AC4371-2021 (2021-03277-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4371-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2021-03277-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide el conflicto de competencia suscitado entre los Juzgados Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bogot\u00e1 y Promiscuo Municipal de El Play\u00f3n (Santander). <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Central de Inversiones S.A. \u2013CISA S.A.- demand\u00f3 al Comit\u00e9 C\u00edvico Pro-desarrollo del Municipio de El Play\u00f3n1 (Santander), con el fin de que se declarara terminado el contrato de comodato celebrado entre \u00e9sta \u00faltima (comodataria) y el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial (comodante), respecto del predio situado en la \u00abcarrera 5 No. 12 \u2013 47 \u2013 Lote 19 de la Manzana K del Barrio el Refugio\u00bb de aquella localidad e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-154866. En consecuencia, se ordenara la restituci\u00f3n de la tenencia de dicho inmueble a favor de la entidad convocante. <\/p>\n
2. En el escrito inaugural se indic\u00f3 que la competencia radicaba en los jueces civiles municipales de Bogot\u00e1, en raz\u00f3n a la clase de asunto y por la \u00abcalidad y el domicilio de la sociedad demandante conforme a los art\u00edculos 28 \u2013 10 y 29 del C.G.P.\u00bb. [Archivo Digital: 03]. <\/p>\n
3. La causa fue repartida al Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de esta capital, autoridad que en auto de 25 de junio de 2021 la rechaz\u00f3, tras considerar que el competente para asumir el conocimiento del pleito era el estrado judicial del lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble referido, conforme a lo previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 28 Ib\u00eddem, pues aunque el ente accionante \u00abes una sociedad comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico\u00bb, sus \u00abactos y contratos\u00bb est\u00e1n sujetos al \u00abderecho privado\u00bb, de ah\u00ed que, no es aplicable el fuero contemplado en el numeral 10 ejusdem. As\u00ed que envi\u00f3 las diligencias a los jueces del municipio de El Play\u00f3n (Santander). [Archivo Digital: 07]. <\/p>\n
4. Frente a la anterior determinaci\u00f3n, la sociedad promotora instaur\u00f3 sin \u00e9xito el recurso de reposici\u00f3n, pues en providencia de 29 de julio siguiente dicha impugnaci\u00f3n se rechaz\u00f3 por improcedente [Archivo Digital: 10]. <\/p>\n
5. El despacho receptor tambi\u00e9n declin\u00f3 la competencia, al considerar que seg\u00fan el \u00abcertificado de existencia de la entidad demandante, se trata de una sociedad de econom\u00eda mixta, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de naturaleza \u00fanica, por lo tanto, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 68 de la Ley 489 de 1998, se trata de una entidad descentralizada y, por ende, se debe aplicar la competencia subjetiva y preferente establecida en el numeral 10 del art\u00edculo 28 del estatuto adjetivo civil vigente\u00bb y, aunque en dicho documento se indica, que \u00abla entidad est\u00e1 sujeta en todos sus actos y contratos al r\u00e9gimen privado\u00bb, ello no quiere decir que \u00abse deba aplicar el factor territorial indicado por la ubicaci\u00f3n del inmueble objeto del proceso, puesto que dicho r\u00e9gimen en nada tiene que ver con la asignaci\u00f3n de competencia ac\u00e1 discutida\u00bb [Archivo Digital: 15]. <\/p>\n
6. Planteado de esa manera el conflicto de competencia, se dispuso el env\u00edo del expediente a la Corte, quien lo decidir\u00e1, de acuerdo con la atribuci\u00f3n dispuesta en los art\u00edculos 139 ejusdem y 16 de la Ley 270 de 1996, modificado por el 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, pues involucra a juzgados de distintos distritos judiciales. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Sin entrar en mayores elucubraciones sobre los diversos factores de atribuci\u00f3n de competencia fijados en la ley, se observa que en el presente caso concurren dos fueros por raz\u00f3n de la distribuci\u00f3n geogr\u00e1fica: el real y el personal a que se contraen los numerales s\u00e9ptimo y d\u00e9cimo del art\u00edculo 28 del ordenamiento procesal. <\/p>\n
1.1. Conforme al primero, en los procesos de restituci\u00f3n de tenencia, el juez competente es el \u00abdel lugar donde est\u00e9n ubicados los bienes, y si se hallan en distintas circunscripciones territoriales, el de cualquiera de ellas a elecci\u00f3n del demandante\u00bb. <\/p>\n
