AC4378-2021 (2021-03290-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC4378-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03290-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Procede la Corte a decidir sobre la admisibilidad de la demanda de revisi\u00f3n presentada por Nepomuceno P\u00e1ez Neira frente a la sentencia de 11 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el marco del juicio declarativo de pertenencia promovido por Ada Mar\u00eda Torres contra Jos\u00e9 Eladio Bol\u00edvar Rivera y personas indeterminadas, en donde el \u00faltimo de los mencionados reconvino en reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Tuvo comienzo el proceso referido para que, con citaci\u00f3n de Jos\u00e9 Eladio Bol\u00edvar Rivera y personas indeterminadas, se declarara que la demandante adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio del inmueble rural denominado \u201cLote de Terreno\u201d ubicado en el \u00abper\u00edmetro urbano\u00bb del municipio de Arcabuco (Boyac\u00e1) e identificado con la matr\u00edcula inmobiliaria No. 083-26042 y que, en consecuencia, se ordenara la inscripci\u00f3n de la sentencia en el respectivo registro. [Archivo Digital: 001]. <\/p>\n
2. La primera instancia finaliz\u00f3 con sentencia proferida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, en la que se denegaron las pretensiones de la demanda principal y se acogieron los pedimentos del escrito de reconvenci\u00f3n, ordenando la restituci\u00f3n de la \u00abcuota del derecho de dominio que tiene el demandante en reivindicaci\u00f3n (\u2026) equivalente al 50% respecto del predio [aludido]\u00bb. [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
3. Inconforme la convocante principal con la anterior determinaci\u00f3n, interpuso el recurso de apelaci\u00f3n. [\u00cddem] <\/p>\n
4. En fallo de 11 de noviembre de 2015, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, revoc\u00f3 lo resuelto por el a-quo, en su lugar, declar\u00f3 que la gestora gan\u00f3 por el modo de la usucapi\u00f3n el dominio de la heredad memorada y desestim\u00f3 las aspiraciones del pliego de mutua petici\u00f3n [Ib\u00eddem]. <\/p>\n
5. Frente a esta \u00faltima decisi\u00f3n se instaur\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, sin embargo, en prove\u00eddo de 18 de julio de 2016, el ad-quem acept\u00f3 el desistimiento de dicho mecanismo [\u00cddem]. <\/p>\n
6. Nepomuceno P\u00e1ez Neira, a trav\u00e9s de demanda presentada el 10 de septiembre de 2021, formul\u00f3 el recurso extraordinario de revisi\u00f3n contra la decisi\u00f3n del Tribunal, con fundamento en las causales previstas en los numerales 7\u00ba y 8\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo de General del Proceso. <\/p>\n
6.1. Con soporte en el primero de aquellos motivos, el recurrente adujo, que en el marco del juicio de sucesi\u00f3n de Lisandro L\u00f3pez (q.e.p.d.), mediante fallo de \u00ab16 de agosto de 1995\u00bb el Juzgado Primero de Familia de Tunja le adjudic\u00f3 el bien objeto del litigio declarativo, decisi\u00f3n que fue inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 083-23853; que coet\u00e1neamente con el proceso cuestionado, curs\u00f3 actuaci\u00f3n administrativa por duplicidad de registros inmobiliarios, tr\u00e1mite que culmin\u00f3 en resoluci\u00f3n No. 10465 de 27 de septiembre de 2017, en virtud de la cual la Superintendencia de Notariado y Registro resolvi\u00f3 cancelar el folio No. 083-26042, esto es, con el que se adelant\u00f3 la causa aludida y se integr\u00f3 al registro memorado las anotaciones all\u00ed vertidas. <\/p>\n
