AC4332-2021 (2021-02978-00)<\/p>\n
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AC4332-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02978-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Civiles Municipales, Treinta y Dos de Bogot\u00e1 y Primero de Popay\u00e1n, para conocer de la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de un bien con gravamen prendario, elevada por RCI COLOMBIA COMPA\u00d1\u00cdA DE FINANCIAMIENTO, siendo garante RAFAEL AGUIRRE CHAUX. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad financiera radic\u00f3 petici\u00f3n a fin de que se ordene la \u201caprehensi\u00f3n y posterior entrega\u201d del automotor de \u201cplacas GFS221\u201d, gravado con \u201cGarant\u00eda Mobiliaria\u201d, en virtud del contrato de \u201cprenda sin tenencia\u201d, incumplido por el deudor de la obligaci\u00f3n crediticia respaldada. Para lo cual finc\u00f3 la competencia en las autoridades de Bogot\u00e1, \u201cteniendo en cuenta que el veh\u00edculo objeto de garant\u00eda se puede localizar en cualquier ciudad del territorio nacional\u201d, y por tratarse de un tr\u00e1mite de \u201cMENOR cuant\u00eda1. <\/p>\n
2. El Despacho Treinta y Dos Civil Municipal de la preanotada urbe, a quien le fue repartido el asunto, lo rechaz\u00f3 <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de un bien con gravamen prendario, respecto de la cual se discute si es viable aplicarle la regla real de atribuci\u00f3n de competencia establecida en el numeral s\u00e9ptimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de dirigir las diligencias al operador judicial del lugar convenido para situar el bien, o si el tr\u00e1mite puede ser impulsado en cualquier ciudad del pa\u00eds. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la discusi\u00f3n involucra a dos autoridades de diferente distrito judicial, la facultada para dirimirla es esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, por ser superior funcional com\u00fan de ambas, seg\u00fan lo establecido en los art\u00edculos 139 del C\u00f3digo General del Proceso y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado \u00e9ste por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores para determinar la competencia en el caso del ejercicio de garant\u00edas mobiliarias <\/p>\n
Los factores de competencia determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 28 ejusdem dispone el criterio general, seg\u00fan el cual, \u201c[e]n los procesos contenciosos, salvo disposici\u00f3n legal en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado\u201d. <\/p>\n
Una de las excepciones a esa regla aparece en el numeral 7\u00ba del mismo canon, al expresarse que en \u201c\u2026los procesos en que se ejerciten derechos reales ser\u00e1n competente, de modo privativo, el juez del lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u201d. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la naturaleza y alcance de la expresi\u00f3n \u201cmodo privativo\u201d, la Corte ha explicado que, <\/p>\n
\u201c[E]l fuero privativo significa que necesariamente el proceso debe ser conocido, tramitado y fallado por el juzgador que tenga competencia territorial en el lugar de ubicaci\u00f3n del bien involucrado en el debate pertinente, no pudi\u00e9ndose acudir, bajo ning\u00fan punto de vista, a otro funcionario judicial, ni siquiera bajo el supuesto autorizado para otros eventos, como por ejemplo para la situaci\u00f3n del fuero personal, del saneamiento por falta de la alegaci\u00f3n oportuna de la parte demandada mediante la formulaci\u00f3n de la correspondiente excepci\u00f3n previa o recurso de reposici\u00f3n, en el entendido de que solamente es insaneable el factor de competencia funcional, seg\u00fan la preceptiva del art\u00edculo 144, inciso final, ib\u00eddem; obvio que si as\u00ed fuera, el foro exclusivo se tornar\u00eda en concurrente, perdi\u00e9ndose la raz\u00f3n de ser de aqu\u00e9l.(\u2026) 2\u201d. <\/p>\n
Por tanto, cuando se pretenda hacer efectivo el derecho de prenda, la atribuci\u00f3n se establece de forma privativa, habida cuenta que el legislador enunci\u00f3 de forma gen\u00e9rica la aplicaci\u00f3n de dicho foro para los \u201cprocesos donde se ejerciten derechos reales\u201d, raz\u00f3n por la cual ha de tenerse por tales, sin restricci\u00f3n alguna, los enlistados en la previsi\u00f3n 665 del C\u00f3digo Civil3 y en las normas consonantes. <\/p>\n
4. El caso concreto <\/p>\n
Se advierte, de un lado, que la competencia fue fijada en los juzgadores de Bogot\u00e1, con fundamento en la permisi\u00f3n para que el rodante pignorado est\u00e9 en \u201ccualquier ciudad del territorio nacional\u201d, y de otro, que el garante del mismo, de quien se presume la responsabilidad y tenencia, se oblig\u00f3 en la cl\u00e1usula cuarta del contrato de prenda anexado, a \u201csolicitar autorizaci\u00f3n\u201d para \u201cvariar el sitio de ubicaci\u00f3n del veh\u00edculo\u201d, el cual pact\u00f3 en Popay\u00e1n por estar coligado a su domicilio en la calle 27 A # 7-75, sin que se avizore novedad alguna al respecto. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en primera medida, es pertinente indicar que lo pretendido por la acreedora, ahora peticionaria, es la persecuci\u00f3n de un bien, en ejercicio de un derecho real, lo que suscita la aplicaci\u00f3n de la regla privativa s\u00e9ptima dispuesta en el canon 28 referido, y en segundo t\u00e9rmino, concluir que para tal efecto, impere acudir a las obligaciones contractuales vistas en precedencia, en orden de remitir las diligencias a Popay\u00e1n, circunscripci\u00f3n que estipulada como ubicaci\u00f3n del locomotor, no fue modificada, y que valga decirse, corresponde a la secretar\u00eda de tr\u00e1nsito y transporte donde fue registrado4. <\/p>\n