1.2. La presencia de los dos foros, ambos consagrados como privativos, impone la definici\u00f3n de criterios que permitan fijar el juzgador facultado para conocer los asuntos en que aquellos concurran, punto sobre el cual al interior de la Sala se alzaron dos posiciones. <\/p>\n
Una de ellas defendi\u00f3 la sede correspondiente al lugar donde se sit\u00faa el fundo materia del debate, por razones de facilidad de defensa del titular del predio que debe soportar el gravamen y de inmediaci\u00f3n del juzgador en la pr\u00e1ctica de las pruebas, am\u00e9n del car\u00e1cter renunciable del foro por la beneficiaria legal del mismo (AC1172-2018, AC3744-2018, AC4875-2018, AC5051-2018, AC162-2019, AC277-2019, AC616-2019, AC1020-2019 y AC1028-2021, entre otras). <\/p>\n
La otra tesis, abog\u00f3 por la aplicaci\u00f3n de la regla de primac\u00eda contenida en el precepto 29 de la codificaci\u00f3n adjetiva, conforme a la cual \u00ab[e]s prevalente la competencia establecida en consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb (AC4272-2018, AC4522-2018, AC4898-2018, AC117-2019, AC321-2019, AC1167-2019, AC2313-2019, AC3108-2019 y AC1772-2021, entre otras). <\/p>\n
1.3. La providencia AC-140-2020, al pronunciarse sobre un juicio de servidumbre de conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica que involucraba los dos foros en cuesti\u00f3n, resolvi\u00f3 la indicada discusi\u00f3n al unificar la jurisprudencia de esta colegiatura frente al tema, acogiendo la segunda de las posturas mencionadas por hallarla m\u00e1s consonante con la voluntad del legislador. Para arribar a esa conclusi\u00f3n se soport\u00f3 \u00aben el entendimiento sistem\u00e1tico de los preceptos sobre competencia; en la pauta de prelaci\u00f3n que este concretamente previ\u00f3 en caso de discordancias entre reglas de competencia; y en el inter\u00e9s general que se infiere quiso hacer primar la nueva codificaci\u00f3n, al se\u00f1alar que es en el domicilio de los entes p\u00fablicos involucrados como parte en un proceso, que debe adelantarse la contienda\u00bb. <\/p>\n
La citada hermen\u00e9utica -se\u00f1al\u00f3 la Corte- revela que se quiso \u00ab(\u2026) dar prevalencia al factor subjetivo sobre cualquier otro, con independencia de donde se halle previsto, al expresar que la competencia \u201cen consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u201d prima, y ello cobija (\u2026) la disposici\u00f3n del mencionado numeral 10\u00ba del art\u00edculo 28 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de esa directriz \u00abmuy seguramente viene dada por el orden del grado de lesi\u00f3n a la validez de proceso que consultan cada uno de esos factores de competencia, ya que para este nuevo C\u00f3digo es m\u00e1s gravosa la anulabilidad por el factor subjetivo que por el objetivo territorial, pues, como se anticip\u00f3, hizo improrrogable, exclusivamente, la competencia por aquel factor y por el funcional (Art. 16). En ese sentido, ante situaciones como la que se analiza, debe aplicarse la pauta de atribuci\u00f3n legal privativa que merece mayor estimaci\u00f3n legal, esto es, la que refiere al juez del domicilio de la entidad p\u00fablica, por cuanto la misma encuentra cimiento en la especial consideraci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del sujeto de derecho en cuyo favor se ha establecido, regla subjetiva que, en la actualidad, est\u00e1 enlazada con una de car\u00e1cter territorial\u00bb. <\/p>\n
2. Aunque pudiera pensarse que se incurre en confusi\u00f3n entre el factor subjetivo de asignaci\u00f3n del funcionario instructor, esto es, el fundado en la calidad de los contradictores, y el foro personal como subclase del factor territorial, basado en el domicilio de uno de los enfrentados en la pendencia, lo cierto es que el aludido precepto 29 del ordenamiento instrumental no efect\u00faa una diferenciaci\u00f3n que lleve a inaplicar el par\u00e1metro all\u00ed contenido a las tensiones surgidas entre los fueros en las diferentes circunscripciones judiciales en que est\u00e1 dividido el territorio nacional. <\/p>\n
Aunado a lo precedente, es inobjetable que, en los procesos en que es parte una entidad territorial, descentralizada por servicios o p\u00fablica, se encuentra involucrada una regla de competencia instituida \u00aben consideraci\u00f3n a la calidad de las partes\u00bb, de ah\u00ed que, en aplicaci\u00f3n del criterio de preponderancia comentado, aquella desplace a otras como, en este caso, la determinada por el punto geogr\u00e1fico donde se halla la cosa sobre la cual se ejercita un derecho real. <\/p>\n
