uso y desgaste superior al de cualquier otro bien, lo que los hace susceptibles a fallas mec\u00e1nicas y ameritan un mantenimiento minucioso. <\/p>\n
Sus guardianes deben hacerles mantenimiento preventivo y constante, son objeto de control especial por las autoridades de vigilancia, seg\u00fan la Resoluci\u00f3n 0000315 de 2013 del Ministerio de Transporte, luego implican riesgos est\u00e9n o no en movimiento por la multiplicaci\u00f3n de energ\u00eda y su naturaleza inflamable, pues el recalentamiento puede causar fuego despu\u00e9s de horas de estar inactivos con estribo en la tesis de la inercia aparente, de lo cual se sigue que el bus estaba inerte, pero revest\u00eda peligrosidad por su estructura, lo que lleva a aplicar la teor\u00eda de la actividad peligrosa y, en ese mismo sentido, hace presumir la culpa de la guardiana, quien deb\u00eda probar causa extra\u00f1a, pero no lo hizo. <\/p>\n
No est\u00e1 en discusi\u00f3n la responsabilidad de Iguacur frente a Coolitoral, de ah\u00ed que esta \u00faltima no puede trasladarle a aquella sus deberes con estribo en que concertaron un contrato de dep\u00f3sito para el parqueo nocturno de los buses, porque se prob\u00f3 que el hecho ocurri\u00f3 por la combusti\u00f3n espont\u00e1nea de uno de los buses, que nada tuvo que ver con el cuidado a cargo de Iguacur, y aunque Coolitoral alega que aquella cre\u00f3 el riesgo al permitir estacionarlos en un sitio inadecuado y proyect\u00f3 en el cliente una confianza leg\u00edtima, ello no la exonera como guardiana de los buses, pues negoci\u00f3 el contrato de parqueo. <\/p>\n
Iguacur ten\u00eda una obligaci\u00f3n de seguridad como administradora del Centro Industrial La Trinidad en virtud del contrato de arriendo de bodega que celebr\u00f3 con Cordex S.A.S., m\u00e1xime cuando la misiva de 11 de diciembre de 2015 muestra divergencias entre ellas sobre del parqueo de veh\u00edculos; empero, aunque dice que s\u00ed hab\u00eda zonas de parqueo, con protocolos de seguridad y que no infringi\u00f3 el deber de cuidado, nada de ello demostr\u00f3, ni que tuviera personal id\u00f3neo para atender un siniestro de tal magnitud, pues los videos muestran que solo una persona intent\u00f3 detener el fuego con un extintor sin la potencia requerida y en la inspecci\u00f3n judicial no se ubic\u00f3 la zona preseleccionada de parqueo y menos en el volumen comentado. <\/p>\n
Los testigos dijeron que los conductores no ten\u00edan autonom\u00eda para parquear, que depend\u00edan de las instrucciones de un empleado de seguridad de Iguacur o de Beatriz Pinz\u00f3n, quienes guiaban los buses hasta el frente de las bodegas de Cordex y los dejaban muy cerca unos de otros, lo cual pudo favorecer el incendio; Iguacur prohibi\u00f3 el ingreso de veh\u00edculos de aqu\u00e9lla y es responsable al permitir estacionar buses sin tener zonas destinadas para ello, ni el personal adecuado para atender urgencias, sin que haya culpa de la gestora porque el incidente inici\u00f3 afuera y por causas ajenas a su voluntad; por tanto, Coolitoral responde al ser guardiana de los buses e Iguacur, la administradora del centro industrial y deudora del deber de seguridad frente Cordex S.A.S., ambas asumen el da\u00f1o de forma solidaria. <\/p>\n
Coolitoral no discuti\u00f3 desde el comienzo que Cordex fall\u00f3 al deber de previsibilidad al guardar en las bodegas materiales inflamables sin tener rociadores de agua ni muro contrafuego y porque le dio a la f\u00e1brica una destinaci\u00f3n diferente, pues la \u00fanica excepci\u00f3n nominada \u00abomisi\u00f3n de la obligaci\u00f3n de la v\u00edctima de tomar medidas razonables para evitar la extensi\u00f3n del da\u00f1o\u00bb, no se desarroll\u00f3 en ese sentido, sino que busc\u00f3 establecer los gastos en que incurri\u00f3 aqu\u00e9lla despu\u00e9s del suceso y que, seg\u00fan la recurrente, eran innecesarios; y aunque le pidi\u00f3 probar que ten\u00eda un sistema contra incendio y la log\u00edstica e infraestructura sobre seguridad, renunci\u00f3 a esa prueba; luego, la sentencia no deb\u00eda abordar tal tema; adem\u00e1s, no hay relaci\u00f3n entre el actuar de Cordex y la extensi\u00f3n del da\u00f1o, pues Jhonatan Campo, Christopher P\u00e9rez y Hernando Mullet dijeron que el incendio inici\u00f3 afuera y cuando ingres\u00f3 a las bodegas era ya muy tarde, a pesar de estar instruidos sobre seguridad industrial y contar con tacos que desenergizaban la f\u00e1brica en caso de emergencia. <\/p>\n
Iguacur consinti\u00f3 de forma t\u00e1cita el cambio de destinaci\u00f3n de las bodegas; empero, como contrat\u00f3 con Coolitoral el servicio de parqueo, ambas son responsables de forma solidaria por culpa concurrente seg\u00fan el art\u00edculo 2344 Civil frente a Cordex, sin que sea cierto que la causa material del insuceso fue el veh\u00edculo y la jur\u00eddica le es imputable solo a Iguacur como guardadora de los buses, pues Coolitoral era responsable de su funcionamiento y el contrato de parqueo no le permite trasladar esa responsabilidad. <\/p>\n
Era dable calcular el lucro cesante con el dictamen de la actora, pues se fund\u00f3 en el m\u00e9todo de \u00abflujo de caja libre proyectado\u00ab, que es general en la valoraci\u00f3n de empresas y ha sido aceptado por la Super Sociedades, aunado a que el informe contable y financiero allegado por Coolitoral avala tal modelo valuativo. Ahora, como el a quo neg\u00f3 el da\u00f1o emergente y ello no fue apelado, son inanes los reparos de Iguacur quien aleg\u00f3 que al 31 de diciembre de 2015 el inventario era de $1.146\u2019809.000, que la propiedad y planta val\u00edan $3.490\u2019950.000, mientras que los dep\u00f3sitos en bancos que eran de $26.613.000 y las acreencias por cobrar sumaban $2.110\u2019423.000 que deb\u00edan ser descontados. <\/p>\n
Tampoco tiene eco lo atinente a que Cordex no repuso la maquinaria con lo que pag\u00f3 la aseguradora, a pesar que deb\u00eda hacerlo seg\u00fan el art\u00edculo 45 del Estatuto Tributario, porque ello le habr\u00eda permitido continuar su actividad y, por tanto, el lucro cesante habr\u00eda sido solo el causado entre el siniestro y la entrega de la maquinaria adquirida, porque la actora admiti\u00f3 que el ajustador de la aseguradora aval\u00f3 como reparaci\u00f3n por da\u00f1o emergente $2.600\u2019000.000 para pagar deudas bancarias, no perder las l\u00edneas de cr\u00e9dito y atender otros pasivos que inclu\u00edan proveedores e impuestos, lo que coincide con el balance general que soporta las obligaciones financieras por $2.400\u2019000.000 y con proveedores y otros, aunado a que esa norma solo tiene efectos tributarios porque autoriza al contribuyente a exonerarse de impuesto de renta si reinvierte lo recibido como indemnizaci\u00f3n por da\u00f1o emergente en un bien similar, seg\u00fan se dijo en C-385\/2008, aun cuando la impulsora declar\u00f3 ante la DIAN que reinvirti\u00f3 lo que le desembols\u00f3 la aseguradora en los bienes perdidos y fue exonerada de ese impuesto, seg\u00fan consta en la declaraci\u00f3n de renta de 2017, que es del a\u00f1o anterior. <\/p>\n
Cordex no pod\u00eda pretender obtener un doble pago de lo resarcido por la aseguradora, sobre todo porque esta se subrog\u00f3, seg\u00fan el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, por el da\u00f1o emergente y lucro cesante que cubri\u00f3, tal como consta a folio 1431; solo pod\u00eda pedir la diferencia entre lo cancelado y el da\u00f1o real, si este fue superior, por lo que era inviable acoger el dictamen en que se apoy\u00f3 el a quo, porque hizo una tasaci\u00f3n seg\u00fan planes de exportaci\u00f3n que no eran reales, lo que parece m\u00e1s una valoraci\u00f3n de una empresa en venta que un c\u00e1lculo resarcitorio, a pesar que la resposabilidad civil busca reparar solo el da\u00f1o. <\/p>\n
Cordex S.A.S., adujo haber dado una destinaci\u00f3n diferente a la indemnizaci\u00f3n, pero no precis\u00f3 las deudas con el sector financiero y proveedores, lo que impide saber las condiciones de tales cr\u00e9ditos, sus plazos y la necesidad de cubrirlas con el dinero desembolsado sin dejar un monto para reponer la maquinaria, lo cual indica que elev\u00f3 mal sus pretensiones pecuniarias y que no las prob\u00f3, sin que sea viable revisar el da\u00f1o emergente que neg\u00f3 el a quo, pues ello no fue apelado; y al margen de lo expuesto por la actora sobre la infravaloraci\u00f3n por la aseguradora de la maquinaria, lo pagado por esta a aqu\u00e9lla result\u00f3 justo seg\u00fan la valoraci\u00f3n hecha por los ajustadores oficiales, sin que sea viable reconocer lo pactado como deducible porque ello har\u00eda m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n de los apelantes en torno a ese rubro. <\/p>\n
La aseguradora pag\u00f3 $1.251\u2019764.942 por lucro cesante y Cordex S.A.S, lo acept\u00f3, seg\u00fan misiva de 24 de noviembre de 2016, monto que correspondi\u00f3 a un periodo de 6 meses, pues en la p\u00f3liza no qued\u00f3 establecido que ese agravio se extender\u00eda un a\u00f1o y la asegurada no discuti\u00f3 esa inconsistencia; adem\u00e1s, ese plazo (6 meses) es razonable para que Cordex adquiriera la maquinaria porque deb\u00eda mitigar el da\u00f1o por medios seguros, razonables y proporcionales, salvo que ello hubiera implicado una afectaci\u00f3n de su integridad f\u00edsica, lo que le impon\u00eda comprar equipos necesarios para continuar con el desarrollo de su objeto en un lapso m\u00e1ximo en 6 meses; empero, como el acuerdo con la aseguradora lo celebr\u00f3 el 24 de noviembre de 2016, ese periodo razonable deb\u00eda computarse desde el pago, pues antes no ten\u00eda liquidez, lo que significa que el lucro cesante deb\u00eda extenderse por 8 meses corridos entre el siniestro y el pago de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
Como el peritaje de Cordex es inadmisible, y el de su contraparte no tas\u00f3 lucro cesante, hay que mirar si los asientos contables o declaraciones de renta de a\u00f1os anteriores indican que en ese periodo de 15 meses la gestora pudo generar ganancias superiores a lo que obtuvo de BBVA Seguros S.A. Como el incendio ocurri\u00f3 en marzo de 2016, y solo hasta el 24 de noviembre siguiente obtuvo ese pago, a partir de ah\u00ed debi\u00f3 adquirir la maquinaria para regresar a su nivel total de operaciones con la l\u00ednea de producci\u00f3n de cordeler\u00eda, pero como la entrega de las m\u00e1quinas tardaba 6 meses, ello habr\u00eda ocurrido hasta mayo de 2017, debi\u00e9ndose calcular el lucro cesante de marzo de 2016 a junio de 2017, (15 meses). <\/p>\n
La aceptaci\u00f3n de pago de los perjuicios por la actora, de 24 de noviembre de 2016, sus declaraciones de renta de 2013 a 2016 y los balances financieros de 2013 a 2015, muestran que la renta l\u00edquida de esos a\u00f1os fue de $608\u2019294.666, de ah\u00ed que la renta l\u00edquida de 2016 ($125\u2019635.000) revela una ca\u00edda de $482\u2019659.666 y al extraer la media mensual de ingresos da $16\u2019897.074 que multiplicados por los 15 meses que hay entre el siniestro y el d\u00eda en que Cordex pudo adquirir las m\u00e1quinas y normalizar su labor, arroja $253\u2019456.111. <\/p>\n
Los balances revelan $2.573\u2019454.000 como total operacional acumulado entre 2013, 2014 y 2015, y al ser divididos en 36 meses, da una utilidad operacional de $71\u2019484.833, que multiplicados por 15 meses arroja $1.072\u2019272.499, sin tener en cuenta que Cordex continu\u00f3 operando otra l\u00ednea de negocios que le gener\u00f3 ingresos, resultado inferior a los $1.251\u2019764.942 que por lucro cesante recibi\u00f3 de BBVA Seguros S.A.; pero como su peritaje no sirve, y no hay forma de saber que lo que perdi\u00f3 excedi\u00f3 lo recibido, es inviable emitir condena adicional por ese concepto. <\/p>\n
Si Cordex hubiera repuesto la maquinaria con lo indemnizado habr\u00eda obviado pagar a los bancos y proveedores y se hubiera expuesto a parar su producci\u00f3n; empero, como no determin\u00f3 esas deudas, ni los intereses, ni a qui\u00e9n y de qu\u00e9 forma las pag\u00f3, es imposible conocer esos perjuicios. La falta de prueba de que sufri\u00f3 lucro cesante superior al que le indemniz\u00f3 la aseguradora, impide acceder a las s\u00faplicas patrimoniales y en ello prospera la alzada, sin que proceda la sanci\u00f3n del art\u00edculo 206 del C.G.P., al estar ausente el elemento subjetivo (art. 13 Ley 1743 de 2014). <\/p>\n
5.- La accionante y Coolitoral interpusieron recurso de casaci\u00f3n, que fue concedido (27 ene. 2021). <\/p>\n
6.- La Corte admiti\u00f3 la impugnaci\u00f3n y fue sustentada en tiempo. La accionante formul\u00f3 cuatro cargos, tres por violaci\u00f3n de la ley sustancial y el otro por la causal quinta de casaci\u00f3n. Coolitoral plante\u00f3 cinco ataques. En dos denunci\u00f3 el quebranto inmediato de la ley material; y en los dem\u00e1s, el mediato por errores de hecho. Por econom\u00eda procesal, se har\u00e1 en bloque el estudio de admisibilidad de las dos demandas, empezando por la que present\u00f3 la actora. <\/p>\n
II.- DEMANDA DE CASACI\u00d3N DE CORDELES Y EXTRUIDOS DE COLOMBIA S.A.S., CORDEX S.A.S. <\/p>\n
