AC4340-2021 (2021-03135-00)<\/p>\n
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AC4340-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-03135-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte el conflicto de atribuci\u00f3n suscitado entre los Juzgados civiles municipales, D\u00e9cimo de Ibagu\u00e9 y Cuarto de Bogot\u00e1, pertenecientes a los distritos judiciales de las respectivas ciudades, para conocer de la demanda ejecutiva con garant\u00eda real promovida por la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N-FGN contra YIMY \u00c1LVARO ALDANA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El ente convocante solicit\u00f3 ante los operadores judiciales de Ibagu\u00e9, librar orden de apremio a su favor y en contra del llamado a juicio, a fin de hacer efectiva la hipoteca que respalda el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de mutuo, conforme a lo estipulado en la escritura p\u00fablica No. 1291 del 21 de mayo de 2001, cuya protocolizaci\u00f3n, y posterior registro en los folios de matr\u00edcula inmobiliaria No. 350-0041859 y 350-85125, se surti\u00f3 en esa misma circunscripci\u00f3n. <\/p>\n
En la demanda fij\u00f3 la competencia, en raz\u00f3n del \u201cdomicilio del demandado, el lugar elegido para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n y la ubicaci\u00f3n del inmueble\u201d1. <\/p>\n
2. El estrado D\u00e9cimo Civil Municipal de la preanotada urbe, rechaz\u00f3 el asunto y lo remiti\u00f3 por competencia a sus similares de Bogot\u00e1, al considerar que la precursora es una entidad p\u00fablica, y por ende, debe aplicarse el numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, para que sea el funcionario con sede en su domicilio principal el que dirija el tr\u00e1mite2. <\/p>\n
3. A su vez, el despacho Cuarto Civil Municipal de la capital de la Rep\u00fablica, tambi\u00e9n se abstuvo de avocar conocimiento de la demanda ejecutiva, y en efecto, propuso la colisi\u00f3n negativa que ahora se resuelve, con sustento en que el precedente de esta Sala AC1723 de 2020, replante\u00f3 la \u201cprevalencia de competencia en raz\u00f3n a la naturaleza de la demandante como Entidad P\u00fablica del orden nacional\u201d, toda vez que se\u00f1al\u00f3 \u201cque esta se rompe cuando el demandante manifiesta su predilecci\u00f3n por el juez del lugar donde se ubica el inmueble\u201d, por constituir una \u201crenuncia t\u00e1cita al fuero subjetivo\u201d3. <\/p>\n
4. Planteada as\u00ed la controversia, llegaron las diligencias a la Corte. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Determinar el juez civil competente para conocer de la acci\u00f3n ejecutiva con gravamen real, motivo de an\u00e1lisis, en el que se discute si es viable aplicar al mismo, el foro prevalente a que alude el \u00edtem 10\u00b0 del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, o si es posible renunciar a \u00e9ste, para as\u00ed acatar el numeral 7 de dicho precepto. <\/p>\n
2. Facultad de la Corte para decidir el conflicto <\/p>\n
Como la divergencia para avocar el conocimiento del debate se trab\u00f3 entre los estrados de diferente distrito judicial, le corresponde a la Corte dirimirla como superior funcional de aquellos, a trav\u00e9s del Magistrado Sustanciador, como establecen los art\u00edculos 35 y 139 del C\u00f3digo General del Proceso y16 de la Ley 270 de 1996, este \u00faltimo modificado por el s\u00e9ptimo de la 1285 de 2009. <\/p>\n
3. Factores y prevalencia entre foros <\/p>\n