Tal conclusi\u00f3n no se enerva por la eventual realizaci\u00f3n de algunas actuaciones ante el fallador incompetente, ni en virtud de la renuncia que haga el organismo p\u00fablico de la garant\u00eda de ser enjuiciado donde tiene su domicilio. <\/p>\n
Lo primero, porque, tal como se enfatiz\u00f3 en la providencia citada con apoyo en el canon 16 del compendio procesal, la asignaci\u00f3n del conocimiento con fundamento en el criterio subjetivo es improrrogable, caracter\u00edstica que trae aparejada \u00abla imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n al principio de la perpetuatio jurisdictionis\u00bb2. <\/p>\n
Lo segundo, en la medida en que la calidad de derecho p\u00fablico que ostentan las previsiones instrumentales (art. 13 C.G.P.), torna irrenunciables las pautas que cimientan la definici\u00f3n del juez natural exclusivo de un litigio3, motivo por el cual son de obligatorio acatamiento para el funcionario y los sujetos procesales, sin que a ninguno de ellos le est\u00e9 permitido desconocerlas o socavarlas (CSJ AC4273-2018, reiterada recientemente en AC140-2020, AC800-2021, AC795-2021 y AC792-2021). <\/p>\n
3. Aplicadas las anteriores premisas a la colisi\u00f3n bajo examen, aunque es irrefutable que el bien ra\u00edz objeto de restituci\u00f3n se sit\u00faa en el municipio de El Play\u00f3n (Santander), el conocimiento de la acci\u00f3n no le compete al sentenciador de ese territorio, esto es, al Juez Promiscuo Municipal de dicha localidad, porque quien acude a la jurisdicci\u00f3n es Central de Inversiones S.A. \u2013CISA S.A.-, \u00absociedad comercial de econom\u00eda mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de naturaleza \u00fanica, sujeta, en la celebraci\u00f3n de todos sus actos y contratos, al r\u00e9gimen de derecho privado\u00bb4. <\/p>\n
Respecto de la naturaleza jur\u00eddica de esta entidad y su r\u00e9gimen legal y contractual el Consejo de Estado sostuvo: <\/p>\n
\u00abb. Creaci\u00f3n. En cuanto a su creaci\u00f3n varias normas de la Ley 489 reiteran que se requiere autorizaci\u00f3n de la ley, de las ordenanzas o de los acuerdos municipales o distritales, seg\u00fan el caso (art\u00edculos 49, 50, 69, 97 y 98), y el par\u00e1grafo del art\u00edculo 49 precisa que las entidades descentralizadas indirectas9 y las filiales de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de econom\u00eda mixta, \u201cse constituir\u00e1n con arreglo a las disposiciones de la presente ley, y en todo caso previa autorizaci\u00f3n del Gobierno Nacional si se tratare de entidades de ese orden\u2026\u201d. <\/p>\n
c. Forman parte de la administraci\u00f3n. Respecto de su ubicaci\u00f3n en la administraci\u00f3n p\u00fablica, adem\u00e1s de lo dispuesto en las normas constitucionales antes citadas, los art\u00edculos 38 y 68 de la Ley 489 de 1998 disponen que las sociedades de econom\u00eda mixta forman parte de la rama ejecutiva del poder p\u00fablico, en el sector descentralizado por servicios. Por su parte el art\u00edculo 98 estatuye que el acto de constituci\u00f3n de esta clase de entidades debe indicar, entre otros puntos, el car\u00e1cter nacional, departamental, distrital o municipal de la sociedad, as\u00ed como su vinculaci\u00f3n a un determinado organismo, para efectos del control administrativo por parte del sector central. En el mismo sentido el art\u00edculo 50 de la citada ley espec\u00edfica que dichas sociedades estar\u00e1n vinculadas a ministerios o a departamentos administrativos. <\/p>\n
d. R\u00e9gimen legal. En relaci\u00f3n con el r\u00e9gimen legal aplicable a la organizaci\u00f3n y funcionamiento de estas sociedades, el art\u00edculo 97 de la Ley 489 las somete al derecho privado, como regla general, y el inciso final del art\u00edculo 85 precept\u00faa que a las empresas industriales y comerciales del Estado y a las sociedades de econom\u00eda mixta les ser\u00e1n aplicables, en lo pertinente, los art\u00edculos 19, numerales 2\u00ba, 4\u00ba, 5\u00ba, 6\u00ba, 12\u00ba, 13\u00ba y 17\u00ba; 27, numerales 2\u00ba, 3\u00ba, 4\u00ba, 5\u00ba y 7\u00ba, y 183 de la Ley 142 de 1994. <\/p>\n
Por su parte el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 38 de la Ley 489 estatuye que las sociedades de econom\u00eda mixta en las que el Estado posea una participaci\u00f3n igual o superior al 90% del capital se sujetar\u00e1n al r\u00e9gimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado. En similar sentido el par\u00e1grafo del art\u00edculo 97 se refiere al r\u00e9gimen \u201cde las actividades y de los servidores\u201d de estas entidades. <\/p>\n