1).- El primer cargo acusa la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 7, 11, 13, 14, 164, 165, 166, 176, 180, 191, 194, 198, 205, 226, 227, 228, 232, 235, 236, 240, 241, 242, 280, 281, 283 y 284 del C\u00f3digo General del Proceso; art\u00edculos 2341, 2342, 2343, 2344, 2347 y 2356 del C\u00f3digo Civil, as\u00ed como los art\u00edculos 29 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, por error de hecho porque el tribunal pretiri\u00f3 las declaraciones de parte y de terceros, los cercen\u00f3 o apreci\u00f3 indebidamente; omiti\u00f3 las pruebas del da\u00f1o; le rest\u00f3 m\u00e9rito al peritaje de Fernando Rolong y apreci\u00f3 varias pruebas incapaces de opacar las s\u00faplicas; dej\u00f3 de aplicar indicios contra la parte convocada y pas\u00f3 por alto medios que demuestran que el lucro cesante de Cordex es superior a lo que le pag\u00f3 la aseguradora. <\/p>\n
Pretiri\u00f3, cercen\u00f3 o apreci\u00f3 mal la declaraci\u00f3n de Nohem\u00ed Blanco Arrieta, secretaria de facturaci\u00f3n de Cordex, quien habl\u00f3 del crecimiento de ese ente, el alto valor de la maquinaria, su excelente producci\u00f3n antes del incendio y que debi\u00f3 suspender para dedicarse a comercializar. <\/p>\n
Omiti\u00f3 el relato de Viannys Mar\u00eda Olivares Garc\u00eda, jefe de ventas, quien expuso el buen estado de ese ente, los valores mensuales que manejaba, los planes de exportaci\u00f3n, su posici\u00f3n en el mercado, los inconvenientes que le gener\u00f3 el siniestro, esa entidad no ha podido recuperar su principal fuente de ingresos que es la producci\u00f3n de cordeler\u00eda y que le generaba el 90% de sus entradas, al carecer de la maquinaria y los recursos para obtenerla, que debi\u00f3 solicitar autorizaci\u00f3n ante el Ministerio de Trabajo para despedir a 70 empleados, conciliar con 3 que ten\u00edan estabilidad laboral, pagar toda la n\u00f3mina de marzo de 2016, as\u00ed como $2.400\u2019000.000 en cr\u00e9ditos a bancos, seg\u00fan relaci\u00f3n que hace, deudas a proveedores de $1.000\u2019000.000 y asumir cuantiosos gastos adicionales, a pesar que era reconocida en el sector, pero aun as\u00ed le rest\u00f3 m\u00e9rito a esas declaraciones, necesarias para la concreci\u00f3n del da\u00f1o, aunque coinciden con el dicho de Helen Montes, representante legal de Cordex, quien habl\u00f3 de las cuantiosas p\u00e9rdidas. <\/p>\n
Cuando le rest\u00f3 m\u00e9rito a esos medios, que demostraban el pago a bancos y proveedores con la \u00ednfima suma indemnizada, le impuso una carga probatoria adicional a Cordex, lo que denota incongruencia en la valoraci\u00f3n de la evidencia, sobre todo porque fund\u00f3 parte de la decisi\u00f3n en argumentos ajenos a la apelaci\u00f3n, sobre los que no pudo defenderse, desconoci\u00f3 el m\u00e9rito demostrativo que esas piezas le mostraban y se contradijo porque admiti\u00f3 que Cordex no ten\u00eda que reinvertir lo recibido en los bienes perdidos, pero tambi\u00e9n coligi\u00f3 que s\u00ed debi\u00f3 adquirirlos y que por eso obr\u00f3 de mala fe, lo que muestra que inclin\u00f3 la balanza a favor de la parte demandada. <\/p>\n
Le otorg\u00f3 fuerza probatoria a medios que no ten\u00edan forma de derruir las s\u00faplicas, con estribo en que Cordex estaba impedida para reclamar los da\u00f1os que pidi\u00f3 porque rindi\u00f3 una declaraci\u00f3n tributaria diferente, sin advertir que ese ente s\u00ed invirti\u00f3 parte de la indemnizaci\u00f3n en equipos y destin\u00f3 $134\u2019057.111 en remoci\u00f3n de escombros y $630\u2019000.000 en pago a proveedores. Esos yerros son ostensibles porque las aludidas pruebas muestran la existencia del da\u00f1o y la cuant\u00eda que sufri\u00f3 Cordex; de ah\u00ed que al restarle m\u00e9rito a esas piezas y haberle otorgado el que no ten\u00edan otras llev\u00f3 al fallador alterar la realidad y revocar la indemnizaci\u00f3n reconocida. <\/p>\n
2.- El segundo alega la infracci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por el desconocimiento de normas de derecho probatorio, debido a la falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1613, 1614, 1615 y 2356 del C\u00f3digo Civil; 176, 226, 227, 228, 232 y 235 del C\u00f3digo General del Proceso y el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas sobre el lucro cesante, porque el ad quem las desdibuj\u00f3 o deform\u00f3. <\/p>\n
Dej\u00f3 de aplicar el principio de reparaci\u00f3n integral porque no dispuso que a Cordex le fueron resarcidos todos los perjuicios sufridos y que quedaron identificados; ya que se equivoc\u00f3 al valorar el dictamen que demostr\u00f3 el lucro cesante, pues, aunque al comienzo dijo acogerlo al basarse en el m\u00e9todo de flujo de caja libre proyectado, al final lo descalific\u00f3 con sustento en que se asemeja m\u00e1s a la valoraci\u00f3n de una compa\u00f1\u00eda en venta. <\/p>\n
Aunque ese peritaje, que resisti\u00f3 la contradicci\u00f3n y se fund\u00f3 en principios l\u00f3gicos y postulados cient\u00edficos, prob\u00f3 que la suma entregada por la aseguradora no alcanz\u00f3 para que Cordex repusiera la maquinaria requerida para retomar la producci\u00f3n y continuar con su objeto social, el tribunal le rest\u00f3 m\u00e9rito demostrativo y por eso no apreci\u00f3 la verdadera p\u00e9rdida, superior a la cantidad desembolsada por BBVA Seguros S.A., porque entendi\u00f3 que ello cubri\u00f3 todos los perjuicios, sin ser cierto, adem\u00e1s que pas\u00f3 a decir que esa entidad se hab\u00eda subrogado en lo pagado, a pesar que tal figura no hizo parte del objeto del proceso. <\/p>\n
Los $1.072\u2019272.499,95 pagados como lucro cesante no cubren todo ese perjuicio, lo que obligaba al fallador a analizar el punto de manera pormenorizada con las pruebas allegadas y que lo demostraban plenamente, m\u00e1xime cuando el dictamen arrimado con tal fin fue debidamente elaborado, fundamentado y soportado, pues se apoy\u00f3 en todos los soportes que el perito tuvo a su alcance, pero aun as\u00ed fue preterido. El ad quem critic\u00f3 a Cordex por no discutir judicialmente la inconsistencia de la p\u00f3liza respecto del periodo de indemnizaci\u00f3n, sin advertir que ese juicio habr\u00eda tardado m\u00e1s de 4 a\u00f1os y que era v\u00edctima de un incendio que acab\u00f3 con su producci\u00f3n y le impidi\u00f3 continuar su actividad. <\/p>\n
Fall\u00f3 al calcular el tiempo en que Cordex habr\u00eda tardado en recuperar las p\u00e9rdidas de haber comprado maquinaria, pues estim\u00f3 que 6 meses era un lapso razonable, sin analizar el tiempo de fabricaci\u00f3n de los equipos, el de su traslado hasta Barranquilla, de nacionalizaci\u00f3n, montaje, de b\u00fasqueda y adecuaci\u00f3n de las bodegas y que el dinero de la aseguradora era insuficiente para su reposici\u00f3n, de ah\u00ed que de haber contado con los recursos desde marzo de 2016, solo habr\u00eda podido volver funcionar en septiembre de 2017 en raz\u00f3n al da\u00f1o sufrido, lo que indica que la conclusi\u00f3n del fallador fue equivocada; adem\u00e1s, lo recibido no cubr\u00eda el costo de las m\u00e1quinas que, seg\u00fan el ajustador de BBVA Seguros S.A., era de $3.761\u2019065.384 sin incluir IVA ni gastos de nacionalizaci\u00f3n y montaje, porque con ello daba $4.500\u2019000.000 y BBVA solo cubri\u00f3 $2.610.030.114, rubro exiguo para montar la f\u00e1brica. <\/p>\n
Err\u00f3 al colegir que Cordex no mitig\u00f3 el da\u00f1o, ya que hizo lo que pudo para aminorar la p\u00e9rdida, pues busc\u00f3 instalaciones f\u00edsicas y administrativas, compr\u00f3 algunos equipos de c\u00f3mputo y enseres, m\u00e1quinas, reconstruy\u00f3 la contabilidad e informaci\u00f3n financiera, inventarios, termin\u00f3 los contratos a los empleados, impuls\u00f3 productos comercializados con lo poco que pudo seguir haciendo e hizo alianzas con proveedores para incrementar las ventas y pidi\u00f3 pr\u00f3rroga a los bancos, como lo cont\u00f3 Nohem\u00ed Blanco Arrieta, secretar\u00eda de facturaci\u00f3n, Viannis Mar\u00eda Olivares Garc\u00eda y su representante legal, quien dijo que el ajustador tas\u00f3 el da\u00f1o emergente en $2.600\u2019000.000 para cubrir cr\u00e9ditos bancarios y mantener las l\u00edneas de cr\u00e9dito, as\u00ed como pasivos a proveedores e impuestos, a pesar de lo cual el juzgador omiti\u00f3 esas declaraciones y el peritaje que prueban que apacigu\u00f3 el da\u00f1o y no viol\u00f3 la buena fe, luego, debi\u00f3 aplicar el n\u00fam. 1\u00ba del art\u00edculo 95 superior. <\/p>\n
Se equivoc\u00f3 al calcular el lucro cesante porque no vio las pruebas del detrimento de Cordex por el incendio e hizo c\u00e1lculos ajenos a la realidad, pues, aunque la aseguradora pag\u00f3 $1.251\u2019764.942 por 6 meses de inactividad de la empresa, ello no significa que ese era el periodo requerido para volver a funcionar como antes del siniestro, ya que se trat\u00f3 de una negociaci\u00f3n hecha sobre par\u00e1metros de 12 meses al ser ese el t\u00e9rmino que las aseguradoras cobijan en el contrato por lucro cesante y aunque este fue tasado por v\u00eda pericial, seg\u00fan la Circular 007 de 19 de diciembre de 2001, sobre un m\u00e9todo previamente establecido y aceptado en el \u00e1mbito nacional, en el que la utilidad operacional es uno de los factores que influyen en el c\u00e1lculo, el tribunal lo obvi\u00f3 y la proyect\u00f3 evadiendo par\u00e1metros t\u00e9cnicos y por fuera de los factores estipulados para medir la p\u00e9rdida real. <\/p>\n
Hizo c\u00e1lculos lineales sin atender al deterioro de la moneda con los a\u00f1os, cuando debi\u00f3 aplicar c\u00e1lculos que incluyeran tasas de inter\u00e9s, de oportunidad, de inflaci\u00f3n y otros factores para actualizar los ingresos de cada a\u00f1o en raz\u00f3n a los cambios de la econom\u00eda, como lo detall\u00f3 el dictamen de Cordex que hizo una proyecci\u00f3n sobre 5 a\u00f1os seg\u00fan la perspectiva de crecimiento de la empresa y de comercializaci\u00f3n de sus productos a corto, mediano y largo plazo porque cumpl\u00eda sus deberes, era sostenible y rentable. <\/p>\n
Omiti\u00f3 las manifestaciones hechas por Cordex cuando descorri\u00f3 el traslado de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio, a pesar que justificaban sus reclamos, por lo que aplic\u00f3 mal el principio de reparaci\u00f3n integral del lucro cesante, as\u00ed como las pautas de equidad y, en cambio, hizo que la indemnizaci\u00f3n se diluyera por divagaciones probatorias. <\/p>\n
3.- El tercero alega la violaci\u00f3n recta de la ley sustancial por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
El tribunal err\u00f3 al no ver que la indemnizaci\u00f3n pagada por la aseguradora a Cordex fue inferior al lucro cesante que aquella sufri\u00f3, a pesar que qued\u00f3 visto que lo reclamado era resultado de descontar lo recibido del valor real de la p\u00e9rdida por ese concepto, luego no pidi\u00f3 dos veces lo mismo. <\/p>\n
Omiti\u00f3 que esa entidad cubri\u00f3 su deuda con la v\u00edctima, no el total de la p\u00e9rdida, lo que se entiende porque una cosa es el pago del valor asegurado y otra el valor real probado en el asunto y que super\u00f3 lo recibido de BBVA Seguros S.A., lo que concuerda con la l\u00f3gica del art\u00edculo 1127 mercantil, de ah\u00ed que inadvirti\u00f3 que el tema deb\u00eda resolverse con el an\u00e1lisis de los hechos probados, pues no examin\u00f3 lo expuesto sobre el punto en la demanda, su reforma, la contestaci\u00f3n a las excepciones, a la objeci\u00f3n al juramento estimatorio y los alegatos de cierre y tuvo como proporcional lo que pag\u00f3 la aseguradora por lucro cesante, como si hubiera analizado de fondo la cobertura, el riesgo asegurable, gastos y costos de investigaci\u00f3n y dem\u00e1s aspectos relevantes a la p\u00f3liza, lo que no pod\u00eda escrutar al ser ajeno a la controversia, pero aun as\u00ed su decisi\u00f3n de tener por reparado todo ese perjuicio repercuti\u00f3 en un an\u00e1lisis de tal calibre, a pesar que se prob\u00f3 que lo reparado fue inferior al perjuicio real. <\/p>\n
El art\u00edculo 1096 ib\u00eddem no reg\u00eda el caso y en ning\u00fan aparte establece que por el reconocimiento de un pago este debe entenderse referido al da\u00f1o real de la v\u00edctima, quien tiene derecho a ser integralmente reparada, pues una es la relaci\u00f3n que por virtud de la subrogaci\u00f3n legal se crea entre la aseguradora y el responsable del da\u00f1o y otra distinta la que hay entre la v\u00edctima y el ofensor, de ah\u00ed que la tesis del tribunal coloc\u00f3 en situaci\u00f3n privilegiada al ofensor y burl\u00f3 el postulado de la indemnizaci\u00f3n plena previsto a favor de la v\u00edctima, con lo que pas\u00f3 por alto el art\u00edculo 1079 mercantil que limita la responsabilidad del asegurador al monto m\u00e1ximo amparado y no a la reparaci\u00f3n del da\u00f1o real. <\/p>\n
4.- El cuarto invoca la causal quinta de casaci\u00f3n con estribo en que se incurri\u00f3 en el motivo de nulidad previsto en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 133 adjetivo, consistente en \u00abomitir la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o para sustentar un recurso o descorrer un traslado\u00bb, toda vez que el ad quem combin\u00f3 reglas de procedimiento del C.G.P., y del Decreto 806 de 2020, ya que tuvo en cuenta alegaciones que no se hicieron en forma oral sino por escrito, a pesar que esta norma no aplica para recursos anteriores a su promulgaci\u00f3n. <\/p>\n
