AC4263-2021 (2021-03215-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4263-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03215-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Manizales (Caldas) y Primero Civil Municipal de Yopal (Casanare). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Alpha Capital S.A.S. instaur\u00f3 demanda ejecutiva singular contra Diana Paola Torres Estupi\u00f1\u00e1n, con el prop\u00f3sito de obtener el recaudo de \u00ab$26.416.368.oo\u00bb m\u00e1s los intereses de mora \u00abdesde la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda hasta cuando se verifique el pago total de la obligaci\u00f3n\u00bb, suma representada en el pagar\u00e9 No. 1028095. <\/p>\n
2. La causa petendi fue presentada ante las autoridades judiciales de Manizales (Caldas), justific\u00e1ndose la competencia por la naturaleza del proceso, la cuant\u00eda estimada y el \u00ablugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb. [Archivo Digital: 04]. <\/p>\n
3. El Juez Primero Civil Municipal de aquella ciudad, al que correspondi\u00f3 en reparto el proceso, rechaz\u00f3 la demanda en atenci\u00f3n a que tanto la \u00abdirecci\u00f3n para notificaciones de la demandada\u00bb, su sitio de trabajo y el lugar donde se suscribi\u00f3 el instrumento cambiario base de recaudo es la localidad de Yopal (Casanare), por lo que al tenor del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso el competente para conocer es el estrado de dicha comprensi\u00f3n municipal. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, si bien en aqu\u00e9l documento se dijo que la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito motivo de reembolso se har\u00eda en Manizales, lo cierto es que en la \u00abcarta de instrucciones\u00bb ese aspecto se dej\u00f3 al \u00abarbitrio del acreedor\u00bb lo que, sin duda, configura una \u00abestipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales\u00bb, m\u00e1s a\u00fan cuando \u00abno se observa que la ciudad de Manizales tenga ninguna incidencia en el negocio jur\u00eddico celebrado entre las partes\u00bb [Archivo Digital: 09]. <\/p>\n
4. El despacho Primero Civil Municipal de Yopal tambi\u00e9n se rehus\u00f3 a asumir el conocimiento del litigio coercitivo, con fundamento en que \u00abel actor opt\u00f3 en el libelo por el fuero del lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n que conforme al pagar\u00e9 base de ejecuci\u00f3n, es en la ciudad de Manizales, luego la interpretaci\u00f3n brindada por el juzgado remitente cercena evidentemente el derecho de opci\u00f3n que otorg\u00f3 el legislador al acreedor para establecer en qu\u00e9 lugar, de los posibles, pretender hacer valer su cr\u00e9dito\u00bb. [Archivo Digital: 04]. <\/p>\n
5. Planteado de esa manera el conflicto de competencia, se dispuso el env\u00edo del expediente a la Corte, quien lo decidir\u00e1, de acuerdo con la atribuci\u00f3n dispuesta en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, pues involucra a juzgados de distintos distritos judiciales. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Conforme el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, \u00aben los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del demandante\u00bb (subraya la Sala). <\/p>\n
De igual manera, el numeral 3\u00ba del mismo canon precept\u00faa, que \u00ab[e]n los procesos originados en un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos ejecutivos es tambi\u00e9n competente el juez del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales se tendr\u00e1 por no escrita\u00bb. <\/p>\n
2. Bajo ese panorama surge, sin mayor dificultad que, en materia de litigios derivados de un negocio jur\u00eddico o que involucren t\u00edtulos valores, el legislador estableci\u00f3 una concurrencia de fueros para determinar la competencia de la autoridad judicial llamada a definir ese tipo controversias. De esta manera, se encuentra, de un lado, el domicilio del demandado y si son varios, cualquiera de ellos a elecci\u00f3n del interesado; y, de otra parte, tambi\u00e9n converge el sitio de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00abpara las demandas derivadas de un negocio jur\u00eddico o que involucran t\u00edtulos ejecutivos, en el factor territorial hay fueros concurrentes, pues al general basado en el domicilio del demandado (forum domiciliium reus), se suma la potestad del actor de tramitar el proceso ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones (forum contractui). <\/p>\n
Por eso doctrin\u00f3 la Sala que el demandante, con fundamento en actos jur\u00eddicos de \u2018alcance bilateral o en un t\u00edtulo ejecutivo tiene la opci\u00f3n de accionar, ad libitum, en uno u otro lugar, o sea, en el domicilio de la contraparte o donde el pacto objeto de discusi\u00f3n o t\u00edtulo de ejecuci\u00f3n deb\u00eda cumplirse; pero, ins\u00edstese, ello queda, en principio, a la determinaci\u00f3n expresa de su promotor\u2019 (AC4412, 13 jul. 2016, rad. 2016-01858-00)\u00bb (CSJ AC1439-2020, 13 jul.). <\/p>\n
3. Sentado lo anterior, en el sub-lite, no hay duda en que el litigio planteado por la compa\u00f1\u00eda Alpha Capital S.A.S., va dirigido a obtener el reembolso de una obligaci\u00f3n dineraria contenida en un t\u00edtulo valor, por manera que es predicable la concurrencia de dos fueros, esto es, el general que prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P., as\u00ed como el especial contemplado en el numeral 3\u00ba ib\u00eddem. <\/p>\n
Ante esa disyuntiva, el acreedor opt\u00f3 por radicar la causa ante los jueces de la ciudad de Manizales, lugar en donde seg\u00fan la literalidad del cartular se honrar\u00eda el cr\u00e9dito objeto de recaudo, pues as\u00ed se infiere del ac\u00e1pite denominado \u00abcompetencia\u00bb del libelo incoativo y del propio instrumento presentado para el cobro. [Archivo Digital: 04]. <\/p>\n