Asevera que al enterarse de aqu\u00e9lla decisi\u00f3n -5 de octubre de 2017-, supo de la existencia de la contienda de pertenencia, pues en el asiento inmobiliario cancelado, reposaba la inscripci\u00f3n de la sentencia ahora censurada desde el 1\u00b0 de septiembre de 2016. <\/p>\n
Para el opugnante, se estructura la causal aludida, porque ignoraba el adelantamiento de la controversia objeto del medio extraordinario, a la que debi\u00f3 ser vinculado en calidad de \u00abheredero del se\u00f1or Lisandro L\u00f3pez (\u2026)\u00bb; adem\u00e1s, se encuentra en oportunidad para acudir al presente escenario, dado que no ha transcurrido el l\u00edmite de los cinco (5) a\u00f1os previsto en el art\u00edculo 358 de la nueva ley de enjuiciamiento civil, contados desde la anotaci\u00f3n del fallo ahora confutado. <\/p>\n
2. En cuanto a la causal 8\u00aa del art\u00edculo 355 \u00edd, el censor aleg\u00f3, que se edific\u00f3 porque el pronunciamiento acusado \u00abcontiene (\u2026) un falso testimonio\u00bb, pues en el libelo inicial la demandante prest\u00f3 \u00abjuramento\u00bb sobre la inexistencia de otros \u00ablitisconsortes necesarios\u00bb con inter\u00e9s directo en las resultas de la contienda. <\/p>\n
6.3. En consecuencia, pidi\u00f3 que \u00abde hallar fundada la causal 8\u00aa declarar sin valor la sentencia revisada\u00bb y \u00absubsidiariamente (\u2026) de encontrar fundada la causal 7\u00aa (\u2026) declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso que dio origen a la revisi\u00f3n\u00bb. [Folios 26 a 33, Archivo Digital: Cuaderno Corte]. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La ley establece determinados puntos temporales perentorios para la formulaci\u00f3n de los procesos y, por ende, el ejercicio de los derechos que se pretenden procurar o exigir con su adelantamiento, de esta manera, si el interesado no acude a la jurisdicci\u00f3n dentro de un determinado t\u00e9rmino se produce \u00abpor ministerio de la ley, la caducidad del derecho\u00bb (G.J. CLII, p\u00e1g. 505, citada en CSJ AC877-2021 y en AC2440-2021), lo cual, autoriza al juez para rechazar la demanda con la que se aspira reclamarlo. <\/p>\n
2. Pues bien, en materia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el legislador instituy\u00f3 unos plazos para la interposici\u00f3n de ese mecanismo (art. 356 C.G.P.) dependiendo del motivo por el cual se busca derruir la sentencia confutada, siendo la regla general el de dos (2) a\u00f1os, ante los caros intereses en juego, en especial la firmeza de una decisi\u00f3n judicial con fuerza de cosa juzgada. <\/p>\n
En punto de la causal del numeral 7\u00b0 del canon 355 del memorado compendio, ese plazo de dos (2) a\u00f1os para la interposici\u00f3n del recurso \u00abcomenzar\u00e1n a correr desde el d\u00eda en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco (5) a\u00f1os. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro p\u00fablico, los anteriores t\u00e9rminos s\u00f3lo comenzar\u00e1n a correr a partir de la fecha de la inscripci\u00f3n\u00bb [resalta la Corte] [inciso segundo, art. 356 \u00eddem]. Y, tocante a la causal prevista en el numeral 8\u00ba ej\u00fasdem, \u00ab[e]l recurso podr\u00e1 interponerse dentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia\u201d (inc. 1\u00ba, art. 356 \u00eddem)\u00bb. <\/p>\n
La presentaci\u00f3n del petitum por fuera de esos lapsos -establece la nueva ley de enjuiciamiento civil- conlleva su rechazo \u00absin m\u00e1s tr\u00e1mite\u00bb (inciso tercero, art. 358 ib.), porque, por la naturaleza excepcional de esta herramienta procesal, cuya finalidad esencial es quebrar la firmeza de un fallo amparado por el principio de la cosa juzgada, resulta l\u00f3gica la imposici\u00f3n de un plazo improrrogable, en aras de salvaguardar la seguridad jur\u00eddica de cara a las decisiones de la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