e. R\u00e9gimen contractual. En lo que concierne a la contrataci\u00f3n es necesario recordar que el art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 80 de 1993 incluy\u00f3 en la definici\u00f3n de \u201centidades estatales\u201d, que est\u00e1n sometidas a las normas de dicho estatuto, a las sociedades de econom\u00eda mixta \u201cen las que el Estado tenga participaci\u00f3n superior al cincuenta por ciento (50%)\u201d, disposici\u00f3n que fue declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-629 de 2003). <\/p>\n
Sin embargo el art\u00edculo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el 93 de la Ley 1474 de 2011, dispuso que \u201c\u2026las Sociedades de Econom\u00eda Mixta en las que el Estado tenga participaci\u00f3n superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades P\u00fablicas con participaci\u00f3n mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estar\u00e1n sometidas al Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, con excepci\u00f3n de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y\/o p\u00fablico, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regir\u00e1n por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econ\u00f3micas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el art\u00edculo 13 de la presente ley\u201d. El citado art\u00edculo 13 precept\u00faa que las entidades del Estado que cuenten con un r\u00e9gimen contractual distinto al Estatuto General de Contrataci\u00f3n de la Administraci\u00f3n P\u00fablica, deber\u00e1n aplicar, en todo caso, los principios de la funci\u00f3n administrativa y de la gesti\u00f3n fiscal consagrados en los art\u00edculos 209 y 267 de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan el caso, y estar\u00e1n sometidas al r\u00e9gimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contrataci\u00f3n estatal\u00bb5. <\/p>\n
Emerge palmario entonces, que las sociedades de econom\u00eda mixta pertenecen al sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva, y que su naturaleza es p\u00fablica, calidad que, de conformidad con el numeral 10\u00ba del canon 28 de la normatividad de enjuiciamiento, impone como sentenciador natural al del domicilio principal de aquellas. <\/p>\n
4. Por las razones anotadas, se ordenar\u00e1 la remisi\u00f3n de la encuadernaci\u00f3n al Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bogot\u00e1, al que le corresponde instruir y resolver la acci\u00f3n incoada. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que el Juzgado Veintid\u00f3s Civil Municipal de Bogot\u00e1, es el competente para asumir el conocimiento del proceso de restituci\u00f3n de tenencia referenciado. <\/p>\n
SEGUNDO: Remitir el diligenciamiento al despacho judicial designado para que tramite el proceso. <\/p>\n
TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n al Juzgado Promiscuo Municipal de El Play\u00f3n (Santander) y a la entidad demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Entidad sin \u00e1nimo de lucro, cuyo objeto social es \u00abApoyar los proyectos que se ejecuten en pro del desarrollo de la comunidad y tener participaci\u00f3n en la toma de decisiones que est\u00e1n relacionadas con el manejo administrativo del municipio. Impulsar y fomentar el desarrollo integral de las familias ofreciendo capacitaci\u00f3n y orientaci\u00f3n de tipo social\u00bb y constituida con patrimonio proveniente de los \u00abaportes ordinarios y extraordinarios que voluntariamente se comprometan a dar sus miembros. Los auxilios, aportes y donaciones que reciben de terceros en dinero o bienes materiales. (Certificado de la C\u00e1mara de Comercio de Bucaramanga a trav\u00e9s de la plataforma virtual http:\/\/certificadoccb.camaradirecta.com. <\/p>\n
2\u0002 El cual alude a que una vez asumida la competencia por el juez, esta queda establecida y no puede dicho funcionario variarla o modificarla de oficio. <\/p>\n
3\u0002 A diferencia de los fueros electivos, en los que el promotor de una acci\u00f3n tiene la posibilidad de escoger entre los jueces con competencia (numerales 1, 5 y 6 art\u00edculo. 28 C.G.P.). <\/p>\n
4\u0002 Decreto 4819 de 14 de diciembre de 2007. <\/p>\n
5\u0002 Concepto Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil de 4 de sept. de 2014. Rad. 11001-03-06-000-2014-00073-00 (2206). <\/p>\n
<\/p>\n
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