En auto de 16 de julio de 2020 se cit\u00f3 a audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, pero luego se corri\u00f3 traslado por 5 d\u00edas para que las recurrentes sustentaran la alzada y por 5 m\u00e1s a la no apelante para lo pertinente, por lo que las apelantes desarrollaron sus inconformidades por escrito y a la actora hizo por esa v\u00eda la r\u00e9plica respectiva; empero, en auto de 9 de noviembre de 2020, se cit\u00f3 a audiencia para tales efectos, la que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2020, en la que las detractoras justificaron los motivos de su inconformidad con el fallo apelado y Cordex descorri\u00f3 el traslado en el que hizo ver que solo se pod\u00edan tener en cuenta los argumentos planteados en esa sesi\u00f3n por los apelantes al tenor de los art\u00edculos 107 y 327 del C.G.P. <\/p>\n
No obstante, el tribunal abord\u00f3 todos los sustentos del recurso, as\u00ed como los expuestos por escrito, lo que gener\u00f3 nulidad porque solo pod\u00eda proveer sobre los argumentos orales, seg\u00fan el art\u00edculo 328 ib\u00edd., sin que los reparos concretos sean sustentaci\u00f3n, porque esta debe ser oral ante el ad quem. <\/p>\n
El tribunal no pod\u00eda resolver la alzada con base en la sustentaci\u00f3n hecha por escrito, al haber prohibici\u00f3n expresa, seg\u00fan lo ha expuesto la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, de ah\u00ed que se incurri\u00f3 en dos nulidades: una por incumplir lo previsto en el n\u00fam. 6 del art\u00edculo 107 ib\u00eddem, lo que limita el estudio de los cuestionamientos hechos al fallo apelado, as\u00ed como la contradicci\u00f3n que debe hacer el no apelante; y la otra, de car\u00e1cter superlativo, porque burl\u00f3 el debido proceso, la defensa y contradicci\u00f3n de la no recurrente al aceptar la sustentaci\u00f3n escrita. <\/p>\n
N\u00f3tese que en la audiencia de 24 de noviembre de 2020 los apelantes nada dijeron en torno al pago hecho por BBVA Seguros y respecto de la supuesta subrogaci\u00f3n, lo que no pod\u00eda ser abordado por el tribunal como pago total de los da\u00f1os sufridos por Cordex, en la medida en que estos, seg\u00fan se prob\u00f3, son superiores al valor indemnizado, de ah\u00ed que los apelantes incumplieron la carga de sustentaci\u00f3n de la alzada y ello privaba al fallador de abordar temas no expuestos en la fase respectiva, pero hizo todo lo contrario, por lo que incurri\u00f3 en nulidad constitucional con base en el art\u00edculo 29 superior, la cual no ha sido subsanada. <\/p>\n
El fallo comporta una lesi\u00f3n relevante del orden jur\u00eddico nacional y que, al tenor del numeral segundo del art\u00edculo 347 adjetivo, debe ser admitida para corregir la vulneraci\u00f3n grosera en que incurri\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La naturaleza extraordinaria de este medio de contradicci\u00f3n exhorta el cumplimiento de ciertos requisitos a ser observados por los censores con estrictez, ya que como dispone el numeral 2 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso el escrito de sustentaci\u00f3n deber\u00e1 contener la \u00abformulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, respetando las reglas propias de cada causal. <\/p>\n
Como se dijo en CSJ AC2947-2017, reiterado en AC1805-2020, el citado numeral impone que la argumentaci\u00f3n sea \u00abinteligible, exacta y envolvente\u00bb, pues, <\/p>\n
(\u2026) como el anotado medio constituye un mecanismo para juzgar la sentencia recurrida y no el proceso, la norma exige identificar las razones basilares de la decisi\u00f3n y expresar los argumentos dirigidos a socavarlas. As\u00ed se facilita, de un lado, establecer si hay acusaci\u00f3n; y de otro, verificar, en punto de la violaci\u00f3n directa o indirecta de la ley sustancial, si se denuncia como equivocado el an\u00e1lisis jur\u00eddico o probatoria del juzgador, en caso positivo, si el ataque es enfocado o totalizador. <\/p>\n
Por ende, no es labor de la Corte suplir las falencias, debilidades o vaguedades que ri\u00f1en con lo anterior, ya que conforme indican los art\u00edculos 346 y 347 ib\u00eddem, el incumplimiento de dichas directrices es motivo de inadmisi\u00f3n y, a\u00fan de superar el libelo las formalidades t\u00e9cnicas previstas, puede la Sala ejercer selecci\u00f3n negativa en tres eventos: cuando se plantea una discusi\u00f3n sobre asuntos ampliamente decantados, sin que se proponga una tesis que justifique un cambio de criterio; frente a la inexistencia de los errores endilgados, el saneamiento de los advertidos o la intrascendencia de los mismos; y si la afrenta al orden jur\u00eddico no alcanza a perjudicar al recurrente. <\/p>\n
De ah\u00ed que una vez superado ese paso preliminar no sea posible que al fallar se tengan en cuenta motivos de inconformidad distintos a aquellos aducidos, salvo la facultad de casar de oficio la sentencia confutada \u00abcuando sea ostensible que la misma compromete gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico, o atenta contra los derechos y garant\u00edas constitucionales\u00bb seg\u00fan manda el inciso final del art\u00edculo 336 ejusdem. <\/p>\n
2.- Si se acude al primer numeral del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, relacionado con la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, debe enunciarse por lo menos un precepto de esa estirpe que fuera considerado o desatendido en el pronunciamiento a examinar, pero eso s\u00ed que sea basilar de la determinaci\u00f3n y no una relaci\u00f3n aleatoria con el prop\u00f3sito de atinar a alguno con la categor\u00eda exigida, como se desprende del par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 344 id. <\/p>\n
Adicionalmente, seg\u00fan indica el literal a) numeral 2 de dicho precepto, la discusi\u00f3n se ce\u00f1ir\u00e1 a \u00abla cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb, por lo que debe estructurarse en forma adecuada c\u00f3mo se produjo la vulneraci\u00f3n ya por tomar en cuenta normas completamente ajenas al caso, pasar por alto las que lo reg\u00edan o, a pesar de acertarse en la selecci\u00f3n, terminar reconoci\u00e9ndoles implicaciones que no tienen. <\/p>\n
Ya en la segunda causal por la v\u00eda indirecta, adem\u00e1s de invocar el precepto material que es objeto de afrenta, es necesario precisar si el vicio deriva de un error de derecho al desatender una norma probatoria, en cuyo caso debe citarla y justificar puntualmente d\u00f3nde radica la infracci\u00f3n; o es el resultado de yerros de facto en la apreciaci\u00f3n del libelo, la respuesta al mismo o alg\u00fan medio de convicci\u00f3n, singularizando de manera di\u00e1fana y exacta en qu\u00e9 consiste la equivocaci\u00f3n manifiesta y trascendente del sentenciador. <\/p>\n
En tal sentido, en CSJ AC1804-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) debe concretarse si la afrenta es en forma directa o indirecta, esta \u00faltima en cualquiera de sus dos manifestaciones ya por incursi\u00f3n en errores de hecho ora de derecho, y en qu\u00e9 consiste la misma de acuerdo con las especificidades que las distinguen, ya que como se dijo en CSJ AC8738-2016 \u00abno basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredi\u00f3\u00bb (CJS AC3415-2018). <\/p>\n
3.- Si el ataque se perfila por la quinta causal del art\u00edculo 336, tal sendero queda circunscrito a las reglas de taxatividad, falta de convalidaci\u00f3n e inter\u00e9s y trascendencia que rigen las nulidades procesales, puesto que solo lograr\u00edan socavar la decisi\u00f3n las inconsistencias determinadas e insuperables que por su relevancia ameritan ser regularizadas, siempre y cuando las reporte el afectado. <\/p>\n
En tal sentido, en CSJ AC3531-2020, se retom\u00f3 lo dicho en AC 18 dic. 2009, rad. 2002-00007, aplicable al caso dada la similitud en la regulaci\u00f3n de la causal en cuesti\u00f3n, <\/p>\n
(\u2026) respecto de las reglas relativas al numeral 5\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (nulidad), es menester destacar que la solicitud de invalidaci\u00f3n debe fundarse en una de las causas de nulidad establecidas en la ley (\u2026) Adicionalmente, es menester que se evidencie inter\u00e9s en el recurrente para obtener la invalidaci\u00f3n que solicita, pues, es bien sabido, otro de los principios b\u00e1sicos que gobiernan la tem\u00e1tica de las nulidades procesales es el de protecci\u00f3n, relacionado con el inter\u00e9s que debe existir en quien reclame la anulaci\u00f3n, emergente del perjuicio que el defecto le ocasiona (\u2026) Finalmente, el vicio denunciado no puede haberse saneado. <\/p>\n
4.- La demanda de casaci\u00f3n no cumple a cabalidad las exigencias formales y t\u00e9cnicas para ser admitida. <\/p>\n
a).- El cargo primero incurre en entremezclamiento de errores porque, aunque alega unos de facto, en su desarrollo se adentra a discutir temas propios del de iure, pues plantea que el tribunal le rest\u00f3 m\u00e9rito a varias pruebas, no valor\u00f3 la evidencia de forma conjunta, ni acorde con las reglas de la experiencia y la sana cr\u00edtica y le impuso a Cordex una carga probatoria adicional, hibridismo que lo torna inid\u00f3neo. <\/p>\n
Al respecto, dice que el yerro del fallador se dio \u00abal momento de evaluar las pruebas tanto de manera individual como de forma conjunta\u00bb, lo que, seg\u00fan expone, \u00abllevo\u0301 a que el ad quem, indicara conclusiones contraevidentes, infiriendo hechos que, aplicando las reglas de la lo\u0301gica, la sana cri\u0301tica y las normas legales pertinentes, no podri\u0301an darse por acreditados\u2026\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, vuelve y vira hacia el error de derecho cuando, al reprochar al fallador por la valoraci\u00f3n que de la prueba pericial hizo, indica que \u00abninguna valoracio\u0301n conjunta realizo\u0301 el Tribunal, entre el propio dictamen, los interrogatorios realizados a los peritos y los que se realizaron respecto al monto del dan\u0303o causado y las dema\u0301s pruebas obrantes en el expediente\u00bb. <\/p>\n
La evidenciada mixtura hace que el embate sea irresoluble, porque, como viene de ser expuesto, cuestiona aspectos extra\u00f1os a la modalidad seleccionada, lo que significa que se desvi\u00f3 del rumbo trazado, sin que tal circunstancia pueda ser superada al revestir notable gravedad, comoquiera que el error de hecho tiene que ver con la contemplaci\u00f3n objetiva de la prueba y se presenta en los casos en que el sentenciador la pretermite, supone o altera, mientras que el de iure se refiere a defectos en su contemplaci\u00f3n jur\u00eddica, ya sea porque le resta m\u00e9rito demostrativo al medio que lo tiene o, por el contrario, se le otorga al que carece de \u00e9l, siempre que, en uno y otro caso, ello haya influido en la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, si se alega error de hecho no se puede cuestionar la ponderaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba porque a ella no pudo haber llegado el fallador al haber errado en la valoraci\u00f3n material como fase previa; en cambio, si se plantea error de derecho debe aceptarse que el tribunal s\u00ed apreci\u00f3 su contenido material, solo que err\u00f3 en su calificaci\u00f3n jur\u00eddica debido a que le otorg\u00f3 m\u00e9rito a un medio que carec\u00eda de \u00e9l o dej\u00f3 de concederle peso al que s\u00ed lo ten\u00eda. <\/p>\n
Ello explica por qu\u00e9 no se puede aceptar la fusi\u00f3n evidenciada, toda vez que los errores de hecho y de derecho tienen que ver con situaciones disimiles para las cuales la ley ha previsto un camino propio a trav\u00e9s del cual debe alegarse, uno y otro, por separado, sin que pueda la Corte dejar de lado tal deficiencia, porque la casaci\u00f3n es un recurso dispositivo y extraordinario sujeto a unas reglas formales de t\u00e9cnica en su sustentaci\u00f3n. <\/p>\n
Adem\u00e1s, es abstracto y confuso porque parte de generalidades y, como si se tratara de un alegato de conclusi\u00f3n, sugiere una nueva lectura probatoria en la forma y hacia la direcci\u00f3n que anhela la recurrente en la que se d\u00e9 por establecido que el lucro cesante padecido por Cordex supera el valor que le pag\u00f3 BBVA Seguros S.A., sin precisar cu\u00e1l fue, en concreto, el error del fallador. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que esta v\u00eda no sirve para provocar una lectura de la prueba en sentido opuesto a la del ad quem, sino para hacer ver yerros palmarios y trascendentes en que aqu\u00e9l haya incurrido al fundamentar la decisi\u00f3n pugnada, toda vez que no se trata de una instancia adicional, sino de un medio de control de legalidad del veredicto fustigado, lo que exige que la labor del recurrente apunte a colmar ese espec\u00edfico objetivo antes que a ensayar una propuesta alterna sobre los ingredientes f\u00e1cticos o demostrativos que sustentan sus premisas, porque tal variable, por m\u00e1s refinada y persuasiva que sea, se sale del \u00e1mbito de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