As\u00ed lo ha asentado esta Corporaci\u00f3n en reiteradas oportunidades, diciendo, que: <\/p>\n
\u00abEl legislador, pues, en aras de la seguridad jur\u00eddica, pretende con los t\u00e9rminos de caducidad finiquitar el estado de zozobra de una determinada situaci\u00f3n o relaci\u00f3n de Derecho, generado por las expectativas de un posible pleito, imponi\u00e9ndole al interesado la carga de ejercitar un acto espec\u00edfico, tal la presentaci\u00f3n de la demanda, en un plazo apremiante y decisivo, con lo cual limita con precisi\u00f3n, la oportunidad que se tiene para hacer actuar un derecho, de manera que no afecte m\u00e1s all\u00e1 de lo razonablemente tolerable los intereses de otros\u00bb (CSJ SC4065-2020, 26 oct., rad. 2016-02066-00 que reiter\u00f3 la providencia CSJ SC2313-2018, 25 jun., rad. 2013-01848-00). <\/p>\n
3. As\u00ed, cuando se alegue la causal 7\u00aa de revisi\u00f3n, relativa a \u00ab[e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n o falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad\u00bb, el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os principia desde el instante en el que el damnificado conoci\u00f3 realmente el fallo objeto de dicho medio, eso s\u00ed, con la salvedad de que cuando la providencia sea susceptible de registro, aqu\u00e9l vencimiento arranca desde la fecha de la inscripci\u00f3n, con un l\u00edmite m\u00e1ximo de cinco (5) a\u00f1os desde que ocurri\u00f3 esto \u00faltimo. <\/p>\n
Para una mayor inteligencia sobre el genuino sentido de la forma en que se deben contabilizar los l\u00edmites referidos, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
\u00ab\u201c(\u2026) el t\u00e9rmino para la formulaci\u00f3n del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, cuando de la causal 7\u00aa se trata, es de dos a\u00f1os y se contabiliza, esencialmente, a partir del enteramiento que la parte tenga de la sentencia emitida, coincida o no con la ejecutoria del fallo o, si se trata de aquellos eventos en que dicho prove\u00eddo debe ser registrado, el tiempo se\u00f1alado cuenta desde la fecha del asiento respectivo; en todo caso, no podr\u00e1n transcurrir m\u00e1s de cinco a\u00f1os desde la firmeza de la decisi\u00f3n respectiva. Esta Corporaci\u00f3n, refiri\u00e9ndose al tema evaluado ha expuesto: En relaci\u00f3n con este t\u00e9rmino ha se\u00f1alado la Corte que cuando la norma mencionada determina, en los casos en que la sentencia debe ser inscrita en un registro p\u00fablico, que el recurrente dispone de dos a\u00f1os contados a partir de la fecha de registro de la sentencia para impugnarla, \u2018\u2026est\u00e1 partiendo de un conocimiento ficto, presunto, que se supone tiene toda persona de una providencia por la sola circunstancia de la publicidad que el registro p\u00fablico implica. Pero, por supuesto que ese conocimiento presunto debe ceder el paso, debe inclinarse ante el conocimiento verdadero, material, que el interesado obtenga de la decisi\u00f3n judicial correspondiente. As\u00ed, pues, si el interesado llega a tener conocimiento de una sentencia de las sometidas a registro antes de que este se efect\u00fae, los dos a\u00f1os para recurrir en revisi\u00f3n correr\u00e1n, no desde la fecha del registro, como podr\u00eda creerse tras una lectura apresurada o superficial de la norma, sino a partir de ese conocimiento real y efectivo de la providencia; y es esta la interpretaci\u00f3n racional de la disposici\u00f3n estudiada, pues lo pretendido por la ley es que la revisi\u00f3n se intente dentro de los dos a\u00f1os siguientes al conocimiento que el presunto agraviado tenga de la decisi\u00f3n que le perjudica, de tal manera