Es menester aclarar que, si bien en el pasado la Corte resolvi\u00f3 conflictos de competencia an\u00e1logos, de conformidad con el numeral 14 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso5, un replanteamiento del tema ha llevado a cambiar ese criterio, para en definitiva, entender que esta clase de peticiones, propias de la modalidad de pago directo prevista en el art\u00edculo 60 de la Ley de Garant\u00edas Mobiliarias, ciertamente comporta el ejercicio del derecho real de prenda, a efecto de que el acreedor pueda satisfacer su cr\u00e9dito sin necesidad de acudir a los jueces, salvo, claro est\u00e1, para que se retenga y entregue el bien pignorado y del cual carece de tenencia. <\/p>\n
Por ende, la pauta de competencia territorial viable se itera, es la del numeral 7\u00ba de la previsi\u00f3n 28 de la Ley 1564 de 2012, que a su vez posibilita cumplir con principios como los de econom\u00eda procesal e inmediaci\u00f3n, habida cuenta que la \u201caprehensi\u00f3n y entrega\u201d, puede ordenarla con mayor facilidad el juez del sitio en el que est\u00e1 el bien objeto de la diligencia. <\/p>\n
Acude en pro de la postura actual de la Sala, el auto AC747-2018, reiterado en lo sucesivo, al destacar que <\/p>\n
\u201cHasta este punto queda despejado que el procedimiento de \u00abaprehensi\u00f3n y entrega del bien\u00bb est\u00e1 asignado al funcionario civil del orden municipal, pero quedando un margen de duda si para el efecto prima la regla de ejercicio de derechos reales o la indicada en caso de que \u00abdiligencias especiales\u00bb, sin que encaje el supuesto en forma exacta en alguna de ellas, por lo que, para colmar tal vac\u00edo es preciso acudir a situaciones an\u00e1logas, en virtud del art\u00edculo 12 del C\u00f3digo General del Proceso. En ese labor\u00edo fluye que el contexto m\u00e1s pr\u00f3ximo y parecido al que regulan los art\u00edculos 57 y 60 de la ley 1676 de 2013 es el previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto all\u00ed se instituye, se itera, el criterio seg\u00fan el cual la asignaci\u00f3n se determina por la ubicaci\u00f3n de los bienes, cuando la acci\u00f3n abrigue \u00abderechos reales\u00bb. En consecuencia, las diligencias de este linaje se atribuyen a los Juzgados Civiles Municipales o Promiscuos Municipales, seg\u00fan sea el caso, de donde est\u00e9n los muebles garantizadores del cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u2026\u201d6. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, luce desacertada la incompetencia declarada por la sede judicial de Popay\u00e1n, dado que en el expediente digital allegado, como se vio en l\u00edneas anteriores, se verifica que en esa jurisdicci\u00f3n convergen el registro administrativo del rodante en cuesti\u00f3n, y la plaza cardinal acordada para hallarlo, circunstancias que a dicha judicatura le impon\u00edan avocar conocimiento, al punto que la anotada permisi\u00f3n para transitar por \u201ccualquier ciudad del territorio nacional\u201d, no rompe el arraigo demostrado. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, se remitir\u00e1n las actuaciones al operador judicial de Popay\u00e1n, para que, en atenci\u00f3n a lo estipulado en el referido contrato de garant\u00eda mobiliaria, y conforme al fuero real (28-7), imparta el tr\u00e1mite que legalmente corresponda al asunto; poni\u00e9ndose al tanto de ello, a la otra sede judicial involucrada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, se\u00f1alando que el Primero Civil Municipal de Popay\u00e1n es el competente para conocer de la solicitud de aprehensi\u00f3n y entrega de bien con garant\u00eda prendaria elevada por RCI COLOMBIA COMPA\u00d1\u00cdA DE FINANCIAMIENTO, siendo garante RAFAEL AGUIRRE CHAUX. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado. <\/p>\n
1\u0002 Fls. 46 a 48 pdf del C. Nombre del Archivo Temps (Demanda y anexos), Exp. Digital. <\/p>\n
2\u0002 CSJ AC de 2 de oct. 2013, Rad. 2013-02014-00, memorado en AC7815-2017. <\/p>\n
3\u0002 Dispone la norma citada: \u201cDerecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. (\u2026). Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitaci\u00f3n, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las acciones reales\u201d. Negrillas ajenas al texto. <\/p>\n
4\u0002 Fls. 17 a 24 del C. (Demanda y anexos). <\/p>\n
5\u0002 En ese sentido pueden verse: AC3565-2018, AC8161-2017 y AC6494-2017. <\/p>\n
6\u0002 Tesis aplicada posteriormente en AC425-2019 y AC746-2019, entre otros. <\/p>\n
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