Como si fuera poco, incurre en desenfoque porque censura al tribunal de no haber apreciado en forma conjunta la prueba pericial, los interrogatorios realizados a los peritos, los que se realizaron respecto del monto del da\u00f1o causado y las dem\u00e1s pruebas obrantes en el expediente, porque de haber realizado tal labor \u00abhubiese quedado al descubierto que la sociedad demandante se encontraba en un crecimiento empresarial y por consiguiente econo\u0301mico que resulto\u0301 seriamente desahuciado por cuenta del incendio que acabo\u0301 con ma\u0301s del 90% de la empresa\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, olvida la censora que el tribunal s\u00ed tuvo en cuenta la proyecci\u00f3n de crecimiento que tas\u00f3 el perito en su informe, solo que le rest\u00f3 valor con sustento en que dicha expansi\u00f3n parti\u00f3 de la base de unos planes de exportaci\u00f3n \u00abque au\u0301n no estaban materializados, lo que se asemejo\u0301 ma\u0301s a la valoracio\u0301n de una empresa en venta, que a un ca\u0301lculo meramente resarcitorio\u00bb. <\/p>\n
Entonces, no es que el ad quem haya pasado por alto la situaci\u00f3n de crecimiento empresarial de Cordex para la \u00e9poca del suceso da\u00f1ino, lo que ocurri\u00f3 es que no hall\u00f3 prueba de que tal hecho fuera real y por ello coligi\u00f3 que lo dicho al respecto en el peritaje presentado por la actora era meramente hip\u00f3tetico, toda vez que, seg\u00fan advirti\u00f3, dicho trabajo se bas\u00f3 en unos planes de exportaci\u00f3n inexistentes, siendo, entonces, este \u00faltimo el argumento que deb\u00eda ser combatido en casaci\u00f3n y no aqu\u00e9l. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC2394-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864 y en CSJ AC7729-20217). <\/p>\n
Igualmente, en CSJ AC760-2020 se reiter\u00f3 que en casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar \u00abun nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb (CSJ AC 18 dic. 2009, rad. 1999-00045-01 y AC2195-2016). <\/p>\n
b).- El segundo, que alega error de hecho, carece de claridad y precisi\u00f3n porque dice que el tribunal pretiri\u00f3 el dictamen pericial allegado por Cordex para acreditar el lucro cesante, sin advertir que ese medio s\u00ed fue ponderado por el fallador quien lo sopes\u00f3 con las dem\u00e1s pruebas, solo que encontr\u00f3 que era deficiente porque se fund\u00f3 m\u00e1s \u00aben una proyecci\u00f3n sobre planes de exportaci\u00f3n que a\u00fan no estaban materializados\u00bb, como si se tratara de la compa\u00f1\u00eda en venta, \u00abque a un c\u00e1lculo meramente resarcitorio\u00bb, lo que significa que esa pieza no fue omitida porque s\u00ed fue apreciada. <\/p>\n
Otra cosa es que el fallador le haya restado credibilidad porque advirti\u00f3 que presentaba graves inconsistencias, como en efecto aconteci\u00f3; luego, el ataque debi\u00f3 enderezarse a hacer ver que el tribunal torci\u00f3 o supuso su contenido, pero no que lo pretiri\u00f3 porque esto \u00faltimo no ocurri\u00f3. <\/p>\n
Adem\u00e1s, entremezcla errores cuando arguye que el fallador cometi\u00f3 yerro de facto porque le rest\u00f3 m\u00e9rito a ese dictamen pericial, a pesar que se fund\u00f3 en principios l\u00f3gicos y postulados cient\u00edficos, y por eso no apreci\u00f3 la verdadera p\u00e9rdida, que fue superior a lo desembolsado por BBVA Seguros S.A., porque entendi\u00f3 que ello cubri\u00f3 todos los perjuicios, sin ser as\u00ed; adem\u00e1s, pas\u00f3 a decir que esa entidad se hab\u00eda subrogado en lo pagado sin ser ello objeto del proceso, lo que indica que la cr\u00edtica vir\u00f3 hac\u00eda el yerro de iure, toda vez que censura al fallador de haberse equivocado en la valoraci\u00f3n jur\u00eddica de tal pieza de convicci\u00f3n. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es gen\u00e9rico porque dice que el ad quem critic\u00f3 a Cordex por no discutir judicialmente la inconsistencia de la p\u00f3liza respecto del periodo de indemnizaci\u00f3n, sin advertir que ese juicio habr\u00eda tardado m\u00e1s de 4 a\u00f1os y que era v\u00edctima de un incendio que acab\u00f3 con su producci\u00f3n y le impidi\u00f3 continuar su actividad y que fall\u00f3 al calcular el tiempo en que Cordex habr\u00eda tardado en recuperar las p\u00e9rdidas de haber comprado maquinaria, pues estim\u00f3 que 6 meses era un lapso razonable, sin analizar el tiempo de fabricaci\u00f3n de los equipos, el de su traslado hasta Barranquilla, de nacionalizaci\u00f3n, montaje, de b\u00fasqueda y adecuaci\u00f3n de las bodegas y que el dinero de la aseguradora era insuficiente para su reposici\u00f3n, de ah\u00ed que de haber contado con los recursos desde marzo de 2016, solo habr\u00eda podido retomar sus actividades en septiembre de 2017 en raz\u00f3n al da\u00f1o sufrido, lo que indica que la conclusi\u00f3n del tribunal fue equivocada; empero, dicho ataque no precisa qu\u00e9 medios de prueba, en espec\u00edfico, orientaban al fallador hac\u00eda esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Aduce que el tribunal omiti\u00f3 las declaraciones de Nohem\u00ed Blanco Arrieta, secretar\u00eda de facturaci\u00f3n, Viannis Mar\u00eda Olivares Garc\u00eda, as\u00ed como el interrogatorio de parte del representante legal de Cordex, en torno a que esa entidad s\u00ed mitig\u00f3 el da\u00f1o, ya que hizo lo que pudo para aminorar la p\u00e9rdida, pues busc\u00f3 instalaciones f\u00edsicas y administrativas, compr\u00f3 equipos de c\u00f3mputo y enseres, m\u00e1quinas, reconstruy\u00f3 la contabilidad e informaci\u00f3n financiera, inventarios, termin\u00f3 los contratos a los empleados, impuls\u00f3 productos comercializados con lo poco que pudo seguir realizando e hizo alianzas con proveedores para incrementar las ventas y pidi\u00f3 pr\u00f3rroga a los bancos. Sin embargo, no precisa qu\u00e9 apartes de las exposiciones de esas personas se refieren al respecto ni por qu\u00e9 se debi\u00f3 aplicar el n\u00fam. 1\u00ba del art\u00edculo 95 superior a que alude. <\/p>\n
Como si fuera poco, carece de claridad porque no explica cu\u00e1les fueron las \u00abdivagaciones probatorias\u00bb que llevaron al tribunal a aplicar de forma incorrecta el principio de reparaci\u00f3n integral previsto en el art\u00edculo 16 de la Ley 446 de 1998, ni por qu\u00e9 las manifestaciones hechas por Cordex cuando descorri\u00f3 el traslado de la objeci\u00f3n al juramento estimatorio, deb\u00edan imponerse al concretar el lucro cesante reclamado, cortedad que reafirma su inadmisi\u00f3n. <\/p>\n
c).- El tercero, que denuncia el quebranto recto de la ley sustancial, se inmiscuye en temas probatorios. <\/p>\n
Lo anterior porque aduce que el ad quem err\u00f3 al dar por establecido que el pago hecho por la aseguradora cubri\u00f3 todo el lucro cesante sufrido por Cordex, a pesar que se demostr\u00f3 que lo reclamado era resultado de descontar lo recibido del valor real de la p\u00e9rdida por ese concepto, luego no pidi\u00f3 dos veces lo mismo y que el tema \u00abdeb\u00eda resolverse con el an\u00e1lisis de los hechos probados, pues no examin\u00f3 lo expuesto sobre el punto en la demanda, su reforma, la contestaci\u00f3n a las excepciones, a la objeci\u00f3n al juramento estimatorio y los alegatos de cierre\u00bb. <\/p>\n
Empero, olvida la recurrente que, en la causal primera de casaci\u00f3n, que fue la invocada, no resulta posible cuestionar las bases f\u00e1cticas o probatorias que tuvo en cuenta el juzgador para decidir, pues insiste, hasta el final, en el argumento de que el error consisti\u00f3 en tener por reparado todo el lucro cesante, a pesar que se prob\u00f3 que lo indemnizado fue inferior al perjuicio real. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es desenfocado porque anuncia que el tribunal se equivoc\u00f3 al colegir que el pago hecho por la aseguradora cubr\u00eda todo el perjuicio sufrido por la v\u00edctima, ya que el art\u00edculo 1096 del C\u00f3digo de Comercio, no reg\u00eda el caso, a pesar que no fue esa la raz\u00f3n por la que el ad quem desestim\u00f3 la condena por lucro cesante, sino porque estableci\u00f3 que la accionante no logr\u00f3 demostrar que el valor que le desembols\u00f3 BBVA Seguros S.A., fuera inferior al detrimento material ocasionado, tanto as\u00ed que busc\u00f3 elementos en el plenario, entre ellos, informes contables y declaraciones de renta de a\u00f1os anteriores y del siguiente al siniestro y con base en ello coligi\u00f3 que la p\u00e9rdida que por ese concepto padeci\u00f3 Cordex fue menor a lo indemnizado por la aseguradora. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que el ad quem estableci\u00f3 precisamente todo lo contrario a lo que le reprocha la recurrente en torno a los efectos del pago hecho por la aseguradora a la v\u00edctima, pues, al respeto, esgrimi\u00f3 que \u00abequitativo era entonces, que se cobrara a trav\u00e9s de este proceso, la diferencia entre lo pagado por la aseguradora por los mismos conceptos, y el da\u00f1o real, en el caso en que la compa\u00f1\u00eda de seguros no hubiera cubierto el da\u00f1o en su totalidad\u00bb. <\/p>\n
De ah\u00ed que el ataque sea asim\u00e9trico por no combatir la verdadera raz\u00f3n por la que el juzgador neg\u00f3 la condena por lucro cesante y adentrarse a censurar argumentos ajenos a los que respaldan tal decisi\u00f3n, lo que revela falta de coherencia entre el argumento del fallador y el que confronta la recurrente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cabe decir que en el libelo no se pidi\u00f3 el pago de la diferencia entre lo resarcido por la aseguradora y el valor real del da\u00f1o, sino que se pretendi\u00f3, de forma gen\u00e9rica, el pago de toda la indemnizaci\u00f3n por los da\u00f1os causados producto de la conflagraci\u00f3n, lo que reafirma la conclusi\u00f3n del tribunal en torno a que la reclamante no demostr\u00f3 que su p\u00e9rdida fuera superior a lo que le desembols\u00f3 BBVA Seguros S.A. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC2394-2020 se reiter\u00f3 que <\/p>\n
[l]a labor de los recurrentes, en palabras de esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) reclama que su cr\u00edtica guarde adecuada consonancia con lo esencial de la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar, vale decir que se refiera directamente a las bases en verdad importantes y decisivas en la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual se asienta la sentencia, habida cuenta que si blanco del ataque se hacen los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque (CSJ. Civil. Auto de 25 de febrero de 2013, expediente 00228, reiterando sentencia de 19 de diciembre de 2005, radicaci\u00f3n 7864 y en CSJ AC7729-20217). <\/p>\n
d).- El cuarto, que alega la causal de nulidad procesal prevista en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 133 adjetivo, consistente en \u00abomitir la oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n o para sustentar un recurso o descorrer un traslado\u00bb no ofrece una argumentaci\u00f3n que haga ver que el tribunal incurri\u00f3 en ese motivo de invalidez. <\/p>\n
Se sustenta en que dicho juzgador entremezcl\u00f3 las reglas de procedimiento del C\u00f3digo General del Proceso y del Decreto 806 de 2020 porque tuvo en cuenta los argumentos que por escrito presentaron las apelantes, a pesar que deb\u00eda plegarse a la sustentaci\u00f3n oral exigida por el primero de esos estatutos, ya que el recurso se interpuso antes de ser reformado en 2020; sin embargo, ese alegato no tiene que ver con que se haya omitido \u00abla oportunidad para alegar de conclusi\u00f3n\u00bb, ni para \u00absustentar un recurso o descorrer un traslado\u00bb, sino con una simple inconformidad respecto de la forma como se desenvolvi\u00f3 el litigio en segunda instancia, lo que se sale del \u00e1mbito de la causal de invalidaci\u00f3n alegada. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que las nulidades procesales se rigen, entre otros, por el principio de taxatividad o especificidad, lo que significa que solamente se puede invalidar la actuaci\u00f3n por alguno de los motivos previamente establecidos en la ley, pues en ese sentido rige un sistema numerus clausus, que traduce relaci\u00f3n cerrada o n\u00famero limitado, de ah\u00ed que solamente se puede invocar como motivo de invalidez procesal alguna de las circunstancias previstas como causal de nulidad. <\/p>\n
La censora denuncia que se le vulner\u00f3 el derecho de defensa y contradicci\u00f3n, a pesar de lo cual admite que tuvo la posibilidad de descorrer el traslado de la alzada por escrito y tambi\u00e9n en la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, lo que significa que no se present\u00f3 la transgresi\u00f3n supra-legal alegada. <\/p>\n
Por \u00faltimo, no es dable acceder a la solicitud de que se admita el caso porque tiene relevancia constitucional, toda vez que esa es una prerrogativa que la ley le dio a la Sala para casos en que, aunque la demanda de casaci\u00f3n sea defectuosa, asuma su examen si ve comprometidos intereses que ameriten el examen del caso, lo que no se avizora en el evento de ahora. <\/p>\n