que, una vez enterado en forma cierta de ella, le corren inexorables los dos a\u00f1os; con el agregado s\u00ed, de que cuando la sentencia ha sido registrada, no puede el recurrente alegar que su conocimiento devino con posterioridad a la fecha del registro, por cuanto en tal evento, el c\u00f3mputo del t\u00e9rmino respectivo arranca necesariamente desde el conocimiento presuntivo que suministra el registro de la sentencia\u2019. (Auto de 2 de agosto de 1995 citado en auto 014 de 1\u00ba. de febrero de 1999). Respecto a la contabilizaci\u00f3n de los t\u00e9rminos la Corte, en el auto indicado precis\u00f3:: \u2018\u2026como sucede en las dem\u00e1s causales, tambi\u00e9n en la s\u00e9ptima el t\u00e9rmino para recurrir es de dos a\u00f1os; la diferencia estriba, entonces, es en el momento en que esos dos a\u00f1os comienzan a correr, porque no ser\u00e1 a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con la regla general, sino que se contar\u00e1n, ya a partir de cuando la parte perjudicada o su representante haya tenido conocimiento de la decisi\u00f3n, ora a partir de la fecha de registro, si la sentencia es de aquellas que deben inscribirse en un registro p\u00fablico; pero para deducir la oportunidad de la impugnaci\u00f3n extraordinaria, no basta con tener en cuenta aquellos t\u00e9rminos, sino tambi\u00e9n el plazo m\u00e1ximo fijado en la misma ley, que no puede ser superior a los cinco a\u00f1os contados desde la ejecutoria de la respectiva sentencia, como as\u00ed se desprende de una visi\u00f3n integral del art\u00edculo 381 en comento\u201d. (Auto de 2 de agosto de 1995 citado en auto 243 de 16 de octubre de 1998) \u2013La Corte hace notar- (CSJ SR 16 de julio de 2001, Exp, n\u00b0 7403). (Resalta la Sala, citado en CSJ AC3366-2020, 18 dic.). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, en trat\u00e1ndose del plazo para invocar la causal s\u00e9ptima de revisi\u00f3n, es irrefutable que la ley adjetiva impuso como tiempo para su alegaci\u00f3n el de dos (2) a\u00f1os aunque, por la esencia misma del motivo de reproche, con miras a garantizar el derecho de quien con ocasi\u00f3n a la omisi\u00f3n presentada no tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n al interior del juicio, impuso un plazo m\u00e1ximo para predicar dicho conocimiento de cinco (5) a\u00f1os, evitando dejar as\u00ed en la indefinici\u00f3n tal aspecto. Adicionalmente, si la determinaci\u00f3n confutada es de aquellas que imponen la formalidad del registro, quiso dar preeminencia al enteramiento efectivo y verdadero de la parte afectada, por encima de la fecha de su inscripci\u00f3n en el registro p\u00fablico, para de all\u00ed contabilizar el hito de los dos (2) a\u00f1os, empero, si el conocimiento real de la providencia ocurri\u00f3 con anterioridad a la fecha de su publicidad, el t\u00e9rmino aludido comenzar\u00e1 a agotarse a partir de este \u00faltimo evento. <\/p>\n
4. Sin embargo, cuando la raz\u00f3n del disenso del recurrente est\u00e1 cimentada en la \u00abnulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb (numeral 8\u00ba del art\u00edculo 355 del C.G.P.), el ocaso del t\u00e9rmino para instaurar la demanda de revisi\u00f3n se produce \u00abdentro de los dos (2) a\u00f1os siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia\u00bb (canon 356 Ib\u00eddem). <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha considerado que: <\/p>\n