Estos determinan el operador judicial a quien el ordenamiento atribuye el conocimiento de una controversia en particular, raz\u00f3n por la cual, al asumirla o repelerla, el administrador de justicia tiene la carga de orientar su resoluci\u00f3n con fundamento en las disposiciones del C\u00f3digo General del Proceso, en particular las contenidas en el Cap\u00edtulo I, T\u00edtulo I, Secci\u00f3n Primera, Libro Primero, a la luz de lo manifestado por el demandante y las pruebas aportadas. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del factor territorial, la regla general es la contenida en el numeral primero del art\u00edculo 28 del precitado compendio, que atribuye la competencia de los procesos contenciosos al juez del domicilio del demandado. De forma concurrente, la competencia se atribuye tambi\u00e9n al juzgador del lugar de cumplimiento de las obligaciones, cuando estamos en presencia de procesos originados en un negocio jur\u00eddico, tal como lo indica el numeral tercero del citado canon. <\/p>\n
No obstante, como excepci\u00f3n que se impone a esas previsiones legales, la nueva normatividad procesal incorpor\u00f3 una disposici\u00f3n especial en favor de los entes p\u00fablicos (numeral d\u00e9cimo ib\u00eddem), seg\u00fan la cual, \u201c[e]n los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica, conocer\u00e1 en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad. Cuando la parte est\u00e9 conformada por una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquier otra entidad p\u00fablica y cualquier otro sujeto, prevalecer\u00e1 el fuero territorial de aquellas\u00bb (resaltado a prop\u00f3sito). <\/p>\n
La asignaci\u00f3n privativa o \u00fanica como se conoce en la doctrina, consiste en que de la multiplicidad de jueces que existe dentro de la jurisdicci\u00f3n ordinaria solo uno de ellos puede conocer v\u00e1lidamente del asunto y llevarlo a feliz t\u00e9rmino, competencia especial que se enlista en la norma procesal y que se enmarca como una excepci\u00f3n a la regla general para determinar la facultad decisoria por raz\u00f3n del territorio, esto es, el domicilio del demandado. <\/p>\n
Y es que el art\u00edculo 29 del C\u00f3digo General del Proceso, sin excluir en manera alguna las controversias que lleguen a suscitarse dentro del fuero territorial, se\u00f1al\u00f3 con contundencia, que \u201c[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d, sobre cualquier otra, y ello cobija, naturalmente, el mencionado numeral d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 ib\u00eddem, que por mandato del legislador y en raz\u00f3n de su margen de libertad de configuraci\u00f3n normativa, la determin\u00f3 prevalente sobre las dem\u00e1s. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en principio, en un proceso que involucre t\u00edtulos ejecutivos, nada obsta para que el ejecutante opte por la atribuci\u00f3n de la competencia de su preferencia, ya sea el domicilio del demandado o el lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones, al tratarse de foros concurrentes por elecci\u00f3n; sin embargo, si en dicho litigio es una entidad p\u00fablica la que obra como parte, el fuero privativo ser\u00e1 el del asiento cardinal de \u00e9sta, debido a que la ley lo determina como prevalente. <\/p>\n
4. Criterio de Unificaci\u00f3n de la Jurisprudencia <\/p>\n
A diferencia de lo aseverado por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogot\u00e1, los eventos de renuncia al fuero subjetivo, no han sido replanteados, y por tanto, a\u00fan est\u00e1 vigente lo zanjado al respecto en el auto de unificaci\u00f3n de la jurisprudencia dictado el 24 de enero de 2020 (AC140-2020), persistiendo como expresi\u00f3n mayoritaria de la Sala, y gu\u00eda indiscutible para la soluci\u00f3n de este asunto y de todos los dem\u00e1s que en lo sucesivo se susciten, como as\u00ed se constata en el fragmento jurisprudencial que se resalta en seguida: <\/p>\n