Por ello, se inadmitir\u00e1 la demanda de casaci\u00f3n interpuesta por la accionante. <\/p>\n
III.- DEMANDA DE COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATL\u00c1NTICO\u2013 COOLITORAL <\/p>\n
1).- El primer cargo acusa la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2236, 2240, 2242, 2247 y 1973 del C\u00f3digo Civil; art\u00edculos 20, 822, 824, 864, 1170 y 1171 del C. de Comercio; Ley 1480 de 2011, art\u00edculo 18, n\u00fam. 2\u00ba; art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica <\/p>\n
Cordeles y Extruidos era arrendataria de las bodegas 11 y 12 del Centro Industrial La Trinidad, administrado por Inversiones Iguacur, seg\u00fan contrato de 23 de abril de 2007; el 17 de marzo de 2016 uno de los buses de Coolitoral, guardados en ese lugar, se incendi\u00f3 y afect\u00f3 esas bodegas. <\/p>\n
El tribunal coligi\u00f3 que Iguacur era custodio de esos automotores en virtud del contrato de parqueadero o de dep\u00f3sito, por lo que obvi\u00f3 las normas del C\u00f3digo Civil, comercial y administrativo que rigen sus efectos jur\u00eddicos y se los neg\u00f3 respecto de terceros al haber condenado a Coolitoral de forma solidaria, a pesar que demostr\u00f3 ese v\u00ednculo jur\u00eddico, as\u00ed como que el pago inicialmente se le hac\u00eda a Beatriz Pinz\u00f3n, soportado en los recibos de caja obrantes a folio 2120 de la estaci\u00f3n de servicio La Trinidad, aunado a que seg\u00fan el contrato de leasing esa estaci\u00f3n era locataria de los predios del Parque Industrial La Trinidad, junto con Iguacur, tal como consta en el contrato de leasing No. 180-109025 suscrito con el Banco de Occidente S.A., sobre todo porque la representante legal de la estaci\u00f3n dijo que desde 2015 el parqueo de los buses afiliados de Coolitoral pas\u00f3 a manos de Iguacur. <\/p>\n
Tambi\u00e9n aparece, como prueba del contrato verbal, los testimonios de Olinto Plata, representante legal de Inserlit encargada de recaudar el producto diario de los buses y cancelar mensualmente su parqueo, sin perder de vista los testimonios de Beatriz Pinz\u00f3n, Mar\u00eda Martelo Ordosgoitia y Guillermo Garz\u00f3n Plata, de ah\u00ed que Coolitoral ten\u00eda contrato de vinculaci\u00f3n con los buses afiliados, luego era su guardi\u00e1n, t\u00edtulo bajo el cual celebr\u00f3 contrato de parqueadero. <\/p>\n
Inadvirti\u00f3 que, al tratarse de un contrato de parqueadero oneroso, se produjo el dep\u00f3sito mercantil y se transfiri\u00f3 la custodia de los bienes dados en parqueadero, toda vez que esta queda en cabeza del arrendador quien responde a t\u00edtulo de culpa leve, grave y grav\u00edsima de los perjuicios que ocasione no solo a la cosa misma, sino a terceros. <\/p>\n
Como existi\u00f3 contrato de parqueadero o dep\u00f3sito, ello hizo que Iguacur tuviera la guarda de los buses, sobre todo porque as\u00ed lo dispone el Decreto 3466 de 1982 en el art\u00edculo 39 cuando prev\u00e9 que \u00abLa persona natural o jur\u00eddica obligada a la prestaci\u00f3n del servicio asume la custodia y conservaci\u00f3n adecuada del bien dejado en dep\u00f3sito y, por lo tanto, de la integridad de los elementos que lo componen, as\u00ed como de la de sus equipos anexos o complementarios si los tuviere\u00bb, lo que supone que el depositario debe responder en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1171 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan el cual \u00abEl depositario responder\u00e1 hasta de culpa leve en la custodia y conservaci\u00f3n de la cosa. Se presumir\u00e1 que la p\u00e9rdida o deterioro se debe a culpa del depositario, el cual deber\u00e1 probar la causa extra\u00f1a para liberarse\u00bb. Luego, de haber aplicado esa regulaci\u00f3n, el tribunal habr\u00eda exonerado a Coolitoral porque est\u00e1 no ten\u00eda la guarda de los buses. <\/p>\n
2).- El segundo alega el quebranto directo de los art\u00edculos 1, 2, 10, 18, 66 y 2356 del C\u00f3digo Civil; art\u00edculos 12, 13, 14, 164, 165, 166, 176, 177, 280 y 281 del C\u00f3digo General del Proceso; art\u00edculos 77, 79 y 80 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito; art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Nacional. <\/p>\n
El yerro se dio al apreciar mal los supuestos de hecho de la cuesti\u00f3n en litigio al contraerlos a una circunstancia que no existe \u00abcon trascendencia jur\u00eddica tomando como contexto y fuente jur\u00eddica e inferencia de esta una decisi\u00f3n extranjera que no es aplicable al caso en examen como ley de reemplazo, que solo lo hubiera sido como alusi\u00f3n al derecho comparado\u00bb. <\/p>\n
El tribunal tuvo por probado que el fuego inici\u00f3 en uno de los buses seg\u00fan el dictamen de Cristian Chereu y concluy\u00f3 que no debieron estacionarse en el Parqueadero La Trinidad al no estar habilitado ni destinado para ese servicio, por lo que Iguacur fue negligente al permitir el parqueo all\u00ed y Coolitoral al elegir ese sitio. <\/p>\n
El error consisti\u00f3, entonces, en haber aplicado, por v\u00eda de analog\u00eda, la presunci\u00f3n de culpa que entra\u00f1a la condici\u00f3n de guardi\u00e1n de las cosas inanimadas y fundarse en jurisprudencia europea para colegir en Colombia debe calificarse si un veh\u00edculo detenido en un parqueadero puede revestir peligrosidad. <\/p>\n
Los testimonios de propietarios y conductores probaron que fuera de la operaci\u00f3n o necesidad de revisiones preventivas el veh\u00edculo est\u00e1 a cargo del propietario, raz\u00f3n por la que en el contrato de vinculaci\u00f3n se exige como obligaci\u00f3n del due\u00f1o la de poner el bien a disposici\u00f3n para que cumpla con las rutas que se le programa y de Coolitoral para las revisiones o reparaciones pertinentes en lo que respecta a la prestaci\u00f3n del servicio, de ah\u00ed que si esa entidad tuviera a su cargo el rodante de forma permanente, ning\u00fan sentido tendr\u00eda pactar la obligaci\u00f3n del propietario referida en la cl\u00e1usula sexta del contrato de afiliaci\u00f3n, a pesar de lo cual los falladores de instancia se apartaron de este principio l\u00f3gico, no obstante las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
El tribunal aplic\u00f3 el r\u00e9gimen objetivo de responsabilidad por el hecho de las cosas, pero tambi\u00e9n uno por actividades peligrosas bajo la idea de que el veh\u00edculo es un objeto potencialmente peligroso, aunque est\u00e9 estacionado, luego se debi\u00f3 establecer la diferencia entre ese estado y el parqueo. <\/p>\n
Omiti\u00f3 las normas de tr\u00e1nsito que regulan el concepto de estacionamiento, sumado a que coligi\u00f3 que el riesgo de un veh\u00edculo detenido es igual al de uno que est\u00e1 en marcha, y que, por tanto, uno y otro pueden causar da\u00f1os, a pesar que los art\u00edculos 77, 79 y 80 de la Ley 769 de 2002 hacen colegir que cuando un automotor est\u00e1 apagado y estacionado fuera del tramado vial carece de esa potencialidad da\u00f1ina, en cuyo caso solo habr\u00e1 responsabilidad por culpa probada o por el hecho ajeno, si no hay peligrosidad extr\u00ednseca es imposible que haya responsabilidad por actividades peligrosas puesto que falta el nexo de causalidad. <\/p>\n
Es cierto que hay algunas actividades en posici\u00f3n pasiva que pueden entra\u00f1ar riesgos, como la manipulaci\u00f3n de materiales inflamables y susceptibles de explosi\u00f3n; en cuyo caso, el riesgo inherente a la naturaleza misma de la sustancia y la potencialidad da\u00f1ina les son reconocidas al margen de las precauciones que se adopten el proceso de producci\u00f3n y consumo porque el riesgo est\u00e1 latente en todas las fases. <\/p>\n
Es por eso que el car\u00e1cter peligroso de una actividad no puede quedar al vaiv\u00e9n de un funcionario, sino a criterios objetivos teniendo en cuenta la naturaleza propia de la actividad y las circunstancias en que esta se realiza. Luego, la responsabilidad objetiva requiere nexo causal, es decir, que el riesgo se d\u00e9 a causa directa de su actividad y si lo que hace peligroso a un veh\u00edculo es el movimiento, no se puede extender los efectos del concepto f\u00edsico al estatismo al del movimiento, so pena de desconocer la jurisprudencia y la doctrina. <\/p>\n
El yerro se dio por inaplicar las normas que regulan el caso y, en cambio, haber hecho actuar una sentencia europea basada en una realidad distinta para as\u00ed colegir que Coolitoral es responsable y condenarla, a pesar que solo responde, como guardiana de los buses, por los da\u00f1os causados cuando estos est\u00e9n en circulaci\u00f3n, cuando debi\u00f3 advertir que esa condici\u00f3n (guardi\u00e1n material) le fue traspasada a un tercero, en virtud del contrato de parqueo celebrado con Iguacur, a pesar de no haber medios de prueba y sin que las reglas de la experiencia ense\u00f1en que los veh\u00edculos son per se m\u00e1quinas peligrosas por el hecho de poseer tanques de combustible y sistemas el\u00e9ctricos complejos, error que llev\u00f3 a establecer que esa fue la causa del incendio, aunque realmente no lo fue. En suma, la \u00fanica responsable era Iguacur por no evitar el riesgo, de ah\u00ed que el fallador vulner\u00f3 diversas normas sustanciales, as\u00ed como otras probatorias y procesales, tanto as\u00ed que la sentencia no estuvo en consonancia con los hechos de la demanda y su contestaci\u00f3n, as\u00ed como el 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
3).- El tercero acusa la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 7, 11, 13, 14, 164, 165, 166, 176, 240, 232, 280, 281 del C\u00f3digo General del Proceso; los art\u00edculos 2344 y 2356 del C\u00f3digo Civil; los art\u00edculos 77, 79 y 80 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito; los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Nacional, como consecuencia del error de hecho en que incurri\u00f3 el tribunal. <\/p>\n
El error surgi\u00f3 al desconocer las reglas de valoraci\u00f3n jur\u00eddica sobre las que se edific\u00f3 la sentencia, porque estableci\u00f3 que del hecho octavo de la demanda se extrae que Cordex, en condici\u00f3n de arrendataria de las bodegas 11 y 12, no autoriz\u00f3 el parqueo de los veh\u00edculos afiliados a Coolitoral. <\/p>\n
Supuso hechos que no est\u00e1n demostrados con el contrato de afiliaci\u00f3n obrante a folios 2109 y ss., no en la contemplaci\u00f3n de la prueba, sino en la valoraci\u00f3n que debi\u00f3 sujetarse a los criterios de la sana cr\u00edtica y, concretamente, por el desconocimiento del principio l\u00f3gico de raz\u00f3n suficiente, ya que de \u00e9l se desprende que Coolitoral administraba los buses, pero para la asignaci\u00f3n de rutas, sus reparaciones o mantenimiento, ya que en lo dem\u00e1s quedaba a cargo del propietario, seg\u00fan se prob\u00f3 por v\u00eda testimonial. Si esa compa\u00f1\u00eda tuviera a su cargo el control permanente de los veh\u00edculos, ning\u00fan sentido tendr\u00eda la cl\u00e1usula sexta del contrato de vinculaci\u00f3n. <\/p>\n
Estim\u00f3 que de ese contrato de afiliaci\u00f3n se deriva experiencia y conocimiento por parte de la empresa de transporte y de ah\u00ed dedujo el t\u00edtulo de la responsabilidad objetiva como administradora de la cosa, pero as\u00ed mismo del aspecto subjetivo como generador de culpa achaca negligencia e impericia al haber elegido al centro industrial La Trinidad como estacionamiento, sin advertir que ese v\u00ednculo jur\u00eddico no es medio de prueba id\u00f3neo para acreditar experiencia, conocimiento y pericia, sobre todo porque las m\u00e1ximas de la experiencia son normas de valor general que se extraen de la observaci\u00f3n de lo que ocurre en numerosos casos. <\/p>\n
Inadvirti\u00f3 que fue en virtud de una t\u00e1cita autorizaci\u00f3n que Coolitoral permiti\u00f3 que los due\u00f1os de los buses contrataran con Iguacur el parqueo; adem\u00e1s, aplic\u00f3 dos reg\u00edmenes de responsabilidad: el objetivo por el hecho de las cosas y el de actividades peligrosas porque argument\u00f3 que la conducci\u00f3n de veh\u00edculos engendra peligrosidad, a pesar que el bien est\u00e9 detenido. <\/p>\n
Aunque reconoci\u00f3 que Coolitoral celebr\u00f3 con Iguacur contrato de parqueo, estableci\u00f3 que la primera fue imprudente al guardar los buses en ese lugar y la segunda al permitirlo, sin advertir que del contrato de afiliaci\u00f3n a la empresa de transporte con todos los efectos jur\u00eddicos probables, no se extiende en el infinito la condici\u00f3n de guardi\u00e1n material y jur\u00eddica cuando se ha trasladado la custodia de la cosa, m\u00e1xime cuando el hecho de que se haya presentado una combusti\u00f3n espont\u00e1nea en el bus no convierte a los dem\u00e1s en un objeto peligroso o potencialmente da\u00f1inos, de ah\u00ed que desconoci\u00f3 el principio b\u00e1sico de la raz\u00f3n suficiente, pues de haberlo observado el razonamiento jur\u00eddico habr\u00eda sido otro. <\/p>\n
Incurri\u00f3 en error intelectual sobre la premisa mayor que es la norma jur\u00eddica, pues la fund\u00f3 en una jurisprudencia extranjera, para luego categorizar la actividad de las cosas inanimadas y volverlas peligrosas y de ese modo aplicar la presunci\u00f3n de culpa que entra\u00f1a la actividad de guardi\u00e1n de cosas inanimadas y hacer extensiva la actividad de circulaci\u00f3n a la de estacionamiento. <\/p>\n