\u00abpor regla general, si la decisi\u00f3n es recurrida, la firmeza se produce cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los recursos interpuestos, siempre y cuando, claro est\u00e1, el mecanismo de impugnaci\u00f3n impetrado sea procedente, incluido el de casaci\u00f3n, pues de no serlo, la ejecutoria se concreta con el acto mismo de notificaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n fustigada (\u2026). Ahora, cuando se desiste o se declara desierto el remedio propuesto, la jurisprudencia de la Sala ha entendido que lo que se presenta es una renuncia a este y, por ende, como si nunca se hubiera planteado, por lo que dicho fen\u00f3meno procesal acaecer\u00e1 una vez notificado el pronunciamiento y finiquitado el t\u00e9rmino previsto en la norma para su formulaci\u00f3n\u00bb (resaltado fuera de texto, CSJ AC2440-2021, 18 jun.). <\/p>\n
5. En el sub examine, el plazo previsto para formular el presente medio extraordinario se encuentra caducado, como pasa a verse. <\/p>\n
5.1 Bajo el amparo de la causal s\u00e9ptima del art\u00edculo 355 Ib\u00eddem, el recurrente ataca la sentencia de 11 de noviembre de 2015, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, en el marco del juicio de pertenencia promovido por Ada Mar\u00eda Torres contra Jos\u00e9 Eladio Bol\u00edvar Rivera y personas indeterminadas, providencia que fue inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 083-26042 el 1\u00b0 de septiembre de 2016. [Archivo Digital: 001]. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en principio, el t\u00e9rmino de dos (2) a\u00f1os previsto en la legislaci\u00f3n adjetiva culminar\u00edan el 1\u00ba de septiembre de 2018, si en cuenta se tiene que fue a partir de la primera data en que se presume que el aqu\u00ed actor debi\u00f3 tener conocimiento del fallo confutado, dado el atributo de publicidad que le confiere la ley a los registros p\u00fablicos. <\/p>\n
No obstante, no puede soslayarse que en el asunto bajo examen que debido a que el inmueble objeto de usucapi\u00f3n contaba con dos (2) folios de matr\u00edcula inmobiliaria, de un lado, el mencionado 083-26042 y de otro el 083-23853; en donde este \u00faltimo, conten\u00eda las anotaciones sobre el modo en que Lisandro L\u00f3pez (q.e.p.d.) adquiri\u00f3 la propiedad de dicho fundo y el fallo de \u00ab16 de agosto de 1995\u00bb dictado por el Juzgado Primero de Familia de Tunja, mediante el cual se le adjudic\u00f3 el bien por sucesi\u00f3n al opugnante, en tanto el primero \u2013 que se aport\u00f3 con la demanda de pertenencia- la tradici\u00f3n que se dio hasta ubicar a Jos\u00e9 Eladio Bol\u00edvar Rivera como propietario. <\/p>\n
Esa duplicidad condujo a que se adelantara una actuaci\u00f3n administrativa, en la cual, la Oficina de Registro de Moniquir\u00e1 \u2013 Boyac\u00e1 emiti\u00f3 la Resoluci\u00f3n N\u00b0 45 del 20 de diciembre de 2013, disponiendo la cancelaci\u00f3n de la matricula correspondiente al n\u00famero 083-23853; Determinaci\u00f3n que, impugnada por la aqu\u00ed mandataria judicial del recurrente, fue revocada por la Superintendencia de Notariado y Registro con resoluci\u00f3n No. 10465 de 27 de septiembre de 2017, en la cual resolvi\u00f3 cancelar el folio No. 083-26042, esto es, con el que se adelant\u00f3 el juicio de usucapi\u00f3n, para integrarlo y unificar de este modo el registro del predio, atendiendo el tiempo de apertura de cada uno, es as\u00ed como expres\u00f3, que \u00abel folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00b0 083-23853 aperturado el 1 noviembre de 1995 quedar\u00e1 activo y se trasladaran del folio de matricula inmobiliaria que se cierra, es decir del n\u00famero 083-26042 las anotaciones que actualmente se reflejan en el mismo. Por lo precedente el folio de matr\u00edcula Inmobiliaria 083-23853 deber\u00e1 reorganizarse cronol\u00f3gicamente\u2026\u00bb. <\/p>\n