En ese orden, una vez el ejecutante eligi\u00f3 a los Juzgados Civiles Municipales de aquella urbe y formul\u00f3 all\u00ed su demanda, compet\u00eda al funcionario seleccionado impartir la tramitaci\u00f3n correspondiente, ya que satisfechas aquellas prerrogativas no podr\u00eda este modificar un acto procesal de parte ejecutado con sujeci\u00f3n a los preceptos legales. Entonces, facultado estaba el demandante para elegir y habiendo optado por el foro causado en el sitio de la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito, no es pasible pretender asignar la competencia al juez del domicilio de la demandada. <\/p>\n
4. No puede soslayarse que en la carta de instrucciones para completar los espacios en blanco del t\u00edtulo, los negociantes acordaron diligenciar el campo denominado \u00abLUGAR DE PAGO\u00bb con el domicilio del deudor o \u00abcon cualquier otro lugar en donde el ACREEDOR pueda demandar al DEUDOR\u00bb, convenio que, si bien le otorga al ejecutante una amplia licencia para entablar el cobro en el sitio de su preferencia, no constituye un pacto con el prop\u00f3sito de fijar la competencia en una determinada autoridad judicial a fin de dirimir las eventuales controversias surgidas entre los contratantes, que es justamente la prohibici\u00f3n de estipulaci\u00f3n de \u00abdomicilio contractual\u00bb para efectos judiciales contenida en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 28 Ib\u00eddem. <\/p>\n
Por el contrario, aquella es una estipulaci\u00f3n aceptada en el derecho mercantil patrio, como se advierte del contenido del art\u00edculo 621 del C\u00f3digo de Comercio, seg\u00fan el cual \u00abSi no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho, lo ser\u00e1 el del domicilio del creador del t\u00edtulo; y si tuviere varios, entre ellos podr\u00e1 elegir el tenedor, quien tendr\u00e1 igualmente derecho de elecci\u00f3n si el t\u00edtulo se\u00f1ala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio\u00bb (resalta la Sala) <\/p>\n
En un asunto reciente de similares contornos, la Sala consider\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[E]l despacho de Manizales confundi\u00f3 el fuero negocial que de manera expresa contempla la comentada regla del numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, con \u2018la estipulaci\u00f3n de domicilio contractual para efectos judiciales\u2019, que ah\u00ed mismo se proh\u00edbe. Sin embargo, son dos t\u00f3picos distintos, pues el primero se refiere a la facultad del actor para presentar su demanda ante el juez del lugar de cumplimiento de las obligaciones del respectivo negocio o t\u00edtulo ejecutivo, como aconteci\u00f3 en este evento, sin desmedro de otros fueros que concurran en el caso concreto; mientras que el segundo proh\u00edbe que las partes motu proprio fijen un domicilio judicial concreto, esto es, que desconozcan los factores consagrados por la ley para fijar la competencia de las sedes respectivas. <\/p>\n
No es cierto, entonces, que se haya incurrido en la prohibici\u00f3n de fijar domicilio contractual para efectos judiciales de que trata el numeral 3\u00ba, art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso. Lo que sucedi\u00f3, realmente, es que el t\u00edtulo valor fue girado con espacios en blanco, como lo permite el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio, de donde se deduce que el creador le dio amplias facultades al leg\u00edtimo tenedor para diligenciarlo conforme a la carta de instrucciones anexa, en la que lo autoriz\u00f3 para fijar el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n crediticia, sin que por ello se pueda entender que se burl\u00f3 la prohibici\u00f3n que vio configurada el primer receptor, pues tal situaci\u00f3n no aparece demostrada en el infolio. <\/p>\n
En estricto sentido, lo que sanciona la ley procesal con ineficacia es el pacto de los contratantes en virtud del cual se determine de forma anticipada el juez competente, pero no el acuerdo al que estos lleguen respecto del lugar en que atender\u00e1n las prestaciones objeto del negocio jur\u00eddico entre ellos celebrado\u00bb. (CSJ AC3809-2021, 1 Sept.) <\/p>\n
5. En consecuencia, si con fundamento en las prerrogativas que la ley le otorga, el actor escogi\u00f3 a los Juzgados Civiles Municipales de Manizales, porque en el titulo valor base de recaudo qued\u00f3 consignado como lugar para la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito all\u00ed instrumentado, es este y no los jueces de Yopal (Casanare), quienes deben asumir el conocimiento, como en efecto se dispondr\u00e1 ordenando la remisi\u00f3n del expediente a dicha autoridad, por ser la competente para conocer del mencionado proceso, y se informar\u00e1 de esta determinaci\u00f3n al otro funcionario involucrado en la colisi\u00f3n que aqu\u00ed queda dirimida. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Primero Civil Municipal de Manizales (Caldas), es el competente para asumir el conocimiento del proceso de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el expediente al mencionado despacho judicial para que contin\u00fae con el tr\u00e1mite del asunto. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Primero Civil Municipal de Yopal (Casanare) y a la compa\u00f1\u00eda demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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AC4263-2021 (2021-03215-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC4263-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03215-00 Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Primero Civil Municipal de Manizales (Caldas) y Primero Civil Municipal de Yopal (Casanare). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-56987","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56987","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56987"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56987\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56987"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56987"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56987"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}