Vulner\u00f3 la raz\u00f3n suficiente al inobservar las leyes de la l\u00f3gica y la ciencia, pues no estableci\u00f3 la diferencia entre estacionamiento y parqueo, a pesar de ser necesario para inferir que cuando un veh\u00edculo est\u00e1 inm\u00f3vil fuera de la v\u00eda de circulaci\u00f3n no hace parte del tr\u00e1nsito y por l\u00f3gica la capacidad de obrar es nula y si la actividad de conducci\u00f3n es lo que constituye tal riesgo, al ser nula, no podr\u00e1 ser peligrosa. <\/p>\n
Quebrant\u00f3 la sana cr\u00edtica al vulnerar el principio l\u00f3gico de raz\u00f3n suficiente que se sustenta en las reglas que por l\u00f3gica est\u00e1n contenidas en los reglamentos t\u00e9cnicos y las reglas de circulaci\u00f3n que se citar\u00e1n. Al respecto, coligi\u00f3 que el riesgo en marcha de un automotor es igual al riesgo de uno inm\u00f3vil para concluir que ambos representan peligrosidad y pueden causar da\u00f1os, sin advertir las normas del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito referidas al estacionamiento en v\u00eda p\u00fablica y las medidas para evitar el movimiento de un veh\u00edculo, en concreto los art\u00edculos 77, 79 y 80; luego, no se puede predicar per se que un veh\u00edculo estacionado revest\u00eda riesgo sino se ajusta al C\u00f3digo de Tr\u00e1nsito, pues es esa la conclusi\u00f3n l\u00f3gica de la ley, m\u00e1xime cuando el Decreto 1069 de 2002 no contiene ninguna de sus categor\u00edas como mercanc\u00eda peligrosa en un veh\u00edculo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00absi la actividad peligrosa est\u00e1 en movimiento o tiene un dinamismo propio, al margen de la actividad inmediata de su guardi\u00e1n, aunque la actividad est\u00e9 colocada sin violar reglamentos o normas; en cambio, si la cosa no es peligrosa en s\u00ed misma y est\u00e1 inerte, solo habr\u00e1 responsabilidad directa con culpa probada del art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil o por el hecho ajeno, seg\u00fan el caso\u00bb, luego, si la cosa est\u00e1 inerte y carece de peligrosidad intr\u00ednseca, la responsabilidad por actividades peligrosas no es viable porque falta el nexo causal, de ah\u00ed que el querer del ad quem no coincida con la ley. <\/p>\n
Viol\u00f3 el art\u00edculo 176 del C.G.P., seg\u00fan el cual las presunciones legales proceden cuando los hechos en que se fundan est\u00e9n demostrados, pues aplic\u00f3 la de responsabilidad sin estar probado que el objeto revest\u00eda peligrosidad. <\/p>\n
De haber atendido el principio de raz\u00f3n suficiente como criterio de la sana cr\u00edtica que a su vez se sustenta en los postulados de la ciencia y la l\u00f3gica jur\u00eddica, jam\u00e1s habr\u00eda construido el errado silogismo que concret\u00f3 en la condena. <\/p>\n
4).- El cuarto denuncia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 7, 11, 13, 14, 164, 165, 166, 176, 240, 232, 280 y 281 del C\u00f3digo General del Proceso; art\u00edculos 2344 y 2356 del C\u00f3digo Civil; art\u00edculos 77, 79 y 80 del C\u00f3digo Nacional de Tr\u00e1nsito y art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Nacional, como consecuencia de errores de hecho. <\/p>\n
El autob\u00fas donde presuntamente inici\u00f3 el incendio es el medio de prueba que acredita la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, as\u00ed como el da\u00f1o; empero, \u00aben su valoraci\u00f3n se desconocieron los criterios de la sana cr\u00edtica integrados por el principio l\u00f3gico de la raz\u00f3n suficiente, los postulados de la l\u00f3gica y las leyes de la ciencia\u00bb, toda vez que no se estableci\u00f3 la condici\u00f3n de raz\u00f3n de la verdad de las preposiciones en las que se sustent\u00f3 el fallo. <\/p>\n
Para colegir que el bus era peligroso porque le es inherente la naturaleza inflamable y la multiplicaci\u00f3n de energ\u00eda, es necesario apoyarse en las leyes de la f\u00edsica que hacen parte de los conceptos l\u00f3gicos que apoyan esa convicci\u00f3n; de haber establecido el t\u00edtulo de responsabilidad adecuada el demandado hubiera escogido la alternativa probatoria para exonerarse de la responsabilidad endilgada, m\u00e1xime cuando el veh\u00edculo estaba apagado, estacionado, inerte y sin movimiento, de ah\u00ed la convicci\u00f3n errada del tribunal, que, adem\u00e1s, la reforz\u00f3 con lo que dijo el perito quien realiz\u00f3 una hip\u00f3tesis posible que para el juzgador se convirti\u00f3 en probable. <\/p>\n
Le otorg\u00f3 una caracter\u00edstica que no tiene y que tampoco est\u00e1 probada para derivar del bus, una fuente de riesgo y lo asegura con la ocurrencia de dos t\u00edtulos de responsabilidad; extrae del bus una potencialidad extr\u00ednseca para causar da\u00f1o porque tiene capacidad de guardar combustible y un sistema el\u00e9ctrico que seg\u00fan las pruebas fue el que gener\u00f3 el corto circuito, inferencia errada al no ser verificable con otros elementos que hacen parte de la vida, m\u00e1xime cuando no est\u00e1 probada la capacidad en cent\u00edmetros c\u00fabicos de combustible del tanque del bus. Entonces, un avi\u00f3n Boeing 727 con capacidad de 36.000 galones tendr\u00eda mayor capacidad de almacenamiento de combustible y, por supuesto, un sistema el\u00e9ctrico m\u00e1s complejo que el del bus urbano. <\/p>\n
Un veh\u00edculo estacionado en un centro comercial, en un espacio construido para aparcar, sin movimiento, vigilado y monitoreado por un circuito cerrado, no reviste peligrosidad por la actividad, porque no hay actividad, luego era imposible extraer su peligrosidad que solo deriva de su circulaci\u00f3n, pues ello equivaldr\u00eda a extraer una regla de la experiencia sin soporte alguno. Si el bus fuera peligroso solamente por tener un sistema el\u00e9ctrico, tambi\u00e9n tendr\u00eda esa condici\u00f3n un autom\u00f3vil de juguete que lo posea, premisa errada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el da\u00f1o no se produjo debido a la mayor capacidad para almacenar combustible, ya que no fue esa la causa eficiente que tuvo como hip\u00f3tesis. <\/p>\n
Err\u00f3 al inferir el da\u00f1o de la capacidad que ten\u00eda el bus de cargar altas cantidades de combustible, de tener un sistema el\u00e9ctrico complejo y de su uso diario considerable, porque sobre esa base coligi\u00f3 que ello implicaba un desgaste superior al de cualquier otro veh\u00edculo y que era susceptible de fallas mec\u00e1nicas y que, por tanto, ameritaba un mantenimiento minucioso, sin tener un concepto t\u00e9cnico de un organismo id\u00f3neo que as\u00ed lo sugiera. <\/p>\n
Ello significa que la construcci\u00f3n de la inferencia es errada y, por lo tanto, la conclusi\u00f3n tambi\u00e9n lo es al ser gen\u00e9rica y especulativa, pues carece de soporte t\u00e9cnico o cient\u00edfico y no puede catalogarse como regla de la experiencia, m\u00e1xime cuando se alleg\u00f3 prueba de su revisi\u00f3n t\u00e9cnico mec\u00e1nica que da cuenta de que el bus era id\u00f3neo, a pesar de lo cual ese medio fue ignorado por el tribunal. Adem\u00e1s, no se demostr\u00f3 la falta de mantenimiento del rodante y, por consiguiente, era imposible deducir su mal estado mec\u00e1nico y el\u00e9ctrico, debiendo presumirse lo contrario. <\/p>\n
La Resoluci\u00f3n n\u00ba 0000315 de 2013 del Ministerio de Transporte indica que el mantenimiento es de cargo de la empresa de transporte para garantizar esa actividad, deber que se satisfizo, toda vez que a folios 829 del cuaderno 4 y 484 del cuaderno 3 obra la revisi\u00f3n t\u00e9cnico mec\u00e1nica de todos los buses quemados, lo que prueba que cumpli\u00f3 esa obligaci\u00f3n. <\/p>\n
La inferencia de la multiplicaci\u00f3n de energ\u00eda choca con la sana critica por violaci\u00f3n de la l\u00f3gica y de las leyes de la ciencia, pues es un disparate pensar que un bus tiene tal caracter\u00edstica, sin ser expertos, lo que vulnera la ley de la termodin\u00e1mica seg\u00fan el cual la energ\u00eda se trasforma, pero no multiplica, de ah\u00ed el yerro del tribunal al construir el silogismo judicial, sobre todo porque no est\u00e1 demostrado que el incendi\u00f3 se gener\u00f3 por y con ocasi\u00f3n del combustible, ni por el sistema el\u00e9ctrico del automotor. <\/p>\n
Ignor\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n del bus de placa UZC 587 que demuestra que ten\u00eda un cilindraje de 4.600 c.c., factor determinante de su potencia y del torque que produce un motor, as\u00ed como de la cantidad de combustible que consume, y de los de otros buses obrantes a folios 81 a 91 del cuaderno 1, que demuestran su cilindraje, sin que ese factor haya sido determinante del incendio, contrario a lo que dedujo el fallador al desatender el principio de raz\u00f3n suficiente como criterio de la sana cr\u00edtica, m\u00e1xime cuando cit\u00f3 jurisprudencia de 1928 y de 1945 de esta Corte, que no es id\u00e9ntica al caso particular, pues se trat\u00f3 de eventos claramente diferentes. <\/p>\n
En fin, coligi\u00f3 que el combustible del bus incidi\u00f3 en el da\u00f1o, sin estar probado, como tampoco lo est\u00e1 que el sistema el\u00e9ctrico ocasion\u00f3 la conflagraci\u00f3n, pues la hip\u00f3tesis del perito sostuvo que el fuego se dio por una combusti\u00f3n espont\u00e1nea, luego el riesgo que se quer\u00eda conjurar era de cargo del centro comercial, que era el vigilante y deb\u00eda contar con un sistema antincendios, no de Coolitoral. <\/p>\n
No hay elementos que prueben que el bus era defectuoso, debi\u00e9ndose entender que funcionaba bien, luego Coolitoral actu\u00f3 correctamente porque el contrato de afiliaci\u00f3n no limitaba el dominio ni la disposici\u00f3n de los buses, y fueron los due\u00f1os quienes decidieron guardarlos en el parqueadero de Iguacar; por ello, de suponerse que aqu\u00e9lla lo consinti\u00f3 t\u00e1citamente, no por ello fue irresponsable, pues el lugar se ve\u00eda seguro y, adicionalmente, aparec\u00eda en la p\u00e1gina del Ministerio de Transporte. <\/p>\n
El tribunal aplic\u00f3 todos los t\u00edtulos de imputaci\u00f3n que existen, los hizo concurrentes, lo que afect\u00f3 la congruencia en la sentencia, ya que no est\u00e1 en consonancia con los hechos que precisamente impactan en la decisi\u00f3n por lo que de no haberse tenido en cuenta el veredicto habr\u00eda sido absolutorio; era necesario que el fallador aplicara la sana cr\u00edtica y con relaci\u00f3n a estos medios de prueba extrajera, de manera consistente, lo que de ellos se desprende a trav\u00e9s del sistema de apreciaci\u00f3n racional. <\/p>\n
5).- El quinto denuncia el quebranto indirecto de los art\u00edculos 7, 11, 13, 14, 164, 165, 166, 176, 240, 232, 280 y 281 del C\u00f3digo General del Proceso; los art\u00edculos 2341, 2343, 2344, 2347, 2356 y 2357 del C\u00f3digo Civil; 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como consecuencia de errores de hecho por falso juicio de identidad. <\/p>\n
No se prob\u00f3 que con el parqueo de los buses frente a las bodegas 11 y 12 de las instalaciones de Inversiones Iguacur se haya generado alg\u00fan riesgo, ni lo dicho en la demanda acerca de que Cordex, que era arrendataria de esas bodegas hab\u00eda advertido a Iguacur sobre el riesgo que ello representaba; el tribunal dedujo que el contrato de arrendamiento de bodega ratifica que esa entidad se obligaba frente a los inquilinos y recib\u00eda una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica por el uso de las bodegas; empero, al no haber soporte de esos requerimientos, es claro que el tribunal tergivers\u00f3 la prueba. <\/p>\n
La misiva de diciembre 11 de 2015, suscrita por la subgerente de Cordex, no alude al riesgo de parqueo de buses en horas de la noche frente a las bodegas 11 y 12, luego se torci\u00f3 su contenido; adem\u00e1s, tampoco demuestra que la sociedad hac\u00eda las veces de administrador, luego la deducci\u00f3n del tribunal en tal sentido es err\u00e1tica, de ah\u00ed que tambi\u00e9n se tergivers\u00f3 el contrato suscrito entre Cordex e Iguacur; adem\u00e1s, la presunta obligaci\u00f3n de seguridad nada tiene que ver como fuente de riesgo explosivo. <\/p>\n
El contrato de arrendamiento de Cordex e Iguacur respecto de las bodegas 11 y 12 del Centro Industrial La Trinidad no contempla obligaci\u00f3n alguna respecto del uso y goce de \u00e1reas de estacionamiento, m\u00e1xime cuando la declaraci\u00f3n de Beatriz Pinz\u00f3n demostr\u00f3 que desde 2015 Iguacur era la encargada del parqueo de los buses de Coolitoral, de ah\u00ed que desde hac\u00eda 4 a\u00f1os antes del incendio se estacionara ah\u00ed los buses y que Cordex no parqueaba en ese lugar, aunado a que, seg\u00fan la Ley 675 de 2001, Iguacur s\u00ed pod\u00eda disponer de esa zona al tratarse de un \u00e1rea com\u00fan. <\/p>\n
Es claro que en el contrato de arrendamiento Cordex no convino el uso del parqueadero con Iguacur, ni que sus empleados lo usaran, como tampoco que terceros pudieran usarlo; adem\u00e1s, la Ley 675 de 2001 facultaba al propietario del bien para disponer de \u00e9l. <\/p>\n