Bajo esas aristas, bien podr\u00eda afirmarse que al aqu\u00ed impugnante no le ser\u00edan aplicables las consecuencias naturales de la publicidad del asiento inmobiliario, a fin de contabilizar el t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n, pues, en verdad, este fue participe de la tramitaci\u00f3n administrativa con la cual se dirimi\u00f3 la problem\u00e1tica referida a la existencia de la doble foliatura y al cual debi\u00f3 ser vinculado, desde su iniciaci\u00f3n, aun cuando asegura que lo fue cuando se le enter\u00f3 del acto administrativo de segundo grado, que dio prevalencia al folio 083-23853, en el cual no se encontraba inscrita la providencia ahora acusada. <\/p>\n
En esas condiciones, a fin de establecer el decaimiento del t\u00e9rmino para instaurar la acci\u00f3n de revisi\u00f3n ante la presunci\u00f3n de veracidad que ostentan las manifestaciones de la demanda, al entenderse rendidas bajo la gravedad de juramento, es pasible tener en cuenta la afirmaci\u00f3n del interesado, seg\u00fan la cual, tuvo real conocimiento del pronunciamiento censurado el 5 de octubre de 2017, esto es, cuando se enter\u00f3 de la decisi\u00f3n que puso fin al rese\u00f1ado tr\u00e1mite administrativo. <\/p>\n
En ese orden, si como lo asegur\u00f3 el recurrente en su demanda, valga decir, que desde aquella data supo de la existencia del proceso de pertenencia, el bienio para promover el presente remedio concluy\u00f3 el 5 de octubre de 2019, y como el respectivo libelo se radic\u00f3 el 10 de septiembre de 2021, m\u00e1s que vencida se encuentra la posibilidad de impugnar en revisi\u00f3n el fallo criticado, bajo el amparo de la causal s\u00e9ptima del art\u00edculo 355 Ib\u00eddem. <\/p>\n
Y es que contrario a lo que, al parecer, entiende la mandataria judicial del se\u00f1or P\u00e1ez Neira, la normativa que regula este mecanismo no consagra un t\u00e9rmino de cinco (5) a\u00f1os para impetrar el recurso de revisi\u00f3n con soporte en la causal s\u00e9ptima del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, pues como se vio en precedencia, el plazo all\u00ed fijado es de dos (2) a\u00f1os que estar\u00e1 llamado a computarse a partir de dos supuestos distintos: (i) uno que tiene como mero referente la ejecutoria de la decisi\u00f3n, pero que, al no tener mayores elementos directos para adquirir el conocimiento sobre la existencia del prove\u00eddo, permite un plazo m\u00e1ximo presuntivo que no podr\u00e1 exceder de esos cinco (5) a\u00f1os; (ii) otro, en tanto se cuenta con un soporte registral el que, por la funci\u00f3n de publicidad que lo caracteriza, el bienio despuntar\u00e1 desde la correspondiente inscripci\u00f3n, a menos que se prueba que se conoci\u00f3 desde antes. <\/p>\n
5.2. No corre mejor suerte el reclamo fundado en el octavo motivo del canon 355 \u00cddem, esto es, \u00abnulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que no era susceptible de recurso\u00bb. <\/p>\n
Esto, debido a que el plazo para instaurar el presente remedio excepcional tambi\u00e9n se encuentra finiquitado, porque el prove\u00eddo reprobado fue emitido el 11 de noviembre de 2015, decisi\u00f3n que fue recurrida en casaci\u00f3n, pero en auto del 18 de julio de 2016, el ad-quem acept\u00f3 el desistimiento de aquella s\u00faplica extraordinaria, por ende, a la luz de la jurisprudencia atr\u00e1s citada, aquella determinaci\u00f3n cobr\u00f3 ejecutoria de conformidad con el art\u00edculo 331 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil1, seg\u00fan el cual, \u00ab(\u2026) [l]as providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres d\u00edas despu\u00e9s de notificadas, cuando carecen de recursos (\u2026)\u00bb, de donde se desprende que en armon\u00eda con lo dispuesto en el precepto 323 de la misma obra, qued\u00f3 en firme el 25 de noviembre de 2015, pues el edicto fue desfijado el d\u00eda 20 precedente2. <\/p>\n