\u201cEn virtud de lo expuesto hasta ahora y de la condici\u00f3n de imperativa de las normas procesales por ser de orden p\u00fablico (Art. 13, C.G.P.), surge una \u00faltima consecuencia, no menos importante, el car\u00e1cter de irrenunciable de las reglas de competencia establecidas en raz\u00f3n de los aludidos foros, en tanto que, como ya se dijo, no pueden ser desconocidas ni por el juez ni por las partes, motivo por el cual no puede interpretarse que el no acudir a ellas significa una renuncia t\u00e1cita a la prerrogativa que confieren, como lo ser\u00eda, en este caso, la ventaja otorgada a las entidades p\u00fablicas en el evento previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del citado estatuto. (\u2026) En tal sentido, no puede afirmarse que si un \u00f3rgano, instituci\u00f3n o dependencia de la mencionada calidad radica una demanda en un lugar distinto al de su domicilio, est\u00e1 renunciando autom\u00e1ticamente a la prebenda procesal establecida en la ley adjetiva civil a su favor, pues, como se ha reiterado, no le es autorizado disponer de ella, comoquiera que la competencia ya le viene dada en forma privativa y prevalente a un determinado juez, esto es, el de su domicilio; de ah\u00ed que, no puede renunciar a ella. Por ello es que se ha dicho, con profusa insistencia, que \u201cNo puede resultar de recibo la tesis que ve en lo previsto en el numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C\u00f3digo General del Proceso, una prerrogativa en favor de la entidad p\u00fablica, de la cual puede a voluntad hacer o no ejercicio, dado que la literalidad del texto, inequ\u00edvocamente, establece de forma imperativa una regla privativa, cuya observancia es insoslayable, adem\u00e1s, por estar inserta en un canon de orden p\u00fablico. Recu\u00e9rdese, en ese sentido, el precepto 13 de la Ley 1564 de 2012, a cuyo tenor, \u2018[l]as normas procesales son de orden p\u00fablico y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ning\u00fan caso podr\u00e1n ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorizaci\u00f3n legal\u2019\u201d (CSJ AC4273-2018). (Resaltado fuera de texto). <\/p>\n
5. El caso concreto <\/p>\n
De acuerdo a lo consagrado en la constituci\u00f3n y en la ley, <\/p>\n
la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n es una persona jur\u00eddica adscrita a la Rama Judicial del poder p\u00fablico, con autonom\u00eda administrativa y presupuestal4, elementos que indican, sin lugar a dudas, que su naturaleza conlleva a que sea considerada uno de los sujetos a que alude el numeral d\u00e9cimo del canon 28 referido, y a la consecuente aplicaci\u00f3n del mismo para dirimir la pugna atribucional. <\/p>\n
As\u00ed entonces, la calidad de entidad p\u00fablica detentada por la FGN, y la mentada repercusi\u00f3n, exhibe desacertada la decisi\u00f3n del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogot\u00e1, m\u00e1s aun cuando contrario a lo considerado por \u00e9ste al declararse incompetente para rituar la ejecuci\u00f3n, el criterio de unificaci\u00f3n expuesto en l\u00edneas anteriores, contin\u00faa vigente como posici\u00f3n mayoritaria de esta Sala, que reafirm\u00f3 en el criterio subjetivo, las caracter\u00edsticas de prevalente, irrenunciable e improrrogable, en tanto que emerge de una norma procedimental (28-10), cuyo cumplimiento es obligatorio, y por ende, inalterable. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se dar\u00e1 aplicaci\u00f3n prevalente al denotado factor subjetivo, contemplado en el numeral d\u00e9cimo del canon 28 del C\u00f3digo General del Proceso, en consideraci\u00f3n a que el extremo demandante es una persona jur\u00eddica de naturaleza p\u00fablica, y en efecto, se remitir\u00e1n las diligencias al funcionario judicial de su domicilio principal, Bogot\u00e1. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE el conflicto de competencia surgido entre los Juzgados mencionados, determinando que, al Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogot\u00e1, corresponde conocer de la demanda ejecutiva con garant\u00eda real promovida por la FISCAL\u00cdA GENERAL DE LA NACI\u00d3N-FGN contra YIMY \u00c1LVARO ALDANA. <\/p>\n
En consecuencia, rem\u00edtase el expediente a dicha autoridad, y mediante oficio comun\u00edquese de esta determinaci\u00f3n a la otra congregada. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Fls. 6 a 14 (pdf) del C. 01. Demanda. Expediente. virtual <\/p>\n
2\u0002 Fls. 70 y 71 (pdf), ib\u00eddem. <\/p>\n
3\u0002 C. 03. Conflicto Negativo de Competencia. <\/p>\n