Omiti\u00f3 reconocerle efectos jur\u00eddicos al contrato de dep\u00f3sito, aunado a que el de arrendamiento le impon\u00eda a Cordex hacer las adecuaciones necesarias para evitar incendios, sin que por ello se pudiera entender que Iguacur no pod\u00eda disponer de los parqueaderos porque s\u00ed pod\u00eda hacerlo. <\/p>\n
La Inspecci\u00f3n judicial practicada como prueba anticipada, por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Barranquilla en las instalaciones del Centro Industrial La Trinidad, no determin\u00f3 si dicho local ten\u00eda sistemas de protecci\u00f3n contra incendios, solo que no se contaba con zonas determinadas de parqueo por el hecho de que no hab\u00eda rayas amarillas como si esa se\u00f1alizaci\u00f3n fuera la causa eficiente del resultado que se produjo. S\u00ed hab\u00eda zonas de parqueo, aunque no estuvieran delimitadas. <\/p>\n
El tribunal imput\u00f3 a Coolitoral como guardiana de los buses, mientras que a Iguacur por ser la administradora del centro comercial y deudora del deber de seguridad y con base en ello concluy\u00f3 que las responsabilidades son concurrentes y que ambas entidades deben responder en forma solidaria, a pesar que en la contestaci\u00f3n de la demanda se expusieron hechos que hacen concluir que la causa adecuada no fue el corto circuito referido en el informe de bomberos, sino la carencia de infraestructura y log\u00edstica preventiva y adecuada al riesgo creado, de ah\u00ed que no es cierto que sobre el tema no haya habido discusi\u00f3n, pues s\u00ed la hubo desde la respuesta al libelo, lo que indica que el tribunal tergivers\u00f3 esos medios de prueba; adem\u00e1s, la sentencia no guarda consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, a pesar de lo previsto en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso y tampoco aplic\u00f3 el art\u00edculo 164 ib\u00eddem acerca de la necesidad de la prueba, porque de lo contrario habr\u00eda resuelto de forma diversa la excepci\u00f3n de inexistencia de solidaridad que aleg\u00f3 Coolitoral y motivado de forma diversa la sentencia desde el yerro en los hechos de la demanda, que fue advertido y alegado por esa entidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La casaci\u00f3n es un recurso extraordinario sujeto a unas reglas t\u00e9cnicas que deben ser atendidas en el contexto de cada una de las cinco causales que prev\u00e9 el C\u00f3digo General del Proceso, so pena de que sea inadmitida. <\/p>\n
El art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso dispone que los cargos en casaci\u00f3n deben ser formulados por separado, \u00abcon la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa\u00bb, lo que significa que no pueden entremezclarse causales ni errores, pues si ello ocurre el ataque sea incomprensible y, por tanto, inadmisible. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cuando se alega violaci\u00f3n directa, el cargo debe limitarse a discutir la cuesti\u00f3n jur\u00eddica, cuid\u00e1ndose de no penetrar en el campo de la prueba ni de los hechos ni en las conclusiones que sobre esos \u00edtems extrajo el sentenciador, porque en esa causal tales cuestiones son intocables. Es m\u00e1s, se entiende que el recurrente comparte a plenitud lo que de ah\u00ed extrajo el fallador. <\/p>\n
2.- La demanda propuesta por la Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atl\u00e1ntico \u2013 Coolitoral no satisface las exigencias de forma para ser admitida, como pasa a verse: <\/p>\n
a).- Los cargos primero y segundo son gen\u00e9ricos porque plantean un simple desacuerdo con el criterio jur\u00eddico del juzgador frente la peligrosidad que revest\u00edan los buses al estar parqueados, sin precisar, en concreto, y no a partir de simples hip\u00f3tesis, por qu\u00e9 la comprensi\u00f3n que aqu\u00e9l hizo en torno ese aspecto fue equivocada y ajena a su genuino y verdadero sentido, toda vez que esta v\u00eda solo procede para hacer ver yerros palmarios y trascendentes cometidos por la decisi\u00f3n pugnada en la aplicaci\u00f3n del marco jur\u00eddico llamado a resolver el caso, ya por falta de empleo, indebida selecci\u00f3n o interpretaci\u00f3n equivocada, de ah\u00ed que el discurso de la opugnadora deb\u00eda apuntar a ese objetivo antes que a ensayar una propuesta alterna respecto de las premisas del veredicto fustigado. <\/p>\n
Como si fuera poco, se adentran a cuestionar las conclusiones probatorias del tribunal, lo que significa que se salieron de la causal primera a trav\u00e9s de la cual se propusieron. <\/p>\n
Es as\u00ed como el primer ataque indica que el tribunal conden\u00f3 a Coolitoral, a pesar que se demostr\u00f3 un contrato de parqueadero o dep\u00f3sito en virtud del cual le transfiri\u00f3 la guarda de los buses y se prob\u00f3 el pago que inicialmente le hac\u00eda a Beatriz Pinz\u00f3n, seg\u00fan consta en los recibos de caja de la estaci\u00f3n de servicio La Trinidad, por lo que, seg\u00fan el contrato de leasing era ella la locataria de los predios del Parque Industrial La Trinidad, junto con Iguacur, tal como lo precisa el Contrato de Leasing No. 180-109025 suscrito con el Banco de Occidente, aunado a que la representante legal de la estaci\u00f3n dijo que desde 2015 el parqueo de los buses afiliados de Coolitoral pas\u00f3 a manos de Iguacur. <\/p>\n
A\u00f1ade que aparecen como prueba del contrato verbal, los testimonios de Olinto Plata, representante legal de Inserlit encargada de recaudar el producto diario de los buses y cancelar mensualmente el parqueo de cada rodante, as\u00ed como los de Beatriz Pinz\u00f3n, Mar\u00eda Martelo Ordosgoitia y Guillermo Garz\u00f3n Plata, todo lo cual significa que Coolitoral ten\u00eda contrato de vinculaci\u00f3n con los buses afiliados, luego era su guardi\u00e1n, t\u00edtulo bajo el cual celebr\u00f3 contrato de parqueadero, pero que eso fue inadvertido por el fallador. <\/p>\n
Lo anterior revela que el embiste perdi\u00f3 el rumbo trazado, pues, aunque deb\u00eda circunscribirse a disputar el criterio jur\u00eddico del fallador, se inclin\u00f3 a cuestionar temas probatorios que, en su sentir, demuestran que Coolitoral no fung\u00eda como guardiana de los automotores cuando se produjo la conflagraci\u00f3n porque tal condici\u00f3n la ten\u00eda Inversiones Iguacur Ltda., que era la administradora del parqueadero en que esos rodantes estaban estacionados al as\u00ed haberlo convenido previamente. <\/p>\n
Lo mismo ocurre con el segundo embate, pues dice que el yerro se produjo a causa \u00abde la apreciaci\u00f3n equivocada de los supuestos de hecho de la cuesti\u00f3n en litigio al contraerlos a una circunstancia que no existe\u00bb y en otro aparte expone que de los testimonios de propietarios y conductores qued\u00f3 claro que fuera de la operaci\u00f3n o necesidad de revisiones preventivas el veh\u00edculo est\u00e1 a cargo del propietario, raz\u00f3n por la que en el contrato de vinculaci\u00f3n se exige como obligaci\u00f3n del due\u00f1o la de ponerlo a disposici\u00f3n de Coolitoral en procura de que cumpla con las rutas que se le programa y para las revisiones o reparaciones pertinentes en lo que respecta a la prestaci\u00f3n del servicio, de ah\u00ed que si esa entidad tuviera a su cargo el rodante de forma permanente ning\u00fan sentido tendr\u00eda pactar la obligaci\u00f3n del due\u00f1o referida en la cl\u00e1usula sexta del contrato de afiliaci\u00f3n, a pesar de lo cual los falladores de instancia se apartaron de este principio l\u00f3gico no obstante a las reglas de la sana cr\u00edtica. <\/p>\n
Insiste en que el tribunal debi\u00f3 advertir que Coolitoral le traspas\u00f3 la guarda de los buses a Inversiones Iguacur y que, por tanto, solo respond\u00eda por los da\u00f1os que estos causaran cuando estuvieran en movimiento, pero que aun as\u00ed la conden\u00f3, \u00aba pesar de no haber medios de prueba y sin que las reglas de la experiencia ense\u00f1en que los veh\u00edculos son per se m\u00e1quinas peligrosas por el hecho de poseer tanques de combustible, sistemas el\u00e9ctricos complejos\u00bb, error que llev\u00f3 a establecer que esa fue la causa del incendio, aunque realmente no lo fue. <\/p>\n
Al final plantea que la \u00fanica responsable del da\u00f1o fue Inversiones Iguacur por no evitar el riesgo y que el fallador vulner\u00f3 diversas normas sustanciales, as\u00ed como otras probatorias y procesales, tanto as\u00ed que la sentencia no estuvo en consonancia con los hechos de la demanda y su contestaci\u00f3n, as\u00ed como con los art\u00edculos 29 y 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Quiere decir que esos cargos se salieron de lo estrictamente jur\u00eddico y disputaron, en gran medida, la labor probatoria del tribunal para la verificaci\u00f3n de los hechos de la controversia, tanto as\u00ed que lo reprochan por olvidar las reglas de la experiencia y la sana cr\u00edtica y, como si fuera poco, tambi\u00e9n lo acusan de dictar un fallo inconsonante, lo que corrobora la mixtura de causales. <\/p>\n
La censora tampoco identifica las premisas del fallo, sino que parte de generalidades y, a su acomodo, cuestiona algunos aspectos de juicio sin precisar cu\u00e1l fue, en concreto, el desvar\u00edo del fallador al aplicar la ley sustancial que regulaba el caso y su influencia en el resultado; luego, tal arremetida es abstracta y deshilvanada. <\/p>\n
Al respecto, en CSJ AC3313-2020, se reiter\u00f3 que <\/p>\n
(\u2026) la exigencia de demostraci\u00f3n de un cargo en casaci\u00f3n, no se satisface con afirmaciones panor\u00e1micas \u2014o generales\u2014 sobre el tema decidido, as\u00ed \u00e9stas resulten pertinentes respecto de las conclusiones del Tribunal, siendo menester superar el umbral de la enunciaci\u00f3n o descripci\u00f3n del yerro, para acometer, en concreto, el enjuiciamiento insoslayable de los argumentos del fallador, lo que se cumple mediante la exposici\u00f3n de la evidencia del error y de su incidencia en la decisi\u00f3n adoptada (SC. Feb. 2 de 2001, Exp. 5670). <\/p>\n
Es as\u00ed como no especifica cu\u00e1l fue el yerro jur\u00eddico del ad quem, ni su incidencia en la decisi\u00f3n. Se conform\u00f3 con presentar una propuesta alterna enderezada a que se le exonere de responsabilidad y se admita que la llamada a responder es Inversiones Iguacur en virtud del contrato de parqueo entre ellas suscrito, sin advertir que el veredicto del tribunal llega a la Corte abrazado por una doble presunci\u00f3n de legalidad y acierto que solo puede ser derruida cuando se demuestra que fue edificado sobre yerros de juicio ostensibles, es decir, detectables al primer golpe de vista y tambi\u00e9n protuberantes, en cuanto a que sin ellos otro hubiera sido el resultado al que se habr\u00eda llegado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, esos ataques son asim\u00e9tricos porque no combaten las verdaderas razones por las que el tribunal conden\u00f3 a Coolitoral. N\u00f3tese que ese juzgador estableci\u00f3 que, aunque el representante legal de esa entidad dijo que el parqueo de los veh\u00edculos era una actividad que no estaba prohibida, lo cierto es que no se debate la ilegalidad del estacionamiento, per se, sino la prestaci\u00f3n del servicio sin un m\u00ednimo de requisitos, que constituy\u00f3 una conducta culposa generadora del da\u00f1o. <\/p>\n
Destac\u00f3 que dicho directivo tambi\u00e9n plante\u00f3 \u00abque el parqueo no fue una fuente de riesgo, y que, en el caso de haberlo sido, la creaci\u00f3n de ese riesgo fue exclusiva de Inversiones Iguacur, en tanto fue quien acepto\u0301 el ingreso de los veh\u00edculos, a pesar de que sus instalaciones no eran las adecuadas para prestar tal servicio, proyectando en el cliente una confianza leg\u00edtima\u00bb y, al respecto, expuso que \u00abla eventual responsabilidad de Inversiones Iguacur y Ci\u0301a. Ltda., por el deber de cuidado que invoca el embatiente, no exonera al administrador y guardi\u00e1n de los buses, que tambi\u00e9n fue parte en la negociaci\u00f3n y conocedor de antemano de las condiciones del contrato, sobre todo si, res\u00e1ltese, el incendio tuvo origen en uno de los automotores objeto del acuerdo de vinculaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, dicha colegiatura coligi\u00f3 que Coolitoral no puede trasladarle a Inversiones Iguacur la responsabilidad que asumi\u00f3 como empresa de transporte, pues est\u00e1 probado que se trat\u00f3 de una combusti\u00f3n espont\u00e1nea de uno de los buses, que nada tuvo que ver con el cuidado que la administradora del parqueadero deb\u00eda profesar por los mismos. <\/p>\n
Sin embargo, la recurrente se dedica a discutir que cuando ocurri\u00f3 el incendio no ten\u00eda la guarda de los buses porque se la hab\u00eda transferido a Inversiones Iguacur Ltda., en virtud del contrato de parqueo, lo que significa que no confront\u00f3 el argumento toral a partir del cual el tribunal coligi\u00f3 que, a pesar de ese v\u00ednculo jur\u00eddico, tambi\u00e9n era responsable al haber sido parte de esa negociaci\u00f3n y conocer, de primera mano, las condiciones estipuladas, lo que significa que el ataque se distanci\u00f3 de las razones que llevaron al fallador a establecer que esa compa\u00f1\u00eda, junto con la administradora del centro industrial, deb\u00edan responder. <\/p>\n