Siguese de lo indicado que, el l\u00edmite temporal de dos (2) a\u00f1os para arg\u00fcir este motivo de revisi\u00f3n expiraba el 25 de noviembre de 2017, empero, la demanda de revisi\u00f3n, se repite, se formul\u00f3 el 10 de septiembre de la calenda que avanza, esto es, por fuera de aquella oportunidad. <\/p>\n
6. Lo hasta ahora dicho, resulta suficiente para relevar a la Corte del conocimiento del asunto, ya que por averiguado se tiene que: <\/p>\n
\u00ab\u2018con el objeto preciso de satisfacer la necesidad de seguridad jur\u00eddica en la titularidad de los derechos subjetivos, estableci\u00f3 el legislador t\u00e9rminos precisos dentro de los cuales es l\u00edcito a los particulares, en ejercicio del derecho de acci\u00f3n, reclamar del Estado la tutela jurisdiccional de una o varias pretensiones determinadas, so pena, de que vencidos los plazos se\u00f1alados por la ley, opere la caducidad, fen\u00f3meno jur\u00eddico \u00e9ste que despoja al particular del derecho a ejercer v\u00e1lidamente la acci\u00f3n en ese caso concreto\u2019\u00bb (AC 7 dic. 2012, rad. 2012-01780-00; criterio reiterado en SC2776-2018, 11 abr.). <\/p>\n
En ese mismo sentido, se ha precisado que: <\/p>\n
\u00abLa posibilidad de cuestionar una sentencia que ha hecho tr\u00e1nsito a cosa juzgada debe ser, necesariamente, temporal. De lo contrario, se desvirtuar\u00eda el prop\u00f3sito mismo de esa instituci\u00f3n, pues si los interesados en un proceso pudiesen controvertir en cualquier tiempo las circunstancias en que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n, la justicia no podr\u00eda cumplir cabalmente su tarea de resolver, con car\u00e1cter definitivo, los conflictos jur\u00eddicos, los cuales, de no respetarse la cosa juzgada, permanecer\u00edan sub judice\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
7. En consecuencia, se impone rechazar in limine la demanda de revisi\u00f3n. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: RECHAZAR la demanda de revisi\u00f3n presentada por Nepomuceno P\u00e1ez Neira contra la sentencia proferida el 11 de noviembre de 2015, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. <\/p>\n
SEGUNDO: No hay lugar a devoluci\u00f3n de anexos por haber sido allegados en medio digital. <\/p>\n
TERCERO: RECONOCER personer\u00eda para actuar a la abogada Diana Milena Castro Monta\u00f1a, como mandataria judicial del recurrente, en los t\u00e9rminos y para los fines del poder conferido. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 Bajo cuyo r\u00e9gimen fue proferida la sentencia impugnada. <\/p>\n
2\u0002https:\/\/procesos.ramajudicial.gov.co\/procesoscs\/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=bFBH%2fjqLVt3n1zGCpAV7d59HI24%3d. <\/p>\n
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AC4378-2021 (2021-03290-00) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada Ponente AC4378-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-03290-00 Bogot\u00e1 D.C., veintitr\u00e9s (23) de septiembre de dos mil veintiuno (2021) Procede la Corte a decidir sobre la admisibilidad de la demanda de revisi\u00f3n presentada por Nepomuceno P\u00e1ez Neira frente a la sentencia de 11 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-57031","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-septiembre"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57031","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57031"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57031\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57031"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57031"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57031"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}