AC4331-2021 (2021-02654-00)<\/p>\n
<\/p>\n
AC4331-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-02654-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Diecisiete Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Primero Civil Municipal de Ch\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante la primera dependencia, Sandra Milena Fiallo Poveda radic\u00f3 demanda contra las sociedades Amarilo S.A.S. y Fiduciaria Bogot\u00e1 S.A., ambas con \u00abdomicilio\u00bb en Bogot\u00e1, en la que como pretensi\u00f3n principal inst\u00f3 la \u00abnulidad del contrato de promesa de compraventa (\u2026), sobre el bien inmueble Apartamento 403 de la Torre 11 del Conjunto Residencial Naranjos # del municipio de Ch\u00eda\u00bb y como subsidiaria su \u00abresoluci\u00f3n (\u2026) por incumplimiento mutuo de las partes\u00bb, con sus respectivas restituciones y condenas,. En esas condiciones, eligi\u00f3 esa sede \u00abteniendo en cuenta la vecindad de las partes y el lugar de cumplimiento de la obligaci\u00f3n (Art. 28 Nums 1\u00ba y 3\u00ba del C.G.P.), la naturaleza del asunto, y la cuant\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2. Con sustento en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, esa autoridad rehus\u00f3 el tr\u00e1mite y orden\u00f3 remitirlo a su hom\u00f3loga de Ch\u00eda, pues consider\u00f3 que la demanda de \u00abnulidad y\/o resoluci\u00f3n de la promesa del contrato de compraventa\u00bb involucra \u00abderechos reales\u00bb relacionados con un inmueble ubicado en ese municipio, que descartan la aplicaci\u00f3n del \u00abfuero personal o contractual\u00bb (29 en. 2021). <\/p>\n
3. La receptora tambi\u00e9n repeli\u00f3 el asunto y cuestion\u00f3 los motivos expuestos por su predecesora, comoquiera que las pretensiones de la demandante \u00abrecae[n] sobre el contrato y no sobre el bien inmueble\u00bb y por ello, subray\u00f3, \u00abel lugar de ubicaci\u00f3n de un bien o el de su registro, en asuntos contractuales, no son aspectos tenidos en cuenta por el legislador para determinar la competencia, sino el domicilio del demandado\u00bb, seg\u00fan un precedente de esta Corporaci\u00f3n que cit\u00f3. Por tanto, suscit\u00f3 la colisi\u00f3n y envi\u00f3 el expediente para dirimir la diferencia (25 mar. 2021). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como la divergencia que se analiza se trab\u00f3 entre dos estrados de diferentes distritos judiciales, a esta Corporaci\u00f3n le corresponde dirimirla en Sala Unitaria como superior funcional com\u00fan de ellos, seg\u00fan lo establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el 7 de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
2. El estatuto adjetivo se ocupa de la distribuci\u00f3n de competencia en asuntos civiles, comerciales y de familia con atenci\u00f3n en los diversos factores que la determinan. En ese orden de ideas, el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso contempla \u00abel domicilio del demandado\u00bb como pauta general para determinar la competencia territorial en los procesos contenciosos, \u00absalvo disposici\u00f3n en contrario\u00bb. <\/p>\n
Dentro de las excepciones a esa regla, el numeral 7\u00ba de dicho precepto prev\u00e9 que en aquellos asuntos \u00aben que se ejerciten derechos reales (\u2026) ser\u00e1 competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes\u00bb, con la precisi\u00f3n que si estos se encuentran \u00aben distintas circunscripciones territoriales\u00bb el funcionario competente ser\u00e1 \u00abel de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
Aflora de all\u00ed la intenci\u00f3n clara del legislador procesal que toda actuaci\u00f3n litigiosa que en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 665 del C\u00f3digo Civil revele el ejercicio de un derecho real se adelante ante la autoridad del sitio donde est\u00e1 el bien involucrado, pauta que, como ha insistido la Corte, excluye cualquier otra, dado el car\u00e1cter privativo y no concurrente que se le dio, \u00abpor lo que no est\u00e1 sometida a elecci\u00f3n del gestor ni mucho menos de los administradores de justicia. Basta que coincidan los supuestos que la estructuran para radicar el impulso, indefectiblemente, en el juzgador de la zona donde se ubique la propiedad, sin que tenga alguna incidencia el domicilio del opositor\u00bb (CSJ AC8186-2017). <\/p>\n
Sin embargo, como recientemente lo advirti\u00f3 esta Sala, en un caso de similares contornos, \u00abeste \u00faltimo criterio no subsume todas las demandas que guarden relaci\u00f3n con bienes muebles o inmuebles, toda vez que el supuesto normativo es claro en indicar que el foro real se ajusta a los eventos en los que se ejercitan \u201cderechos reales\u201d, y tambi\u00e9n cuando se est\u00e1 en presencia de uno de los procesos que numerus clausus all\u00ed se enlistan\u00bb (Subrayas fuera del texto – CSJ AC1765-2021). <\/p>\n
As\u00ed, en la misma oportunidad la Corporaci\u00f3n record\u00f3 que, <\/p>\n
Ni la acci\u00f3n de nulidad, ni la rescisoria por lesi\u00f3n enorme, son acciones reales, sino personales, ya que no responden al hecho de ser el actor titular del derecho real sobre la cosa. Otro asunto es que, en raz\u00f3n del regreso de las cosas a su estado anterior, en el caso de la primera, o de los efectos de la rescisi\u00f3n decretada a favor del vendedor, el bien deba restituirse al demandante; m\u00e1s, no significa ello que se trate de acciones reales sino de consecuencias de la acci\u00f3n personal que no llegan a afectar la sustancia de esta (CSJ SC de 30 de agosto de 1955. Gaceta Judicial Nos. 2157 \u2013 2158). <\/p>\n
3. Desde esta \u00f3rbita, luce equivocado el criterio que esgrimi\u00f3 la primera servidora para repeler el conocimiento de la causa que justificadamente le asign\u00f3 la promotora, cuya voluntad no pod\u00eda obviar con sustento en la regla de competencia territorial prevista en el numeral 7\u00ba del canon 28 procesal, pues al margen de la \u00abubicaci\u00f3n del inmueble\u00bb, lo cierto es que tal circunstancia en modo alguno permit\u00eda catalogar como \u00abreales\u00bb las acciones de nulidad y rescisi\u00f3n por mutuo incumplimiento contractual all\u00ed invocadas, seg\u00fan qued\u00f3 explicado en precedencia. <\/p>\n
Por consiguiente, teniendo en cuenta la expresa elecci\u00f3n de la actora y la realidad procesal que avala esa escogencia acorde con el fuero personal de las sociedades demandadas, se dispondr\u00e1 el retorno de las diligencias a la primigenia sede judicial para que les imparta el curso que corresponde. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar que el Juzgado Diecisiete Civil Municipal de Bogot\u00e1 es el competente para conocer la causa de la referencia. <\/p>\n
Segundo: Enviar el expediente al citado despacho e informar lo decidido al otro estrado vinculado a esta controversia. <\/p>\n
Tercero: Librar los oficios correspondientes, por Secretar\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
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