b).- Los cargos tercero y cuarto, que alegan errores de hecho, no corren mejor suerte comoquiera que incurren en hibridismo de causales y de errores. <\/p>\n
El primero de ellos alega que el fallador se equivoc\u00f3 respecto del t\u00edtulo de responsabilidad, pues aplic\u00f3 el r\u00e9gimen objetivo previsto por el hecho de las cosas, as\u00ed como el de actividades peligrosas porque argument\u00f3 que la conducci\u00f3n de veh\u00edculos engendra peligrosidad as\u00ed el bien est\u00e9 detenido, lo que significa que aplic\u00f3 dos reg\u00edmenes de responsabilidad. <\/p>\n
Menciona que incurri\u00f3 en error intelectual sobre la premisa mayor que es la norma jur\u00eddica, pues la fund\u00f3 en una jurisprudencia extranjera, para luego s\u00ed categorizar la actividad de las cosas inanimadas que volvi\u00f3 peligrosas y de ese modo aplic\u00f3 la presunci\u00f3n de culpa que entra\u00f1a la actividad de guardi\u00e1n de cosas inanimadas, al paso que hizo extensiva la actividad de circulaci\u00f3n a la de estacionamiento. <\/p>\n
Al final expone que, de haber atendido el principio de raz\u00f3n suficiente como criterio de la sana cr\u00edtica, que a su vez se sustenta en los postulados de la ciencia y la l\u00f3gica jur\u00eddica, jam\u00e1s se habr\u00eda construido el errado silogismo que se concret\u00f3 en la condena. <\/p>\n
Esos tres apartes, que resumen el contenido del tercer cargo, demuestran que dicho ataque se adentr\u00f3 a cuestionar el criterio jur\u00eddico del fallador cuando deb\u00eda limitarse a establecer los yerros de facto que le atribuy\u00f3. <\/p>\n
El cuarto cargo dice que para colegir que el bus era peligroso al serle inherente la naturaleza inflamable y la multiplicaci\u00f3n de energ\u00eda, era necesario apoyarse en las leyes de la f\u00edsica que hacen parte de los conceptos l\u00f3gicos que apoyan esa convicci\u00f3n, por lo que, de haber establecido el t\u00edtulo de responsabilidad adecuada, el demandado hubiera escogido la alternativa probatoria para exonerarse de la responsabilidad endilgada, m\u00e1xime cuando el veh\u00edculo estaba apagado, estacionado, inerte y sin movimiento alguno, de ah\u00ed la convicci\u00f3n errada del tribunal, que, adem\u00e1s, la reforz\u00f3 con lo que dijo el perito quien realiz\u00f3 una hip\u00f3tesis posible que se convirti\u00f3 en probable. <\/p>\n
M\u00e1s adelante censura que, al valorar el autobus donde presuntamente inici\u00f3 el fuego, el ad quem desconoci\u00f3 \u00ablos criterios de la sana cr\u00edtica integrados por el principio l\u00f3gico de la raz\u00f3n suficiente, los postulados de la l\u00f3gica y las leyes de la ciencia\u00bb, pues no estableci\u00f3 la condici\u00f3n de raz\u00f3n de la verdad de las preposiciones en las que se sustent\u00f3 el fallo. <\/p>\n
En otro de sus apartes recalca que un veh\u00edculo estacionado dentro de un centro comercial, en un espacio construido para aparcar, sin movimiento, vigilado y monitoreado por un circuito cerrado, no reviste peligrosidad por la actividad, porque est\u00e1 quieto, por lo que era imposible extraer su peligrosidad que solo deriva de su circulaci\u00f3n, pues ello equivaldr\u00eda a extraer una regla de la experiencia sin soporte alguno. Si el bus fuera peligroso solo por tener un sistema el\u00e9ctrico, tambi\u00e9n tendr\u00eda esa condici\u00f3n un autom\u00f3vil de juguete que lo posea, premisa errada. <\/p>\n
Por \u00faltimo, insiste en que el tribunal aplic\u00f3 todos los t\u00edtulos de imputaci\u00f3n que existen, los hizo concurrentes, lo que afect\u00f3 la congruencia en la sentencia, ya que no est\u00e1 en consonancia con los hechos que precisamente impactan en la decisi\u00f3n por lo que de no haberse tenido en cuenta el fallo no habr\u00eda sido condenatorio; era necesario que el fallador aplicara la sana cr\u00edtica y con relaci\u00f3n a estos medios de prueba extrajera, de manera consistente, lo que de ellos se desprende a trav\u00e9s del sistema de apreciaci\u00f3n racional. <\/p>\n
Ello revela que dicho ataque, igual que el anterior, reprocha el juicio jur\u00eddico del fallador, pero, adicionalmente, se entromete en cuestiones del error de derecho, a pesar que su objetivo era hacer ver yerros f\u00e1cticos en que habr\u00eda incurrido el tribunal, mixtura que hace imposible su aceptaci\u00f3n. <\/p>\n
c).- El quinto cargo, que tambi\u00e9n acusa error de hecho, es gen\u00e9rico e impreciso porque indica que no se prob\u00f3 que el parqueo de los buses en las instalaciones de Iguacur haya generado alg\u00fan riesgo, ni que Cordex le hubiera advertido a esta sobre tal situaci\u00f3n, toda vez que la misiva de 11 de diciembre de 2015 nada dice al respecto; empero, no precisa por qu\u00e9 el tribunal deb\u00eda inferir de la prueba documental y de la demanda que estacionar los buses frente a las bodegas 11 y 12 no generaba ning\u00fan riesgo, cuando, seg\u00fan se concluy\u00f3, el fuego que afect\u00f3 las instalaciones de Cordex se origin\u00f3 en uno de esos automotores. <\/p>\n
Tampoco dice por qu\u00e9 ese juzgador tergivers\u00f3 el contrato de arrendamiento de las bodegas al haber establecido que Iguacur se obligaba frente a los arrendatarios (Cordex) y recib\u00eda una contraprestaci\u00f3n econ\u00f3mica por su uso, ni precisa cu\u00e1l fue el yerro que cometi\u00f3 al valorar la carta de 11 de diciembre de 2015, si, como est\u00e1 visto, en ella consta que la inquilina le hizo saber a Iguacur que no pod\u00eda aparcar al frente de sus instalaciones los buses de Coolitoral. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se adentra en la causal primera de casaci\u00f3n cuando censura al tribunal de haber establecido que la presunta obligaci\u00f3n de seguridad a cargo de Iguacur tuvo que ver o estaba relacionada con la fuente de riesgo explosivo, a pesar que una cosa no tiene que ver con la otra, lo que significa que le disput\u00f3 el criterio jur\u00eddico del fallador. <\/p>\n
En otro aparte, se entromete en el terreno de la causal tercera de casaci\u00f3n porque aduce que la sentencia no guarda consonancia con los hechos y las pretensiones de la demanda, a pesar de lo previsto en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, lo que refleja hibridismo. <\/p>\n
Ya al final vir\u00f3 hac\u00eda el error de derecho al sostener que el ad quem tampoco aplic\u00f3 el art\u00edculo 164 ib\u00eddem acerca de la necesidad de la prueba, porque de lo contrario habr\u00eda resuelto de forma diversa la excepci\u00f3n de inexistencia de solidaridad que aleg\u00f3 Coolitoral y motivado de forma diversa la sentencia con base en el yerro de la demanda, que fue advertido y alegado por esa entidad. <\/p>\n
Esa conjugaci\u00f3n de v\u00edas y de errores hace que los ataques se exhiban inexactos e imprecisos y desconozcan los principios de autonom\u00eda e independencia que caracterizan a las causales de la casaci\u00f3n, al tratarse de un recurso formal, dispositivo y extraordinario que est\u00e1 sujeto a unas reglas t\u00e9cnicas en torno a la forma como debe ser sustentado, situaci\u00f3n que reafirma su inadmisibilidad. <\/p>\n
Sobre este aspecto, en CSJ AC3017-2020, la Sala reliev\u00f3: <\/p>\n
[l]os diferentes reproches que se tengan respecto de la sentencia impugnada, debe proponerlos el recurrente en cargos separados, caracterizados por ser aut\u00f3nomos e individuales, lo que igualmente se infiere del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, premisas que le impiden entremezclar acusaciones de diferente naturaleza o confundir, al interior de una, el error de hecho con el de derecho (AC6341, 21 oct. 2014, rad. n\u00b0 2007-00145-01 y AC982-2019). <\/p>\n
Si se hiciera abstracci\u00f3n de esos defectos, el resultado no cambiar\u00eda, ya que los embistes tambi\u00e9n se exhiben abstractos y confusos porque parten de generalidades. <\/p>\n
Los dos primeros en procura de que se alteren las premisas jur\u00eddicas en que el juzgador apalanc\u00f3 su veredicto y los restantes (tercero, cuarto y quinto) en aras de que se vuelva a ponderar la evidencia acoplada al plenario y, como si se tratara de un alegato de conclusi\u00f3n, los tres \u00faltimos sugieren una nueva lectura probatoria en la forma y hacia la direcci\u00f3n que anhela la recurrente con miras a que se concluya que Coolitoral no es responsable por haberse desprendido de la guarda de los buses en virtud de un contrato de parqueo suscrito con Iguacur y que Cordex tampoco tom\u00f3 todas las medidas necesarias para evitar la propagaci\u00f3n del incendio en sus instalaciones, lo que los torna inid\u00f3neos. <\/p>\n
Igualmente, insisten en que el tribunal le otorg\u00f3 al bus una caracter\u00edstica que no tiene, sin estar probada para derivar de \u00e9l una fuente de riesgo con la que dedujo la ocurrencia de dos t\u00edtulos de responsabilidad. Extrajo del bus una potencialidad extr\u00ednseca para causar da\u00f1o porque tiene un tanque que guarda grandes cantidades de combustible y un sistema el\u00e9ctrico que, seg\u00fan las pruebas, gener\u00f3 el corto circuito, a pesar que ello no fue corroborado. <\/p>\n
Ello revela que los ataques buscan provocar un nuevo an\u00e1lisis del caso en forma diversa a la que realiz\u00f3 el tribunal, a pesar que la casaci\u00f3n busca hacer ver yerros palmarios y trascendentes en que aqu\u00e9l haya incurrido al fundar la decisi\u00f3n pugnada, pues no se trata de una instancia adicional, sino de un medio de control de legalidad del fallo fustigado, lo que exige que la labor del recurrente apunte a colmar ese espec\u00edfico objetivo antes que a ensayar una propuesta alterna sobre el alcance de las normas jur\u00eddicas a partir de las cuales deb\u00eda desenvolverse el pleito, si de la causal primera se trata, o respecto de lo que demostraban los ingredientes f\u00e1cticos y suasorios que sustentan la decisi\u00f3n, en el caso de la segunda, porque tal variable, por m\u00e1s persuasiva que sea, no logra derruir la discreta autonom\u00eda del fallador en la aplicaci\u00f3n e interpretaci\u00f3n de las pautas llamadas a disciplinar la disputa o de la valoraci\u00f3n de las pruebas con las que se solucion\u00f3. <\/p>\n
N\u00f3tese que en los tres \u00faltimos cargos se omite la labor de confrontaci\u00f3n espec\u00edfica entre lo que dice cada uno de los medios suasorios y lo que el fallador no advirti\u00f3, tergivers\u00f3 o distorsion\u00f3 al apreciarlos, pues en ellos la censora se limita a hacer suposiciones propias, a pesar que la labor de contraste era indispensable para hacer ver, en cada caso, la notoriedad del yerro cometido por esa autoridad y, adicionalmente, su trascendencia en el resultado. <\/p>\n
Sobre tal punto, en CSJ AC760-2020 se reiter\u00f3 que en casaci\u00f3n no es admisible el cargo que se limita a presentar \u00abun nuevo criterio de apreciaci\u00f3n de las pruebas, o unas conclusiones diferentes de las que obtuvo el juzgador, pues el recurso aludido no constituye una tercera instancia, al punto que la Sala, en estrictez, no es juez del asunto litigioso, sino de la legalidad del fallo que le puso fin al conflicto\u00bb (CSJ AC 18 dic. 2009, rad. 1999-00045-01 y AC2195-2016). <\/p>\n
3.- En consecuencia, como los planteamientos no se ci\u00f1en a las formalidades de rigor, resulta inviable aceptarlos, m\u00e1xime cuando no se percibe un compromiso del orden o el patrimonio p\u00fablico, ni mucho menos afrenta de derechos y garant\u00edas constitucionales, por lo que ni siquiera hay lugar a darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, reformatorio del 16 de la Ley 270 de 1996. <\/p>\n
II.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda presentada por Cordeles y Extruidos de Colombia – Cordex S.A.S., para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia proferida el 1\u00ba de diciembre de 2020, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del asunto de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Inadmitir la demanda de casaci\u00f3n presentada por Cooperativa Integral de Transportadores del Litoral Atl\u00e1ntico \u2013 Coolitoral, para sustentar el recurso de casaci\u00f3n interpuesto dentro del asunto de la referencia. <\/p>\n
Tercero: Devolver, por secretar\u00eda, el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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AC4243-2021 (2017-00155-01) OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado Ponente AC4243-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-31-03-006-2017-00155-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de septiembre de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C.,treinta (30) de septiembre de dos mil veintiuno (2021). Se decide a continuaci\u00f3n sobre la admisibilidad de las demandas presentadas por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56978","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56978","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56978"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56978\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56978"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56978"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56978"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}